Miguel Carbonell *
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
Introducción
La piedra angular de cualquier democracia es un sistema judicial sólido y eficiente. Las personas juzgadoras tienen la gran responsabilidad de defender los valores constitucionales, garantizar la justicia y mantener el orden social resolviendo las disputas que van surgiendo. El funcionamiento de un sistema de ese tipo supone un rasgo civilizatorio esencial en la historia de los países y de la humanidad en su conjunto.
Sin embargo, en la actualidad los sistemas judiciales de todo el mundo enfrentan desafíos como la acumulación excesiva de casos, la lentitud de los procedimientos, el acceso limitado para las comunidades desfavorecidas y preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas.
Abordar estas cuestiones en un país como México es vital para reforzar la confianza pública y facilitar un proceso legal justo. En esta breve nota les comparto una reflexión que intenta explorar algunas estrategias integrales para mejorar los sistemas judiciales, centrándome en el logro de la eficiencia, la accesibilidad, la transparencia y el desarrollo continuo.
Garantizar la eficiencia y la prontitud en la respuesta
La columna vertebral de un sistema judicial eficaz es su capacidad para resolver disputas con rapidez y eficiencia. La implementación de tecnologías de gestión de casos puede revolucionar la forma en que se presentan, rastrean y gestionan los casos, reduciendo significativamente los tiempos de procesamiento.
Las plataformas digitales permiten la presentación electrónica de documentos, el seguimiento de casos en línea y procedimientos judiciales virtuales, lo que puede aliviar la acumulación de casos. Además, simplificar los procesos legales mediante la simplificación de los procedimientos y la reducción de los obstáculos burocráticos puede acelerar la resolución de los casos, haciendo que el proceso judicial sea más eficiente y menos desalentador para el público.
El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de 2023 ya permite una tramitación digital de todos sus procedimientos, con lo cual fija el rumbo de lo que deberá ser la evolución tecnológica de la justicia mexicana.
Mejora de la accesibilidad y la asequibilidad
El acceso a la justicia no debería ser un privilegio de las que más recursos económicos tienen; debe ser un derecho fundamental para todos los ciudadanos, tal como lo señala el artículo 17 constitucional.
La ampliación de los servicios de asistencia jurídica gratuita (ya sea a través de las defensorías públicas u otros mecanismos similares) proporciona un salvavidas a las comunidades desfavorecidas, garantizando que tengan representación y acceso al proceso judicial.
Además, los programas de incentivos para la participación comunitaria desempeñan un papel crucial a la hora de desmitificar el sistema legal para el público. Al realizar talleres y crear recursos accesibles en línea, el poder judicial puede educar a los ciudadanos sobre sus derechos legales y cómo deben navegar el proceso judicial, mejorando así la participación y la confianza del público.
Promoción de la transparencia y la rendición de cuentas
La transparencia dentro del sistema judicial fomenta la rendición de cuentas y la confianza pública. Hay que trabajar de tal manera que los procedimientos judiciales sean más accesibles al público y a los medios de comunicación (excepto en casos delicados) pueden garantizar que no sólo se haga justicia sino que se vea que se hace justicia. En otros espacios he defendido la necesidad de mejorar la forma en la que se hace el periodismo jurídico en México, como palanca para aumentar la credibilidad y la confianza en los órganos de impartición de justicia.
Además, es crucial establecer órganos independientes para monitorear y abordar la mala conducta judicial. Estos órganos de supervisión deben tener la capacidad real para poder investigar denuncias, realizar audiencias y recomendar acciones para mantener la integridad y la disciplina dentro del poder judicial, reforzando así su credibilidad y rendición de cuentas.
Capacitación y desarrollo para funcionarios judiciales
Un poder judicial bien informado y bien formado es esencial para impartir justicia. La educación jurídica continua obligatoria para jueces y para todo el personal judicial que los apoya garantiza que se mantengan actualizados con las nuevas leyes, los avances tecnológicos y las cosmovisiones sociales que siempre están en rápida evolución.
Además, la capacitación en diversidad e inclusión puede ayudar a los funcionarios judiciales a comprender y respetar mejor a las diversas poblaciones a las que sirven. Dichos programas pueden fomentar un proceso legal más empático y equitativo, que refleje la sociedad diversa en la que opera. Herramientas metodológicas como la perspectiva de género, la perspectiva de discapacidad o la perspectiva de infancias pueden ayudar mucho para lograr ese objetivo.
Cooperación Internacional y mejores prácticas
Ningún sistema judicial funciona de forma aislada. Participar en foros y redes internacionales permite el intercambio de mejores prácticas y soluciones innovadoras.
Aprender de los éxitos y desafíos de otros países puede inspirar reformas y mejoras en los sistemas judiciales nacionales, como muy bien lo sabemos en México. Esta cooperación puede conducir a la adopción de tecnologías de vanguardia, prácticas eficientes de gestión de casos y estrategias efectivas de participación pública, mejorando la calidad y eficacia general de la prestación de justicia.
A manera de conclusión
Todos debemos tener claro que el sistema judicial es la base sobre la que descansa el Estado de derecho. Un poder judicial competente, transparente y accesible no sólo defiende la justicia sino que también fortalece el tejido social y la fibra moral de la sociedad.
La mejora continua, impulsada por la innovación, la inclusión y la cooperación internacional, es esencial para abordar los desafíos cambiantes que enfrentan los sistemas judiciales. Las partes interesadas en que México sea un verdadero Estado de derecho (ideal del que en la actualidad nos encontramos muy lejanos) deben comprometerse con la realización de las reformas de fondo que se requieren, para acercarnos al objetivo de lograr garantizar que el camino hacia una justicia social sustantiva sea eficiente y accesible para todos las personas que habitan en el país. Ojalá no nos demoremos.
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