Siete consejos para sacarle el máximo provecho a tu tiempo  

Siete consejos para sacarle

el máximo provecho a tu tiempo.

Miguel Carbonell <strong><a href="https://miguelcarbonell.me/wp-admin/post.php?post=5586&action=edit#_ftn1">*</a></strong>
Miguel Carbonell *

Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

Muchas personas viven abrumadas por los pendientes que tienen en el trabajo o en su vida personal. Tal parece que los días se hacen pequeños y que necesitamos más de 24 horas para completar nuestras tareas. Esta sensación es una verdadera epidemia entre profesionales de muchas ramas, en todos los niveles. Desde los taxistas hasta directores de empresas transnacionales luchan por hacer frente a una avalancha de pendientes que se acumulan frente a ellos y que requieren de su escaso tiempo.  

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Si queremos tener éxito profesional es indispensable que sepamos manejar bien nuestro tiempo. ¿Cómo hacerlo? Aquí hay siete consejos que te pueden ser útiles.

1) Lo primero que debemos reconocer es que nuestro tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Nada se compara al tiempo, pues es indispensable para poder realizar cualquier proyecto: si pudiéramos preguntarle a cualquier persona ya fallecida no tendría duda en pedir tiempo de vida, por encima de riqueza, una agenda de contactos o cualquier tipo de bien material. 

Cada día nos regala 1,440 minutos. La forma en la que los vamos a usar depende de nosotros: de que sepamos fijar nuestras prioridades, enfocarnos en ellas y evitar interrupciones que nos impidan conseguir nuestras metas.

Además de reconocer su importancia, debes considerar al tiempo como tu recurso más escaso, por lo cual tienes que tomártelo en serio y no desperdiciar ni un solo minuto.

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2) Una segunda cuestión es que, en orden a aprovechar al máximo el tiempo, debes identificar la tarea más importante que tengas pendiente y hacerla enseguida, tan pronto te despiertes o inmediatamente al llegar a tu lugar de trabajo. Incluso puede tratarse de tareas que no te encanten o que te exijan una dedicación absoluta, pero cuanto antes las hagas es mejor. Lo importante es lo que debe ir primero en tu agenda, pues es probable que no tengas tiempo de realizar todo lo demás.

3) Un tercer consejo es que a cada tarea que tengas debes ponerle fecha de realización. No sirve de mucho hacer listas de pendientes si no tienes junto a ti un calendario y le asignas una fecha concreta en la que cada cosa debe estar lista.

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4) Hay una tendencia casi universal a posponer hasta el último momento nuestros pendientes. Dicha tendencia se llama “procrastinación” y es el monstruo que suele vencer a nuestra deseada y deseable productividad. 

Para derrotarla pueden ser útiles tres cosas: imagina los resultados que obtendrás una vez que hayas realizado tu pendiente (imaginar la sensación de alivio que nos produce el deber cumplido es un gran motivante); comparte la tarea con alguien, ya que el tener un compromiso compartido alienta nuestra disposición psicológica a realizarlo; dirige tu esfuerzo a lograr lo bueno, no lo perfecto (cuando llegues a un nivel de realización para tu proyecto que puedas calificar como bueno, dalo por terminado, sin luchar durante meses o años en lograr algo perfecto, pues eso solamente genera frustración). 

5) Toma en cuenta el llamado “principio de Pareto”, según el cual el 20% de esfuerzo genera el 80% de resultados o de ingresos. Lo que hay que hacer es identificar correctamente ese 20% y enfocarse en ello. 

6) Para sacarle el máximo provecho a tu tiempo y poder estar concentrado en el 20% de tareas que te generan el máximo rendimiento, aprende a delegar. Debes rodearte de personas capaces, que te ayuden a sacar adelante todo lo que no requiera absolutamente de tu tiempo y esfuerzo. Saber delegar es una cualidad de todo ejecutivo exitoso.

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7) Casi todas las personas que quieren aprovechar mejor su tiempo lo hacen porque necesitan aumentar su productividad. Esa es una idea que en países de América Latina urge poner en primera línea de reflexión. Nuestra productividad es de las más bajas del mundo. 

Para aumentarla debemos tomar en consideración que lo productivos que seamos depende solamente de nuestra energía y de nuestra concentración, no del tiempo del que disponemos. Para todas las personas, el día tiene 24 horas. Si hay personas que son más productivas que otras es porque le sacan el mayor provecho a cada minuto. 

Realizar tus pendientes de forma concentrada y con energía es el truco para exprimir el tiempo y hacerlo rendir a tu favor.


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Recomendaciones de la CIDH para la eliminación de la violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes.

Recomendaciones de la CIDH para la eliminación de la violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes.

Diversos estudios han demostrado que en América Latina y el Caribe, las mujeres continúan enfrentando serios desafíos para lograr el pleno respeto y la protección de sus derechos fundamentales, en un contexto de violencia y discriminación estructural contra ellas, que se caracteriza por altas tasas de homicidios por razón de género, desapariciones, acoso y violencia sexual, entre otras formas de violencia. De igual manera, las mujeres continúan enfrentando barreras para acceder a la educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva; a la igualdad de oportunidades de trabajo y condiciones de empleo, en particular, a igual remuneración que sus colegas varones por un trabajo idéntico, y a un lugar de trabajo libre de acoso sexual. Por si fuera poco, el incremento de denuncias de violencia tras el establecimiento de las medidas de confinamiento y de distanciamiento social adoptadas para la contención del contagio del COVID-19 ha arrojado serios números de abuso hacia las mujeres en sus propios hogares, lo que debe ser un fuerte llamado a los Estados para fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género.

Por esta razón la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH, en un esfuerzo conjunto con el gobierno de Canadá como parte de su proyecto “Erradicación de la Violencia y de la Discriminación contra mujeres y niñas en América Latina y en el Caribe” ha publicado las siguientes recomendaciones para que los gobiernos de los países latinos mejoren la atención y calidad de vida de las mujeres y niñas de la región y con ello garantizar sus derechos fundamentales a una vida libre de violencia y de discriminación, tanto en sus dimensiones estructurales como en el contexto de emergencia que vivimos actualmente por la pandemia de COVID-19.

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Según datos de la Organización de Naciones Unidas, una mujer es asesinada cada 2 horas en América Latina. En México, entre el año 2019 y 2020, al menos 1.227 mujeres han desaparecido, mientras que en Colombia cada 30 minutos una mujer es víctima de violencia sexual.

