El carácter de los abogados

El carácter de los abogados

La litigación penal requiere de abogados con habilidades específicas: la estrategia de teoría del caso, la eficacia para hacer interrogatorios, capacidad argumentativa, oratoria y razonamiento probatorio. Con la llegada de los juicios en línea, estas habilidades son aún más necesarias y complejas. Por eso, Centro Carbonell presenta la Maestría en línea en directo en Juicios Orales, cuya principal característica es la práctica mediante simulaciones de juicio y análisis de casos.

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Miguel Carbonell *

Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

A lo largo de su carrera, el abogado va a enfrentar situaciones muy difíciles. El derecho tiene como objeto de regulación la vida misma, con todo lo que ello implica. Cuando una persona decide consultar un abogado para emprender un litigio es del todo probable que no lo haga para divertirse o perder el tiempo, sino porque está en juego algo que le importa y que quiere proteger. Puede ser su libertad, sus bienes, su familia, sus ingresos.  

Por la misma importancia que tienen los intereses de los clientes, muchas veces los abogados van a estar sometidos a una gran presión. Y no solamente va a provenir esa presión de los clientes, sino también de las contrapartes o de cualquier persona que pueda resultar afectada por el trabajo del abogado. 

Por eso es que es indispensable que desde las escuelas y facultades de derecho se les diga a los alumnos que deben tener temple para hacer frente a las dificultades propias del ejercicio profesional.  

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También deben tener paciencia, para escuchar diligentemente a las personas que se les acerquen a plantearles un problema. Muchas veces hay personas que no quieren emprender un litigio, sino que necesitan solamente ser escuchadas y contar con el punto de vista de un profesional del derecho sobre problemas que les importan. En esos casos el abogado debe ser suficientemente empático para ponerse en alguna medida en los zapatos de la otra persona y comprender el drama o el dilema por el que está atravesando.  

Los estudiantes deben saber que, a lo largo de su carrera, van a ganar algunos casos y van a perder otros. Es algo natural y no debe ser tomado como una catástrofe. Hay abogados que tienen pánico de perder un caso, de modo que solamente aceptan aquellos en los cuales es claro que van a poder salir airosos; pero eso es la excepción y no la regla.  

La mayor parte de los abogados toma casos que presentan un alto grado de incertidumbre, en los que hay tantas posibilidades de ganar como de perder. Los estudiantes deben estar al tanto de que eso es algo que sucede siempre y deben mantener la calma también en el momento de la derrota. No siempre se puede ganar, tanto en el derecho como en la vida misma.  

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Es fundamental tener suficiente confianza en uno mismo para no dejarse vencer por un caso que salió mal, o por una sentencia que fue revocada por un tribunal de alzada o duramente criticada en el foro o la academia.  

Desde luego, eso no quiere decir que el abogado no haga propósito de enmienda, para revisar lo que pudo hacer mejor y encontrar posibles fallas en su argumentación, pero sin que eso implique una derrota moral o anímica. Hay que mirar siempre hacia delante, con el ánimo suficiente para hacer frente a nuevos retos y desafíos profesionales. 


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Constitución, revolución y presidencialismo mexicano: una nota sobre sus orígenes

Constitución, revolución y presidencialismo mexicano: una nota sobre sus orígenes 

Cursos de corta duración para actualizarte en los temas prácticos del ejercicio profesional. En tres horas estudia la innovación jurídica en áreas especiales del derecho.

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Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

Parafraseando a Eric Hobsbawm, podríamos decir que el siglo XX mexicano fue un siglo “corto”. Comenzó en realidad apenas en 1917, cuando da los primeros pasos un proceso de pacificación nacional, luego de la Revolución Mexicana que había segado miles de vidas desde 1910.  

Pero la Revolución y su producto más acabado y conocido (que es el texto constitucional promulgado en la Ciudad de Querétaro el 5 de febrero de 1917[1]) no pueden entenderse sin mirar hacia el siglo XIX mexicano[2].  

En buena medida, la Revolución Mexicana de 1910 se comienza a incubar durante el prolongado mandato presidencial de Porfirio Díaz, que si bien detonó el crecimiento económico y vino a poner fin a décadas de constantes revueltas y levantamientos, no supo encauzar al país hacia una senda de desarrollo democrático. Apenas unos meses antes de que estallara el conflicto revolucionario, Díaz afirmaba ante un periodista norteamericano que México no estaba preparado para la democracia. Poco tiempo después tuvo que partir hacia el exilio en Francia, donde muere el 2 de julio de 1915. 

El levantamiento armado de 1910 tiene un origen ciertamente complejo, pero entre sus motivaciones principales se encuentra la lucha contra la injusticia que sufrían millones de mexicanos, condenados sobre todo en el ámbito rural a pasar hambre y ver burlados día tras día sus derechos más elementales. El tema de la propiedad de la tierra y la lucha contra los latifundios tuvo un papel destacado para los diversos grupos sociales que se aglutinaron en torno al movimiento revolucionario. 

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La Constitución que estaba en ese entonces vigente había sido expedida el 5 de febrero de 1857. Su aplicación práctica, sin embargo, fue en todo momento muy limitada. La dictadura de Porfirio Díaz, quien fue extendiendo su gobierno durante mucho más tiempo que el permitido por la Carta Constitucional significó, en la práctica, su condena de muerte. Díaz es electo Presidente por vez primera en 1884 y, de hecho, gobierna hasta 1910 (aunque entre 1888 y 1892 puso a uno de sus hombres de mayor confianza en la Presidencia, para intentar guardar las formas respecto a lo que ordenaba la Constitución vigente). 

A inicios del siglo XX la realidad política y social de México caminaba bien lejos de los designios constitucionales. La dictadura no solamente había modificado por completo el funcionamiento de la división de poderes, sino que tampoco en materia de respeto a los derechos humanos había nada que celebrar.[3]

Es en ese contexto en el que da inicio el movimiento revolucionario, que a la postre culminaría con la expedición de la nueva Carta Magna de 1917 y con el surgimiento de una regulación de los derechos fundamentales que alumbraría un nuevo paradigma, o al menos una nueva forma de concebirlos.[4]

Lo curioso es que, una vez que hubo que decidir sobre la nueva forma de organización institucional para el México posrevolucionario, se optó por darle la razón a los críticos de la Constitución de 1857, que avalaban de hecho la dictadura de Díaz, y se creó un poder ejecutivo muy fuerte, diseñado en sus componentes esenciales desde el nuevo texto constitucional de 1917.  

