Miguel Carbonell *
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
Cuando surge un conflicto jurรญdico, una de las primeras reacciones suele ser pensar en una demanda. La vรญa judicial aparece como el mecanismo natural para hacer valer un derecho, obtener una reparaciรณn o exigir el cumplimiento de una obligaciรณn. Sin embargo, judicializar un asunto no siempre es la alternativa mรกs conveniente y, en algunos casos, puede transformar un problema manejable en una controversia larga, costosa e incierta.
Esto no significa que debamos evitar los tribunales. Existen asuntos en los que demandar es indispensable: cuando es necesario impedir la prescripciรณn de una acciรณn, solicitar una medida cautelar, detener un daรฑo, proteger derechos fundamentales, recuperar un bien o enfrentar a una contraparte que se niega a negociar. La cuestiรณn central consiste en no confundir la existencia de un derecho con la conveniencia de llevarlo a juicio.
Antes de iniciar un procedimiento, el abogado y su cliente deben realizar un anรกlisis integral. No basta con preguntarse si jurรญdicamente se tiene razรณn. Tambiรฉn hay que determinar cuรกnto costarรก demostrarla, cuรกnto tiempo tomarรก obtener una resoluciรณn, quรฉ probabilidades reales existen de ganar y, sobre todo, si una sentencia favorable podrรก ejecutarse.
El costo econรณmico del litigio
El primer riesgo es el costo. Un juicio puede implicar honorarios de abogados, gastos notariales, peritajes, certificaciones, traslados, obtenciรณn de documentos, garantรญas, copias, investigaciones patrimoniales y recursos posteriores. En controversias complejas, esos gastos pueden prolongarse durante aรฑos.
El anรกlisis econรณmico no debe limitarse a comparar el monto reclamado con los honorarios profesionales. Tambiรฉn debe considerar el valor del dinero en el tiempo. Recuperar un millรณn de pesos dentro de cinco aรฑos no equivale a recibir esa cantidad hoy. Durante el litigio, ademรกs, pueden producirse inflaciรณn, pรฉrdida de oportunidades de inversiรณn y gastos adicionales que reduzcan el beneficio efectivo de la sentencia.
A ello se suman los costos indirectos. Una empresa involucrada en un proceso judicial debe destinar tiempo de sus directivos y empleados a localizar documentos, asistir a reuniones, preparar declaraciones, atender requerimientos y colaborar con abogados y peritos. En ocasiones, el costo interno del litigio llega a ser tan importante como el estrictamente jurรญdico.
Por eso, antes de demandar conviene calcular el costo total probable del procedimiento y compararlo con la recuperaciรณn neta esperada. Una reclamaciรณn jurรญdicamente fundada puede resultar econรณmicamente inconveniente si los gastos, el tiempo y los riesgos consumen una parte sustancial de lo que se pretende obtener.
El tiempo como factor decisivo
La duraciรณn de un procedimiento es otro elemento fundamental. Incluso cuando la legislaciรณn establece plazos relativamente breves, la realidad puede ser distinta debido a la carga de trabajo de los tribunales, la complejidad de las pruebas, la necesidad de practicar notificaciones, los incidentes procesales y la interposiciรณn de recursos.
Una sentencia de primera instancia tampoco representa necesariamente el final. Pueden existir apelaciones, juicios de amparo, reposiciones del procedimiento o dificultades para cumplir lo resuelto. De esta manera, un conflicto que inicialmente parecรญa sencillo puede prolongarse durante varios aรฑos.
El tiempo tiene consecuencias prรกcticas. Un empresario quizรก necesite liquidez inmediata y no una sentencia favorable dentro de cinco aรฑos. Una persona puede requerir una soluciรณn familiar que reduzca rรกpidamente la tensiรณn, no un procedimiento que agrave el enfrentamiento. Una organizaciรณn puede necesitar preservar una relaciรณn comercial cuyo valor futuro supera el monto discutido.
La pregunta correcta, por tanto, no es solamente cuรกnto puede ganarse, sino cuรกndo podrรก obtenerse el resultado y quรฉ ocurrirรก mientras llega.
La incertidumbre de toda decisiรณn judicial
Ningรบn litigio estรก completamente ganado de antemano. La ley requiere interpretaciรณn; los hechos pueden ser controvertidos; los documentos pueden admitir lecturas distintas; los testigos pueden resultar poco convincentes y los criterios judiciales pueden cambiar.