MEDIDAS PARA EL ABORDAJE DE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL CONTRA MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES

• Adoptar un marco legislativo y políticas públicas integrales con perspectiva de género.

• Revisar todas las leyes, políticas, protocolos y demás instrumentos que en su forma o en la práctica puedan resultar discriminatorias.

• Priorizar un enfoque diferenciado e interseccional y con perspectiva de género al adoptar legislación, políticas públicas, programas y mecanismos para remediar hechos de violencia.

• Garantizar espacios de participación plena y activa de mujeres, niñas y adolescentes en la formulación, planificación y ejecución de iniciativas, programas, leyes y políticas dirigidas a la prevención, investigación, sanción y reparación de actos de violencia y discriminación contra ellas.

El sistema interamericano de derechos humanos ha destacado que la violencia basada en género “es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que se perpetúa por la persistencia de actitudes y prácticas discriminatorias hacia las mujeres

MEDIDAS PARA LA ERRADICACIÓN DE ESTEREOTIPOS Y PATRONES SOCIOCULTURALES DISCRIMINATORIOS

• Erradicar los estereotipos de género desde la infancia, y promover la educación con perspectiva de género.

• Reestructurar los estereotipos y conceptos sociales sobre el rol de las mujeres en la sociedad.

• Capacitar regularmente a todo el funcionariado del Estado, en especial a operadores y operadoras de justicia, en los derechos de las mujeres y niñas, según los estándares interamericanos.

• Modificar las condiciones estructurales, las normas sociales y los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres que legitiman y reproducen la violencia y la discriminación contra las mujeres.

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La CIDH ha verificado que los patrones discriminatorios se ven influenciados por un conjunto de valores socioculturales y nociones culturalmente arraigadas que apelan a la supuesta inferioridad de las mujeres frente a los hombres con base en sus diferencias biológicas y a su capacidad y función reproductiva.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO CONTRA MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Recomendaciones en materia de prevención

• Las políticas nacionales de prevención de actos de discriminación y violencia basados en género deben incluir previsiones financieras que aseguren su implementación, así como disponer de un mecanismo de financiamiento definido, estable y suficiente que permita lograr las metas previstas.

• Fortalecer los sistemas de generación y recopilación de datos y de análisis de la información para actualizar el contenido de las políticas. La información debe estar desagregada por categorías adecuadas para identificar los desafíos particulares que afrontan las mujeres, niñas y adolescentes.

Recomendaciones en materia de investigación 

• Diseñar protocolos que faciliten y fomenten la investigación multidisciplinaria efectiva, uniforme y transparente de delitos contra las mujeres, niñas y adolescentes

• Crear y adoptar sistemas y métodos de peritaje especializado para asegurar personal pericial idóneo y sensible que atienda a las víctimas de violencia, en especial aquellas de violencia sexual, de diversas culturas, razas, etnias, edades y niveles económicos.

Recomendaciones en materia de sanción

• Crear instancias especializadas, como Tribunales Especializados, para el tratamiento de delitos contra las mujeres, niñas y adolescentes.

• Abordar y reconocer explícitamente, en virtud del enfoque interseccional, las circunstancias particulares de los distintos grupos de mujeres, sus características sociales, su situación especial de vulnerabilidad, y el alcance del daño en virtud del impacto diferenciado. Las medidas que se tomen para sancionar este tipo de discriminaciones deben tomar en consideración la naturaleza interseccional de la discriminación que buscan combatir y el conjunto de derechos afectados.

Recomendaciones en materia de reparación

• Integrar una vocación transformadora en las reparaciones, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo hacia cambios estructurales que desarticulen aquellos estereotipos y prácticas que perpetúan la discriminación.

• Incorporar perspectiva de género en el diseño e implementación de las reparaciones en beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia, en consideración de sus circunstancias de especial vulnerabilidad.

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El artículo 7(b) de la Convención de Belém do Pará consagra expresamente la obligación de los Estados de actuar con debida diligencia, lo cual incluye cuatro obligaciones: prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las formas de violencia basada en género contra las mujeres, niñas y adolescentes, por todos los medios apropiados y sin dilaciones indebidas.

MEDIDAS PARA EL ACCESO INTEGRAL A LA JUSTICIA Y ATENCIÓN DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

• Crear mecanismos de queja, denuncia y exigibilidad de derechos que sean accesibles geográfica, lingüística y culturalmente para mujeres, niñas y adolescentes. En el caso de las niñas y adolescentes, los mecanismos deben eliminar las formalidades u otras limitaciones y/o exigencias que restrinjan injustificadamente la capacidad de las niñas para acceder a la justicia.

• Diseñar una política estatal integral y coordinada, respaldada con recursos públicos adecuados y disponibles de manera sostenida, para garantizar que las víctimas de violencia y/o sus familiares tengan acceso pleno a una adecuada protección judicial.

• Aplicar protocolos y manuales de atención a víctimas de violencia y de discriminación que incluyan la perspectiva de género e interseccional.

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La CIDH ha identificado una serie de problemas estructurales dentro de los sistemas de justicia que afectan el procesamiento de casos de violencia contra las mujeres. Entre ellos se destacan la ausencia de instancias de la administración de la justicia en zonas rurales, pobres y marginadas; la falta de abogados y abogadas de oficio para las víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD

• Tomar medidas específicas para la protección y reconocimiento de las personas que asumen socialmente tareas de cuidado, formal o informalmente, reconociendo las condiciones sociales desiguales preexistentes y su agudización en momentos de especial exigencia para los sistemas de salud y asistencia social.

• Adoptar protocolos a ser aplicados por las personas trabajadoras del sector salud en el contexto de emergencias sanitarias, como la del COVID-19, e incorporar medidas especiales para su protección y entrenamiento, lo que incluye garantizar sus derechos laborales y de seguridad social.

• Mantener los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la distribución de métodos contraceptivos, la atención prenatal y posnatal, los servicios para prevenir las infecciones de transmisión sexual y aquellos para la interrupción del embarazo dentro de las posibilidades que consagra su orden jurídico.

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Según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), hospitales y centros de salud han informado de una disminución en el número de mujeres, niñas y adolescentes que reciben cuidados críticos de salud sexual y reproductiva, incluso servicios prenatales, servicios de parto seguro y planificación familiar.

