Gran parte de la calidad de un sistema democrático depende de que las decisiones que se tomen por parte de los gobernantes y las conductas que desarrollen los ciudadanos puedan ser explicadas y justificadas en términos argumentativos. Es decir, una democracia se enriquece cuando somos capaces de ir construyendo una esfera pública deliberativa en la cual se ofrezcan argumentos a favor de tal o cual decisión, en vez de asumir que los demás deben aceptar lo que hacemos sin exigir mayores explicaciones. Es por esto que se ha dicho que la salud y la fortaleza de una democracia están vinculadas con la capacidad argumentativa de quienes en ella viven.
Si queremos gobernantes que hagan mejor su trabajo y ciudadanos más comprometidos con el desarrollo democrático del país, tenemos que procurar que unos y otros tengan presente la necesidad de ir explicando y justificando sus decisiones. La argumentación es la vía principal para lograrlo.
Ahora bien, lo importante es que las sociedades deben entender ciertas premisas indispensables para hacer que la argumentación se lleve a cabo y que sirva para alcanzar objetivos compartidos.
Una de esas premisas es entender que, antes que otra cosa, argumentar es siempre un ejercicio comunicativo. Esto implica que si queremos hacer una argumentación digna de tal nombre tenemos que esforzarnos en comunicar de manera efectiva nuestras ideas. Dicha comunicación a veces será por escrito y otras veces de manera verbal. Tendrá que adaptarse, sin duda, a las nuevas exigencias que derivan de un mundo que se comunica también a través de las redes sociales, las cuales tienen sus propias especificidades dialécticas.
Comunicarnos bien es un primer paso, indispensable, para construir argumentos que enriquezcan la deliberación pública. En la medida en que seamos capaces de expresar y transmitir con claridad nuestras ideas, será más efectiva nuestra argumentación.
Argumentar, en un sistema democrático, requiere respetar siempre el principio de igualdad. Esto significa que todas las personas pueden participar en cualquier debate sobre temas de interés público, que nadie puede ser impedido de ofrecer razones a favor o en contra de cualquier decisión que se vaya a tomar, y que todos debemos tener una igual consideración para efecto de ser escuchados por los demás. Hay que tener una actitud mental dispuesta al diálogo y al debate. No nos debe producir ningún temor el intercambio de ideas, que a veces puede incluso llegar a ser muy álgido, cuando los temas son controvertidos o las posturas se encuentran muy distantes entre sí. Las democracias requieren el disenso, tanto como necesitan el consenso sobre ciertos temas. Los disidentes muchas veces lo que hacen es señalar el rumbo futuro que tomará una comunidad política, a la vez que ponen a prueba nuestras convicciones más profundas y esenciales.
La deliberación propia de un sistema democrático se lleva a cabo en una cada vez mayor pluralidad de foros y espacios. Desde luego en los tradicionales y en los nuevos medios de comunicación, pero se delibera y se debate igualmente en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las familias, en las sedes parlamentarias, al interior de los gobiernos de coalición y, desde luego, en los procedimientos judiciales que desahogan los tribunales encargados de la impartición de justicia.
Estos diversos foros deliberativos pueden en muchos casos ir alimentándose unos a otros. Lo que inicia como una discusión escolar puede traducirse luego en una iniciativa de ley que sea debatida en el Congreso por los representantes populares. Si tal iniciativa es aprobada quizá haya quienes consideren que afecta alguno de sus derechos fundamentales y decida proponer una impugnación jurisdiccional para que sea un tribunal el que, mediante una resolución debidamente fundada y motivada, pueda dar su propia respuesta al problema planteado. Y luego el tema puede regresar a los órganos parlamentarios en caso de que se estime que, en vista del criterio judicial adoptado, se requiere de una reforma constitucional para resolver de mejor manera el problema.
La exigencia de que las decisiones de relevancia pública estén bien argumentadas es una forma de respetar el principio de igualdad, como ya se ha dicho, pero también de introducir criterios de racionalidad en las políticas públicas. La necesidad de argumentar nos previene frente a nuestros posibles errores, tiende a disminuir los “puntos ciegos” en el proceso de toma de decisiones y nos permite adoptar posturas más cooperativas y menos unilaterales sobre temas relevantes.
Por otro lado, la adecuada argumentación requiere de algunos “consensos lingüísticos” básicos que nos permiten dialogar en un registro de frecuencias gramaticales que sea semejante al que utilizan los demás. Esto significa que debemos comportarnos de tal forma que no se distorsione el sentido común (y por tanto compartido) del lenguaje con el que construimos nuestros argumentos. Muchos esfuerzos argumentativos no llegan a buen puerto cuando el lenguaje es manipulado, cuando quienes participan en una argumentación utilizan las palabras no como herramientas de comprensión recíproca sino como armas de descalificación de los demás, cayendo incluso en la utilización de falacias argumentativas.
La argumentación fue desarrollada desde la antigua Grecia y ha llegado hasta nuestros días con nuevos bríos y nuevos retos (incluso hay quienes hablan de un “renacimiento argumentativo” que se habría llevado a cabo a partir de los años 50 del siglo XX). Nuestra capacidad de entendernos con los demás y nuestra posibilidad de hacer que las sociedades evolucionen en la dirección correcta depende en buena medida de nuestros recursos argumentativos. Es la argumentación sólida la que nos permite generar consensos genuinos, la que nos permite superar las diferencias que son naturales en sociedades pluralistas como las del mundo actual, y la que nos orienta hacia decisiones más racionales. Por eso es que es esencial en toda democracia.
Para profundizar en estos temas recomiendo las siguientes lecturas:
- Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, 2ª edición, Madrid, CEPC, 2008.
- Atienza, Manuel, Curso de argumentación jurídica, Madrid, Trotta, 2013.
- Carbonell, Miguel (compilador), Argumentación jurídica. Proporcionalidad y ponderación, Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, 2015.
- Cárdenas Gracia, Jaime, Curso básico de argumentación jurídica, México, Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, 2015.
- Gómez Mandujano, Jaime Antonio, Retórica y argumentación para abogados, Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, 2018.
- Niembro Ortega, Roberto, La justicia constitucional de la democracia deliberativa, Madrid, Marcial Pons, 2019.
- Vega Reñón, Luis, Introducción a la teoría de la argumentación, Lima, Palestra, 2015.
- Weston, Anthony, Las claves de la argumentación, Barcelona, Ariel, 2011.
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