¿Por qué odian al juicio de amparo?

Quizá no sea novedad que quien desde hace muchos años, siendo Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, violó una suspensión en materia de amparo, lo vuelva hacer ahora que es Presidente de la República. En el fondo, se trata de un desplante autoritario que demuestra un preocupante desprecio por la división de poderes y por el trabajo que, por mandato constitucional, debe hacer el Poder Judicial de la Federación. 

La historia es sencilla: un juez de Distrito desde hace semanas, instruyendo varios procesos de amparo, ordenó detener las obras de una parte del llamado “Tren Maya”. Al gobierno esa decisión no le gustó, como lo hemos escuchado en diferentes tonos desde el púlpito presidencial en el que se ofician las conferencias matutinas. Pero se trata de una orden que se debe respetar y que, en caso de ser violada, puede dar lugar a responsabilidades de carácter penal. 

Ante ese panorama, el gobierno se sacó de la manga que la construcción de ese específico tramo del Tren Maya es un tema de seguridad nacional. Se trata de una burda artimaña, tanto desde el punto de vista gramatical como jurídico. Respecto de lo primero, es obvio que no cualquier cosa puede ser clasificada como de seguridad nacional, solamente por la voluntad de un servidor público de llamarla así.  

Si revisamos el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional (promulgada en 2005 y cuya última reforma es del mes de mayo de 2021), no encontraremos ningún supuesto en el que pueda encajar que una obra como la del Tren Maya sea considerada de seguridad nacional. La gramática no está del lado del gobierno federal en este caso, aunque seguramente es algo que les importa poco, al tenor de los cientos de ejemplos que al respecto se podrían citar. Digamos que el respeto por las palabras no es lo suyo, como no lo es tampoco el respeto por la Constitución de la República. 

Y ahí es donde radica el otro problema: ningún decreto administrativo puede desplazar o dejar sin efecto una orden dictada por un juez federal en aplicación de sus competencias constitucionales. Lo correcto es respetar el mandato de la suspensión de la obra, esperar a que se resuelva en definitiva el juicio y acatar a plenitud lo que se indique en la sentencia. Así se deben conducir las autoridades en un Estado de derecho, en vez de intentar darle la vuelta a lo que dictan los juzgadores federales en defensa de la Constitución mexicana (es decir, en defensa de todos nosotros). 

Es patético que en un litigio en el que está involucrada la defensa del medio ambiente se hable de intereses “conservadores” y de “traiciones a la patria”, conceptos que suelen invocarse desde una visión autoritaria, desfasada de la historia y producto del peor populismo. La preservación del medio ambiente es algo que nos debe interesar a todos. Hay quienes piensan que la obra del Tren Maya es un gravísimo ecocidio; están en su derecho de acudir a una instancia judicial para que el tema sea estudiado y se resuelva conforme a derecho. No hay nada malo en ello y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia no debería molestar nunca a un demócrata. Solamente los tiranos se molestan cuando los ciudadanos ejercen sus derechos constitucionalmente reconocidos. 

En fin, tal parece que estamos en un grave callejón sin salida: un gobierno que decide violar órdenes judiciales deberá rendir cuentas, ahora o en el futuro, sobre su actuación y es probable que eso implique procedimientos penales contra servidores públicos de varios niveles. Pero mientras eso sucede una obra sobre la que existen fundadas sospechas de que vulnera el medio ambiente seguirá adelante, generando daños que resultan del todo irreparables.  

Ojalá algún día nos quede claro a todos, ciudadanía y gobernantes, que la legalidad es el terreno de entendimiento común, el espacio en el que todos debemos encontrarnos y en el que estamos llamados a participar de la mejor manera posible. Respetar la Constitución y las leyes no es algo de “conservadores” o de “progresistas”: es una condición indispensable para que todas las posturas políticas puedan dialogar y contribuir a la construcción de un país mejor.  

Y, por cierto, respetar la Constitución también requiere dejar de lanzar amenazas públicamente de que se va a investigar a jueces federales. Cada juzgador merece total respeto. Si hay alguna duda sobre su conducta, que se encaucen los procedimientos correspondientes, en vez de vulnerar su investidura con diatribas mañaneras que tienen su origen en el talante autoritario de quien las profiere.  

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