Más que un régimen presidencial, lo que se creó fue un régimen presidencialista con facultades impropias para el modelo del Estado constitucional (el cual requiere y supone de un cierto equilibrio de poderes y sobre todo de la existencia de mecanismos de control y de contrapesos institucionales).[5]

Algunos diputados que concurrieron al Congreso Constituyente de 1916-1917 se dieron cuenta del desbordado diseño que se estaba haciendo de las facultades del Poder Ejecutivo e intentaron protestar por semejante despropósito. Fue el caso del diputado Manjárrez, quien sostuvo lo siguiente: 

“Estamos poniendo al Legislativo en condiciones de que no pueda ser ni con mucho un peligro; en cambio, el Ejecutivo tiene toda clase de facultades; tenemos esta Constitución llena de facultades para el Ejecutivo, y esto ¿qué quiere decir? Que vamos a hacer legalmente al Presidente de la República un dictador, y esto no debe ser”. 

Por su parte, el diputado constituyente Pastrana Jaimes señalaba que “…en España, señores, a pesar de que hay un Rey, yo creo sinceramente que aquel Rey había de querer ser Presidente de la República Mexicana, porque aquí tiene más poder el Presidente que un Rey, que un emperador”. 


[1] Para un análisis bastante completo de la Constitución mexicana, de entre lo mucho que se ha escrito, recomiendo la obra de Jorge Carpizo, La Constitución mexicana de 1917, 15ª edición, México, Porrúa, UNAM, 2009, así como la obra colectiva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada, 20ª edición, México, UNAM, Porrúa, 2009, 5 tomos. Un visión esquemática del constitucionalismo mexicano puede verse en Carpizo, Jorge y Miguel Carbonell, Derecho constitucional, 7ª edición, México, UNAM, Porrúa, 2010. 

[2] Para la comprensión del constitucionalismo histórico de México es indispensable la obra de Galeana, Patricia (compiladora), México y sus Constituciones, 2ª edición corregida y aumentada, México, FCE, 2003. Los textos constitucionales que han regido en México a lo largo de su historia pueden consultarse en Carbonell, Miguel, Cruz Barney, Óscar y Pérez Portilla, Karla, Constituciones históricas de México, 3ª edición, México, Porrúa, UNAM,  2014.  

[3] Hay que apuntar, pese a todo, que hubo importantes teóricos que durante esos años justificaron la dictadura, diciendo que era la única solución posible frente a las muchas limitaciones que la Constitución de 1857 le ponía al Poder Ejecutivo. Es el caso de Emilio Rabasa, uno de los intelectuales de mayor peso en México a inicios del siglo XX, quien sostuvo desde 1912 que la dictadura de Díaz era la respuesta natural frente a la tendencia “agresiva e invasora” del poder legislativo, permitida por la Constitución de 1857. Para Rabasa, “las deficiencias de la Constitución (de 1857) colocan, pues, al país entre la dictadura presidencial y el despotismo anárquico del Congreso…”. Ver su libro La Constitución y la dictadura. La organización política de México, México, Porrúa, 1990 (reimpresión). Hay una edición española, sin fecha, pero cuyo prólogo (que estuvo a cargo de Rodolfo Reyes) tiene fecha de 1917. En sentido parecido al de Rabasa, otro gran intelectual de esos tiempos, Andrés Molina Enríquez, no solamente defendía la existencia de la dictadura, sino que decía que esa debía ser la forma de gobierno de México durante muchos años; vid. Andrés Molina Enríquez, Los grandes problemas nacionales (1909), México, Editorial Era, 1983. 

[4] Una visión general tanto del siglo XIX como del siglo XX mexicanos en materia de derechos fundamentales puede verse en Fix Zamudio, Héctor, “200 años de evolución constitucional de los derechos humanos en el derecho mexicano” en la obra colectiva 200 años de derechos humanos en México, México, CNDH, Archivo General de la Nación, 2010, páginas 11-35. 

[5] El presidencialismo mexicano ha sido objeto de innumerables análisis académicos y periodísticos. El texto clásico sigue siendo el del destacado constitucionalista Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, publicado originalmente en 1978, con múltiples reediciones posteriores (aparece bajo el sello de la editorial Siglo XXI). Ver también el completo ensayo de Orozco Henríquez, José de Jesús, “El sistema presidencial en el Constituyente de Querétaro y su evolución posterior” en la obra colectiva, El sistema presidencial mexicano (Algunas reflexiones), México, UNAM, 1988, pp. 1-148. 


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El caso “New York Times versus Sullivan” (1964)

El caso “New York Times versus Sullivan” (1964)

Puedes cursar la Maestría en Juicios Orales bajo la metodología de clases en línea en directo. Un enfoque práctico con el mismo rigor académico y la misma excelencia jurídica.

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Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

Hay algunos casos en la historia constitucional norteamericana que han tenido un impacto interno muy relevante, y que también han contribuido al desarrollo de importantes líneas de interpretación judicial en otros países. Casos como el Marbury vs. Madison, Brown vs. Board of Education o Roe vs. Wade forman parte importante del constitucionalismo contemporáneo. En esa misma situación se encuentra el caso New York Times vs. Sullivan de 1964, que es quizá una de las sentencias más citadas del siglo XX. 

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El caso se generó porque L.B. Sullivan había demandado al periódico New York Times por publicar una inserción pagada en la que cuatro clérigos afroamericanos del Estado de Alabama criticaban la actuación de las autoridades respecto a algunas manifestaciones en favor de los derechos civiles, varias de ellas encabezadas por Martin Luther King Jr. El señor Sullivan se sentía aludido por la inserción, ya que era el responsable del cuerpo de policía al que se criticaba, y señalaba que varias de las afirmaciones que se hacían eran falsas, como en efecto se demostró que lo eran en el curso del juicio. Sullivan obtuvo de los tribunales de Alabama el derecho a una indemnización por daños en su reputación, profesión, negocio u oficio, pero la Corte Suprema revocó esas sentencias al declarar inconstitucional la ley en la que se basaban, ya que violaba las enmiendas Primera y Decimocuarta y suponía una vulneración de la libertad de expresión. 