MEDIDAS PARA MITIGAR, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO RELACIONADO A LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID-19

• Adoptar medidas estatales de protección urgentes, tales como entrega directa de montos económicos; provisión de alimentos a poblaciones focalizadas; protección del trabajo y salarios; participación en sindicatos y grupos de personas que trabajan en las estrategias de contención; implementación de seguros accesibles de desempleo sin discriminación; identificación y atención de las poblaciones y zonas con inseguridad alimentaria; y generación de campañas de sensibilización social que favorezcan la solidaridad.

• Asegurar la urgente implementación de políticas públicas orientadas específicamente a la protección de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de las personas en situación de pobreza, pobreza extrema y en riesgo de ingresar a dicha situación.

• Reforzar las políticas de seguridad alimentaria y redes de protección social con perspectiva de género, incluidas políticas de renta mínima y de oferta de atención médica enfocada en las necesidades específicas de las mujeres en el combate a la crisis generada por el COVID-19.

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 tendrá dramáticas repercusiones a largo plazo para las mujeres, también en el ámbito socioeconómico, dejando en 2020 a más de 118 millones de mujeres latinoamericanas viviendo en la pobreza, 22% más que el año anterior, y dejará al 15,2% de las mujeres latinoamericanas desempleadas

MEDIDAS PARA ABORDAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19

• Promover campañas masivas de información relativa a los mecanismos disponibles para denuncia y apoyo a mujeres, niñas y adolescentes víctimas o en riesgo de serlo, a través de medios de comunicación y redes sociales.

• Reformular los mecanismos tradicionales de respuesta a la violencia de género, adoptando canales alternativos de comunicación y líneas de atención de emergencia.

• Adecuar las medidas políticas y legislativas de respuesta a la crisis a las necesidades de las mujeres, niñas y adolescentes, considerando los múltiples factores estructurales que perpetúan la discriminación contra ellas e incrementan su situación de riesgo en contextos de emergencia.

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Como señala el Secretario General de la ONU, medidas restrictivas como el confinamiento, aislamiento e inmovilización social han generado obstáculos para que mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia accedan a servicios de protección y atención, muchos de ellos ya sobrecargados, faltos de recursos o incluso interrumpidos antes de la pandemia.

MEDIDAS PARA INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ENFOQUES DIFERENCIADOS EN POLÍTICAS DE CONTENCIÓN DE EMERGENCIAS

• Incorporar la perspectiva de género a partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad como la precariedad económica, la edad, la condición de migrante o desplazada, la condición de discapacidad, la privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación sexual, identidad y/o expresión de género, entre otras.

• Tomar medidas para asegurar que las mujeres indígenas se beneficien de las medidas de protección social y su acceso a servicios de salud, en particular, servicios de salud materna y salud sexual y reproductiva.

• En el caso de mujeres privadas de libertad, evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada a mujeres embarazadas o con niños/niñas a su cargo, al ser consideradas grupo de riesgo de contagio.

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La Comisión observa con preocupación el impacto que las políticas restrictivas de movilidad humana en respuesta a la pandemia puedan tener para la protección integral de los derechos humanos, especialmente mujeres, niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas, indígenas y afrodescendientes de la región, debido a la recesión económica, el incremento del desempleo y el aumento acelerado de la ocupación informal.

Si bien es cierto que muchos países de América Latina como Chile, Perú, Ecuador, México, Argentina entre otros, han emprendido a través del apoyo de sus gobiernos, las asociaciones civiles, las colectivas feministas y de la iniciativa privada, campañas para hacer evidente y sumar en la lucha contra la violencia y el acoso hacia las mujeres, aún queda un largo camino por recorrer en esta lucha que se recrudeció a partir de la pandemia y vino a hacer más evidentes y preocupantes los muchos de los problemas que significa ser mujer en Latinoamérica.

Guía Práctica para la eliminación de la violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes.


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La batalla medioambiental

La batalla medioambiental

El Derecho Constitucional y los Derechos Humanos son el pilar del Centro Carbonell. Durante años, el Dr. Miguel Carbonell y toda la planta docente se han especializado en la doctrina constitucional del Siglo XXI, poniendo énfasis en la interpretación, el razonamiento jurídico y el análisis de sentencias de los tribunales más importantes del mundo.

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Miguel Carbonell *

Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

La reciente conferencia en materia de cambio climático de la ONU celebrada en Glasgow puso de manifiesto varias cuestiones que en un país como México no deberían pasar desapercibidas. La primera y quizá más relevante es que el cambio climático no es una teoría exótica de científicos con demasiado tiempo libre sino una realidad que amenaza el presente y el futuro de la humanidad.

La segunda cuestión de la que vale la pena darnos cuenta es que las consecuencias evaluables en este momento del cambio climático son todavía en alguna medida inciertas, pero sabemos que podrían ser devastadoras para millones de personas alrededor del planeta, además de serlo también para otras especies animales y vegetales.

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Un tercer tema que debemos considerar a partir de la cumbre de Glasgow es que en cuestiones medioambientales debemos aplicar siempre el principio de precaución, que consiste en actuar siempre a favor de la naturaleza cuando tengamos dudas sobre el impacto que puede tener alguna actividad humana. Esto aplica a las construcciones en los litorales, en la explotación de mantos acuíferos, en la necesidad de preservar ciertas especies, etcétera.

Podemos tener incertidumbres racionales sobre si lo que estamos haciendo impactará o no en la naturaleza, pero en ese caso más vale prevenir que lamentar. Ser precavidos es una actitud sensata cuando nos enfrentamos a retos de una dimensión cataclísmica como en el tema del cambio climático

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Otro factor relevante a considerar es que, si queremos asegurar un medio ambiente viable para las generaciones futuras, tenemos que modificar de manera radical las fuentes de energía que nos permiten desarrollar el modelo de vida de cientos de millones de personas en el mundo. Los compromisos hacia un uso intensivo de la electricidad y una disminución de las fuentes más “sucias” pueden tener sentido siempre y cuando las recargas eléctricas a su vez sean generadas mediante fuentes limpias.

