El Centro De Estudios Jurídicos de las Américas, a través de la investigación realizada por Alberto Binder y Gonzalo Fibla, ha publicado un minucioso estudio histórico y cualitativo en el que se ha detectado una crisis en la profesión de la abogacía en América Latina, puesto que las y los abogados carecen de la formación profesional y ética necesaria para la defensa de las personas que necesitan sus servicios.
Por otro lado, a pesar de existir una amplia oferta de profesionales del derecho, esto no significa que la calidad de sus conocimientos y servicios sea la óptima a las necesidades de sus clientes y la sociedad en general, pues no existe una regulación que generalice los planes de estudios de las escuelas de Derecho, por tanto, los enfoques entre colegios, escuelas y universidades privadas y públicas son tan diversos y con distintos fines lo cual provoca obstáculos en el acceso a la justicia.
Derivado de este estudio los autores concluyen que, dentro de todas las instituciones académicas, la formación de los estudiantes debe recalcar la función social que cumple la abogacía, no sólo buscando el desarrollo de competencias que permitan un posicionamiento laboral beneficioso, sino haciendo hincapié en la importancia del ejercicio y sus consecuencias en relación al sistema de justicia y sus efectos en la sociedad. Por ello las academias deben construir canales de diálogo que permitan elaborar planes de estudio en conjunto que sean adecuados a las necesidades de la sociedad desde una perspectiva laboral y económica, así como de responsabilidad social, poniendo énfasis en la igualdad, la no discriminación y los Derechos Humanos.
Asimismo, las asociaciones tanto educativas como profesionales deben constituir un espacio de cooperación que permita identificar las áreas conflictivas de ejercicio y las situaciones de discriminación presentes en el gremio, colaboradores o clientes, por lo que implementar políticas en materia de acoso laboral y sexual supone una necesidad improrrogable y una expresión de real compromiso con el principio de igualdad y no discriminación entre las personas que integran el colegio, despacho, bufete o firma.
Las y los abogados deben ser plenamente conscientes de que su trabajo será en pro de sus representados siempre con atención en su contexto, sus derechos y su dignidad para ofrecerles un mejor servicio ya que sus clientes se encuentran en una situación de eventual conflicto (o ya en conflicto) que puede implicar una afectación importante de bienes jurídicos esenciales como la libertad o el patrimonio.
La abogacía se enfrenta a oportunidades de cambios y adecuaciones a las nuevas exigencias de una sociedad más empoderada, lo que vuelve imprescindible que actores tan relevantes como universidades, académicos y académicas, estudiantes, los y las profesionales, y las distintas formas de asociación y organización de abogados y abogadas entablen un diálogo sobre estos nuevos desafíos que permitan a la abogacía recuperar su lugar, su valoración por parte de la ciudadanía y evolucione a una profesión de excelencia académica, de ejercicio ético y vinculación social, pues esto permitirá fortalecer la confianza en los sistema de justicia de la región y quienes son operadores del mismo, fortaleciendo el estado de derecho en cada país.
Consulta el estudio completo aquí:
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Es una información muy necesaria. Sobre desde la óptica de los nuevos cambios que en el orden procesal penal operan en Cuba.