La sentencia de la Corte fue dictada el 9 de marzo de 1964 bajo la ponencia del justice William Brennan y con una votación de 9 a 0. 

En la opinión de Brennan, la protección que la Constitución ofrece a la libertad de expresión no depende de la verdad, popularidad o utilidad social de las ideas y creencias manifestadas. Es más, un cierto grado de abuso es inseparable del uso adecuado de esa libertad, a partir de la cual el gobierno y los tribunales deben permitir que se desarrolle un debate “desinhibido, robusto y abierto”, lo que puede incluir expresiones cáusticas, vehementes y a veces ataques severos desagradables hacia el gobierno y los funcionarios públicos. Los enunciados erróneos son inevitables en un debate libre, y deben ser protegidos para dejar a la libertad de expresión aire para que pueda respirar y sobrevivir. Las normas deben impedir que un funcionario público pueda demandar a un medio de comunicación o a un particular por daños causados por una difamación falsa relativa a su comportamiento oficial, a menos que se pruebe con claridad convincente que la expresión se hizo con malicia real, es decir, con conocimiento de que era falsa o con indiferente desconsideración de si era o no falsa. 

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En la jurisprudencia posterior, la Corte se ha mostrado oscilante acerca de si la doctrina del caso Sullivan podía extenderse a particulares, y concretamente a personajes públicos como actores, atletas o personas que, sin ser funcionarios públicos, eran conocidos por la opinión pública. Bajo ciertas circunstancias la Corte ha extendido a estos sujetos la tesis de Sullivan (como por ejemplo en Curtis Publishing vs. Butts de 1972 o en Associated Press vs. Walker de 1967), pero en otras no (como en Gertz vs. Robert Welch Inc. de 1974). El criterio de Sullivan fue retomado, en varias de sus partes, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Lingens de 1986. 


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Mexicanos de segunda

Mexicanos de segunda

Con la Maestría on demand en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, destaca como profesionista del derecho dotado de las mejores y más modernas herramientas para hacer tu trabajo con estándares de excelencia argumentativa y rigor analítico.

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Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

En 2014 el nombramiento de Manuel Valls como Primer Ministro de Francia y la elección de Anne Hidalgo como alcaldesa de París nos suministró una nueva lección desde el país que “inventaron” los derechos humanos. Ambos políticos nacieron en España, pero la democracia francesa les reconoce plenos derechos de participación política porque tienen pasaporte francés aunque hayan nacido en otro país. 

En México cualquiera de esos políticos no hubiera podido ser ni siquiera director del CCH-Oriente de la UNAM y mucho menos diputado local, consejero del IFE, secretario de Estado y un largo etcétera. México trata como mexicanos de segunda y les quita varios derechos fundamentales a quienes lo son por haber obtenido la naturalización o a quienes optan por tener una segunda nacionalidad. 

Jean Meyer quiso ser director del prestigioso CIDE y no pudo por haber nacido en Francia. Luis Villoro, el gran filósofo ya fallecido, hubiera sido un magnífico director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero al haber nacido en Barcelona una anacrónica disposición legislativa expedida en 1947 se lo impidió. Se trata de dos grandes talentos que pudieron aportar mucho, pero se enfrentaron a la “cortina de nopal” pese a los años que vivieron en México y a lo mucho que hicieron (y siguen haciendo, en el caso de Meyer) para el crecimiento intelectual y ético de su país de adopción. 

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Es evidente que la xenofobia institucionalizada que refleja esta discriminación hacia los mexicanos naturalizados tiene profundas raíces históricas que se remontan a la época de la Colonia y que brotan de nuevo con fuerza en el Porfiriato, pero tal parece que no hemos avanzado nada. Todavía en pleno siglo XXI se inscribió en la Constitución la necesidad de ser mexicano por nacimiento para ser comisionado del IFETEL o del IFAI, como si para dictar buenas resoluciones en materia de transparencia o de telecomunicaciones hubiera que haber nacido en territorio nacional. Me parece una enorme miopía. La mentalidad de nuestros legisladores sigue anclada en el siglo XIX y no ha sido capaz de abrir los ojos al mundo globalizado en el que vivimos. 

Obviamente, el trato discriminatorio hacia los mexicanos naturalizados viola tratados internacionales firmados por México y es contrario a lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos; incluso se opone a lo que México dice en foros internacionales, cuando defiende (con razón) los derechos humanos de los mexicanos migrantes. 

México ha sido a lo largo de su historia un país en extremo generoso. Ha abierto sus puertas a refugiados, migrantes centroamericanos, estadounidenses jubilados, inversionistas, etcétera. No se entiende que siga tratando como personas de segunda categoría a quienes decidieron hacer su vida en el país y a quienes el propio país en ejercicio de su soberanía decidió otorgarles la nacionalidad.  

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¿Cómo se justifica que estemos tan abiertos al mundo en tantos y tantos temas, pero sigamos cerrados a reconocer que todos los mexicanos deben tener los mismos derechos? ¿cómo es que seguimos considerando que un accidente como lo es el lugar de nacimiento puede determinar el tipo de trabajos que podemos desempeñar o el número de derechos fundamentales de los que somos titulares?  

Aclaración pertinente: llegué a México a los 9 años de edad, procedente de España (al igual que Valls y Villoro, también nací en Barcelona). Mis padres no me preguntaron sobre el lugar en el que hubiera preferido nacer ni tampoco sobre el país al que nos íbamos a mudar ya para siempre. He crecido en México, mis hijos son mexicanos y es probable que muera aquí. Cuando llegué hace más de 40 años no podía imaginar que me esperaba un futuro como persona de segunda categoría. Y no creo merecerlo, como no lo merece nadie en el mundo. 


