Miguel Carbonell *
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
Introducción
La reforma judicial mexicana de 2024, cuya implementación plena inicia en septiembre de 2025, ha sido presentada como una transformación estructural del Poder Judicial. La intensidad con la que fue debatido su contenido y las múltiples reacciones que generó desde que fue presentada la correspondiente iniciativa de modificación a la Carta Magna, en febrero de 2024, postergaron un análisis más amplio de todo lo que tenemos pendiente en materia de mejoramiento al sistema de justicia en México.
A partir de lo anterior, debemos considerar algo que es indispensable y que consiste en que todo rediseño jurisdiccional enfrenta un límite: no puede, por sí mismo, resolver problemas sistémicos que se originan en otras fases del aparato de justicia.
Por ello, un cambio judicial de esta magnitud requiere reformas complementarias que operen en los ámbitos de la procuración de justicia, la formación profesional de los abogados y los mecanismos de acceso a la abogacía. Sin dichas reformas, existe el riesgo de que el rediseño institucional quede aislado y no logre impactar de manera integral en la calidad, eficiencia y legitimidad del sistema de justicia mexicano.
I. Procuración de justicia: la fase previa al juez
1. Integración funcional con el nuevo modelo judicial
La reforma judicial incide principalmente en la fase jurisdiccional (resolución de controversias), pero la eficacia de las sentencias (e incluso del proceso judicial en su conjunto) depende de que la etapa previa —investigación y acusación— sea igualmente sólida. Esto exige un Ministerio Público profesionalizado, independiente y dotado de herramientas técnicas modernas.
2. Reformas necesarias
- Autonomía constitucional reforzada para las fiscalías, con contrapesos reales frente al Ejecutivo y mecanismos de evaluación pública de desempeño.
- Estándares procesales unificados que eviten disparidades estatales en la integración de carpetas de investigación.
- Capacitación especializada en litigación oral, técnicas de investigación digital y gestión de pruebas periciales.
- Fortalecimiento de la policía de investigación como cuerpo técnico con formación jurídica básica y protocolos homologados.
Un sistema de procuración de justicia que cumpla estándares de calidad y legalidad reduce la tasa de revictimización, evita dilaciones indebidas y mejora la percepción social de la justicia, potenciando así el efecto positivo de la reforma judicial.
En este tema debemos tomar en cuenta lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo Algodonero” (Caso González y otras contra México) respecto a la debida diligencia en las investigaciones ministeriales, así como lo indicado en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el mismo tema, en el caso del Amparo en Revisión 554/2013 (caso Mariana Lima Buendía).
II. Formación de los abogados: calidad académica y ética profesional
1. La necesidad de un cambio de paradigma
Desde hace años he señalado que el modelo tradicional de enseñanza del derecho en México ha privilegiado la memorización normativa sobre el análisis crítico y la práctica jurídica real (ver al respecto mi libro “La enseñanza del derecho”, México, Porrúa-UNAM, 2003). Ante una judicatura electa con mayor visibilidad pública, la preparación de los abogados litigantes adquiere un nuevo peso político y social.
2. Reformas necesarias
- Prácticas profesionales supervisadas como requisito para la titulación, garantizando que los egresados tengan experiencia real en procesos judiciales o administrativos, prácticas notariales, asesoría corporativa, apoyo en fiscalías, trabajo en reclusorios, etcétera.
- Módulos obligatorios en los planes de estudio de ética y deontología jurídica, con evaluación práctica, no solo teórica.
- Enfoque transversal de derechos humanos y perspectiva de género, infancias, discapacidad, etcétera en todas las materias sustantivas y procesales.
Un cuerpo de abogados mejor formado técnica y éticamente contribuye a litigios más sólidos, reduce la litigiosidad frívola y mejora la calidad de los argumentos que llegan a la judicatura, favoreciendo sentencias más robustas.
III. Acceso al ejercicio profesional de la abogacía: filtros y estándares
1. El problema actual
En México, la obtención del título de licenciado en derecho y su cédula profesional habilita automáticamente para ejercer, sin un examen nacional que mida competencias mínimas. Esto contrasta con modelos comparados —como el bar exam estadounidense o el examen de acceso a la abogacía en España— que imponen un filtro técnico y ético.
2. Reformas necesarias
- Creación de un examen nacional único de acceso a la abogacía, con estándares homogéneos y evaluaciones prácticas de argumentación, redacción jurídica y litigación.
- Registro público de abogados con actualización obligatoria de datos, historial disciplinario y acreditaciones obtenidas.
- Sistema de certificación periódica, que condicione la renovación de la licencia a la formación continua y la inexistencia de sanciones graves.
- Régimen disciplinario nacional que complemente el ámbito de control de los colegios y barras de abogados.
Establecer filtros de acceso y permanencia eleva la calidad del foro jurídico, disuade el ejercicio profesional negligente y contribuye a que el sistema judicial, incluso con jueces electos, mantenga un nivel técnico alto en la litigación.
IV. Integración de las reformas: hacia un ecosistema de justicia
La reforma judicial de 2024 crea un marco institucional renovado, pero su consolidación depende de que las demás piezas del ecosistema de justicia evolucionen en paralelo. Una fiscalía autónoma y competente asegura que los casos lleguen a tribunales bien fundamentados. Una formación académica moderna y exigente prepara abogados capaces de litigar con rigor. Y un sistema de acceso profesional regulado garantiza que quienes ejercen la abogacía cumplan con estándares técnicos y éticos.
Este enfoque integral no es solo una cuestión administrativa: es una condición para que la justicia se perciba como un servicio público de alta calidad, con resultados tangibles para la sociedad.
Conclusión
La transformación judicial que tuvo como uno de sus momentos culminantes la toma de protesta de cientos de personas juzgadoras en septiembre de 2025 debe entenderse como el primer paso de un proceso más amplio de modernización del sistema de justicia mexicano. Sin reformas complementarias en la procuración de justicia, la formación de abogados y el acceso regulado a la profesión, los avances logrados podrían diluirse en las inercias estructurales existentes.
El reto es pensar la reforma judicial no como un acto aislado, sino como el núcleo de una estrategia sistémica. Solo así podrá alcanzarse un equilibrio duradero entre legitimidad democrática, excelencia técnica y eficacia institucional, pilares indispensables para un verdadero Estado de Derecho en el siglo XXI.
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