Adeudos legislativos

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Miguel Carbonell <strong><a href="https://miguelcarbonell.me/wp-admin/post.php?post=5586&action=edit#_ftn1">*</a></strong>
Miguel Carbonell *

Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

Hace unos días acaba de iniciar la nueva legislatura del Congreso de la Unión. Los legisladores federales deberán hacer frente en lo inmediato a un enorme rezago de temas que desde hace varios años esperan ser atendidos.

Según datos de la consultora Integralía que encabeza Luis Carlos Ugalde, hay actualmente al menos 46 omisiones legislativas por mandatos constitucionales incumplidos. Algunas de ellas, cabe añadir, ya han llegado incluso ante la Suprema Corte y se les ha ordenado a los representantes populares que expidan la normatividad correspondiente lo antes posible.

En esa situación se encuentran entre otros los temas de la regulación del uso lúdico de marihuana o el grandísimo asunto del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que debería haber sido expedido hace más de 3 años.

© Centro Carbonell Online

Lo cierto es que más allá de lo que digan sus anuncios publicitarios, el desempeño del poder legislativo ha sido extremadamente deficiente. Los debates en general son de un nivel bajísimo, impera una falta de transparencia muy preocupante en el ejercicio de los miles de millones que se gastan cada año y para nada se ejerce la función de contrapeso que sería natural en un sistema constitucional basado en la división de poderes.

Lo peor de todo es que los legisladores mantienen una agenda que parece estar centrada de manera casi exclusiva en lo político, olvidando aquellos otros temas que podrían servirle a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. Les entra la prisa para quedar bien con el Presidente aprobando con velocidad de rayo la regulación para la consulta de revocación de mandato, pero son incapaces de emitir una ley general de medios alternos de solución de controversias o el citado código nacional para dar certeza jurídica a los procesos familiares que se presentan a lo largo y ancho de la República.

También es lamentable la falta de seguimiento, sobre todo en la Cámara de Diputados, al ejercicio del gasto público. La tarea de legislar no se resume en la expedición de leyes, sino que consiste también y de manera destacada en el ejercicio del llamado “control parlamentario”, que incluye la revisión de la hacienda pública para verificar que el dinero de nuestros impuestos se haya utilizado de manera correcta. La propia consultora Integralia aporta datos que demuestran que la discrecionalidad en el ejercicio presupuestal se ha acentuado, sin que desde el legislativo se llame a nadie para que explique los movimientos de miles de millones de pesos que no fueron destinados a lo que habían aprobado los diputados.

© Centro Carbonell Online

En una visión de conjunto, lo que se nota es un profundo desdén por la tarea legislativa, que si se ejerce bien es una de las más dignas y desde luego de las más relevantes funciones públicas en cualquier Estado constitucional de derecho. Los legisladores no han entendido que no están ocupando el cargo para quedar bien con el Presidente de la República, ni para calentar la silla en espera de sus pagos quincenales, ni para hacer grilla a fin de buscar el siguiente puesto en su carrera política. Están ahí para servir a la gente y para utilizar sus competencias para lograr un país mejor. Si ellos no lo recuerdan, habría que ayudarles a memorizar sus deberes día tras día.

Nuestra responsabilidad ciudadana no se agota acudiendo cada tres o seis años a las urnas. Debemos interesarnos en lo que hacen o dejan de hacer aquellos a los que elegimos para que nos representen en los órganos legislativos. El mandato electoral que emanó de las urnas el pasado 6 de junio no es un cheque en blanco, sino una expresión de malestar sobre el rumbo del país y una muestra de que hay mucho por corregir.

Ojalá pronto los nuevos diputados tengan la inteligencia de integrar una agenda sustantiva de cambio jurídico, que sean capaces de procesarla con calidad técnica y rigor conceptual y que dejen de significar un lastre para el desarrollo del país, como lo han sido hasta ahora. Será de gran relevancia que desde la sociedad civil verifiquemos que se atiendan antes que nada los mandatos constitucionales y que sepan que, en uso de nuestros derechos ciudadanos, los estaremos vigilando. En esa tarea los ciudadanos tenemos que demostrar que somos mejores que ellos. No podemos fallar.


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