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Abogados y buenos ciudadanos

Abogados y buenos ciudadanos

Con el Diplomado en Argumentación Jurídica domina los aspectos generales de la argumentación. Lograrás identificar las diferentes formas en las que una norma jurídica puede ser redactada y el contenido de los principios o las reglas, conociendo las técnicas de interpretación y aplicación del derecho más novedosas.

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Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

Como ya se ha dicho muchas veces, un abogado trabaja con aspectos que son muy relevantes para la vida de las personas. Por eso es que se requiere una honestidad a carta cabal, que impida que el abogado se aproveche de las necesidades o debilidades de sus clientes. La ética profesional es indispensable en el ejercicio de la profesión jurídica. 

Pero hay también una dimensión colectiva o estructural, que va más allá de la atención que el abogado le da a los casos concretos que son puestos a su consideración. El derecho no se limita solamente a los casos concretos, sino que implica prácticas sociales comunes, que en buena medida determinan el rumbo y el destino de pueblos y naciones. 

Es por eso que el abogado debe tener un alto sentido de responsabilidad cívica y democrática.  

Nadie puede ser un buen abogado si es un mal ciudadano. No me imagino a una persona que ejerza a carta cabal la profesión de juez o de litigante por la mañana y por la noche salga a vandalizar el mobiliario público o ejerza violencia sobre niños o personas con discapacidad. La conducta ética debe ser algo que la enseñanza del derecho fomente no solamente para ejercer la profesión, sino para la vida en su conjunto. 

Es por eso que se les debe inculcar a los estudiantes de derecho que estén bien informados sobre los problemas sociales. Deben tener la costumbre de leer el periódico cada día. O incluso más: de leer varios periódicos al día, muchos de ellos completamente accesibles en ediciones digitales a través de internet. Sirve mucho que lean prensa nacional, pero también prensa internacional. 

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De la misma forma, los estudiantes deben tener presente la importancia de la participación social. Un buen abogado debe ser un líder en su comunidad, un movilizador de causas, una inspiración para sus vecinos y amigos, y no un simple observador de la realidad, no una persona que vea pasar la vida sin intervenir en los asuntos que son de interés común. 

No hay nada de malo en que un abogado participe en la política. De hecho, políticos de la mayor relevancia en la historia de la humanidad han sido abogados (algunos de ellos han sido también profesores de derecho, como es el caso de Barack Obama, que durante más de ocho años fue profesor de derecho constitucional en la Universidad de Chicago). Si a un estudiante le llama la atención participar en la vida de un partido político o tomar una postura sobre causas de interés social, debe tener la libertad (o incluso el deber) de hacerlo.  

El derecho es una herramienta para construir mejores comunidades y también mejores ciudadanos. Hay un vínculo estrecho entre los modernos sistema constitucionales y la democracia, de modo que los juristas deben estar atentos al papel social, comunitario o estructural que tiene el derecho y deben ser actores principales en dicha tarea. 

Un buen jurista debe ser antes que nada un buen ciudadano. 


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Filosofía práctica en 20 puntos

Filosofía práctica en 20 puntos

El curso Cómo ser un abogado más productivo: deja atrás la desidia y rinde al 100%, impartido por Miguel Carbonell tiene el objetivo de ayudarte a organizar, planificar y maximizar tu tiempo, sin importar en el campo de especialización al que te dediques, del tipo de clientes que tengas y de la estructura de la organización donde trabajes.

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Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

1. La vida no es justa; hay que hacerla justa luchando cada día sin tregua y sin pausa. 

2. La duda debe ser una actitud constante para quien se enfrenta con un mundo complejo. Ante ella no vale la pena rendirse. Es mejor enfrentar la incertidumbre y dar un pequeño paso cada vez. 

3. Arrastrar odios y rencores es un desperdicio. No afectan en lo más mínimo a nadie, salvo a uno mismo. Vivir libre implica también liberarse de actitudes que suponen un autosabotaje. No pierdas tu tiempo en eso. 

4. Hay que saber fijar las prioridades. La familia debe ser lo primero. Lo segundo es la salud. Todos lo demás es secundario. 

5. Elige bien las batallas que vas a dar. No siempre se gana. Por eso es que hay que luchar por cosas que valgan la pena. 

6. En el mundo abunda la maldad. No eres responsable de ella, pero sí lo eres de todo el bien que pudiste haber hecho y no hiciste.  

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7. Es bueno tener pasión por los debates. Pero no olvides que son solamente eso: palabras que van en direcciones distintas. Los debates no son la realidad, solamente ayudan a entenderla mejor. 

8. Tan pronto como puedas, comienza a ahorrar. Tarde o temprano te hará falta el dinero que puedas haber reunido a lo largo de la vida. 

9. No intentes resistirte a las cosas buenas que tiene la vida. El chocolate, caminar descalzo sobre la hierba o una tarde de lluvia, por ejemplo. 

10. Tus problemas pueden parecer muy grandes, pero no lo serán tanto si los comparas con los problemas de los demás. Por eso es que debes tomar lo que tienes como una gran bendición. Simplemente estar vivo ya es un regalo inigualable. 

11. Aunque haya cosas en tu pasado que te generen incomodidad, no debes permitir que arruinen tu presente. Todos han caído alguna vez; lo que cuenta es levantarse siempre. 

12. Cuando hagas algo que pienses que debe ser secreto, piénsalo dos veces. A lo mejor no te conviene. 

13. No esperes una ocasión especial para hacer las cosas que son realmente importantes en la vida. Cada día puede ser especial si le das la importancia que merece. 

14. Saber perdonar es un síntoma de inteligencia. También lo es saber reírse de uno mismo, cuando la ocasión lo requiere. El exceso de solemnidad aburre. 

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15. Estar bien preparado nunca sobra. Entre la mediocridad y la excelencia no debes dudar nunca, cueste lo que cueste. 

16. En temas relacionados con la felicidad, no dejes a nadie decidir por ti. Nadie es responsable por tu vida, más que tú mismo. 

17. Cuando algo parezca muy urgente e impostergable, pregúntate si lo seguirá siendo dentro de cinco años. Si la respuesta es no, entonces tampoco es urgente e impostergable hoy. 

