El 9 de abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó una Declaración titulada “COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales”.
En ella, la Corte hace un llamado a los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a fin de que la adopción y la implementación de medidas que se están realizando para abordar y contener esta pandemia se efectúe en el marco del Estado de Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de la misma Corte.
Entre las más importantes, considera que:
- Los problemas y desafíos que ocasiona la presente pandemia deben ser abordados a través del diálogo y la cooperación internacional y regional conjunta, solidaria y transparente entre todos los Estados.
- Los derechos a la vida y a la salud, así como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad: personas mayores, las niñas y los niños, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las comunidades indígenas, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia, solo por mencionar algunas.
- Las y los trabajadores de la salud deberán ser proveídos de los insumos, equipos, materiales e instrumentos que protejan su integridad, vida y salud, y que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad.
- Se debe velar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, se deben adoptar e impulsar medidas para mitigar el posible impacto sobre las fuentes de trabajo e ingresos de todos los trabajadores y trabajadoras y asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en condiciones de dignidad humana.
- Es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia, así como se proteja particularmente la actividad de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, a fin de monitorear todas aquellas medidas que se adopten y que conlleven afectación o restricción de derechos humanos.
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