Miguel Carbonell *
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
I. INTRODUCCIÓN
La creciente utilización de redes sociales por parte de autoridades públicas plantea preguntas esenciales sobre el límite entre lo personal y lo institucional, así como el alcance de los derechos fundamentales en espacios digitales. La resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los bloqueos realizados desde una cuenta oficial en Twitter (en ese entonces esa red social se llamaba Twitter, ahora se llama simplemente X) constituye un precedente de gran relevancia para definir los límites constitucionales de la actuación estatal en redes sociales. Se trata de la sentencia que resuelve el Amparo en Revisión 1005/2018. Les comparto una breve nota sobre los fundamentos jurídicos de la decisión, su relación con los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, y sus implicaciones para la gobernanza digital y la transparencia.
II. PLANTEAMIENTO DEL CASO
El conflicto surgió cuando una ciudadana fue bloqueada por la cuenta de Twitter de un servidor público, impidiéndole el acceso a la información publicada por dicha cuenta y, por tanto, restringiendo su interacción en un espacio de comunicación pública. El asunto llegó al conocimiento de la Suprema Corte a través del juicio de amparo, en el que se analizó si tal bloqueo constituía una violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 6º y 7º constitucionales, y si el Estado tenía deberes específicos cuando un servidor público usa redes sociales como extensión de su función institucional.
III. LA NATURALEZA DE LAS CUENTAS DE REDES SOCIALES EN FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Uno de los puntos clave abordados por la Corte fue determinar si las cuentas en redes sociales de los funcionarios pueden adquirir carácter público. Se concluyó que, cuando una cuenta se utiliza predominantemente para difundir información institucional, hacer comunicados oficiales o interactuar con la ciudadanía en su calidad de servidor público, esta cuenta deja de ser un espacio meramente privado y se convierte en un canal de comunicación pública sujeto a control constitucional.
En este sentido, la Corte afirmó que el uso de una red social no excluye la observancia de los principios de legalidad, rendición de cuentas y respeto a los derechos fundamentales, en particular cuando la comunicación digital cumple una función institucional.
IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BLOQUEO DIGITAL
El amparo se centró en si el bloqueo de una ciudadana en una cuenta oficial viola el derecho de acceso a la información pública. La Corte sostuvo que, al impedir el acceso a contenidos que se publican en ejercicio de funciones públicas, el bloqueo constituye una restricción indebida y desproporcionada, incompatible con el estándar de máxima publicidad que rige la actuación gubernamental.
Dado que las cuentas oficiales operan como medios de difusión y retroalimentación con la sociedad, bloquear a ciudadanos sin base legal o sin razones justificadas vulnera no solo el derecho individual de informarse, sino también la función social de la libertad de expresión.
V. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PARTICIPACIÓN EN DEBATES PÚBLICOS
La sentencia también abordó la dimensión activa de la libertad de expresión, es decir, el derecho no solo a recibir información sino a participar en el debate público. Desde esta perspectiva, el bloqueo digital tiene un efecto inhibidor que excluye injustificadamente a ciertos individuos del espacio digital de deliberación, rompiendo el principio de neutralidad tecnológica del Estado.
La Corte enfatizó que, si bien los servidores públicos tienen derecho a la privacidad, este se ve limitado cuando voluntariamente utilizan sus cuentas para fines institucionales. No pueden ejercer selectivamente su interacción en redes en función de la afinidad ideológica, ya que ello vulnera la igualdad y pluralidad en el acceso al debate público.
VI. ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y COMPARADOS
La decisión armoniza con criterios de tribunales internacionales y cortes constitucionales comparadas. En especial, se alinea con precedentes como Knight First Amendment Institute v. Trump (2019), en el que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos concluyó que el entonces presidente Donald Trump no podía bloquear a usuarios críticos desde su cuenta de Twitter, por haberla convertido en un foro público digital.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los Estados tienen el deber de garantizar el acceso equitativo a información pública, incluso mediante tecnologías digitales, y que cualquier restricción debe superar un test estricto de proporcionalidad.
VII. LÍMITES Y EXCEPCIONES POSIBLES
La sentencia reconoce que el bloqueo podría justificarse en casos excepcionales, por ejemplo, ante expresiones que constituyan violencia digital, amenazas reales o campañas de desinformación. No obstante, enfatiza que dichas medidas deben estar debidamente motivadas, justificadas y sujetas a control judicial. No basta la molestia personal o el disenso político para restringir el acceso.
La Corte reitera que el principio debe ser el acceso abierto y la interacción libre, como parte del ejercicio plural y tolerante del debate democrático. La excepción, limitada y razonada, debe fundarse en una afectación objetiva y no en percepciones subjetivas.
VIII. CONSIDERACIONES SOBRE LA GOBERNANZA DIGITAL
Este caso obliga a repensar el papel del Estado en los entornos digitales. La gobernanza digital no puede estar sujeta a la voluntad individual de los funcionarios, sino que debe regirse por principios normativos claros, que garanticen los derechos fundamentales y aseguren la rendición de cuentas en todo canal que opere como extensión de la función pública.
En ese sentido, es necesario que las instituciones adopten lineamientos internos para el uso oficial de redes sociales, donde se establezcan criterios para la administración de cuentas, la preservación de archivos digitales, la moderación de contenidos y los mecanismos de impugnación ante medidas restrictivas.
IX. CONCLUSIONES
La resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el bloqueo en Twitter sienta un precedente fundamental en la protección de derechos en la esfera digital. Establece que cuando una cuenta en redes sociales es usada para fines institucionales, su contenido está sujeto a principios de transparencia, publicidad y rendición de cuentas, y que el bloqueo infundado de ciudadanos vulnera derechos fundamentales.
Esta decisión proyecta una visión avanzada de los derechos digitales, armoniza con estándares internacionales y contribuye a consolidar una cultura jurídica que reconoce la centralidad de Internet y las plataformas sociales en el ejercicio de la ciudadanía moderna. Se trata de una doctrina que deberá orientar tanto la práctica institucional como el diseño de futuras regulaciones sobre tecnología y derechos humanos en México.
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