Y ahí es donde el papel de México no queda muy claro. Ya se ha apuntado muchísimas veces el contrasentido histórico de construir una refinería en pleno siglo XXI, producto de una visión anacrónica y regresiva por parte de ciertos políticos de nuestro país. Pero además, todo parece indicar que la agenda medioambiental mexicana es bastante precaria, pese al papel central que deberíamos jugar como un país con amplios litorales y con una posición importante en materia de biodiversidad. En Glasgow aparecieron si acaso los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no se escuchó demasiado a las autoridades de la Secretaría encargada precisamente de los temas medioambientales. A nivel interno el papel de dicha Secretaría ha sido simbólico o de plano inexistente: quizá hagan muchas cosas, pero de casi nada nos hemos enterado.

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Tal parece que en la agenda gubernamental están proyectos de supuesto “desarrollo” de infraestructura (un tren, una refinería, un aeropuerto), pero muy pocos en materia de protección del ambiente, más allá del programa de siembra de árboles (el cual, según algunas evaluaciones internacionales, ha producido resultados bastante cuestionables).

En todo caso, vale la pena hacer un llamado al compromiso también de las empresas para lograr los objetivos medioambientales de mediano y largo plazo. Aunque los poderes públicos pueden determinar una agenda de cambio en este tema, al final las soluciones de fondo deberán provenir del sector empresarial y de la capacidad de inventiva de los emprendedores, que ya están buscando nuevas y más seguras formas de generación de energía.

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No es una buena noticia que en México el gobierno esté en no muy buenos términos con el empresariado y de plano en guerra contra las empresas transnacionales que generan energía de fuentes alternativas (como la energía solar o la eólica). Un gobierno que apuesta por construir una refinería pero que hace lo posible para impedir las inversiones en parques eólicos o propone prohibir a nivel constitucional el autoabasto de electricidad no puede llamarse un gobierno pro ambientalista. Que ese gobierno tenga el apoyo parlamentario de un partido político que, supuestamente, es “verde y ecologista” supone una cruel paradójica e implica una burla grotesca hacia los ciudadanos que votaron a ese “partido-negocio”.

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Glasgow debe suponer una llamada potente de atención. No debemos dejar pasar la oportunidad de hacer los cambios necesarios para que las siguientes generaciones de seres humanos puedan seguir disfrutando de las muchas maravillas que nos ofrece el planeta. Nuestra tarea es preservarlo para esas generaciones, en vez de actuar de manera irresponsable y agotar los recursos naturales que deben ser compartidos intergeneracionalmente. Estamos a tiempo todavía, pero el reloj avanza implacable. No nos demoremos.


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El derecho a la información

El derecho a la información

La distancia ya no es obstáculo para seguir aprendiendo y obtener formación académica de calidad. El desarrollo tecnológico permite que aquellas personas que por diversos motivos no podían acudir físicamente a un aula a tomar clases presenciales bajo la conducción de un docente, puedan acceder a contenidos de calidad en relación a su interés profesional. 

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Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

Por medio de una serie de reformas de los años 1977, 2007 y 2014 se fue incorporando de manera paulatina el derecho a la información en el texto del artículo 6 constitucional. Hoy la regulación de ese derecho es bastante amplia y abarca tanto cuestiones sustantivas, como  procesales y organizativas del sistema de garantía del derecho en cuestión. 

El derecho de acceso a la información supone la facultad de toda persona de acceder a toda la información que esté en posesión de cualquier órgano público, sea cual sea la modalidad administrativa de ese órgano, y con independencia del nivel de gobierno en el que se inserte; a partir de una reforma constitucional de 2014 se agregan como sujetos obligados a los partidos políticos, los sindicatos y las personas físicas o jurídicas que reciban recursos públicos.  

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De hecho, desde una visión proactiva, las dependencias gubernamentales y demás sujetos obligados no se tendrían que esperar a que les pidieran la información, sino que deberían ponerla a disposición de manera oficiosa, mediante el uso de las nuevas tecnologías.  

El derecho a la información tiene, en relación con el Estado, un doble componente. De una parte, se trata de que el Estado se abstenga de impedir la búsqueda o difusión de informaciones por parte de los particulares; este sería su contenido pasivo. Sobre este aspecto Ignacio Villaverde apunta que “En lo que concierne al derecho de libertad (de información) es obvio que el mandato es de abstención. El Estado debe eludir cualquier tipo de acción u omisión que implique una injerencia en o impida la recepción de información… Por tanto, se viola ese deber de abstención por el Estado tanto si condiciona el acceso a cierta información como si lo hace del uso de determinados medios de difusión para recibirla, siempre que tal condición no se especifique en una norma legal”1.  

En este aspecto, el derecho a la información puede considerarse como una especie de la más amplia libertad de expresión. Recordemos que uno de los aspectos de esa libertad es justamente la posibilidad de allegarse de información (tal como lo expresa de manera bastante adecuada el segundo párrafo del artículo 6 de nuestra Carta Magna, en el cual por cierto se hace referencia al carácter plural y oportuno de la información). Desde este punto de vista, el derecho a la información tendría un valor instrumental para la libertad de expresión. Mediante el acceso a la información la persona maximiza su autonomía, al tener acceso a una amplia diversidad de datos, opiniones, posturas académicas, posiciones filosóficas, etcétera2

Por otra parte, el Estado tiene la obligación, de carácter positivo, de aportar información, garantizando –como dice el texto constitucional- la efectiva realización de ese derecho. En este aspecto, que se podría denominar contenido activo del derecho a la información, el Estado debe, entre otras cuestiones, promover “el acceso libre e igual a la información, remover los obstáculos que se interpongan en este acceso y facilitar la participación de los individuos en el ámbito de lo público a través de su adecuada información”3

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El derecho a la información tiene una gran importancia para cualquier régimen democrático. Una de las notas características de los sistemas autoritarios o dictatoriales siempre ha sido el ejercer el poder en secreto, de forma que el pueblo no solo no tuviera ninguna participación en el gobierno sino que incluso, hasta donde fuera posible, no tuviera ningún conocimiento de lo que hacían sus gobernantes. Por el contrario, la democracia es por excelencia la forma de gobierno basada en lo público, concepto que se desarrolla desde el momento de elegir a los gobernantes (por medio de sistemas electorales públicos y no secretos, como es obvio) hasta las vías a través de las que se pueden tomar las decisiones (la publicidad de los debates parlamentarios es una regla indiscutida de la democracia). 