18. No te dediques solamente a examinar la vida minuto a minuto. La vida hay que vivirla, no analizarla todo el tiempo. 

19. Camina por el mundo dispuesto a aceptar los cambios. Lo interesante de estar vivo es que cada día puedes encontrar cosas nuevas que te pueden hacer crecer. 

20. Puedes tener muchos motivos para la tristeza, pero ninguno debe impedirte que te arregles lo mejor que sepas, que salgas a conocer gente y que te esfuerces por aprender algo nuevo. Esa debe ser una regla para aplicarse cada día. 


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Abogados que saben comunicar

Abogados que saben comunicar

Con el Diplomado en Argumentación Jurídica los alumnos dominarán los aspectos generales de la argumentación, a través de la enseñanza que combina formación teórica con enfoques contemporáneos y análisis de casos prácticos, los alumnos contarán con la preparación suficiente para un ejercicio profesional de excelencia..

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Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

En general para todos los profesionistas, pero sobre todo para los abogados, es indispensable saber comunicar de forma adecuada su pensamiento. No basta con tener muchos conocimientos si no se es capaz de articularlos correctamente, a fin de compartirlos con otras personas. Eso es lo que hacen los abogados postulantes cuando redactan una demanda, los ministerios públicos o fiscales cuando preparan un pliego de consignación, los jueces cuando dictan una sentencia y hasta los notarios cuando redactan una escritura.  

Una adecuada comunicación requiere capacidad de síntesis, claridad en el uso de conceptos, propiedad en el lenguaje (no abusar de tecnicismos, pero tampoco exagerar con el uso de lenguaje coloquial), ordenación correcta de las partes del mensaje que se busca transmitir, etcétera.  

En la actualidad los abogados deben saber expresarse tanto por escrito como de forma oral, ya que cada vez es más amplio el número de materias en las que el paradigma de la litigación oral va tomando gran importancia[1]

Para lograr una buena expresión escrita es necesario que los profesores les pidan a los alumnos que redacten ensayos y textos de distinta naturaleza a lo largo de la carrera. Por ejemplo, pueden pedirles ensayos breves sobre un tema que se haya visto en clase, resúmenes de lecturas que el profesor les encargue, redacción de iniciativas de reforma constitucional o legal, proyectos de sentencia, etcétera. Lo importante es que los alumnos vayan ejercitando su capacidad de redacción desde la carrera y no se esperen hasta el momento de emprender su práctica profesional. 

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En las universidades de Estados Unidos el aprendizaje de una correcta expresión escrita es tan relevante que los alumnos llevan cursos de redacción. No se considera que deba ser algo que corresponda enseñar solamente en la educación preuniversitaria, sino que se refuerzan y profundizan las habilidades de redacción y sintaxis una vez que los estudiantes alcanzan un nivel universitario.  

Esto se debe en alguna medida a las deficiencias con las que llegan los alumnos a los cursos superiores. Muchos de ellos arrastran deficiencias de la educación básica que si no son eliminadas, supondrán un obstáculo considerable para el aprendizaje que deben llevar a cabo en la carrera. Quizá en México se podría valorar la necesidad de impartir algunos cursos semejantes en los primeros semestres de la carrera o bien en cursos de verano que los alumnos pudieran tomar de forma voluntaria para superar sus problemas de expresión escrita. 

Los alumnos deben tener la oportunidad (y la correspondiente obligación) de escribir mucho a lo largo de la carrera. Los profesores deben pedirles informes de lectura, comentarios a sentencias, redacción de escritos procesales (demandas, contestaciones, alegatos, recursos, etcétera). No olvidemos que la escritura requiere de mucha práctica, de modo que cuanto más escriban nuestros alumnos más mejorarán en sus habilidades expresivas. 

Lo que se debe desarrollar en el alumno (y el profesor se los debe recordar permanentemente) son tres cosas principalmente:  

A) una redacción bien organizada, en la que los distintos aspectos tratados en el texto lleven el orden de exposición adecuado;  

B) claridad, ya que no importa lo profundo que pueda parecer o que en efecto sea un texto si resulta incomprensible. La claridad es un requisito indispensable para que cualquier comunicación tenga sentido y pueda cumplir con la meta de lograr transmitir un mensaje; y  

C) capacidad de persuadir, ya que el papel del abogado es siempre (o casi siempre) convencer al lector de que quien está escribiendo tiene la razón. Los abogados normalmente escriben para convencer, para demostrar un punto, para persuadir a un juez o a una autoridad. La capacidad de persuasión y la inteligencia para demostrar la razón que le asiste a uno es algo que siempre se debe tener en cuenta en la enseñanza de la expresión escrita para el caso de los futuros abogados. 

Respecto a la expresión oral, los alumnos también deben ser preparados a lo largo de sus estudios de licenciatura. Para capacitarlos en el sistema de audiencias orales es indispensable que hagan “simulaciones” de juicios en aulas diseñadas con ese propósito. En esas simulaciones los alumnos deben desempeñar los distintos papeles que un abogado adopta en la práctica. Es decir, un día tienen que ser defensores, otro serán jueces y en otro más serán los fiscales. Lo importante es que comprendan el diferente papel que desempeña cada parte y que sepan asumirlo como propio, utilizando las facultades y prerrogativas que les da la ley. 

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Ese tipo de prácticas, además, les irá quitando a los jóvenes estudiantes el llamado “miedo escénico”, que no es otra cosa más que los nervios que todos hemos sentido alguna vez en nuestra vida al hablar en público. No es nada fácil pararse frente a un auditorio (sea grande o pequeño) y hablar; sirve mucho tener práctica, ya que de esa forma se aprende a dominar los nervios[2], a manejar correctamente el tiempo de exposición (para no quedarse corto, pero tampoco excederse), a ordenar los temas que deben exponerse, a hacer “mapas” expositivos que nos puedan ir guiando sin necesidad de leer, etcétera. 

Ahora bien, en esos ejercicios es importante que los profesores suministren retroalimentación a sus alumnos, de modo que les hagan ver en qué aspectos pueden mejorar y cuáles son sus puntos débiles. Incluso se puede propiciar un espacio para que sean sus propios compañeros los que les indiquen a los estudiantes en qué pueden hacerlo mejor o qué partes de sus mensajes deben ser más claras y precisas. Esta retroalimentación es necesaria tanto para mejorar la expresión oral como escrita. 

