Estos son los datos organizados por categorías:

DERECHO A LA SALUD

El personal sanitario de México manifestó su preocupación ante la falta de acceso a suficientes equipos de protección individual para trabajar de manera segura respondiendo al mismo tiempo a la pandemia de COVID-19. En 2020 fallecieron por COVID-19 en México al menos 2.397 profesionales de la salud.

Varias personas trabajadoras de la salud fueron agredidas físicamente en lugares o transportes públicos. La reacción del gobierno fue realizar una campaña pública para sensibilizar sobre el importante papel que desempeña el personal sanitario y para combatir el estigma contra este colectivo. Varias personas trabajadoras de la salud expresaron su preocupación por las contrataciones irregulares y la falta de subsidio por enfermedad y otras prestaciones, lo que en ocasiones les acarreó represalias.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

En febrero se cometieron dos feminicidios que provocaron indignación y dieron lugar a una asistencia sin precedentes a las movilizaciones organizadas para el Día Internacional de la Mujer. Según la información recibida, una mujer de 25 años fue desollada y mutilada por su esposo y días después se halló en una bolsa de plástico el cadáver de una niña de siete años.

En 2020 se denunciaron 3.752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios. El estado de México registró la mayor cifra absoluta de feminicidios, seguido del de Veracruz. Los estados de Colima y Morelos presentaron las tasas más elevadas de feminicidio por cada 100.000 mujeres. Las llamadas al número de teléfono de emergencias 911 para denunciar actos de violencia contra las mujeres aumentaron durante el año, con 260.067 llamadas recibidas hasta diciembre, frente a un total de 197.693 en todo 2019.

Después de que se produjeran importantes protestas sociales, el gobierno desistió de aplicar medidas de austeridad que proponían recortes en el presupuesto para las Casas de Mujeres Indígenas y Afromexicanas y para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, el Instituto Nacional de las Mujeres recortó en julio el 75% (151 millones de pesos mexicanos) de su presupuesto operativo. El presidente de la República seguía minimizando el problema de la violencia contra las mujeres, cuestionando la validez de las llamadas telefónicas realizadas a los servicios de emergencia para denunciar la violencia de género en el ámbito familiar y criticando las protestas de las mujeres contra los feminicidios. En septiembre, familiares de mujeres asesinadas ocuparon las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en protesta por la falta de avances por parte de las autoridades en el tema de la violencia contra las mujeres.

Un total de 21 “alertas de violencia de género contra las mujeres” seguían vigentes en 18 entidades federativas. Al terminar el año no había ninguna señal de que estos mecanismos hubieran reducido la violencia de género.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una nueva investigación sobre la muerte en 2012 de Karla Pontigo, esta vez como delito de feminicidio, en cumplimiento de una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2019 que ordenaba investigar el caso desde una perspectiva de género.

DESAPARICIONES FORZADAS

Las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado y las desapariciones a manos de agentes no estatales seguían siendo motivo de preocupación, mientras los sospechosos de responsabilidad penal gozaban de una impunidad casi absoluta. En marzo se instituyó por decreto el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense como grupo de trabajo multidisciplinario e independiente. Este mecanismo estaba concebido para identificar los más de 38.000 cadáveres en espera de análisis forense localizados en todo el país. Contemplaba la presencia de organizaciones de la sociedad civil en su órgano de coordinación, pero los grupos de familiares de las personas desaparecidas únicamente tenían condición de participantes y no estaban integrados en la coordinación. Las autoridades federales declararon que en 2020 se habían registrado 6.957 casos de personas desaparecidas. La cifra total de denuncias de personas desaparecidas en México desde 1964 ascendía a 82.647, de las cuales 63.939 se habían producido en el último decenio.

En julio, el fiscal especial para el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que habían sido víctimas de desaparición forzada en 2014 anunció que se habían identificado los restos mortales de Christian Rodríguez Telumbre, descubiertos en noviembre de 2019 en una barranca próxima a la ciudad de Cocula (estado de Guerrero). Las autoridades también declararon que la versión oficial de los hechos presentada por el gobierno anterior había sido rechazada por los nuevos órganos encargados de la investigación. Durante el año se emitieron docenas de órdenes de arresto contra funcionarios públicos por su posible relación con el caso. Entre ellos figuraba Tomás Zerón, encargado de las investigaciones de la Fiscalía General de la República en el momento de las desapariciones, que fue acusado de tortura, desaparición forzada y alteración de la escena del crimen. Además, por primera vez en el caso, se dictaron varias órdenes de arresto contra miembros de las fuerzas armadas. También se detuvo a un militar, además de a un miembro de la Secretaría de la Marina.

En septiembre, el Senado aceptó la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para examinar casos individuales.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Continuaron las amenazas y el hostigamiento contra personas que defendían los derechos humanos y, según datos de organizaciones de la sociedad civil, 24 personas defensoras fueron asesinadas. Los defensores de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas manifestaron su preocupación por el megaproyecto conocido como Tren Maya. El presidente reaccionó acusándolos públicamente de ser “falsos ambientalistas”. Seis relatores especiales de la ONU enviaron una carta al gobierno expresando una serie de motivos de preocupación sobre el proyecto del Tren Maya, algunos de ellos relacionados con el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a la salud, y también con las posibles consecuencias medioambientales del proyecto.