En un sistema democrático, la información tiene un valor por sí misma, con independencia de que se le pueda o no relacionar con algún derecho fundamental (como por ejemplo con la libertad de expresión, como ya se ha mencionado). A partir de ese valor autónomo, la información se suma a los bienes jurídicos intangibles que, como sucede con la propiedad intelectual, las patentes industriales o las marcas, comienzan a ser tutelados por el ordenamiento jurídico a partir del siglo XX (particularmente desde los años 50)4

En este contexto, la información da lugar a un derecho individual, como instrumento de realización de la libertad de expresión en primer lugar y luego como un derecho de carácter autónomo que se reconoce a partir de valor intrínseco de la información misma. Pero la posibilidad de tener acceso a la información tiene también una dimensión colectiva en tanto que la información es un bien público5.  

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La información es una de las bases para el ejercicio democrático del poder, basado en la publicidad de los actos del gobierno y en la transparencia de la administración. Como lo señala Roberto Saba, “Dar poder al pueblo para que decida cuestiones públicas directa o indirectamente sin darle la posibilidad de conocer toda la información necesaria para decidir, conduce a un proceso de toma de decisiones imperfecto que puede arrojar resultados fuertemente dañinos para la comunidad… El derecho a la información es, en consecuencia, una precondición del sistema democrático y del ejercicio de la participación política de la ciudadanía”6

La fracción I del apartado A del artículo 6 de la Constitución mexicana contempla un principio de la mayor relevancia práctica para hacer efectivo el derecho de acceso a la información: el principio de máxima publicidad. Podríamos decir que se trata de una especie del principio general pro persona que rige para todos los derechos humanos, en este caso aplicable de manera específica al derecho de acceso a la información. 

El principio de máxima publicidad, tal como lo ha explicado Sergio López Ayllón, tiene tres consecuencias concretas7

A) Dado que la regla general es permitir el acceso a la información y lograr la máxima publicidad, las excepciones deben ser interpretadas de manera restrictiva; 

B) Las decisiones que nieguen el acceso a la información deben estar puntualmente motivadas y razonadas, en referencia a circunstancias específicas que demuestren una afectación a un bien jurídico relevante en caso de que la información se entregue a quien la solicite; y 

C) En caso de duda razonable sobre el carácter reservado o confidencial de alguna información, se debe privilegiar su divulgación, generándose (si fuera el caso) una versión pública en la que se protejan los datos personales. 

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Respecto al principio de máxima publicidad la Suprema Corte tuvo que dilucidar el planteamiento que le formuló una quejosa en los siguientes términos: “La presunción de máxima publicidad constituye el núcleo del derecho de acceso a la información. Si bien existen excepciones que deberán establecerse de conformidad con los requisitos internacionales, el Estado siempre debe entregar información. No respetar el principio de máxima publicidad tiene como consecuencia la violación al derecho de acceso a la información, ya que el Estado, en vez de maximizar la adquisición y flujo de información de todos los ciudadanos, estaría optando por la secrecía y la opacidad” (sentencia del Amparo en Revisión 453/2015, párrafo 27, inciso D). En dicha sentencia se debatía sobre el acceso a la información que estaba en las entonces llamadas averiguaciones previas, cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos (en el caso concreto se analizaban solicitudes de acceso a la información relativas a la masacre de 72 migrantes en el poblado de San Fernando, Tamaulipas). 

Además del principio de máxima publicidad, el artículo 6 contempla otros dos principios de gran relevancia para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública: la obligación de los sujetos obligados de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones (esto es importante para evitar que las solicitudes de acceso a la información se contesten en el sentido de que no existe el documento que se está solicitando) y la idea de que no se requiere acreditar interés alguno o justificar la utilización que se le va a dar a la información para poder solicitarla (lo cual implica que ningún servidor público puede exigir que nos identifiquemos para solicitar cualquier información que tenga en su poder o que le expliquemos qué uso le vamos a dar a la misma). 

Es importante señalar que no toda información que esté en posesión de algún órgano público puede ser dada a conocer. No lo será la llamada información reservada (la cual, como su nombre lo indica, se “reserva” durante algún tiempo, para resguardar bienes relevantes por razones de interés público o para preservar la seguridad nacional, por ejemplo), ni tampoco se puede dar a conocer la llamada información confidencial, que es la que hace referencia a cuestiones como el secreto comercial, industrial, bancario, fiduciario o en general cuando la información se refiera a los datos personales (que están protegidos adicionalmente por el artículo 16 párrafo segundo de la propia Constitución mexicana). 

La Corte Interamericana, en un caso emblemático sobre el derecho de acceso a la información, ha sostenido que las restricciones en el acceso a la información está sujetas a una reserva de ley, la cual impide que quede al arbitrio de las autoridades qué información se da a conocer y qué otra se considera de acceso restringido o prohibido (Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, párrafo 89). 

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El artículo 6 también se refiere a la institucionalidad que se encarga de garantizar el derecho de acceso a la información. El organismo garante a nivel federal se integra por siete miembros y tiene competencia para conocer de asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales (en otros países estas dos funciones se encuentran separadas y se le asignan a organismos diferentes), así como de los recursos de revisión que se interpongan contra las determinaciones que, en la materia, dicten los organismos garantes de las entidades federativas (cuya base constitucional expresa se encuentra en los artículos 116 y 122). Además de sus integrantes, el órgano garante cuenta con un Consejo Consultivo integrado por 10 personas. 

El derecho de acceso a la información supone una poderosa palanca de control ciudadano hacia los órganos públicos, así como una herramienta para potencializar la autonomía de las personas, puesto que contando con más y mejor información, se pueden tomar con fundamento las decisiones que afectan nuestra calidad de vida. 


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Defender la inocencia

Defender la inocencia

El Dr. Miguel Carbonell y toda la planta docente del Centro Carbonell han dedicado años a la especialización del derecho constitucional y los derechos humanos. Por eso, por primera vez se abre una oportunidad única para estudiar desde tu casa u oficina con los mejores maestros la doctrina constitucional más avanzada, más robusta y más visionaria. En diciembre arranca la generación en línea en directo de la Maestría en Derecho constitucional y Derechos Humanos, el programa académico más ambicioso del Centro Carbonell.

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Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

Hace unos días el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la prisión preventiva que se dicta con carácter oficioso en el caso de delitos fiscales, contrabando, expedición de comprobantes fiscales falsos, operaciones simuladas, etcétera. 