Hay que tener presente que la capacidad de expresión oral es una de las cualidades que más valoran los empleadores al momento de elegir a quienes ocuparán un puesto de trabajo. La capacidad de hablar articuladamente, de ser claros en su exposición, de lograr una comunicación efectiva, es un elemento que le da muchas ventajas en el campo profesional a los futuros abogados. 


[1]Carbonell, Miguel, Los juicios orales en México, 5ª edición, México, Porrúa, UNAM, RENACE, 2013; Pratt, Carla, Litigación oral, México, Centro Carbonell, 2017. 

[2]Es probable que hablar en público sea una de las actividades que más tensión genera en las personas. Casi nadie se salva de ponerse nervioso cuando le toca exponer y no existen muchas maneras de poder rebajar esa tensión. Lo mejor es tener experiencia previa hablando en público, de forma que uno domine lo más posible el ejercicio expositivo que va a realizar. Para eso sirve mucho haber realizado prácticas a lo largo de la carrera, incluyendo la organización de seminarios y ciclos de conferencias en los que expongan los alumnos, así como ciclos de debate entre ellos sobre temas de interés jurídico común. 


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La nueva docencia jurídica

La nueva docencia jurídica

La intención global a la que aspira esta Licenciatura en Derecho es contribuir a la cultura de la legalidad en México, formando abogados con el más alto nivel de preparación, desarrollando conocimientos y habilidades teórico-prácticas que les permitan participar con éxito en el debate jurídico nacional.

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Miguel Carbonell *

Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

Hay una cuestión previa que no podemos obviar cuando analizamos cualquier tema vinculado con la docencia universitaria: dicha actividad se debe ejercer en un mundo altamente cambiante y dichos cambios tienen una fuerte repercusión en nuestro trabajo como profesores. 

Las nuevas tecnologías, la mayor presencia de internet en los procesos de enseñanza-aprendizaje, las renovadas técnicas de estudio, el perfil de los alumnos y los objetivos del proceso educativo en su conjunto, son factores que exigirán una puesta al día de la forma en la que se imparten clases e incluso del papel que juegan los profesores en el aula.  

© Centro Carbonell Online

Es seguro que, en adelante, tendremos que hacer un trabajo diferente, quizá menos conceptual y más práctico, con una mirada puesta siempre en la forma de argumentar, con mucho análisis de casos, con referencias más directas al derecho internacional, citando precedentes judiciales, tomando en consideración a ciencias sociales distintas al derecho, etcétera.  

Nadie puede negar que, como profesores, nos enfrentamos a enormes retos. Quisiera ofrecer un ejemplo para poner de manifiesto el tamaño del desafío que tenemos enfrente. 

Desde hace unos años las mejores universidades del mundo, comenzando por las de Estados Unidos, han puesto en línea y de forma gratuita, los cursos que imparten sus profesores más destacados. Eso quiere decir que cualquier persona, con independencia del lugar en el que se encuentre y del nivel económico que tenga, puede aprender de esos cursos y de esos profesores si cuenta con acceso a internet. 

De hecho, hay un famoso curso sobre los grandes dilemas de la justicia que imparte el profesor Michael Sandel en la Facultad de Derecho de Harvard que ha sido visto por millones de personas alrededor del planeta. Durante los casi 35 años que Sandel lleva impartiendo el curso es probable que hayan pasado por el aula en la que lo imparte unos 25 mil estudiantes. En los tres primeros años a partir de que lanzó su curso en línea lo vieron 4 millones y medio de veces. Hay una pequeña diferencia[1]

La pregunta que surge en este contexto es la siguiente: ¿por qué si un alumno puede tomar el curso que se imparte en la mejor universidad del mundo, por el profesor más destacado, habría de gastar tiempo y dinero en ir a tomar clase en universidades regulares o con profesores mediocres? ¿qué es lo que hace que los alumnos todavía se inscriban en las universidades en vez de buscar su propia formación mediante los nuevos recursos que hoy en día permite la tecnología? 

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Una visión tradicional responderá a lo anterior señalando que los alumnos lo que buscan es el “papelito”, es decir el título profesional que los acredite como abogados y que les abra la puerta al ejercicio de la profesión. Puede ser, pero si eso es cierto entonces lo más probable es que terminen inclinándose por la opción más rápida y barata para obtener un título. Si esa respuesta es correcta es probable que en el futuro asistamos al surgimiento de “universidades express” en las que el título se obtenga con el menor esfuerzo posible, en muy poco tiempo y al más bajo costo. No es el futuro que muchos de nosotros deseamos para nuestros alumnos y no es el futuro que los ciudadanos desean para los futuros abogados que deberán defender sus derechos. 

¿Cómo seguir siendo relevantes como profesores en el mundo del siglo XXI? ¿Cómo aportar en el aula conocimientos que no se obtienen en internet? ¿Cómo dar clase de forma distinta (¿mejor?) a la de Michael Sandel en Harvard? ¿Cómo formar a jóvenes que han pasado buena parte de su infancia y de su adolescencia pegados a las pantallas de sus computadoras y de sus teléfonos celulares, pero que tienen escasos hábitos de lectura? 

Nadie tiene respuestas únicas o universalmente válidas para las anteriores preguntas. Eso es cierto, pero también es cierto que debemos estar advertidos de lo que puede resultar el peor escenario posible, para que nadie diga no que se lo advirtieron.  

Lo peor que nos puede pasar como profesores es que sigamos dando clase como si el mundo no estuviera cambiando a cada momento. Lo peor que nos puede pasar es que nos neguemos a reconocer el enorme impacto de internet sobre nuestros procesos de aprendizaje social (en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el profesional), que nos sigamos quejando de que los alumnos no quieren leer o no entienden lo que leen sin hacer nada para cambiarlo, que pensemos que las clases se pueden dar como nos las dieron nuestros profesores, que nos basemos en libros obsoletos o que utilicemos los mismos formatos de exámenes que se aplican desde hace décadas. 