El abogado responsable debe evitar las promesas de รฉxito absoluto. Su funciรณn consiste en identificar fortalezas, debilidades y escenarios posibles. Incluso cuando existe una posiciรณn jurรญdica sรณlida, siempre hay factores que escapan al control de las partes.
La incertidumbre aumenta cuando intervienen normas ambiguas, precedentes contradictorios, contratos deficientemente redactados o hechos que no fueron documentados en su momento. Tambiรฉn puede ocurrir que el tribunal reconozca solamente una parte de las pretensiones, reduzca la indemnizaciรณn solicitada o considere improcedentes algunos conceptos reclamados.
Por eso, la decisiรณn de litigar debe basarse en probabilidades razonables, no en certezas imaginarias. Tener un argumento plausible no equivale a contar con una alta posibilidad de obtener todo lo solicitado.
Las cargas probatorias: no basta con tener razรณn
Uno de los errores mรกs frecuentes consiste en creer que la verdad de los hechos aparecerรก por sรญ sola durante el procedimiento. En los tribunales, las afirmaciones deben probarse mediante medios admisibles, pertinentes y oportunamente ofrecidos.
Una persona puede tener razรณn desde el punto de vista material y, sin embargo, perder el juicio porque no logrรณ acreditarla. Puede carecer de documentos, haber realizado acuerdos exclusivamente verbales, no conservar mensajes o comprobantes, no identificar testigos confiables o enfrentar informaciรณn que se encuentra bajo el control de la contraparte.
Ademรกs, cada procedimiento contiene reglas sobre quiรฉn debe probar, en quรฉ momento, por quรฉ medios y con quรฉ formalidades. Presentar una prueba fuera del plazo correspondiente, obtenerla ilรญcitamente o no relacionarla adecuadamente con los hechos puede disminuir o eliminar su utilidad.
Antes de demandar se necesita una auditorรญa probatoria. Es indispensable responder, entre otras, las siguientes preguntas:
- ยฟQuรฉ hechos debemos acreditar para que prospere la acciรณn?
- ยฟQuรฉ pruebas existen para cada uno de esos hechos?
- ยฟSon autรฉnticas, lรญcitas, pertinentes y suficientes?
- ยฟQuรฉ documentos estรกn en poder de la contraparte o de terceros?
- ยฟQuรฉ objeciones podrรญan formularse contra nuestras pruebas?
- ยฟQuรฉ hechos puede acreditar la contraparte en nuestra contra?
Una buena historia no sustituye un expediente probatorio sรณlido.
Los riesgos procesales
La viabilidad de una demanda no depende รบnicamente del fondo del asunto. Tambiรฉn existen riesgos relacionados con la competencia del tribunal, la legitimaciรณn de las partes, la prescripciรณn, la caducidad, la vรญa elegida, los requisitos de procedencia y la manera en que se formulen las pretensiones.
Un error procesal puede impedir que el tribunal estudie el fondo del conflicto. Tambiรฉn puede obligar a reiniciar actuaciones, generar gastos adicionales o incluso hacer imposible una reclamaciรณn posterior.
Por ello, antes de judicializar debe realizarse una revisiรณn tรฉcnica que identifique plazos crรญticos, requisitos previos, posibles excepciones, medidas cautelares disponibles y consecuencias de una eventual derrota. La estrategia procesal debe diseรฑarse antes de presentar la demanda, no improvisarse durante el juicio.
Obtener una sentencia favorable no garantiza el cobro
รste es probablemente el riesgo menos valorado. Una persona puede ganar el juicio y, aun asรญ, no obtener el resultado econรณmico que esperaba.
La contraparte puede carecer de bienes suficientes, haber cerrado operaciones, encontrarse en insolvencia o mantener su patrimonio a nombre de terceros. Los bienes identificados podrรญan estar gravados, ser inembargables o resultar insuficientes para cubrir el adeudo. Tambiรฉn puede ser necesario iniciar actuaciones adicionales para localizar activos, practicar embargos, realizar avalรบos y llevar a cabo remates.
La solvencia del demandado debe analizarse desde el inicio. Antes de invertir tiempo y recursos en un juicio, conviene preguntarse:
- ยฟLa contraparte tiene bienes o ingresos identificables?
