5 puntos que mejorar en el derecho administrativo post-pandemia

Además de los trágicos impactos en la salud de millones de personas, la pandemia derivada del virus SARS-COV2 ha provocado que se haga aún más marcada la desigualdad entre Estados cuyos sistemas económicos y de salud han podido soportar el impacto de la pandemia y aquellos países cuyos sistemas colapsaron y quedaron más empobrecidos, quedando en evidencia la importancia pero también carencias y crisis del Derecho Administrativo.

El Derecho Administrativo debe adecuarse a los diversos contextos y realidades específicas de cada región y existen países en los que las instituciones encargadas de la administración pública no son tan sólidas, lo que provoca no sólo la desigualdad en la aplicación de los modelos. En muchas ocasiones, ello también conlleva a que el Estado por sí solo no pueda ser capaz de llevar a cabo las tareas administrativas y eche mano de la ayuda del sector privado. Por si fuera poco, el desequilibrio del derecho administrativo, provoca la desconfianza de la sociedad, lo cual debilita la legitimidad democrática de las administraciones públicas.

Sumados estos problemas a la rápida llegada de la pandemia en la que la mayor parte de los países no tuvo el tiempo suficiente para prepararse, provocó que el Estado Administrativo se viera en crisis, ya que originalmente diseñado para atender riesgos domésticos, encontró enormes dificultades para hacer frente a riesgos globales. Las acciones adoptadas desde el espacio global llevaron a las Administraciones Públicas domésticas a responder a través de medidas orientadas a restringir la propagación de la enfermedad, mediante intervenciones no farmacéuticas, principalmente, de distanciamiento y confinamiento con un claro fundamento científico: en ausencia de inmunidad, es necesario contener la propagación de la enfermedad, y para ello, es necesario limitar los contactos interpersonales, todo lo cual pasa por restricciones a las libertades fundamentales que, al no encontrar fundamento en el marco jurídico ordinario, deben ser implementadas por medio de estados de excepción.

Las medidas administrativas de confinamiento generaron un choque económico en la oferta de bienes y servicios; a su vez, este choque afectó la cadena de suministros, al tiempo que la demanda se contraía, como efecto de la caída de los ingresos, de las medidas de confinamiento y de la desconfianza ciudadana. Por lo que en realidad dichas medidas no atendieron ni sofocaron la crisis, por el contrario, la crisis económica se agravó derivado de estas medidas.

El fortalecimiento del Derecho Administrativo debe permitir que el Estado administrativo debe partir de cinco puntos centrales:

1) Abordar el Derecho Administrativo desde una visión interdisciplinaria, que realce el enfoque de políticas públicas. La complejidad de la realidad a la cual se está enfrentando el Estado administrativo recomienda una aproximación que vaya más allá de la valoración jurídico-formal del ordenamiento administrativo, y que incorpore reflexiones de las Ciencias Económicas. La promoción del desarrollo después de la pandemia, precisamente, requerirá que las Administraciones Públicas incorporen el diagnóstico de crecimiento a su actividad, en consonancia con el principio de eficacia.

2) Seguir avanzando en la construcción del Derecho Administrativo Global y en el estudio comparado del Derecho Administrativo. El Estado administrativo solo puede atender debidamente los cometidos derivados de la post-pandemia si contribuye al fortalecimiento de Derecho Global. Un ejemplo es el pasaporte sanitario, cuya efectiva implementación requerirá fortalecer las relaciones multilaterales frente a relaciones bilaterales. La pandemia puede incentivar, en todo caso, acuerdos más regionales que mundiales, lo que en modo alguno reducirá la pertinencia de construir un Derecho Administrativo más allá del Estado.

3) Incorporar al estudio del Derecho Administrativo el tema de la capacidad estatal y las brechas en esa capacidad. La propuesta de estudiar las fallas del Derecho Administrativo, precisamente, alertan sobre el riesgo de limitar el enfoque solo al ordenamiento jurídico-administrativo, en tanto es necesario también considerar las fallas en la implementación de ese ordenamiento, esto es, el ámbito de facto del Estado administrativo. Este enfoque es consistente con los estándares de la buena administración, en tanto éstos exigen que el Estado administrativo, de manera efectiva, sirva a los ciudadanos. Así, incluso las mejores Leyes de procedimiento administrativo pueden generar efectos adversos al desarrollo debido a fallas en la capacidad estatal.

4) En conexión con lo anterior, es preciso resaltar la arista cualitativa del Estado administrativo, lo que pasa por implementar controles que, más allá de la legalidad de la actividad administrativa, también midan la calidad de esa actividad. Esto pasa por formalizar controles orientados a la medición del costo-beneficio de la actividad administrativa, en especial, a través de unidades de cumplimiento, que en especial, incorporen al análisis la detección de fallas en la capacidad administrativa que puedan ser debidamente atendidas.

5) La dimensión de la capacidad del Estado administrativo debe vincularse con la confianza ciudadana. Los estándares de la buena administración son debidamente cumplidos cuando los ciudadanos confían en las Administraciones Públicas, todo lo cual incrementa la eficiencia del cumplimiento del ordenamiento jurídico-administrativo, incluso, por técnicas no-coactivas apoyadas en la economía del comportamiento. La centralidad del ciudadano debe traducirse en ciudadanos que confíen en el Estado administrativo y, por ende, colaboren con éste en el cumplimiento de las complejas tareas que la post-pandemia requerirá.

*Información obtenida del texto “La redención del derecho administrativo en la Post-pandemia” de José Ignacio Hernández G.

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