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Cuando el mundo está cambiando a gran velocidad en tantos aspectos, la peor actitud es el inmovilismo. Los profesores de derecho tenemos que actualizarnos no solamente para conocer a fondo nuestra materia, sino también para impartirla de la mejor manera posible. 

Los profesores que no se actualicen se van a ir volviendo cada vez más obsoletos. Tendrán alumnos “cautivos” durante unos años más, pero cuando se pongan en funcionamiento de forma masiva las clases en línea y se comiencen a otorgar títulos universitarios a partir de lo que los alumnos aprendan por internet, esos profesores desactualizados se van a quedar hablando solos.  

Quien no entienda lo anterior y se niegue a reconocer la necesidad e incluso la urgencia del cambio, ya está mostrando un alto nivel de obsolescencia. Aquellos profesores que piensen seguir dando clase como la han impartido durante décadas, sin cambiar nada, deben ir preparando sus papeles para la jubilación: no los jubilará la edad o el mero paso de los años, sino su incapacidad de adaptación a los nuevos tiempos. 

La buena noticia, pese a todo, es que esas mismas tecnologías que hoy nos ponen ante el riesgo de convertir nuestro trabajo docente en algo irrelevante, son nuestras mejores aliadas para cambiar y mejorar. El enorme banco de conocimiento que supone internet no es algo que solamente los alumnos puedan aprovechar: es algo que debemos de aprovechar primero nosotros, los profesores. 


[1] Una parte del curso de Harvard ha sido condensado en el libro de Michael Sandel, Justicia. ¿Hacemos lo que debemos?, Madrid, Debate, 2011. 


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Despacho “Carbonell Consultoría Constitucional SC”. 

Despacho “Carbonell Consultoría Constitucional SC”

El curso Plan de negocios para abogados es la mejor guía que puede encontrar para desarrollar un Plan de Negocios, que describa y defina a detalle cómo va a operar, qué estrategias seguir respecto a las finanzas, competencia y publicidad. La planeación a la hora de crear y consolidar una firma de abogados resulta esencial para hacerlas rentables.

¿Quiénes somos? 

A finales del año 2012 un grupo de abogados decidieron poner en común sus conocimientos, su experiencia y su trabajo para conformar un nuevo despacho jurídico, que pudiera atender debidamente los asuntos de asesoría, consultoría y litigio en materia constitucional que abundan en el país. 

Para ese efecto se constituyó el despacho “Carbonell Consultoría Constitucional SC”, cuyo Director General es Miguel Carbonell, especialista en derecho constitucional e investigador de la UNAM, y cuyo Director Ejecutivo es José Carbonell, especialista en asuntos legislativos y de políticas públicas, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. 

¿Qué servicios ofrecemos? 

Desde su formación, el despacho ha enfocado su práctica profesional en el siguiente elenco de asuntos: 

1) Confección de iniciativas de ley y de reformas constitucionales, tanto a nivel federal como local, para legisladores en lo individual, para grupos parlamentarios o para autoridades de los propios Congresos. 

2) Litigio en materia constitucional y administrativa, con dedicación exclusivamente a controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo. 

3) Asesoría para despachos de abogados con el propósito de redactar demandas de amparo o para integrar debidamente los conceptos de violación de las mismas, utilizando las más modernas técnicas en materia de argumentación jurídica y de derechos humanos. 

4) Cursos de capacitación para funcionarios públicos, abogados, estudiantes de derecho y público en general en materia de reforma penal, juicios orales, derechos humanos, derecho a la información, transparencia gubernamental, protección de datos personales, derechos de las mujeres, derecho electoral, etcétera. 

¿Cómo puede contactarnos? 

La vía de contacto principal del despacho es enviando un e-mail a

contacto@miguelcarbonell.me


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Derechos de los animales. Una nota.

Derechos de los animales. Una nota

El Amparo en Revisión 163/2018 es paradigmático en relación a la protección de derechos de animales. En dicho fallo se prohíben las peleas de gallos pues son una actividad en la cual se incita al gallo de combate para dañar o matar de otro gallo, acciones que encuadran dentro del concepto de maltrato. ¿Quieres saber más sobre la protección jurídica de los animales?

Miguel Carbonell <strong><a href="https://miguelcarbonell.me/wp-admin/post.php?post=5586&action=edit#_ftn1">*</a></strong>
Miguel Carbonell *

Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

(Texto del prólogo al libro de Gustavo Larios Velasco, “Los derechos de los animales no humanos”, México, CEC, 2022). 
Mia y Miguel

En el tema de los derechos de los animales no humanos parece que existen posiciones encontradas: de un lado se sitúan sus fervientes defensores y del otro quienes señalan que es un sinsentido hablar de “derechos” en ausencia de ciertas características que, según ellos, solamente tenemos los seres humanos (la autonomía personal y la voluntad para darle sentido y dirección a nuestra existencia, por ejemplo). 

Sin embargo, considero que existe un terreno común en el que (casi) todos podemos ponernos de acuerdo: aquél que indica que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar el sufrimiento de los animales y promover su bienestar. 

A estas alturas ya nadie puede seriamente dudar de la capacidad de sufrimiento de muchos animales y del compromiso moral de los seres humanos de evitarlo. Han quedado atrás las posturas que, incluso desde la filosofía de la Edad Media, negaban que los animales pudieran sentir (como si fueran una especie de piedra o un vegetal). Hoy en día sabemos que los animales tienen sistemas nerviosos muy desarrollados que les permiten comunicarse, decidir cursos de acción diferentes, convivir empáticamente con sus semejantes y también con nosotros en el caso de los animales domésticos. 

Ahora bien, la discusión importante en la actualidad no tiene que ver con lo que durante siglos fue negado a los animales, sino con la manera en la que los tratamos en ámbitos concretos tales como la experimentación científica, el entretenimiento, la agricultura y la provisión de alimentos para consumo humano. 

Tenemos que reconocer, como punto de partida, que en el trato que le hemos dado a los animales venimos de una historia de horrores que nos debería avergonzar profundamente. Decimos que los seres humanos somos seres racionales pero en verdad que nos hemos comportado con los animales como si fuéramos verdaderamente salvajes (o incluso peor: como desalmados y crueles). Es hora de reescribir esta historia de infamia, sufrimiento y desatención.  