Como reacción a dicha sentencia de la Corte, hubo quienes afirmaron falsamente que ya no se podía privar de su libertad a personas que se habían enriquecido de manera notable por la presunta comisión de tales delitos. Eso lo afirmaron personajes tan relevantes como el Presidente de la República o algunos integrantes del Senado. Es patente, de nuevo, que no cuentan con buena asesoría jurídica o que simplemente no le preguntan a sus asesores legales antes de comenzar a hablar, ya que tales afirmaciones son del todo incorrectas. 

Lo que la Corte declaró inconstitucional es que la medida de prisión preventiva se imponga “en automático”, sin que se le requiera al Ministerio Público acreditar su necesidad o sin que exista una argumentación jurídica que sirva para entender las razones por las que se solicita y por las que se impone. 

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La figura de la prisión preventiva consiste en privar de su libertad a una persona mientras enfrenta un proceso penal para asegurar que no se dará a la fuga, que no destruirá pruebas o que no pondrá en riesgo el normal desarrollo del proceso penal. ¿Es mucho pedir que se justifiquen tales motivos para que se imponga la medida, en vez de darle una especie de cheque en blanco al Ministerio Público para que haga su acusación y enseguida (sin mayor debate) se mande a una persona que se presume inocente a dormir a un reclusorio?  

En la reflexión de los integrantes del Tribunal Pleno de la Corte asomó un enfoque que merece ser profundizado en próximas sentencias: hay elementos de la Constitución mexicana que chocan con tratados internacionales de derechos humanos firmados por México. ¿Qué deben hacer los jueces en ese caso?, ¿se puede dejar de aplicar la Constitución y favorecer una interpretación favorable a los derechos humanos (la llamada técnica de interpretación “pro persona”, por ejemplo)?, ¿se puede considerar inconvencional a la Constitución mexicana para el efecto de que nuestra Suprema Corte haga la declaración correspondiente? 

Los legisladores que, desde su completa ignorancia jurídica, se pronunciaron en contra del criterio de la Corte harían bien en ejercer sus facultades para asegurarse que nuestra Carta Magna sea compatible con los compromisos internacionales que ha asumido México como nación soberana y que debemos cumplir de manera puntual. Recordemos que en el sistema interamericano de derechos humanos existen varios procedimientos en curso en los que se cuestionan figuras reconocidas constitucionalmente en nuestro país, como el arraigo del artículo 16 constitucional o la propia figura de la prisión preventiva oficiosa. Lo más probable es que la Corte Interamericana nos exhiba como un país que, por mandato constitucional, viola los derechos humanos. Será una enorme vergüenza internacional si eso llega a suceder. 

En el fondo del debate que se dio en la Suprema Corte hay un elemento central que no debemos olvidar: todas las personas, ricas o pobres, personas acusadas incluso de los peores crímenes, son inocentes hasta que se les declare culpables luego de haberse seguido un proceso judicial en el que hayan tenido la oportunidad de defenderse, aportar pruebas, formular alegatos e interponer todos los recursos previstos por las leyes. La responsabilidad penal no surge por la mera acusación que se haga contra una persona ni por lo que de ella digan en las redes sociales o en los medios de comunicación. 

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La presunción de inocencia es una regla civilizatoria que mucha gente sigue sin entender, pero que supone la obligación de darle un trato digno y respetuoso a las personas que enfrentan un proceso penal. Es una forma de protegernos a todos frente a las tentaciones autoritarias que conlleva el poder penal que detenta el Estado. Por eso nadie debería olvidarlo: proteger la inocencia es ponernos a resguardo de la arbitrariedad con la que, a lo largo de la historia, se ha utilizado el poder punitivo de castigar. 

Se equivocan quienes piensan que, de esa forma, se fomenta la impunidad. Por el contrario, nada genera más impunidad que un poder penal que se desentiende de la presunción de inocencia y que encarcela a las personas sin aportar justificación alguna para hacerlo. Por fortuna, la Suprema Corte nos lo acaba de recordar y nadie debería olvidarlo. 


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La regresión constitucional

La regresión constitucional

El Dr. Miguel Carbonell y toda la planta docente del Centro Carbonell han dedicado años a la especialización del derecho constitucional y los derechos humanos. Por eso, por primera vez se abre una oportunidad única para estudiar desde tu casa u oficina con los mejores maestros la doctrina constitucional más avanzada, más robusta y más visionaria.

Miguel Carbonell <strong><a href="https://miguelcarbonell.me/wp-admin/post.php?post=5586&action=edit#_ftn1">*</a></strong>
Miguel Carbonell *

Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

La iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico que fue presentada hace unos días por el Presidente de la República es extraordinariamente peligrosa. De ser aprobada en sus términos, significaría una vuelta enorme al pasado e implicaría un “cuello de botella constitucional” para el futuro del país, ya que estaría enviando un mensaje extraordinariamente negativo para quienes quisieran invertir en territorio nacional. 

La iniciativa tiene detalles tan extraños como señalar un específico porcentaje de generación eléctrica que debe estar a cargo del Estado (el 54%, para ser precisos) y el resto podrá estar a cargo de los particulares (un 46%). ¿Podría el autor de la iniciativa o sus asesores indicarnos una sola Constitución en el mundo que se refiera a aspectos tan puntuales, más propios si acaso de una ley o quizá incluso de un reglamento, pero nunca de un texto constitucional? 

Ya en diversos espacios se han señalado los afanes regresivos de la iniciativa al pretender borrar del mapa a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o la absorción por parte de la CFE del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Se trata de órganos del Estado mexicano que han tenido y siguen teniendo un importante papel regulador de los mercados energéticos. Ahora López Obrador proponer entregarle una plenitud de facultades (monopólicos, de hecho) a la CFE de Manuel Barlett.   
La iniciativa propone que el Estado (es decir, el gobierno federal) tenga el monopolio en la explotación del litio. La idea puede sonar atractiva, pero se requiere un análisis profundo y una discusión de expertos sobre su viabilidad, sobre sus alcances y sobre si se trata de algo positivo para el país. Los monopolios públicos, salvo excepciones obvias como la emisión de moneda, la administración de las adunas o la defensa nacional, no suelen dar buenos resultados. Esta parte de la iniciativa parece más una ocurrencia que otra cosa. 

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La iniciativa propone la desaparición de los contratos de autoabasto, que habían dado buen resultado en ciertos sectores de la economía, a los que CFE no siempre les daba el servicio de calidad y a buen precio que requerían para ser competitivos internacionalmente. 

