Las dictaduras y los abogados

Las dictaduras y los abogados

Las dictaduras y los abogados

Miguel Carbonell

A los dictadores no les gustan los abogados. Los desprecian porque les estorban de la misma forma que les estorban las constituciones y las leyes. Lo suyo es gobernar sin ataduras, sin jueces que les digan lo que hay que hacer y sin nadie que les reclame cuando violen las normas jurídicas.

El desdén e incluso la animadversión hacia los juristas no ha sido extraño a lo largo de la historia de los regímenes autoritarios. De hecho, se pueden encontrar sus huellas tanto en las palabras de los políticos como en los escritos de los literatos. Fue William Shakespeare quien escribió: «La primera cosa que tenemos que hacer es matar a todos los abogados». No sale mejor parada la profesión jurídica en frases como la de Fiodor Dostoyevsky («El abogado es una conciencia alquilada») o en la definición de Martin Lutero: «Abogado: mal cristiano».

Los mismos prejuicios contra los abogados tuvieron en su momento los dirigentes de regímenes fascistas; así por ejemplo, Adolfo Hitler dijo que «No descansaré hasta que cada alemán comprenda que es una vergüenza ser abogado»; por su parte, Benito Mussolini sostuvo que «No es exageración afirmar que los abogados devoran Italia… son las langostas que se lanzan al cuerpo de la joven nación y exprimen sus mejores energías». Antes de ellos ya Napoleón Bonaparte había propuesto: «Tiremos a los abogados al río».

© Centro Carbonell Online

Y sin embargo…., sería ilusorio pretender que la justicia puede ser administrada e impartida sin abogados. Los profesionales del derecho son una pieza esencial para hacer realidad los derechos humanos. Su trabajo en los casos penales permite una vigilancia para que no se conculque la presunción de inocencia, para que no se castigue sin pruebas, para que se ejerzan los recursos previstos por la ley y para que las sanciones se cumplan en la medida prevista por el ordenamiento jurídico y ni un día más.

En materia familiar los abogados velan por el estado civil de las personas, las ayudan a ejercer sus derechos patrimoniales en casos de separación o divorcio, protegen el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, acompañan los procesos de adopción para que se cumplan los requisitos de ley, etcétera.

Son abogados quienes administran justicia desde la Suprema Corte al resolver los amparos que son competencia del Máximo Tribunal de la República; son igualmente juristas quienes integran la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral, que se encarga de la vigilancia del imperio de la ley a lo largo de las distintas etapas de los procesos electorales. Son abogados quienes investigan las conductas y omisiones que pueden ser calificados como actos de corrupción, ya sea en las fiscalías especializadas, en los órganos de control administrativo o en las auditorías encargadas de revisar las cuentas públicas a nivel federal y local.

No será posible hacer realidad muchas de las reformas impulsadas en los últimos años sin contar con abogadas y abogados dispuestos a dar lo mejor de sí para defender la legalidad y hacer que prevalezcan los derechos humanos. Nadie puede imaginar un país sin abogados; solamente sería posible eso en una dictadura (aunque ni siquiera Hitler pudo deshacerse de los juristas, pues a muchos los utilizó para apoyar sus desvaríos genocidas).

© Centro Carbonell Online

Afortunadamente, México es un país de instituciones y tiene a un Presidente que fue electo por los ciudadanos en una contienda plenamente democrática. Las discrepancias y las salidas de tono que hemos escuchado en fechas recientes (incluyendo algunos ataques desmedidos e injustificados contra algunos jueces en activo o en situación de retiro), deben ser dejadas de lado, pues no abonan en nada y solamente sirven para incrementar la desconfianza.

Lo anterior no implica que el gobierno no defienda sus reformas. Está en su derecho de hacerlo, pero como muy bien lo ha señalado José Ramón Cossío, debe plantear sus defensas a través de los recursos que le ofrece la ley y no por medio de linchamientos mediáticos.

A todos nos conviene tener un poder judicial fuerte, plenamente autónomo y sujeto solamente a la ley. Le conviene sobre todo a quienes gobiernan, pues son precisamente los jueces quienes les pueden señalar la senda de la legalidad, cuya observancia les evite costosos errores que más adelante les generen situaciones indeseables. La historia demuestra que el cumplimiento de la ley es el mejor escudo para dormir tranquilo una vez que se abandona un cargo público. Nadie debería olvidarlo.  

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