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Por fortuna, suman millones las personas que alrededor del mundo entienden y defienden que no se maltrate a los animales, que no se abuse de ellos, que no se les haga sufrir. Son esas personas las que llevan años pidiendo que existan normas jurídicas que protejan a los animales frente a las injusticias históricas que han padecido. Y han triunfado, al menos en parte. 

En efecto, ya tenemos un conjunto de normas jurídicas que señalan claras prohibiciones de maltrato animal, que persiguen hasta penalmente a quienes torturan a los animales y que incluso consideran como un hecho ilícito dejar de alimentarlos, protegerlos frente al mal clima o dejar de proveerles de un lugar seguro para vivir. Gustavo Larios lo explica de manera muy clara en este libro que tenemos el privilegio y el gran honor de poder publicar bajo el sello editorial del Centro Carbonell. 

No hay duda de que todavía nos falta mejorar dicha normatividad y de que hay temas pendientes sobre los que tenemos que seguir insistiendo dada la muy limitada respuesta que han dado nuestros legisladores. Por ejemplo, sería indispensable una restricción severa (llegando hasta una clara prohibición) de todas las actividades de cacería, salvo determinados supuestos para evitar plagas o crecimiento de ciertas especies que pongan en peligro a las demás.  

También deberíamos evitar todos los actos de tortura hacia los animales que actualmente se producen en el terreno de la investigación científica; es obvio que necesitamos que la ciencia siga avanzando y que hay muchos productos que necesitan ser probados antes de que se permita su consumo humano, pero no debemos hacerlo a costa del sufrimiento de millones de animales indefensos.  

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Lo mismo sucede, aunque en proporciones todavía mayores, con la crianza de animales para consumo humano: en una verdadera vergüenza el tratamiento que le damos a las vacas, los pollos, los cerdos y otras especies que hemos hecho crecer desmesuradamente para poder comérnoslas. Si la gente tuviera un mínimo conocimiento de lo que sucede en las granjas de producción industrial de animales dedicados al consumo humano, habría protestas al por mayor y millones de personas reconsiderarían sus hábitos alimenticios. Son pocos los que se preguntan qué ha tenido que suceder para que la comida que llega a nuestra mesa esté a nuestra disposición. Quizá sea un buen momento para plantearnos tales cuestiones.  

Lo que intento decir es que, aunque ya hemos avanzado en el diseño legislativo de normas protectoras de los animales, nos falta seguir pensando en todo aquello que todavía no se ha logrado, que es demasiado. 

Pero del hecho de que tengamos una normatividad protectora de los animales no se desprende que ya automáticamente estén protegidos. Es en la falta de eficacia en lo que tenemos que poner también nuestra atención, puesto que las capacidades institucionales y los recursos necesarios para hacer realidad las normas jurídicas a favor de los animales son claramente insuficientes. 

Para quienes llevamos décadas estudiando los temas alrededor de los derechos humanos, la cuestión de los derechos animales es fascinante. Representa una frontera en la que nos encontramos con los mismos obstáculos que son de sobra conocidos en la historia de la ampliación de las libertades básicas que el constitucionalismo moderno defiende para todas las personas. Durante siglos le fueron negados los derechos a las niñas y los niños, a las personas de color, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los pueblos y comunidades indígenas, a los pacientes, a los adultos mayores. Y sin embargo, hoy en día los ordenamientos jurídicos ya establecen prerrogativas a favor de todos esos grupos históricamente discriminados. Lo mismo va a suceder con los derechos de los animales. 

Eso sí, cuanto más tiempo dejemos pasar, más grande será la ignominia y la vergüenza que caerá sobre nuestras conciencias por el maltrato que infligimos, toleramos o permitimos durante demasiado tiempo. 

Pero además de la trascendencia histórica y el interés actual que genera el tema de los derechos de los animales, el debate alrededor de tales derechos es una enorme oportunidad para que desde el conocimiento jurídico nos cuestionemos algunas instituciones tradicionales, como por ejemplo el derecho de propiedad. ¿Podemos seguir concibiendo a los animales como objetos de nuestra propiedad con los que podemos hacer lo que queramos? Tiene razón Gary Francione cuando afirma que “Si queremos ser congruentes con nuestra afirmación de tomar en consideración los intereses de los animales, entonces no podemos sino concederles un derecho: el derecho a no ser tratados como nuestra propiedad”[1].   

Habrá quienes piensen que, frente a los enormes problemas que tenemos en México, parece una banalidad o incluso una exquisitez estar hablando de los derechos de los animales. Si todavía no hemos podido garantizar ni lo más elemental para los seres humanos, cómo es que nos ocupamos de los derechos de los animales, dirán algunos. Pero me parece que es precisamente al revés: la forma en la que tratamos a los animales nos define como personas. Una sociedad cruel con los animales es una sociedad que no tendrá demasiada consideración por el bienestar humano, sobre todo el que concierne a los grupos más desaventajados.  

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Y por el contrario, una sociedad empeñada en eliminar todo tipo de sufrimiento, sin importar qué ser vivo lo sufra, es una sociedad moralmente desarrollada y que sin duda hará sus mayores esfuerzos por mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Esto significa que la defensa de los derechos de los animales es, en el fondo, una defensa de nuestra propia racionalidad, de nuestra capacidad de prodigar el bien más allá de la especie humana y de nuestro deseo de convivir de la manera más armónica posible con los demás habitantes del planeta.   

Por todo lo anterior es que me parece que la aparición de este libro de Gustavo Larios es una excelente noticia. Ojalá sea muy leído y muy debatido. El enorme compromiso de vida de su autor con la defensa de los animales lo amerita. Vaya hacia él todo nuestro agradecimiento por su esfuerzo y nuestra admiración por hacernos voltear hacia un tema tan relevante y actual.  

Mia

[1] Francione, Gary, “Animales: ¿propiedad o personas”, Teoría y derecho, número 6, Valencia, 2009, p. 31. 


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