En el artículo transitorio segundo inciso A la iniciativa literalmente dice: “Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado se cancelan….”. Así de drástico, así de peligroso. Y el transitorio cuarto pone en clara subordinación al sector privado al señalar que: “La participación en la generación eléctrica del sector privado, se sujetará a la planeación y control de la Comisión Federal de Electricidad”: o sea, todos al servicio de Bartlett, por increíble que parezca. Esos artículos transitorios pueden tener rasgos expropiatorios (y en ningún lado se habla de asumir las correspondientes indemnizaciones) y evidentemente cancelan por mandato constitucional relaciones contractuales que tienen una vigencia determinada, lo cual pueden considerarse como una aplicación retroactiva de la norma. 

La iniciativa pinta de cuerpo entero al gobierno y, en caso de ser aprobada, nos regresaría varias décadas hacia el pasado. Se trata de un manotazo en la mesa para liquidar la participación privada en el sector eléctrico y abrir un rumbo de estatalización total de la energía en el país, incluso generando un costo mayor para los consumidores. Quizá quien puso su firma en la iniciativa no la leyó con cuidado o tal vez no ha entendido a cabalidad su alcance dado que no es experto en el tema, pero desde luego que la permitió y la está avalando. Su autoría real sin duda alguna proviene del sector radical del gobierno de la 4T y seguramente no será bien vista por personas más moderadas como Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Tatiana Clouthier o Claudia Sheinbaum. La primera definición de la viabilidad de la iniciativa se dará al interior del gobierno, de forma expresa o solapada, teniendo la mirada puesta en lo que el próximo Presidente o Presidenta heredará al tomar posesión en 2024.  

En su trámite ante el Congreso la decisión dependerá de los votos del PRI en ambas Cámaras. No será una decisión fácil para los integrantes de sus respectivos grupos parlamentarios. La sociedad civil deberá estar atenta a las definiciones que cada legislador tome, para no dejar impune un voto en contra del país, de la economía nacional y del futuro de la Nación. 


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El Derecho a la Salud

El Derecho a la Salud

Los casos más comunes de malpraxis médica conllevan responsabilidades jurídicas de tipo civil y de tipo administrativa. Hoy en día se han presentado casos que implican acciones u omisiones de médicos y personal de enfermería, pero también responsabilidad patrimonial del Estado hacia hospitales públicos y privados. Si como abogado o médico estás interesado en conocer los conceptos y requisitos para iniciar un procedimiento de esta naturaleza, o para solicitar una reparación integral del daño, este curso te servirá

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Miguel Carbonell *

Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

Una Propuesta Para México

Más allá del aspecto normativo, la salud es una dimensión fundamental para explicar el bienestar de los seres humanos, así como un componente determinante del desarrollo económico, ya que es un elemento inseparable del capital humano.


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Casos ante el SIDH en materia de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes

Casos ante el SIDH en materia de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes

¿Qué hacer para parar la violencia contra las mujeres? Un primer paso es conociendo las herramientas jurídicas y psicológicas para alzar la voz y denunciar las acciones o hechos que vulneran sus derechos. Hemos preparado un curso de 6 horas con el abordaje de estos aspectos necesarios para el empoderamiento de las mujeres y de las personas que sufren o han sufrido violencia.

Casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, resueltos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 

Caso 11.625, Informe de Fondo No. 4/01, María Eugenia Morales de Sierra (Guatemala) 

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Cuando se presentó la petición a la Comisión Interamericana, los artículos 109, 110, 113, 114, 115, 131, 133, 255 y 317 del Código Civil de la República de Guatemala definían el papel de cada cónyuge en el matrimonio. Esas normas daban lugar a distinciones discriminatorias con respecto a las mujeres casadas, como María Eugenia Morales de Sierra.

La Comisión señaló que esos nueve artículos del Código Civil institucionalizaban desequilibrios en los derechos y los deberes de los cónyuges, ya que establecían “una situación de dependencia de jure para la esposa y creaban un desequilibrio incorregible en la autoridad de los esposos dentro del matrimonio” y aplicaban “conceptos estereotipados de las funciones de la mujer y del hombre que perpetúan una discriminación de facto contra la mujer en la esfera familiar y que tienen el efecto ulterior de dificultar la capacidad de los hombres para desarrollar plenamente sus papeles dentro del matrimonio y de la familia”. La CIDH agregó que dichos artículos hacían depender el derecho de la mujer a trabajar del consentimiento de su esposo y negaban a la mujer el derecho equitativo a buscar empleo y beneficiarse de la mayor autodeterminación que ello comporta.

Caso 11.565, Informe de Fondo No. 53/01, Ana, Beatriz y Celia González Pérez (México) 

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El 4 de junio de 1994, un grupo de militares detuvo a Ana, Beatriz y Celia González Pérez y a su madre, Delia Pérez de González, en el estado de Chiapas para interrogarlas. Las cuatro mujeres permanecieron detenidas durante dos horas, aproximadamente. Durante ese lapso, las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas varias veces por los militares. El 30 de junio de 1994, se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal. El expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994, pero posteriormente fue archivado.

Para declarar la responsabilidad del Estado Mexicano en el Informe de Fondo No. 53/01, la Comisión aplicó la norma interamericana relativa al deber de los Estados de actuar con debida diligencia en el contexto de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes. En ese sentido, la Comisión señaló que el Estado había incumplido su obligación de prevenir, investigar y sancionar la violación de los derechos amparados en la Convención Americana. Las decisiones en los casos de Raquel Martín de Mejía y Ana, Beatriz y Celia González Pérez representaron la primera vez que la CIDH abordó el concepto de violencia sexual como forma de tortura y el acceso de las víctimas a la justicia en el sistema de casos individuales. 

Caso 12.051, Informe de Fondo No. 54/01, Maria da Penha Maia Fernandes (Brasil) 

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El 29 de mayo de 1983, la señora María da Penha Maia Fernandes fue víctima en su domicilio en Fortaleza, estado de Ceará (Brasil), de un intento de homicidio por su entonces esposo, quien le disparó mientras ella dormía. Ese ataque fue la culminación de una serie de agresiones de parte de él durante su vida matrimonial. Como consecuencia de esta agresión, la señora da Penha fue herida de gravedad, tuvo que ser sometida a numerosas operaciones y sufre de paraplejia irreversible y otros traumas físicos y psicológicos. En la fecha en que se presentó la petición a la CIDH, el Estado brasileño no había tomado medidas para enjuiciar y sancionar al exmarido de la señora da Penha, a pesar de que ella había denunciado los incidentes a las autoridades. 

