Miguel Carbonell *
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
La Constitución mexicana cambia con frecuencia. Para quienes ejercen la abogacía, imparten clases, asesoran instituciones o estudian derecho público, seguir el ritmo de las reformas constitucionales no es una tarea secundaria: es una obligación profesional.
Les comparto información que creo que es importante sobre cinco de las reformas constitucionales recientes con mayor relevancia sustantiva, desde mi punto de vista.
1. Reforma al artículo 73 en materia de feminicidio
El 6 de mayo de 2026 se publicó el decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), en materia de feminicidio. La modificación incorpora esta materia dentro del catálogo de leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones.
La relevancia de esta reforma es evidente. El feminicidio deja de ser tratado únicamente como un problema de regulación local para ubicarse dentro de una lógica constitucional de legislación general. Para la abogacía penal, constitucional y de derechos humanos, esto obliga a seguir el desarrollo de la legislación secundaria y a revisar cómo se armonizarán los códigos, criterios ministeriales, políticas públicas y estándares judiciales en todo el país.
2. Reforma al artículo 127 en materia de límite a jubilaciones y pensiones de entidades públicas
El 10 de abril de 2026 se publicó el decreto que reforma y adiciona el artículo 127 constitucional, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas. El decreto reforma fracciones del párrafo segundo y adiciona párrafos a la fracción IV del propio artículo.
Se trata de una reforma con impacto en derecho administrativo, laboral burocrático, seguridad social y control del gasto público. El artículo 127 forma parte del régimen constitucional de remuneraciones públicas, por lo que cualquier modificación en esa materia incide en la forma en que deben entenderse las percepciones, jubilaciones, pensiones y límites aplicables dentro del sector público y entidades vinculadas.
3. Reforma al artículo 123 en materia de reducción de la jornada laboral
El 3 de marzo de 2026 se publicó la reforma a las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 constitucional, en materia de reducción de la jornada laboral. La reforma establece la jornada laboral de cuarenta horas semanales, conforme a los términos que establezca la ley.
Esta reforma tiene una enorme importancia para empresas, trabajadores, sindicatos, litigantes laborales, áreas de recursos humanos y autoridades. No se trata sólo de un cambio de horario: implica revisar organización del trabajo, contratos, jornadas, descansos, productividad, cumplimiento normativo y posibles controversias derivadas de su implementación gradual.
4. Reforma al artículo 73 en materia de extorsión
El 9 de octubre de 2025 se publicó el decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, en materia de extorsión. La reforma se ubica, como la de feminicidio, dentro del catálogo de materias respecto de las cuales pueden expedirse leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones.
La extorsión es uno de los delitos de mayor impacto social, económico y empresarial. Su incorporación en esta lógica constitucional tiene consecuencias para la coordinación entre autoridades, la persecución penal, la homologación normativa y la definición de estándares comunes. Para abogados penalistas, asesores de empresas, litigantes y servidores públicos, es una reforma que debe seguirse con especial atención.
5. Reforma a los artículos 25 y 73 en materia de simplificación administrativa y digitalización
El 15 de abril de 2025 se publicó el decreto por el que se reforman el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 constitucional, en materia de simplificación administrativa y digitalización. El propio decreto prevé que el Congreso de la Unión expida la legislación correspondiente al artículo 73, fracción XXIX-Y, dentro del plazo señalado en sus transitorios.
Esta reforma es especialmente relevante para el futuro de la administración pública, la mejora regulatoria, los trámites digitales, la relación entre ciudadanía y autoridades, y la modernización institucional. Su impacto puede extenderse a derecho administrativo, transparencia, gobierno digital, protección de datos, combate a la corrupción y eficiencia regulatoria.
Una lectura de conjunto
Estas cinco reformas muestran una agenda constitucional con fuerte impacto sustantivo: violencia feminicida, extorsión, jornada laboral, pensiones públicas y digitalización administrativa. Todas obligan a mirar más allá del texto reformado: hay que revisar legislación secundaria, transitorios, armonización normativa, criterios judiciales futuros y efectos prácticos en la vida institucional.
Para la abogacía mexicana, mi recomendación es clara: no basta saber que hubo una reforma. Hay que identificar qué artículo cambió, qué materia regula, qué obligaciones genera y qué nuevas controversias puede producir. Ahí está una parte esencial del trabajo jurídico contemporáneo.
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