Recomendaciones de la CIDH para la eliminación de la violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes.
Diversos estudios han demostrado que en América Latina y el Caribe, las mujeres continúan enfrentando serios desafíos para lograr el pleno respeto y la protección de sus derechos fundamentales, en un contexto de violencia y discriminación estructural contra ellas, que se caracteriza por altas tasas de homicidios por razón de género, desapariciones, acoso y violencia sexual, entre otras formas de violencia. De igual manera, las mujeres continúan enfrentando barreras para acceder a la educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva; a la igualdad de oportunidades de trabajo y condiciones de empleo, en particular, a igual remuneración que sus colegas varones por un trabajo idéntico, y a un lugar de trabajo libre de acoso sexual. Por si fuera poco, el incremento de denuncias de violencia tras el establecimiento de las medidas de confinamiento y de distanciamiento social adoptadas para la contención del contagio del COVID-19 ha arrojado serios números de abuso hacia las mujeres en sus propios hogares, lo que debe ser un fuerte llamado a los Estados para fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género.
Por esta razón la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH, en un esfuerzo conjunto con el gobierno de Canadá como parte de su proyecto “Erradicación de la Violencia y de la Discriminación contra mujeres y niñas en América Latina y en el Caribe” ha publicado las siguientes recomendaciones para que los gobiernos de los países latinos mejoren la atención y calidad de vida de las mujeres y niñas de la región y con ello garantizar sus derechos fundamentales a una vida libre de violencia y de discriminación, tanto en sus dimensiones estructurales como en el contexto de emergencia que vivimos actualmente por la pandemia de COVID-19.
Según datos de la Organización de Naciones Unidas, una mujer es asesinada cada 2 horas en América Latina. En México, entre el año 2019 y 2020, al menos 1.227 mujeres han desaparecido, mientras que en Colombia cada 30 minutos una mujer es víctima de violencia sexual.
MEDIDAS PARA EL ABORDAJE DE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL CONTRA MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES
• Adoptar un marco legislativo y políticas públicas integrales con perspectiva de género.
• Revisar todas las leyes, políticas, protocolos y demás instrumentos que en su forma o en la práctica puedan resultar discriminatorias.
• Priorizar un enfoque diferenciado e interseccional y con perspectiva de género al adoptar legislación, políticas públicas, programas y mecanismos para remediar hechos de violencia.
• Garantizar espacios de participación plena y activa de mujeres, niñas y adolescentes en la formulación, planificación y ejecución de iniciativas, programas, leyes y políticas dirigidas a la prevención, investigación, sanción y reparación de actos de violencia y discriminación contra ellas.
El sistema interamericano de derechos humanos ha destacado que la violencia basada en género “es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que se perpetúa por la persistencia de actitudes y prácticas discriminatorias hacia las mujeres
MEDIDAS PARA LA ERRADICACIÓN DE ESTEREOTIPOS Y PATRONES SOCIOCULTURALES DISCRIMINATORIOS
• Erradicar los estereotipos de género desde la infancia, y promover la educación con perspectiva de género.
• Reestructurar los estereotipos y conceptos sociales sobre el rol de las mujeres en la sociedad.
• Capacitar regularmente a todo el funcionariado del Estado, en especial a operadores y operadoras de justicia, en los derechos de las mujeres y niñas, según los estándares interamericanos.
• Modificar las condiciones estructurales, las normas sociales y los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres que legitiman y reproducen la violencia y la discriminación contra las mujeres.
La CIDH ha verificado que los patrones discriminatorios se ven influenciados por un conjunto de valores socioculturales y nociones culturalmente arraigadas que apelan a la supuesta inferioridad de las mujeres frente a los hombres con base en sus diferencias biológicas y a su capacidad y función reproductiva.
MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO CONTRA MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Recomendaciones en materia de prevención
• Las políticas nacionales de prevención de actos de discriminación y violencia basados en género deben incluir previsiones financieras que aseguren su implementación, así como disponer de un mecanismo de financiamiento definido, estable y suficiente que permita lograr las metas previstas.
