Miguel Carbonell *
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
I. INTRODUCCIÓN
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo Directo 4/2020 representa una decisión paradigmática sobre el alcance constitucional de la libertad contractual y sus límites materiales en el marco de un sistema jurídico garantista. Les comparto esta breve nota, la cual busca examinar los criterios de la Primera Sala respecto a la tensión entre la autonomía de la voluntad privada y el interés público, a partir de un conflicto entre una institución fiduciaria y particulares sobre la validez y efectos de una cláusula contractual. Se abordan las implicaciones dogmáticas, los estándares de control de convencionalidad y la función constitucional del contrato como instrumento jurídico-económico en una sociedad democrática.
HECHOS Y TRAYECTORIA PROCESAL
El caso se originó en la impugnación de una sentencia dictada por la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en la que se resolvió un litigio derivado de un contrato con carga fiduciaria. HSBC México, en su carácter de fiduciario, promovió juicio de amparo directo al considerar que la interpretación judicial de la cláusula contractual vulneraba su derecho a la seguridad jurídica y su libertad de contratación, al invalidar o limitar los efectos de lo pactado libremente.
La Primera Sala atrajo el asunto para fijar un criterio sobre la naturaleza constitucional de la libertad contractual y su relación con los principios de justicia contractual, equilibrio de las prestaciones y orden público.
PROBLEMA CONSTITUCIONAL
El punto medular fue determinar si la interpretación de la cláusula por parte del tribunal local, que restringió los efectos de la autonomía contractual, fue conforme a los principios constitucionales y al bloque de constitucionalidad, o si se había incurrido en una intromisión ilegítima en la libertad de las partes.
La Corte partió del reconocimiento de la libertad contractual como una manifestación del principio de autonomía de la voluntad, derivado de la libertad individual consagrada en los artículos 1º, 5º y 14 constitucionales. No obstante, afirmó que dicha libertad no es absoluta, y está limitada por normas de orden público, por la función social del contrato y por el principio de equidad en las relaciones contractuales.
ANÁLISIS DE LA SENTENCIA
La resolución reafirma que los jueces están facultados para ejercer un control sobre el contenido de los contratos cuando exista evidencia de cláusulas abusivas, desequilibrio excesivo o efectos contrarios a la dignidad o al interés público. Esta postura se articula con una concepción moderna del contrato como instrumento de justicia material, no como un ejercicio puramente formal de libertad privada.
La Corte sostuvo que la libertad contractual no se reduce a la posibilidad de contratar o no, sino que implica también la posibilidad de que el Estado module los efectos del contrato para garantizar que su ejecución no implique violaciones a derechos fundamentales, asimetrías estructurales o impactos negativos en terceros.
V. JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA RELEVANTE
El criterio asumido se inserta en una línea jurisprudencial que transita de un formalismo clásico hacia un enfoque funcional, centrado en los efectos sociales de los contratos. La Corte ya había sostenido en decisiones anteriores (por ejemplo, sobre cláusulas de interés usurario o adhesión bancaria) que el contenido contractual puede ser objeto de escrutinio constitucional.
Asimismo, la decisión se alinea con estándares internacionales, como los desarrollados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconocen que la actividad contractual debe respetar la dignidad humana, el acceso a recursos y servicios básicos, y la prohibición de prácticas abusivas.
VI. LA FUNCIÓN CONSTITUCIONAL DEL CONTRATO
La Corte introduce el concepto de “función constitucional del contrato”, como mecanismo para armonizar la libertad individual con los principios de justicia, solidaridad y no discriminación. En este sentido, el contrato deja de ser un espacio inmune al control constitucional y pasa a ser una herramienta que debe operar en armonía con el Estado social de derecho.
Esta concepción dinamiza el análisis judicial del contrato, permitiendo integrar variables económicas, sociales y de derechos humanos. El juez, por tanto, no se limita a verificar la validez formal del acuerdo, sino que está obligado a ponderar sus efectos reales y su compatibilidad con el orden jurídico superior.
VII. IMPLICACIONES PRÁCTICAS Y SISTÉMICAS
Esta sentencia tiene efectos relevantes en múltiples ámbitos:
- Sector bancario y fiduciario: Las instituciones deberán revisar sus cláusulas contractuales para asegurar que no generen cargas desproporcionadas o injustificadas, especialmente en relaciones con particulares.
- Contratos de adhesión: Se fortalece el control sobre este tipo de contratos, particularmente aquellos que involucran consumidores o usuarios en situación de desigualdad.
- Actividad jurisdiccional: Se refuerza el deber de los jueces ordinarios de interpretar los contratos con base en principios constitucionales, más allá de la literalidad de las cláusulas.
VIII. CONCLUSIONES
La sentencia del Amparo Directo 4/2020 consolida una doctrina robusta sobre los límites constitucionales de la libertad contractual. Aporta una visión moderna, equilibrada y garantista del contrato como instrumento que debe responder no solo a la autonomía de la voluntad, sino también a la justicia material y al respeto por los derechos fundamentales.
Este precedente exige a los operadores jurídicos integrar el análisis constitucional en toda evaluación contractual, y reafirma la idea de que la libertad privada no puede prevalecer sobre los principios de equidad, dignidad y función social que orientan el Estado constitucional contemporáneo.
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