Son tan importantes que han estado presentes desde el nacimiento mismo del Estado constitucional; de hecho, una concepción muy robusta (y sorprendentemente actual, dado que mantiene la plenitud de su vigencia), de la igualdad, la libertad y la seguridad jurídica ya puede verse en la Declaración francesa de 1789, que es uno de los textos fundadores del constitucionalismo en sentido moderno, tal como fue ya mencionado en el capítulo precedente de esta obra.

La igualdad es un concepto complejo que atañe por igual a diver­sas áreas de las ciencias sociales. Ha sido estudiado lo mismo por la eco­nomía, la política, la sociología, la antropología y el derecho.

Se trata, sin embargo, de una no­ción particularmente elusiva, carga­da con frecuencia de connotaciones partidistas y afectada casi siempre por posicionamientos ideológicos. Se ha dicho que en la actualidad es qui­zá el único signo distintivo de lo que se conoce como la “izquierda políti­ca” (Bobbio)[1]. Para el pensamiento constitucional el principio de igualdad ha tenido en el pasado, tiene en la actualidad y está llamado a tener en el futuro, una importancia capital. Desde el na­cimiento mismo del Estado constitu­cional la igualdad no ha dejado de fi­gurar como uno de los principios vertebradores de dicho modelo de Estado. El primer artículo de la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciuda­dano de 1789 tiene por objeto justamente el principio de igualdad: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las dis­tinciones sociales sólo pueden fun­darse en la utilidad común”.

[1] Las referencias bibliográficas de este capítulo y de los siguientes las podrá encontrar el lector en la bibliografía general de la obra, la que se incluye en las páginas finales de la misma.

El concepto de igualdad, desde el punto de vista normativo, es un concepto in­determinado, por lo cual requiere de un es­fuerzo creativo importante por parte del intérprete al momento de juzgar si una determinada norma o situación pueden lesionarlo. Tiene razón Fran­cisco Rubio Llorente cuando afirma que “la igualdad designa un concepto relacional, no una cualidad de una persona, de un objeto (material o ideal), o de una situación, cuya existencia pueda ser afirmada o negada como descripción de esa realidad ais­ladamente considerada; es siempre una relación que se da al menos en­tre dos personas, objetos o situacio­nes. Es siempre el resultado de un jui­cio que recae sobre una pluralidad de elementos (en el caso límite, al me­nos una dualidad), los ‘términos de la comparación’, entre los cuales debe existir al mismo tiempo alguna diver­sidad, aunque sólo sea espacial y/o temporal, pues de otro modo, como es obvio, no cabría hablar de plurali­dad. La diferencia, al menos numéri­ca, entre los elementos comparados es condición de posibilidad del juicio de igualdad”.

La vertiente jurídica del estudio de la igualdad debe afrontar la cues­tión de las diferentes manifestacio­nes del principio. Esto supone el análisis de los tipos de normas que contienen, detallan y desarrollan el principio de igualdad.

1. El principio de igualdad en sentido estricto, ya sea como valor o como principio. Los ejemplos que se po­drían poner de esta modalidad son innumerables. Comienzan con el ya citado artículo 1o. de la Declaración fran­cesa de derechos de 1789. Más re­cientemente se encuentran en los artículos 1o. (que lo considera un “valor supe­rior del ordenamiento jurídico”) y 14 de la Constitución española de 1978 (“Los españoles son iguales ante la ley…”) y en casi todas las Constituciones emanadas durante el siglo XX.

2. El mandato de no discriminación. Se trata de una variable del principio general de igualdad, por medio de la cual se ordena a las autoridades y, con ciertas modalidades, a los particu­lares, dar un trato igual o paritario a las personas; este tipo de normas constitucionales suele acompañarse de una lista de criterios que se consi­deran como “especialmente odiosos” o sospechosos de violar ese principio general si son utilizados por algún mecanismo jurídico (ya sea, por men­cionar algunos casos, en una ley, una sentencia o un contrato). En México este principio está en el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución de 1917 (introducido originalmente por medio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 2001 y reformado nuevamente el 10 de junio de 2011).

3. La igualdad entre el hombre y la mujer. Desde las primeras décadas del siglo XX se asomó en el debate público de varios países la reivindica­ción feminista de la igualdad entre el hombre y la mujer. Se trataba de una lucha que venía de antiguo, comenzada con los movimientos sufragistas que tenían por objeto lograr el reconocimiento del derecho al voto para las mujeres (derecho que, por ejemplo, no fue logrado en países como Suiza sino hasta 1971).

La sujeción evidente y humi­llante de la mujer por el diferente trato jurídico que se le daba en mu­chas legislaciones en comparación con el hombre, hizo que en algunas cartas constitucionales se introdujera expresamente un principio de equi­paración en derechos para uno y otro sexo. Tal es el caso de la Constitución mexi­cana, que mediante una reforma de 1974 introduce un párrafo sencillo pero contundente en su artículo 4o.: “El varón y la mujer son iguales ante la ley”.

4. La igualdad sustancial. El estadio más reciente en el recorrido de la igualdad a través del texto de las Constituciones modernas se en­cuentra en el principio de igualdad sustancial, es decir, en el mandato para los poderes públicos de remo­ver los obstáculos que impiden el lo­gro de la igualdad en los hechos, lo que puede llegar a suponer o incluso a exigir la implementación de medi­das de acción positiva o de discrimi­nación inversa; para su aplicación conviene identificar previamente a los grupos que, dentro de cada socie­dad, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, respecto de los cua­les se tendrán que tomar acciones de promoción y de especial protección. Son mandatos de este tipo los que permiten el establecimiento, entre otras medidas, de las llamadas cuotas electorales de género.

Aparte de las menciones que se han hecho al ordenamiento constitu­cional mexicano, la carta de Querétaro de 1917 contiene otras previsio­nes para asegurar el principio de igualdad. Así, por ejemplo, el artículo 12 constitu­cional dispone que “En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza y honores heredi­tarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país”; el mandato de este precepto se encuen­tra reforzado por la disposición del artículo 37 inciso B fracción I de la propia carta magna, que sanciona con la pérdida de la nacionalidad mexicana por na­turalización a quien “acepte o use tí­tulos nobiliarios que impliquen su­misión a un Estado extranjero”. Por su parte, el artículo 13 constitucional esta­blece la prohibición de las leyes pri­vativas, de los tribunales especiales y de los fueros (con excepción del fue­ro militar). El artículo 123, apartado A, fracción VII, contiene el mandato de que “Para trabajo igual debe correspon­der salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad” (una disposi­ción similar se encuentra en el apar­tado B, fracción V del mismo artículo, aplicable a la relación laboral entre los poderes de la Unión o el DF y sus trabajado­res).

Desde un punto de vista parcial­mente distinto al que se ha expuesto en los párrafos precedentes, el principio de igualdad puede ser estudiado a partir de dos subconceptos del mis­mo: el principio de igualdad ante la ley y el principio de igualdad en la ley.

El primero consiste en el mandato de trato igual para las autoridades encar­gadas de aplicar la ley, es decir, este mandato se dirige de manera funda­mental a los poderes Ejecutivo y Judi­cial.

Por su parte, el principio de igualdad en la ley es un mandato diri­gido al legislador para que no esta­blezca en los textos legales diferencias no razonables o no justificadas para personas que se encuentran en la mis­ma situación, o para que no regule de la misma manera y de forma injustifi­cada a personas que se encuentran en circunstancias desiguales.