• Fortalecer los sistemas de generación y recopilación de datos y de análisis de la información para actualizar el contenido de las políticas. La información debe estar desagregada por categorías adecuadas para identificar los desafíos particulares que afrontan las mujeres, niñas y adolescentes.
Recomendaciones en materia de investigación
• Diseñar protocolos que faciliten y fomenten la investigación multidisciplinaria efectiva, uniforme y transparente de delitos contra las mujeres, niñas y adolescentes
• Crear y adoptar sistemas y métodos de peritaje especializado para asegurar personal pericial idóneo y sensible que atienda a las víctimas de violencia, en especial aquellas de violencia sexual, de diversas culturas, razas, etnias, edades y niveles económicos.
Recomendaciones en materia de sanción
• Crear instancias especializadas, como Tribunales Especializados, para el tratamiento de delitos contra las mujeres, niñas y adolescentes.
• Abordar y reconocer explícitamente, en virtud del enfoque interseccional, las circunstancias particulares de los distintos grupos de mujeres, sus características sociales, su situación especial de vulnerabilidad, y el alcance del daño en virtud del impacto diferenciado. Las medidas que se tomen para sancionar este tipo de discriminaciones deben tomar en consideración la naturaleza interseccional de la discriminación que buscan combatir y el conjunto de derechos afectados.
Recomendaciones en materia de reparación
• Integrar una vocación transformadora en las reparaciones, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo hacia cambios estructurales que desarticulen aquellos estereotipos y prácticas que perpetúan la discriminación.
• Incorporar perspectiva de género en el diseño e implementación de las reparaciones en beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia, en consideración de sus circunstancias de especial vulnerabilidad.
El artículo 7(b) de la Convención de Belém do Pará consagra expresamente la obligación de los Estados de actuar con debida diligencia, lo cual incluye cuatro obligaciones: prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las formas de violencia basada en género contra las mujeres, niñas y adolescentes, por todos los medios apropiados y sin dilaciones indebidas.
MEDIDAS PARA EL ACCESO INTEGRAL A LA JUSTICIA Y ATENCIÓN DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
• Crear mecanismos de queja, denuncia y exigibilidad de derechos que sean accesibles geográfica, lingüística y culturalmente para mujeres, niñas y adolescentes. En el caso de las niñas y adolescentes, los mecanismos deben eliminar las formalidades u otras limitaciones y/o exigencias que restrinjan injustificadamente la capacidad de las niñas para acceder a la justicia.
• Diseñar una política estatal integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados y disponibles de manera sostenida, para garantizar que las víctimas de violencia y/o sus familiares tengan acceso pleno a una adecuada protección judicial.
• Aplicar protocolos y manuales de atención a víctimas de violencia y de discriminación que incluyan la perspectiva de género e interseccional.
La CIDH ha identificado una serie de problemas estructurales dentro de los sistemas de justicia que afectan el procesamiento de casos de violencia contra las mujeres. Entre ellos se destacan la ausencia de instancias de la administración de la justicia en zonas rurales, pobres y marginadas; la falta de abogados y abogadas de oficio para las víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
• Tomar medidas específicas para la protección y reconocimiento de las personas que asumen socialmente tareas de cuidado, formal o informalmente, reconociendo las condiciones sociales desiguales preexistentes y su agudización en momentos de especial exigencia para los sistemas de salud y asistencia social.
• Adoptar protocolos a ser aplicados por las personas trabajadoras del sector salud en el contexto de emergencias sanitarias, como la del COVID-19, e incorporar medidas especiales para su protección y entrenamiento, lo que incluye garantizar sus derechos laborales y de seguridad social.
• Mantener los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la distribución de métodos contraceptivos, la atención prenatal y posnatal, los servicios para prevenir las infecciones de transmisión sexual y aquellos para la interrupción del embarazo dentro de las posibilidades que consagra su orden jurídico.
