La casa de los jueces

Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell

“Vamos a limpiar la casa”, dijo el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, el miércoles 11 de diciembre de 2019, al presentar su Primer Informe de Labores. Se refería al esfuerzo emprendido para combatir a fondo la corrupción judicial y hacer frente al nepotismo.

En el salón de pleno de la Suprema Corte lo escuchaban el Presidente de la República, las presidentas de la Cámara de Diputados y de Senadores, integrantes del gabinete federal, empresarios, servidores públicos de alto nivel y académicos. El discurso de Zaldívar no dejó lugar a dudas: las cosas cambiaron a partir del pasado mes de enero, con su elección como Presidente de la Suprema Corte.

Además de los temas del combate a la corrupción y al nepotismo, el Presidente de la Suprema Corte hizo referencia a los concursos convocados para cubrir vacantes de juezas de distrito y de magistradas de circuito; y lo digo en femenino porque justamente las convocatorias de dichos concursos iban dirigidas solamente a mujeres, para nivelar el número de juzgadoras con el de juzgadores que actualmente imparten justicia federal a lo largo y ancho del país. La idea de Zaldívar se complementa, en este punto, con lo que piensa el Presidente de la República sobre el necesario incremento de la presencia femenina en la justicia, como lo demuestra el hecho de que haya enviado al Senado una terna integrada exclusivamente por mujeres para cubrir la vacante dejada por la renuncia del Ministro Eduardo Medina Mora.

Otro cambio importante fue respecto al mecanismo de ratificación de jueces y magistrados en su cargo. Tradicionalmente, cuando les llegaba el momento de ser evaluados para determinar si podían seguir ejerciendo la función judicial, eran aprobados sin mayor trámite, salvo que hubieran sido denunciados y sancionados por faltas en el desempeño de su trabajo. Zaldívar dijo en su informe que no solamente quiere apartar de la judicatura a los corruptos, sino también a los mediocres y, en esa virtud, los mecanismos de ratificación se iban a endurecer, para que quienes quieran seguir siendo jueces demuestren con hechos su capacidad y compromiso con el trabajo bien realizado.

También la comunicación social cambió este año en la casa de los jueces. Aparte del lanzamiento del renovado canal de televisión JusticiaTV (que ganó varios premios por su tarea como medio público de difusión), el propio Zaldívar aumentó la presencia mediática de los temas judiciales por medio de su cuenta de Twitter. Nunca antes habíamos tenido un Presidente de la Suprema Corte que tuviera cuentas de Twitter y Facebook; afortunadamente el Presidente Zaldívar entiende que son herramientas indispensables de comunicación en pleno siglo XXI y las usa para fijar posturas, difundir criterios relevantes y en general para comunicar en tiempo real sobre su tarea como servidor público.

A lo largo del año la Suprema Corte tuvo oportunidad de fijar importantes criterios jurídicos, que todos los abogados debemos conocer. Hubo sentencias muy relevantes sobre los derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo tendientes a evitar su discriminación, sobre acceso al contenido y obtención de copias de las carpetas de investigación, sobre la asignación de la guarda y custodia de los hijos menores de edad en casos de divorcio, sobre los estándares aplicables en materia de libertad de expresión, sobre los tatuajes en el lugar de trabajo y el lenguaje de odio, sobre el papel de las víctimas en el proceso penal, sobre el uso medicinal de la marihuana, sobre el bloqueo en Twitter de un periodista por parte de un funcionario público, sobre el despido de mujeres embarazadas y un largo etcétera.

Para quienes nos dedicamos al análisis de los temas jurídicos, 2019 fue un año con muchísimas novedades, puesto que al estudio de los criterios judiciales que acabamos de mencionar pudimos sumar la discusión sobre las variadas reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de la Cuarta Transformación en materias como pueblos afrodescendientes, paridad de género en organismos públicos, cuestiones educativas, ampliación de la prisión preventiva oficiosa, extinción de dominio, guardia nacional y revocación de mandato.

Podemos o no estar de acuerdo con el contenido de tales reformas, pero lo cierto es que vinieron a cambiar el paisaje constitucional mexicano y representan la materialización jurídica del cambio político derivado de las elecciones de julio de 2018. Lo más probable es que en el 2020 observemos también cambios de gran calado en la estructura jurídica del Estado mexicano. Estaremos atentos.