La estructuración de los modernos procesos penales requiere de un conjunto de instituciones cuyo funcionamiento es complejo. Si queremos acercarnos a la verdad (así sea una verdad limitada y contextual, siempre escrita con minúsculas) y a la vez proteger los derechos humanos de las personas involucradas en un procedimiento penal, necesitamos tejer un conjunto de reglas que permitan alcanzar tales objetivos. El proceso penal es hoy en día una realidad construida, que se aleja de los sofismas naturalistas que piensan que el trabajo de los tribunales se puede dar en una suerte de vacío normativo. Nada de eso. El proceso es espacio de regulación y de una intensa legislación que intenta cubrir todos sus ángulos y resolver todos (o la mayor parte de) sus problemas. 

Una de las reglas procesales que se han ido desarrollando en la modernidad constituye el objeto de estudio de esta magnífica monografía de Daniel González: los recursos judiciales. La existencia de los recursos añade complejidad a los procesos penales, pero nos recuerda algo esencial: que las personas cometemos errores y que incluso entre quienes cuentan con una formación especializada y altamente técnica, se requiere que existan instancias externas (superiores en la estructura jerárquica de los poderes judiciales) que revisen nuestro trabajo. Enhorabuena por ello. 

Ahora bien, una vez que se reconoce la necesidad de tener una serie de recursos que limiten, disminuyan o sirvan para paliar al menos en alguna medida la falibilidad de los seres humanos, lo que ya no resulta tan sencillo es saber cómo insertar esos recursos en una maquinaria tan compleja como lo es el proceso penal moderno, que necesita trabajar a un ritmo frenético para que la justicia sea capaz de llegar a tiempo, dada la relevancia de los derechos e intereses que están en juego. 

Hay varias cuestiones que se deben analizar: los tipos de recursos que deben existir, los plazos para que sean presentados, las partes legitimadas para hacerlo, el trámite que se les debe dar, la autoridad que conocerá de ellos, el objeto de discusión del recurso, los efectos que producen cuando son estimados y un largo etcétera. Para entender esos dilemas y la forma en la que pueden ser solucionados, el libro que el lector tiene entre las manos resulta de gran ayuda. 

Daniel González acertó al elegir el tema de su obra, para cuya redacción se había preparado desde hace décadas. Pocas personas tan conocedoras como González para escribir sobre el proceso penal, dada su experiencia como juzgador en Costa Rica y su decidida intervención en el proceso de reforma constitucional y legal que tuvimos en México a partir del año 2006, cuyos resultados se plasmaron en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 y en la posterior expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014. Nuestro autor cuenta en las páginas iniciales del libro su participación en este proceso, desde el temprano año de 2002, cuando se empezaron a fraguar modificaciones legislativas a nivel de las entidades federativas, cuya experiencia sirvió para ilustrar a quienes a la postre terminarían redactando las reformas a la Constitución y el Código Nacional. 

El contenido (y me atrevo a decir que la existencia misma) de esas reformas no hubiera sido posible sin la activa participación de Daniel González. Nos ayudó, nos iluminó, nos hizo pensar y volver a pensar sobre las opciones de diseño legislativo que estaban a nuestro alcance. Y una vez que las reformas fueron aprobadas Daniel tuvo la generosidad de ayudarnos a que fueran correctamente aplicadas, dedicando muchas horas de su fecunda vida a preparar en prolongadas capacitaciones a los actores principales del proceso penal acusatorio y oral que nos dimos en México.  

Todo eso lo hizo a partir de su carácter amable, de su humildad intelectual (pese a que sabía mucho más que todos los que de una u otra manera pudimos participar en los procesos de reforma señalados) y de su permanente curiosidad por los temas penales. Fue un gran privilegio haberlo tenido como aliado en ese momento seminal de la historia jurídica del país, ayudando en los trabajos de la sociedad civil organizada que impulsaron la modernización del proceso penal mexicano que tantos problemas arrastraba desde hacía décadas, algunos de los cuales lamentablemente subsisten en la actualidad. 

Es importante que el lector repare en que la formación de Daniel González lo lleva a exponer el tema de los recursos, ciertamente desde una óptica enfocada en el proceso penal mexicano, pero también atendiendo a doctrina y legislación internacionales. Eso enriquece la metodología expositiva del autor, permite que los lectores tengan un marco de referencia lo más amplio posible y sitúa a las reformas mexicanas en un contexto de cambios que se dieron en muchos países, pero con propósitos compartidos: se trataba de lograr una justicia penal apropiada para regímenes políticos que se entendían a sí mismos como democráticos y que necesitaban un proceso penal moderno y legítimo, capaz de lograr sus fines más relevantes. 

Es notable, dentro de los muchos aspectos abordados en el libro, el repaso que hace Daniel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de recursos judiciales. Lo es por lo mucho que aporta, pero también y sobre todo porque lo resuelto por el tribunal interamericano ha sido y es de conocimiento indispensable para los juristas mexicanos. La jurisprudencia interamericana es obligatoria, forma parte del parámetro de regularidad normativa de acuerdo a lo que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varias de sus sentencias y debe ser aplicada siempre que constituya la referencia más favorable para salvaguardar los derechos de las personas. Conocer el contenido de tal jurisprudencia es el primer paso para poder aplicarla en los asuntos internos que resuelven cotidianamente los tribunales mexicanos. 

Llevamos ya dos décadas de intentos de modernización del proceso penal. No todos los objetivos se han alcanzado. Ha habido muchos obstáculos; algunos tenían que haberse previsto (la persistencia de hechos de corrupción, la falta de preparación de los actores, la escasez de recursos económicos para el funcionamiento del sistema), pero otros eran impensables hace veinte años. Aunque no hay motivos para la complacencia, lo que resulta innegable es que las reformas eran impostergables y que el proceso penal inquisitivo-mixto que estaba vigente antes de esas modificaciones era del todo indefendible.  

En la actualidad sigue siendo indispensable trabajar de manera decidida por una justicia penal de mayor calidad. En ese esfuerzo seguimos necesitando del talento, de la participación y del impulso de personas como Daniel González. Este libro es una prueba de que contamos con él y de que su amor por México no ha declinado con el paso de los años. Ese es un gran motivo de celebración, como lo es también la aparición de esta obra, que merece tener muchos lectores. Felicidades al autor por su publicación y a quienes se asomen a sus páginas, porque aprenderán todo lo que hay que saber en materia de recursos dentro del proceso penal. 

Ciudad de México, junio de 2023. 

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