- ยฟEsos bienes pueden ser embargados?
- ยฟExisten otros acreedores con preferencia?
- ยฟHay riesgo de insolvencia o desapariciรณn de activos?
- ยฟSerรญa conveniente solicitar medidas cautelares?
- ยฟEl costo de la ejecuciรณn serรก proporcional al monto recuperable?
Una sentencia favorable contra una persona insolvente puede tener valor moral o declarativo, pero escasa utilidad econรณmica. El verdadero รฉxito no consiste รบnicamente en ganar el juicio, sino en obtener el cumplimiento efectivo de lo resuelto.
El impacto reputacional y relacional
Judicializar un conflicto tambiรฉn puede destruir relaciones comerciales, familiares, laborales o profesionales que todavรญa tenรญan posibilidades de recomposiciรณn. La demanda suele endurecer las posiciones, disminuir la confianza e incentivar respuestas defensivas.
En determinados asuntos, la publicidad del conflicto puede afectar la reputaciรณn de las personas o empresas involucradas. Aunque una parte termine obteniendo una resoluciรณn favorable, el costo reputacional o comercial puede superar el beneficio alcanzado.
Esto no significa que deban tolerarse incumplimientos para conservar una relaciรณn. Significa que el valor de esa relaciรณn y los efectos pรบblicos del litigio deben incorporarse al anรกlisis estratรฉgico.
ยฟCuรกndo puede ser preferible negociar?
La negociaciรณn, la mediaciรณn y otros mecanismos alternativos no deben entenderse como seรฑales de debilidad. Pueden permitir soluciones mรกs rรกpidas, confidenciales, flexibles y econรณmicamente eficientes.
Un acuerdo razonable hoy puede ser mejor que una sentencia aparentemente superior dentro de varios aรฑos. Ademรกs, las soluciones negociadas permiten incorporar aspectos que un tribunal quizรก no podrรญa ordenar: calendarios de pago, reestructuraciรณn de obligaciones, garantรญas adicionales, continuidad de contratos, disculpas, entregas parciales o nuevas formas de colaboraciรณn.
Negociar tampoco significa renunciar a la vรญa judicial. En muchos casos, la mejor estrategia consiste en preparar seriamente el litigio mientras se mantiene abierta una posibilidad de arreglo. Una negociaciรณn suele ser mรกs efectiva cuando ambas partes conocen la solidez de las pruebas, los costos de continuar y las consecuencias reales de una eventual sentencia.
Un anรกlisis previo indispensable
Antes de decidir si un asunto debe judicializarse, conviene evaluar al menos ocho elementos:
- La solidez jurรญdica de la pretensiรณn.
- La suficiencia y calidad de las pruebas disponibles.
- El monto que razonablemente puede recuperarse.
- El costo total del procedimiento.
- El tiempo estimado hasta obtener una resoluciรณn definitiva.
- La solvencia de la contraparte y la posibilidad de ejecutar el fallo.
- Los efectos comerciales, personales y reputacionales del conflicto.
- La existencia de alternativas de negociaciรณn, mediaciรณn o cumplimiento voluntario.
Este anรกlisis debe producir escenarios concretos: el mejor resultado posible, el resultado mรกs probable y el peor escenario. Sรณlo entonces puede adoptarse una decisiรณn informada.
Litigar con estrategia, no por impulso
Los tribunales son indispensables para la protecciรณn de los derechos, pero no todos los conflictos necesitan convertirse inmediatamente en juicios. La decisiรณn de demandar debe ser jurรญdica, probatoria, econรณmica y estratรฉgica.
Un buen abogado no es quien recomienda litigar todos los asuntos, sino quien ayuda a elegir el mecanismo que ofrece la mejor soluciรณn posible. En algunos casos serรก necesario presentar una demanda con firmeza y rapidez. En otros, lo mรกs inteligente serรก negociar, mediar, reestructurar la relaciรณn o aceptar un acuerdo razonable.
Judicializar no equivale automรกticamente a resolver. Antes de entrar a un tribunal es necesario saber cuรกnto costarรก el camino, cuรกnto puede durar, quรฉ deberรก probarse y si, despuรฉs de ganar, serรก posible convertir la sentencia en un resultado efectivo. Esa evaluaciรณn previa puede ser tan importante como el propio litigio.
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