Miguel Carbonell *
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
Sé honesto contigo mismo: ¿cuántas veces al mes das clase, litigas o dictas sentencias con normas redactadas en otro siglo? Y no hablo de una exageración retórica: el Código Civil para el Distrito Federal —hoy CDMX— fue promulgado en 1928; el Presidente de la República en ese entonces era Plutarco Elías Calles. Desde entonces, claro, ha sido reformado… muchas veces. Pero el esqueleto es el mismo.
No se trata solo de lenguaje anticuado o de que «faltan artículos sobre temas nuevos». El problema es más profundo: el marco conceptual que rige la vida civil en México está en buena medida desconectado de la realidad que vivimos.
Hoy en día miles de personas firman contratos digitales sin saber qué alcances jurídicos tienen. Las parejas se organizan fuera del matrimonio, pero las leyes aún privilegian el vínculo formal. La inteligencia artificial empieza a tomar decisiones que pueden causar daños, pero seguimos operando bajo esquemas de culpa y causalidad lineal como se hacía en el siglo XIX.
Podemos poner más ejemplos:
- Arrendamientos: regulados como si estuviéramos en 1950, ignorando fenómenos como Airbnb, rentas de corto plazo o contratos entre plataformas y particulares. El acceso a vivienda y los alquileres tan caros también son consecuencia de una anticuada regulación.
- Derecho familiar: las reformas han sido importantes, pero aún hay jueces aplicando criterios que responden más a prejuicios personales que a principios constitucionales.
- Contratos: seguimos fingiendo que hay libertad contractual, aunque todos sabemos que en la práctica muchos contratos son de adhesión, y el consumidor no está en capacidad real de negociar nada: o firma o simplemente no tiene acceso al bien o al servicio que necesita.
Sí, se han hecho esfuerzos. Pero son reactivos, parciales, y desarticulados. Y eso no basta.
México necesita un rediseño estructural de su derecho privado. No más «actualizaciones» cosméticas. No más comisiones legislativas que solo corrigen errores de redacción. Se necesita una visión jurídica ambiciosa, moderna y coherente con el país que ya somos —no el que éramos hace 100 años.
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