Miguel Carbonell *
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
La libertad contractual se refiere al principio aplicable dentro del derecho privado y en debates legales y filosóficos más amplios en el sentido de que los individuos o entidades tienen la libertad de celebrar contratos entre sí en términos que acuerden mutuamente, sin interferencias indebidas de partes externas, incluidos por supuesto los poderes públicos.
La libertad contractual se suele asociar con la llamada autonomía de la voluntad, que ha sido ampliamente estudiada por los juristas desde hace mucho tiempo.
El concepto de libertad contractual es indispensable para el funcionamiento de las economías de mercado y tiene sus raíces en la idea de autonomía individual y libertad de elección.
Los aspectos clave de la libertad contractual incluyen:
1. Autonomía: las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre sus propias vidas, incluida la libertad de celebrar los contratos que les permitan avanzar hacia el logro de sus propios fines. Esto se basa en el supuesto de que los individuos son quienes mejores decisiones pueden tomar acerca de sus propios intereses.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo Directo 4/2020 sostuvo que: “El principio de autonomía de la voluntad no es otra cosa que la facultad inherente al ser humano de decidir libremente sobre sí mismo y las condiciones en que desea realizar su propia vida, en todos los ámbitos de su existencia: es el reconocimiento de su derecho humano de autodeterminación individual».
2. Libertad de contratación: las partes tienen la libertad de negociar los términos de sus contratos, incluido el tema, el precio y las condiciones, siempre y cuando estos términos no violen las leyes o el orden público. Este principio respalda la idea de que los intercambios voluntarios son beneficiosos para el bienestar social.
3. Exigibilidad: para que un contrato sea ejecutable, debe cumplir con ciertos requisitos legales, como consentimiento, contraprestación, capacidad y legalidad. Estos requisitos garantizan que los contratos se celebren libremente y con un claro entendimiento por parte de todas las partes.
4. Limitaciones: a pesar del énfasis en la libertad, existen limitaciones a la libertad contractual. Estas limitaciones a menudo existen para proteger el interés público, prevenir la explotación, garantizar la equidad y proteger a las partes que se consideran vulnerables o menos poderosas. Los ejemplos, entre los límites a la libertad contractual se incluyen regulaciones contra contratos abusivos en las relaciones entre empresas y consumidores, contratos que involucran actividades ilegales y contratos que violan normas de justicia y equidad. Un buen ejemplo puede encontrarse en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve el Amparo Directo 9/2021 en la cual se analiza un caso en el que se establecieron cláusulas contractuales con contenido machista, mediante las cuales una persona pretendía imponer a su excónyuge una serie de limitaciones al ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad. La Suprema Corte estimó, de manera totalmente correcta, que dichas cláusulas eran inconstitucionales por violar derechos humanos y, en consecuencia, las consideró nulas de pleno derecho. Otro aspecto destacado de los límites a la libertad contractual se presenta en materia de prestación de servicios médicos, en cuyo caso no se puede contractualmente renunciar a la responsabilidad civil extracontractual que exista por malpraxis médica, tal como lo señala la sentencia de la SCJN mediante la que se resuelve la Contradicción de Tesis 93/2011.
5. Consideraciones éticas y sociales: las discusiones sobre la libertad contractual también involucran consideraciones éticas y sociales, como el impacto del poder de negociación desigual, el papel del consentimiento y los valores sociales que las leyes contractuales deben promover.
En los sistemas legales de todo el mundo, el principio de libertad contractual se equilibra con la necesidad de proteger a los individuos y el interés público, lo que lleva a un cuerpo de leyes que busca facilitar acuerdos justos y libres al tiempo que previene el abuso y las prácticas desleales.
Para terminar, les comparto un criterio jurisprudencial que puede ser útil para el tema de este breve artículo y que destaca que un aspecto esencial de la libertad contractual, que como ya lo vimos en la autonomía de la voluntad, en México tiene rango constitucional:
“AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de autonomía de la voluntad goza de rango constitucional y no debe ser reconducido a un simple principio que rige el derecho civil. Así las cosas, el respeto del individuo como persona requiere el respeto de su autodeterminación individual, por lo que si no existe libertad del individuo para estructurar sus relaciones jurídicas de acuerdo con sus deseos, no se respeta la autodeterminación de ese sujeto. Aunado a lo anterior, el principio de autonomía de la voluntad tiene reflejo en el derecho de propiedad y en la libertad de contratación, la cual también es un elemento central del libre desarrollo de la personalidad, y en cuya virtud las partes de una relación jurídica son libres para gestionar su propio interés y regular sus relaciones, sin injerencias externas.” Tesis 1a. CDXXV/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Pág. 219.
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