Miguel Carbonell *
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
La Gaceta del Semanario Judicial de la Federación ha publicado recientemente un criterio de especial trascendencia en materia de responsabilidad administrativa y protección reforzada de los derechos de niñas y niños. Se trata de la tesis aislada I.20o.A.64 A (11a.), emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la que se analiza la calificación jurídica de una conducta médica negligente que derivó en la muerte de un bebé, a la luz del principio constitucional de supervivencia y desarrollo de la niñez. (Registro Digital 2031024).
El criterio resulta particularmente relevante porque cuestiona —y corrige— una práctica administrativa frecuente: la tendencia a minimizar la gravedad de ciertas conductas médicas deficientes, incluso cuando estas tienen consecuencias irreversibles en la vida y la salud de personas menores de edad.
Los hechos y el problema jurídico de fondo
El caso parte de un supuesto lamentablemente recurrente. Un médico adscrito a un instituto de salud pública otorgó una atención médica deficiente a un bebé, lo que derivó en su fallecimiento. El órgano interno de control determinó fincarle responsabilidad administrativa no grave, imponiéndole una suspensión de treinta días.
Posteriormente, el médico promovió juicio contencioso administrativo federal, en el cual se declaró la nulidad de la sanción por considerar que la facultad sancionadora de la autoridad había prescrito. Frente a esta decisión, la autoridad interpuso recurso de revisión fiscal, dando lugar al análisis del Tribunal Colegiado.
Más allá de la cuestión estrictamente procesal, el asunto permitió al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre un problema de fondo: ¿puede calificarse como falta administrativa no grave la omisión de diagnosticar correctamente un cuadro clínico vinculado con una de las principales causas de mortalidad infantil?
El criterio del Tribunal: gravedad reforzada y niñez
La respuesta del Tribunal es clara y categórica. Diagnosticar incorrectamente un cuadro clínico asociado con una de las mayores causas de mortalidad infantil en el mundo constituye un incumplimiento grave del principio de supervivencia y desarrollo de la niñez, y, por tanto, no puede considerarse una falta administrativa no grave dentro de un procedimiento de responsabilidades administrativas por atención médica negligente.
Este razonamiento introduce un elemento de enorme valor dogmático: la calificación de la gravedad de una conducta administrativa no puede realizarse de manera aislada, sino que debe hacerse tomando en cuenta el contexto constitucional y convencional en el que se produce el acto, especialmente cuando están involucrados derechos de la infancia.
El principio de supervivencia y desarrollo como parámetro de control
La tesis destaca que el principio de supervivencia y desarrollo de la niñez —derivado del artículo 4º constitucional y de la Convención sobre los Derechos del Niño— impone a todas las autoridades obligaciones reforzadas de protección. Dicho principio exige garantizar no solo la vida, sino también el crecimiento y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en todas sus dimensiones: física, mental, espiritual y social.
En materia de salud, este mandato se traduce en deberes específicos para las autoridades y los profesionales sanitarios: identificar riesgos, anticipar factores determinantes, diseñar respuestas oportunas y ofrecer servicios médicos de calidad, particularmente en relación con enfermedades que afectan de manera recurrente a la infancia.
Desde esta perspectiva, clasificar como “no grave” la omisión de un diagnóstico adecuado en un contexto de alta vulnerabilidad resulta incompatible con el estándar constitucional de protección reforzada.
Diálogo con el derecho internacional de los derechos humanos
Un aspecto especialmente valioso del criterio es su apertura al derecho internacional. El Tribunal retoma la Observación General número 7 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en la que se reconoce que la negligencia y el trato insensible constituyen condiciones adversas que inciden directamente en la mortalidad infantil.
Esta referencia refuerza la idea de que los procedimientos administrativos disciplinarios no son espacios neutros o puramente técnicos, sino ámbitos en los que deben proyectarse los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente cuando se trata de grupos en situación de especial vulnerabilidad.
Impacto práctico del criterio
La tesis tiene implicaciones relevantes tanto para las autoridades administrativas como para la defensa jurídica. Para los órganos internos de control, el mensaje es claro: la calificación de la gravedad de las faltas médicas debe realizarse incorporando un enfoque de derechos de la infancia, y no limitarse a criterios formales o disciplinarios tradicionales.
Para las personas litigantes, el criterio abre una vía argumentativa sólida para cuestionar resoluciones administrativas que minimicen conductas médicas negligentes con impacto en la vida y la salud de niñas y niños, así como para exigir una interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales.
Reflexión final
Este criterio representa un avance significativo en la construcción de una responsabilidad administrativa sensible a los derechos humanos y, en particular, al interés superior de la niñez. Reafirma que, en el Estado constitucional de derecho, la técnica administrativa no puede desvincularse de la ética pública ni de los mandatos de protección reforzada cuando están en juego bienes jurídicos tan fundamentales como la vida y la salud de las personas menores de edad.
En tiempos en los que la calidad de los servicios públicos de salud se encuentra bajo constante escrutinio, esta tesis ofrece un parámetro claro: la negligencia médica que afecta gravemente a la infancia no admite trivializaciones jurídicas.
También te recomendamos…
