Miguel Carbonell *
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
I. Introducción: entre la eficiencia técnica y la justicia social
Tradicionalmente, la ingeniería ha sido definida como el arte y la ciencia de resolver problemas mediante la aplicación de conocimientos científicos, con el fin de diseñar soluciones útiles, eficientes y seguras. Esta definición, aunque válida en términos operativos, resulta incompleta frente a los complejos problemas del siglo XXI. La infraestructura que se diseña, las tecnologías que se desarrollan, los sistemas que se optimizan, tienen implicaciones profundas en la vida de las personas: determinan el acceso a recursos básicos, las oportunidades de desarrollo, la calidad ambiental y las condiciones de dignidad humana.
La premisa central de este breve texto es que la ingeniería no puede seguir siendo concebida como una práctica neutral. Toda decisión técnica es también una decisión política, ética y jurídica. Por ello, urge avanzar hacia una concepción de la ingeniería como una práctica deliberadamente orientada a la protección, realización y promoción de los derechos humanos. Ingenieros y profesionales del derecho podemos y debemos trabajar de la mano para asegurarnos de que los impactos de la ingeniería van a ser respetuosos y van a tomar en cuenta los derechos humanos.
II. Ciencia, tecnología y el marco jurídico internacional de los derechos humanos
El derecho internacional reconoce explícitamente la relación entre ciencia, tecnología y derechos humanos. El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) consagra el derecho de toda persona a “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”. Este derecho impone a los Estados obligaciones de respetar, proteger y garantizar que el conocimiento científico y sus aplicaciones técnicas estén orientadas al bienestar común, sin discriminación ni exclusión.
Además, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas (UNGP, 2011) establecen con claridad que las empresas —incluidas aquellas del ámbito de las ingenierías y tecnológico— tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones, lo que implica: a) evitar causar impactos negativos, b) prevenir y mitigar riesgos, y c) reparar los daños que hayan sido ocasionados.
Estos estándares obligan a repensar el rol de la ingeniería más allá del cumplimiento normativo básico: implican un compromiso con la justicia estructural, la inclusión social y la transparencia en la toma de decisiones técnicas.
III. Educación en ingeniería con enfoque de derechos humanos
Uno de los pilares para lograr una transformación duradera es la reforma de los programas de educación superior en ingeniería. En muchos contextos, los currículos están centrados en competencias técnicas, dejando de lado las dimensiones sociales, jurídicas y éticas. Cuando existen cursos de ética profesional, estos suelen limitarse a debates genéricos o a la aplicación de códigos de conducta, sin abordar de forma estructurada los derechos humanos, la equidad, la participación o el análisis de impactos.
La formación de los futuros ingenieros debe integrar —de manera transversal y práctica— conocimientos en:
- Derecho internacional de los derechos humanos
- Teoría de la justicia, equidad y sostenibilidad
- Participación ciudadana y gobernanza técnica
- Interculturalidad y antropología del desarrollo
- Evaluación de impactos sociales y ambientales
Esto puede lograrse mediante experiencias de aprendizaje basadas en problemas reales, trabajo en campo con comunidades vulnerables, análisis de estudios de caso, metodologías de diseño participativo, y colaboración interfacultades con programas de derecho, ciencias sociales y salud pública.
IV. Infraestructura, equidad y justicia ambiental
La infraestructura técnica (acueductos, energía, movilidad, saneamiento, telecomunicaciones) es uno de los factores más decisivos para la realización de los derechos humanos. Sin embargo, en muchas regiones de México, la distribución de esa infraestructura reproduce desigualdades históricas y perpetúa la exclusión.
Casos como los siguientes ilustran la urgencia del enfoque de derechos:
- Comunidades rurales sin acceso a agua potable mientras zonas urbanas gozan de sistemas avanzados.
- Sistemas de transporte excluyentes que dificultan la movilidad de personas con discapacidad o adultos mayores.
- Redes de energía que no alcanzan a comunidades indígenas por falta de rentabilidad comercial.
Frente a esto, se propone adoptar una perspectiva de justicia ambiental e infraestructura inclusiva, en la que las decisiones técnicas estén guiadas por:
- Principio de no discriminación
- Principio de equidad intergeneracional
- Acceso universal y progresivo
- Evaluación participativa de necesidades
- Territorialización de soluciones tecnológicas
V. Evaluación de tecnologías emergentes: el caso de la inteligencia artificial
El desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), los algoritmos de decisión automatizada, la biotecnología y los sistemas de vigilancia digital plantea desafíos sin precedentes para los derechos humanos. Si no se diseñan con criterios de responsabilidad, estas tecnologías pueden:
- Reproducir sesgos y discriminación algorítmica
- Atentar contra la privacidad y la protección de datos
- Suplantar decisiones humanas sin transparencia ni rendición de cuentas
- Afectar el derecho al debido proceso, a la libertad de expresión y a la autonomía personal
Por ello, se requiere implementar Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos (HRIA) como herramienta obligatoria en el ciclo de vida de cualquier sistema tecnológico que tenga efectos sobre personas. Estas evaluaciones deben incluir:
- Identificación de derechos potencialmente afectados
- Consulta con comunidades impactadas
- Mecanismos de reparación y no repetición
- Protocolos de gobernanza y auditoría técnica
VI. Hacia una nueva cultura profesional: responsabilidad social de la ingeniería
La transformación no será posible sin una profunda revisión de la cultura profesional de la ingeniería. La noción clásica de “ética de la ingeniería” debe evolucionar hacia un enfoque de responsabilidad social integral, en el que los ingenieros sean:
- Diseñadores de justicia
- Facilitadores de participación social
- Promotores de inclusión tecnológica
- Defensores activos del desarrollo sostenible
Esta cultura debe ser promovida desde las universidades, los colegios profesionales, las empresas y las instituciones públicas. No se trata de agregar una “capa” ética al trabajo técnico, sino de reconfigurar el sentido mismo de lo que significa “resolver un problema” en el mundo contemporáneo.
VII. Conclusión: del paradigma de la eficiencia al paradigma de la dignidad
En tiempos de profundas transformaciones, la ingeniería debe ser reconectada con su dimensión humana. La eficiencia, la innovación y la rentabilidad son valores importantes, pero no suficientes. El criterio último debe ser la dignidad humana.
Pensar y actuar desde los derechos humanos no limita la creatividad técnica, sino que la orienta hacia su fin más noble: construir un mundo más justo, sostenible e inclusivo. Este es el reto de la ingeniería del siglo XXI. Aceptarlo no es una carga, sino una oportunidad de dar un nuevo sentido a una profesión fundamental para el destino de la humanidad.
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