En noviembre, México ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que incluía medidas de protección para los defensores y defensoras de los derechos ambientales y pertenecientes a pueblos indígenas. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mantuvo medidas de protección para 1.313 personas (887 defensores y defensoras de los derechos humanos y 426 periodistas). En octubre se disolvió el fideicomiso que apoyaba este mecanismo de protección, y sus fondos pasaron al presupuesto público general.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN

Continuaron las amenazas, el hostigamiento y los ataques contra las personas trabajadoras de medios de comunicación y, según los datos oficiales disponibles en noviembre, al menos 19 periodistas fueron asesinados durante el año.

En mayo se tuvieron noticias de que Notimex, la agencia de noticias estatal, estaba involucrada en una campaña difamatoria contra varios periodistas y medios de comunicación que publicaban contenidos críticos con el gobierno. La campaña incluía una red de programas robot y cuentas falsas en las redes sociales supuestamente financiadas con fondos públicos.

En agosto, un juez federal impuso una pena de 50 años de cárcel para un autor material del asesinato de la periodista Miroslava Breach, muerta a manos de varios hombres armados en su domicilio de Chihuahua en 2017.

En septiembre, una carta firmada por 650 periodistas e intelectuales acusó al presidente de actuaciones que afectan a la libertad de expresión, incluidas una serie de declaraciones públicas que debilitaban a la prensa al favorecer un entorno propicio a la censura, sanciones administrativas y el uso indebido de la ley para intimidar a la prensa.

En 2020, las mujeres llevaron a cabo en varias ciudades manifestaciones multitudinarias contra el feminicidio y otras formas de violencia de género. En varios casos, la policía respondió empleando fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, robo de teléfonos móviles, y ataques físicos, psicológicos y sexuales, entre otras violaciones de derechos humanos. Las autoridades estatales y federales también estigmatizaron en sus declaraciones públicas a las mujeres que se manifestaban. En agosto, la policía de la ciudad de León (estado de Guanajuato) detuvo arbitrariamente a 22 mujeres y golpeó y agredió sexualmente a varias mujeres y niñas. En noviembre, la policía utilizó armas de fuego con munición viva en una serie de manifestaciones, en su mayor parte pacíficas, de mujeres que protestaban contra los feminicidios en Cancún.

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS

La tortura y otros malos tratos seguían siendo motivo de honda preocupación. Las investigaciones sobre los informes de tortura eran generalmente defectuosas y los sospechosos de responsabilidad penal rara vez comparecían ante la justicia. El Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes aún no se había hecho público al concluir el año.

Dos policías del estado de México fueron condenados a siete años de prisión por utilizar la tortura para obtener confesiones falsas de tres mujeres sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya en 2014.

La sobreviviente de tortura sexual Mónica Esparza fue excarcelada en marzo, más de siete años después de que fuera detenida arbitrariamente y torturada por la policía en la ciudad de Torreón (estado de Coahuila). Fue absuelta de los cargos basados en confesiones falsas obtenidas mediante tortura, pero ningún agente había sido acusado de los delitos cometidos contra ella.

DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES, REFUGIADAS Y SOLICITANTES DE ASILO

Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo continuaban enfrentándose al uso excesivo de la fuerza y la detención arbitraria por parte de las autoridades, así como a secuestros, agresiones y homicidios a manos de actores no estatales.

En enero, los agentes de la Guardia Nacional utilizaron gas lacrimógeno durante una operación para detener a centenares de migrantes que atravesaron la frontera sur de México. Asimismo, en marzo, arrastraron y golpearon a migrantes que participaban en una protesta que se celebró en un centro de detención de migrantes en Tapachula.

También en marzo, un solicitante de asilo guatemalteco murió después de que una protesta de migrantes detenidos que exigían ser liberados derivara en un incendio en el centro de detención de Tenosique.

Las autoridades migratorias dejaron en libertad en abril y mayo, debido al peligro que suponía la COVID-19, a centenares de migrantes recluidos en centros de detención. Sin embargo, hubo escasa información sobre estas liberaciones y persistía la preocupación de que pudieran haberse producido deportaciones o devoluciones en ese contexto.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 41.227 solicitudes de asilo en 2020, frente a las 70.427 de 2019. El número más elevado de personas solicitantes de asilo procedía de Honduras, seguido de Haití, Cuba y El Salvador. Las autoridades migratorias detuvieron a 87.260 personas migrantes irregulares, entre ellas más de 11.000 menores de edad, y deportaron a 53.891 personas, lo que representaba una disminución respecto a 2019. La inmensa mayoría de las personas deportadas procedían de Centroamérica.

Las organizaciones de la sociedad civil presentaron varios requerimientos entre abril y finales del año solicitando que se liberara a todas las personas bajo custodia por razones de inmigración y que se pusiera fin a ese tipo de detenciones debido al peligro que suponía la COVID-19. Un juez federal de Ciudad de México resolvió que todas las personas recluidas por razones de inmigración debían ser puestas en libertad. Sin embargo, las autoridades no cumplieron con la sentencia y las detenciones continuaron, privando así a los migrantes de su derecho a la libertad, además de a la salud.

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