Redacción de documentos legales

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Redacción de documentos legales

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Miguel Carbonell *

Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

La redacción jurídica es una habilidad fundamental para los profesionales del derecho, que abarca la creación de documentos que son indispensables para la adecuada articulación de derechos, deberes y procesos legales.

Se requiere desarrollar un uso preciso del lenguaje para transmitir ideas jurídicas de forma clara y eficaz, garantizando que el documento logre el propósito previsto y minimizando el riesgo de ambigüedad o mala interpretación.

La redacción de documentos legales se sustenta en varios principios básicos destinados a mejorar la claridad, la aplicabilidad y el cumplimiento del marco normativo aplicable a cada uno de ellos:

1. Claridad y precisión: cada palabra de un documento legal debe elegirse en función de su claridad y precisión. Los redactores de textos legales deben asegurarse de que su lenguaje sea lo suficientemente específico como para reflejar con precisión las intenciones de las partes y las obligaciones o derechos legales que se crean o describen.

© Centro Carbonell Online

2. Coherencia: la coherencia en la terminología y la estructura de los documentos legales es vital. La coherencia requiere utilizar el mismo término para referirse a un concepto o parte que aparezca varias veces a lo largo de un documento, de modo que con ello logremos evitar confusiones. De manera similar, mantener una estructura coherente entre tipos similares de documentos facilita la comprensión y el cumplimiento.

3. Concisión: si bien la minuciosidad es fundamental en la redacción legal, la concisión es igualmente importante. La verbosidad innecesaria que tanto nos gusta a los juristas puede oscurecer los puntos clave del documento y dar lugar a interpretaciones erróneas.

4. Organización: un documento bien organizado es capaz de guiar al lector a través de su contenido de forma lógica y secuencial. Esto implica el uso eficaz de títulos, subtítulos, listas numeradas y tablas para desglosar información compleja y hacerla más accesible y comprensible.

5. Anticipación de disputas: La redacción legal efectiva anticipa posibles disputas y las aborda dentro del documento. Este enfoque proactivo incluye definir términos claramente, establecer procedimientos para resolver desacuerdos y detallar los derechos y obligaciones de todas las partes.

Los redactores jurídicos se enfrentan a varios desafíos, entre los que se encuentran a manera de ejemplo los siguientes:

1. Equilibrio entre precisión y accesibilidad: los redactores deben lograr un equilibrio entre el uso de terminología jurídica precisa y hacer que el documento sea accesible para quienes no tienen formación jurídica, especialmente en contratos y acuerdos destinados a audiencias no jurídicas.

2. Adaptación a las leyes cambiantes: los redactores legales deben mantenerse informados sobre los cambios en el marco jurídico que podrían afectar la validez o aplicabilidad de sus documentos. Esto requiere educación y actualización continuas.

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3. Abordar la complejidad: los documentos legales a menudo abordan cuestiones complejas. Los redactores deben encontrar formas de articular estas complejidades de forma clara y sucinta, una tarea que exige tanto conocimientos jurídicos como habilidades lingüísticas.

Para superar estos desafíos, los redactores legales emplean varias técnicas como las siguientes:

1. Voz activa: el uso de la voz activa tiende a hacer que las oraciones sean más claras y directas que la voz pasiva, que puede resultar ambigua y engorrosa.

2. Estructura lógica: organizar los documentos de manera lógica, con un comienzo o preámbulo, un desarrollo y un final claros, ayuda a garantizar que los lectores estén en capacidad de seguir el argumento o la narrativa. Esto puede implicar comenzar con una sección de antecedentes o contexto, seguida de las disposiciones sustantivas y concluir con cláusulas generales como la forma en la que podrá llevar a cabo la resolución de disputas y la ley aplicable en ese caso.

3. Uso de definiciones: definir términos clave al principio del documento o en una sección de definiciones separada ayuda a garantizar que todas las partes tengan una comprensión común de los conceptos importantes.

4. Lenguaje sencillo: siempre que sea posible hay que hacer todos los esfuerzos para utilizar un lenguaje sencillo en lugar de la jerga legal que hace que los documentos sean poco accesibles para quienes no son abogados. Este enfoque no significa sacrificar la precisión jurídica sino más bien elegir palabras y frases que sean claras sin ser demasiado simplistas.

5. Precedentes y textos-guía: El uso de precedentes y textos-guía puede mejorar la eficiencia y la coherencia en la redacción jurídica. Sin embargo, los redactores deben revisar y adaptar cuidadosamente estos recursos para que se ajusten a las necesidades específicas y al contexto de cada nueva situación.

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La redacción jurídica requiere una comprensión profunda de las normas aplicables a un caso concreto, un uso hábil del lenguaje y un enfoque estratégico para el diseño de documentos. Ya sea que redacten contratos, estatutos, opiniones judiciales u otros documentos legales, los redactores deben navegar por conceptos legales complejos, anticipar posibles disputas y comunicarse de manera clara y efectiva. Los principios y técnicas descritos en los párrafos precedentes proporcionan un marco elemental y básico para lograr estos objetivos, pero el dominio de la redacción jurídica también depende de la experiencia, el aprendizaje continuo y conciencia del panorama jurídico que siempre está en evolución por parte de quienes deben llevarla a cabo.

En resumen, la redacción legal es una habilidad crítica para todo jurista, ya que afecta la claridad, aplicabilidad y efectividad de los documentos normativos. A medida que los profesionales del derecho continúan esforzándose por alcanzar la excelencia en esta área, contribuyen al desarrollo del derecho y la administración de justicia, asegurando que los documentos jurídicos puedan lograr sus objetivos y queden claros los derechos y obligaciones que tienen las partes involucradas.


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