Miguel Carbonell *
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
Una sentencia puede estar bien escrita y apoyarse en numerosos antecedentes, pero resultar poco confiable si sus conclusiones descansan en una prueba pericial que nadie examinó con suficiente rigor. En el ejercicio de la abogacía, los informes especializados presentados por pertidos suelen tener una influencia considerable: permiten interpretar lesiones, reconstruir accidentes, analizar documentos, valorar daños o estudiar evidencia digital.
Esa importancia exige formular una pregunta: ¿qué razones tenemos para confiar en lo que afirma el perito?
La respuesta requiere examinar su preparación, pero también los datos que utilizó, los procedimientos que siguió y los límites de sus conclusiones. La calidad de la justicia depende de que ese examen se realice de manera efectiva.
Las credenciales y la confiabilidad del dictamen
Un título profesional acredita formación. La trayectoria puede mostrar experiencia. La pertenencia a una institución reconocida aporta información sobre el contexto de trabajo. Sin embargo, ninguno de estos elementos garantiza, por sí solo, que una pericia concreta esté correctamente elaborada.
Un experto competente puede utilizar datos incompletos, aplicar inadecuadamente una técnica o formular conclusiones demasiado amplias. Por eso conviene distinguir entre la idoneidad de la persona y la confiabilidad de su dictamen.
En México, el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la prueba pericial cuando resulta necesario o conveniente contar con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. El artículo 369 regula las exigencias de titulación e idoneidad. Este marco recuerda que el conocimiento especializado abarca disciplinas diversas y debe corresponder al asunto sobre el que se dictamina.
Desde una perspectiva de buena práctica, el análisis debe avanzar hacia preguntas concretas: ¿qué examinó el experto?, ¿cómo lo hizo?, ¿por qué eligió ese procedimiento?, ¿qué resultados obtuvo y hasta dónde permiten llegar?
Qué podemos aprender del caso Daubert
Un referente internacional es la sentencia Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, dictada por la Suprema Corte de Estados Unidos en 1993. En el ámbito federal estadounidense, esta decisión atribuyó al juez la responsabilidad de controlar que la prueba científica ofrecida tuviera fundamentos confiables y fuera pertinente para el problema debatido.
Entre los factores que identificó se encuentran la posibilidad de someter la teoría o técnica a prueba, la revisión por pares y publicación, la tasa de error conocida o potencial, los estándares que controlan su aplicación y la aceptación dentro de la comunidad científica relevante.
Estos factores orientan una investigación sobre la calidad del conocimiento presentado. Su utilidad depende de formular preguntas apropiadas para cada especialidad. En Kumho Tire v. Carmichael, la Corte extendió la función de control a otros conocimientos técnicos o especializados y destacó el carácter flexible del examen: los mismos factores pueden tener distinta pertinencia según el caso.
La experiencia estadounidense ofrece herramientas para reflexionar sobre nuestra práctica. Su utilización en México exige justificar su relación con las normas y funciones procesales nacionales.
La ciencia también reconoce incertidumbres
Una afirmación categórica puede resultar persuasiva en una audiencia. Sin embargo, la seguridad del experto al hablar aporta poca información sobre la precisión de su método.
Una prueba pericial de calidad debería explicar sus limitaciones. Puede existir incertidumbre por las condiciones de una muestra, la resolución de una imagen, la calibración de un instrumento o la insuficiencia de ciertos antecedentes. Reconocer estos límites permite al tribunal comprender qué puede tener por respaldado.
Pensemos en una reconstrucción de accidente. La estimación de velocidad puede depender de las huellas de frenado, las condiciones del pavimento y distintos supuestos de cálculo. El debate útil consiste en identificar esos supuestos y determinar cómo afectan el resultado.
Admitir una pericia y decidir con ella
También es necesario distinguir entre admisibilidad, valoración y suficiencia probatoria.
La admisibilidad determina si una prueba reúne las condiciones para incorporarse al juicio. La valoración examina cuánto respaldo aporta a una afirmación. La suficiencia permite decidir si el conjunto probatorio satisface el estándar exigido para resolver.
Una pericia admitida puede tener un alcance limitado. Quizá permita establecer la existencia de una lesión, pero aporte poca información sobre su causa o sobre la identidad de quien la produjo.
Asimismo, que una conclusión coincida con otros antecedentes exige revisar si existe corroboración independiente. Dos informes que dependen del mismo dato inicial pueden reproducir una debilidad común. La aparente multiplicación de apoyos merece un análisis de sus fuentes.
Cómo preparar el examen de un perito
La preparación del abogado debería comenzar con la lectura integral del dictamen pericial y de los antecedentes a los que tenga acceso legítimo. Conocer únicamente las conclusiones dificulta identificar sus posibles problemas.
Para organizar el análisis pueden utilizarse cinco preguntas:
- Datos: ¿son suficientes, completos y adecuados para el objetivo de la pericia?
- Método: ¿tiene respaldo para responder precisamente esa pregunta?
- Aplicación: ¿se siguieron los procedimientos correspondientes y se documentaron las operaciones?
- Alternativas: ¿se examinaron explicaciones distintas o información contraria?
- Alcance: ¿la conclusión respeta los límites de los resultados obtenidos?
El interrogatorio y el contrainterrogatorio deben permitir que esas cuestiones lleguen al debate. Cuando sea necesario, el asesoramiento especializado puede ayudar a formular objeciones precisas. Una crítica técnica también necesita fundamentos verificables.
Una responsabilidad compartida
Los peritos deben explicar cómo llegaron a sus conclusiones. Los abogados necesitan comprender y discutir esos fundamentos. Los jueces deben expresar las razones por las que atribuyen determinado valor al conocimiento especializado.
Esta responsabilidad adquiere especial relevancia cuando una decisión afecta la libertad, la integridad, el patrimonio o las relaciones familiares. El rigor probatorio protege a todas las personas que participan en el proceso.
Una justicia confiable necesita conocer tanto la conclusión del experto como el camino que la sostiene. Examinar ese camino es una de las tareas esenciales de la abogacía contemporánea.
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