Miguel Carbonell *
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
La existencia del Instituto Nacional de Acceso a la Informaciรณn y Protecciรณn de Datos Personales (INAI), no es resultado de acuerdos polรญticos, sino de una lucha ciudadana que durante muchos aรฑos intentรณ que, por vรญa de la transparencia informativa, en Mรฉxico hubiera un mรญnimo de rendiciรณn de cuentas.
Que ahora se le quiera desaparecer o que se minimice su existencia supone un severo retroceso y una vergรผenza discursiva que hay que seรฑalar. El INAI es de todos, no solamente porque asรญ lo establece la Constituciรณn, sino porque no puede haber democracia si quienes gobiernan lo hacen desde el secreto y la opacidad, como sucediรณ durante tantos aรฑos, hasta que logramos construir el actual derecho humano de acceso a la informaciรณn pรบblica.
Es lรณgico que a los polรญticos, del partido que sean, no les guste rendir cuentas. Ciertamente se gobierna mejor sin que nadie se entere de lo que uno hace (o deshace). Pero por fortuna, desde hace casi dos dรฉcadas existe en Mรฉxico un mandato constitucional que protege el derecho de la gente a saber. Quienes quieren tirarlo por la borda estarรญan incurriendo en un retroceso histรณrico de graves consecuencias.
El acceso a la informaciรณn legalmente regulado, con sus plazos, condiciones, excepciones, lรญmites e instituciones de garantรญa, no puede ser sustituido por conferencias de prensa, asรญ sean convocadas a diario. Y esto por la sencilla razรณn de que en las conferencias de prensa es el gobernante el que dice lo que quiere y se guarda lo que no le conviene. Si acaso, se dialoga con periodistas previamente acreditados, algunos de los cuales a veces hacen preguntas que dan pena ajena y son una vergรผenza pรบblica para todo su gremio.
Eso es muy diferente a tener normas jurรญdicas que nos permitan preguntar lo que queramos a las autoridades, que les impongan la obligaciรณn de subir a internet sus sueldos completos, los contratos de servicios y de obra que firman, los viรกticos con que financian sus desplazamientos, la estructura de cada dependencia y un largo etcรฉtera. ยฟHay alguien que podrรญa estar en contra de tener clara y disponible toda esa informaciรณn? Si lo hubiera, desde luego que no podrรญa ser considerado un demรณcrata.
Hay que decirlo con claridad: el acceso a la informaciรณn pรบblica es hoy en dรญa un derecho humano reconocido a nivel nacional por el artรญculo 6 de nuestra Carta Magna y a nivel interamericano por el artรญculo 13 de la Convenciรณn Americana de Derechos Humanos, tal como ha sido interpretado por la Corte Interamericana (por ejemplo en el caso Claude Reyes y otros contra Chile, del aรฑo 2005).
El acceso a la informaciรณn es a su vez condiciรณn de efectividad de la libertad de expresiรณn. La libertad de expresiรณn es lo que permite la creaciรณn de la opiniรณn pรบblica, esencial para darle contenido a varios principios del Estado constitucional; la existencia de una opiniรณn pรบblica libre y robusta que estรฉ construida sobre la base de contar con informaciรณn fidedigna tambiรฉn es una condiciรณn para el funcionamiento de la democracia representativa. La Suprema Corte de Justicia de la Naciรณn ha destacado la relaciรณn entre el ejercicio de la libertad de expresiรณn y el rรฉgimen democrรกtico en diversas sentencias (ver por ejemplo el Amparo en Revisiรณn 91/2004, el Amparo Directo en Revisiรณn 2044/2008, el Amparo en Revisiรณn 1359/2015 o el Amparo Directo 30/2020, entre otras).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al afirmar que โLa libertad de expresiรณn es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrรกtica. Es indispensable para la formaciรณn de la opiniรณn pรบblica. Es tambiรฉn conditio sine qua non para que los partidos polรญticos, los sindicatos, las sociedades cientรญficas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condiciรณn para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, estรฉ suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no estรก bien informada no es plenamente libreโ (Opiniรณn consultiva 5, de 13 de noviembre de 1985, pรกrrafo 70).
El intercambio de opiniones e informaciones que se origina con la discusiรณn pรบblica contribuye a formar la opiniรณn personal, la cual, al juntarse con las de los demรกs integrantes de la comunidad, conforma la ya mencionada opiniรณn pรบblica, que acaba manifestรกndose (a travรฉs, entre otros, de los canales de la democracia representativa) como voluntad jurรญdica del Estado.
La libertad de expresiรณn aparece consagrada desde los primeros textos del constitucionalismo moderno. Asรญ por ejemplo, la Declaraciรณn francesa de 1789 recogiรณ la libertad de expresiรณn, en su artรญculo 11, con las siguientes palabras: โLa libre comunicaciรณn de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos mรกs preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la leyโ.
No debemos permitir que una animadversiรณn institucional o la discrepancia sobre la forma en la que ciertos asuntos se resuelven, vaya a dar como resultado que nos arrebaten a todos un derecho humano que costรณ mucho conquistar. El derecho a estar informados por fortuna es ya una parte del patrimonio constitucional de todos los mexicanos y ahรญ debe quedarse, para beneficio de las actuales y de las futuras generaciones.
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Me gusta mucho sus opiniones a nuestros derechos Constituciรณn, Docente de nivel secundaria y mi asignatura es Formaciรณn Cรญvica y รtica, hice la carrera de Derecho pero ya no la ejerzo.