Miguel Carbonell *
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
Los países pagan un precio altísimo por la ignorancia de sus legisladores. Hay miles de ejemplos recientes en los que una reforma mal pensada, mal redactada y que es aprobada al vapor genera impactos económicos negativos de los que todas las personas afectadas se terminan arrepintiendo.
Un caso reciente en México es la modificación a la Ley Federal del Trabajo para “regularizar” la relación que tienen las empresas que ofrecen servicios de intermediación tecnológica a través de plataformas digitales y quienes ofrecen sus servicios a través de dichas plataformas. Nuestros legisladores federales, que al parecer saben muy poco de las nuevas tecnologías, aprobaron al vapor la iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para convertir a empresas de tecnología que administran plataformas digitales en empresas de transporte y de reparto de comida. Es decir, lo que la reforma hace es obligar a ciertas empresas a realizar un trabajo para el que no fueron creadas y respecto al cual no tienen previsto un modelo de negocio. Las consecuencias en lo inmediato, no es difícil de imaginarlo, serán desastrosas.
La reforma se presenta como favorable para los conductores y repartidores que utilizan las plataformas digitales, pero también a ellos los terminará perjudicando. Lo hará porque seguramente algunas plataformas digitales saldrán del mercado mexicano; lo hará porque al elevar los costos para las empresas tecnológicas tendrán que optar por tener a menos gente ofreciendo servicios; lo hará porque se está creando un modelo que priva de la necesaria flexibilidad que muchos repartidores y conductores requieren.
Nadie duda de que sería ideal que todas las personas que ejercen actividades remuneradas en México tuvieran plenamente garantizados sus derechos laborales y de seguridad social. Eso sería lo óptimo, pero la consecución de ese objetivo no puede darse a costa de convertir a ciertas empresas en aquello que no son ni quieren serlo, ni tampoco a costa de impedir que los particulares determinen de manera libre la forma bajo la cual quieren prestar sus servicios, de la misma forma que lo hacemos quienes ejercemos las llamadas “profesiones liberales” (como la abogacía, por ejemplo).
La reforma a la legislación laboral fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2024 y tiene aspectos posiblemente inconstitucionales; además presenta un diseño totalmente improvisado porque no establece un régimen transitorio para que el IMSS pueda generar esquemas que le permitan absorber a cientos de miles de trabajadores de golpe (considerando que sus finanzas están en números rojos desde hace varios años y que sus clínicas están claramente rebasadas en su capacidad de atención médica).
Por si lo anterior fuera poco la reforma crea un concepto de trabajo “flexible y discontinuo” que será muy complicado de administrar por todos los interesados y que se pretende insertar en los modelos tradicionales de relación laboral en los que hay una jornada laboral perfectamente definida, unas condiciones de trabajo y unas facultades de supervisión por parte de los empleadores.
Eso es justamente lo que buscan evitar muchas personas que se ganan la vida honradamente a través de las plataformas digitales y que ahora verán intervenidos sus planes laborales porque al gobierno le parece que ellos deben ser como los demás trabajadores del país, sin entender que se trata de una forma nueva de prestar servicios, la cual por cierto no solamente ha generado ingresos lícitos para cientos de miles de personas, sino que tiene a millones de usuarios a lo largo y ancho del país que usan las plataformas digitales con evidentes beneficios para ellos y sus familias.
Tan es una ocurrencia la reforma que estamos comentando que no hay registro en la prensa nacional de ninguna marcha, de ninguna manifestación, de ningún movimiento de conductores y repartidores para lograr que se modifique la manera en la que actualmente prestan sus servicios. Es simplemente un embate gubernamental, uno más, contra la forma de hacer negocio de personas que hasta ahora eran libres de realizarlo como mejor les convenía y que ahora estarán bajo el yugo gubernamental.
Lo cierto es que si nuestros legisladores se hubieran asomado a los modelos de regulación existentes en otros países se habrían dado cuenta que se puede proteger a los prestadores del servicio sin tener que obligar a las empresas tecnológicas a cambiar radicalmente sus modelos de negocio. En Irlanda se les ofrece cobertura en caso de enfermedad. En Finlandia tienen derecho a prestaciones en caso de desempleo. En Francia se les reconoce un “derecho a la desconexión” y así por el estilo. En México, como suele suceder, se está legislando de espaldas a la realidad, lo cual suele traer consigo consecuencias adversas. Muy pronto lo sabremos.
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