Según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), hospitales y centros de salud han informado de una disminución en el número de mujeres, niñas y adolescentes que reciben cuidados críticos de salud sexual y reproductiva, incluso servicios prenatales, servicios de parto seguro y planificación familiar.
MEDIDAS PARA MITIGAR, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO RELACIONADO A LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID-19
• Adoptar medidas estatales de protección urgentes, tales como entrega directa de montos económicos; provisión de alimentos a poblaciones focalizadas; protección del trabajo y salarios; participación en sindicatos y grupos de personas que trabajan en las estrategias de contención; implementación de seguros accesibles de desempleo sin discriminación; identificación y atención de las poblaciones y zonas con inseguridad alimentaria; y generación de campañas de sensibilización social que favorezcan la solidaridad.
• Asegurar la urgente implementación de políticas públicas orientadas específicamente a la protección de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema y en riesgo de ingresar a dicha situación.
• Reforzar las políticas de seguridad alimentaria y redes de protección social con perspectiva de género, incluidas políticas de renta mínima y de oferta de atención médica enfocada en las necesidades específicas de las mujeres en el combate a la crisis generada por el COVID-19.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 tendrá dramáticas repercusiones a largo plazo para las mujeres, también en el ámbito socioeconómico, dejando en 2020 a más de 118 millones de mujeres latinoamericanas viviendo en la pobreza, 22% más que el año anterior, y dejará al 15,2% de las mujeres latinoamericanas desempleadas
MEDIDAS PARA ABORDAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19
• Promover campañas masivas de información relativa a los mecanismos disponibles para denuncia y apoyo a mujeres, niñas y adolescentes víctimas o en riesgo de serlo, a través de medios de comunicación y redes sociales.
• Reformular los mecanismos tradicionales de respuesta a la violencia de género, adoptando canales alternativos de comunicación y líneas de atención de emergencia.
• Adecuar las medidas políticas y legislativas de respuesta a la crisis a las necesidades de las mujeres, niñas y adolescentes, considerando los múltiples factores estructurales que perpetúan la discriminación contra ellas e incrementan su situación de riesgo en contextos de emergencia.
Como señala el Secretario General de la ONU, medidas restrictivas como el confinamiento, aislamiento e inmovilización social han generado obstáculos para que mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia accedan a servicios de protección y atención, muchos de ellos ya sobrecargados, faltos de recursos o incluso interrumpidos antes de la pandemia.
MEDIDAS PARA INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ENFOQUES DIFERENCIADOS EN POLÍTICAS DE CONTENCIÓN DE EMERGENCIAS
• Incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad como la precariedad económica, la edad, la condición de migrante o desplazada, la condición de discapacidad, la privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, entre otras.
• Tomar medidas para asegurar que las mujeres indígenas se beneficien de las medidas de protección social y su acceso a servicios de salud, en particular, servicios de salud materna y salud sexual y reproductiva.
• En el caso de mujeres privadas de libertad, evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada a mujeres embarazadas o con niños/niñas a su cargo, al ser consideradas grupo de riesgo de contagio.
La Comisión observa con preocupación el impacto que las políticas restrictivas de movilidad humana en respuesta a la pandemia puedan tener para la protección integral de los derechos humanos, especialmente mujeres, niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas, indígenas y afrodescendientes de la región, debido a la recesión económica, el incremento del desempleo y el aumento acelerado de la ocupación informal.
Si bien es cierto que muchos países de América Latina como Chile, Perú, Ecuador, México, Argentina entre otros, han emprendido a través del apoyo de sus gobiernos, las asociaciones civiles, las colectivas feministas y de la iniciativa privada, campañas para hacer evidente y sumar en la lucha contra la violencia y el acoso hacia las mujeres, aún queda un largo camino por recorrer en esta lucha que se recrudeció a partir de la pandemia y vino a hacer más evidentes y preocupantes los muchos de los problemas que significa ser mujer en Latinoamérica.
Guía Práctica para la eliminación de la violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes.
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