En el Informe de Fondo No. 54/01, publicado el 16 de abril de 2001, la Comisión aplicó la Convención de Belém do Pará por primera vez y determinó que el Estado brasileño no había actuado con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica, ya que, durante 17 años, no había condenado o sancionado al autor de los actos de la violencia perpetrados contra la señora da Penha. La Comisión declaró enfáticamente que la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia no se limitaba a la obligación de juzgar y condenar al responsable, sino que abarcaba la obligación de prevenir estas prácticas degradantes. Asimismo, determinó que se habían violado los artículos 8 y 25 de la Convención Americana porque habían transcurrido más de 17 años desde el inicio de la investigación y el proceso contra el acusado seguía pendiente, sin que se hubiera dictado sentencia definitiva. 

Caso 12.626, Informe de Fondo No. 80/11, Jessica Lenahan (Gonzales) (Estados Unidos) 

Pese a que se había dictado una orden de protección contra Simon Gonzales, exmarido de Jessica Lenahan y padre de sus tres hijas menores de edad, Estados Unidos no protegió a la señora Lenahan y a sus hijas de actos de violencia doméstica. La señora Lenahan llamó varias veces a la policía en las primeras horas de la noche del 22 de junio de 1999 para denunciar que su exmarido había infringido la orden de protección y se había llevado a sus tres hijas, pero la policía no tomó medidas razonables para hacer cumplir la orden. En consecuencia, las tres hijas mejores fueron encontradas muertas a tiros en la parte trasera de la camioneta de su padre tras un tiroteo con la policía local. 

En el Informe de Fondo No. 80/11, publicado el 21 de julio de 2011, la CIDH se pronunció por primera vez sobre el tema de la discriminación contra las mujeres en el marco de la Declaración Americana y su estrecho vínculo con el problema de la violencia contra las mujeres. La Comisión abordó el derecho de las víctimas a la protección judicial de acuerdo con el artículo XVIII de la Declaración y explicó que este artículo garantiza el derecho a la investigación y la aclaración de los hechos. En vista de que no se había hecho una investigación adecuada y diligente de la muerte de las niñas y de que habían transcurrido más de once años sin que se aclararan la causa, el lugar y la hora de su muerte, determinó que se había violado el derecho a la protección judicial. 

Caso 12.551, Informe de Fondo No. 51/13, Paloma Angélica Escobar Ledezma y otros (México) 

El 2 de marzo de 2002, Paloma Angélica Escobar salió de su casa para ir a la escuela en la ciudad de Chihuahua y no volvió a ser vista hasta que se descubrió su cadáver el 29 de marzo de 2002. El Estado no hizo una investigación oportuna, inmediata, seria e imparcial de su desaparición. En el momento en que se presentó la petición a la CIDH, el caso seguía en la impunidad. 

Para declarar la responsabilidad del Estado mexicano en este caso, la Comisión aplicó la norma relativa al deber mayor de protección y debida diligencia en contextos de violencia contra las mujeres, en particular en lo que se refiere a desapariciones y femicidios. Asimismo, se refirió al deber mayor del Estado de proteger a las niñas en casos de violencia y violación y reiteró que, de acuerdo con la Convención de Belém do Pará, la obligación de actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres. Por lo tanto, los Estados deben investigar con una perspectiva de género. La CIDH recalcó que, en lo que respecta a las niñas, los Estados deben tener en cuenta que algunos factores relacionados con su edad y su desarrollo las exponen más a ciertas formas de violencia que a las mujeres adultas. 

Caso 11.656, Informe de Fondo No. 122/18, Marta Lucía Álvarez Giraldo (Colombia) 

En 1994, Marta Lucía Álvarez, quien se encontraba privada de libertad, solicitó una visita íntima con su pareja del mismo sexo, la cual fue denegada por la Dirección de la Reclusión de Mujeres de Pereira porque la Resolución 5889/93, que reglamentaba el derecho a las visitas conyugales en los centros de reclusión, se refería exclusivamente a visitas entre un hombre y una mujer. Además, la Dirección señaló que permitir una visita íntima entre dos personas del mismo sexo representaba una amenaza para la seguridad del establecimiento penitenciario debido al riesgo de que el visitante suplantara al recluso. 

En el Informe de Fondo No. 122/18, publicado el 5 de octubre de 2018, la Comisión señaló que la denegación del derecho de la señora Álvarez a una visita íntima constituía un trato discriminatorio basado en su orientación sexual y, por consiguiente, declaró que el Estado colombiano era responsable de violaciones del derecho de igualdad ante la ley. Determinó asimismo que el Estado había tolerado el trato discriminatorio contra la señora Álvarez tanto de parte de las autoridades carcelarias como de las autoridades judiciales, el cual interfirió de forma desproporcionada e injustificada en su vida privada. Por último, la Comisión consideró que las autoridades judiciales que habían ratificado la denegación de las solicitudes de visitas íntimas efectuadas por la señora Álvarez habían violado su derecho de acceso a la justicia al no garantizarle una audiencia o un proceso imparcial. 


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Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ocupa de una gran variedad de temas del catálogo de derechos que se han sometido al conocimiento de los organismos que lo integran. Estas publicaciones son difundidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.


Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.


Los procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


El trámite de casos individuales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales ante el Sistema Interamericano.


Los derechos humanos de las mujeres en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Los derechos de las niñas y los niños en el Derecho Internacional, con especial atención al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.


Derechos de los migrantes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.


El derecho a defender los derechos: la protección a defensoras y defensores de derechos humanos en el Sistema Interamericano.


Los derechos humanos de los miembros de comunidades indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.


Libertad de expresión y derecho de acceso a la información en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.


La Convención Americana sobre derechos Humanos. Reflexiones generales.


El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


El derecho a participar directamente en la toma de decisiones sobre asuntos públicos como mecanismo para la protección ambiental.


Estándares de las medidas provisionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


La evolución de la “reparación integral” en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


La responsabilidad internacional de los Estados derivada de la conducta de particulares o non-State actors conforme al Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.


Los derechos sexuales y reproductivos: estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.


¿Superposición de las reparaciones otorgadas por comisiones de la verdad y tribunales regionales de derechos humanos? Una aproximación a la realidad interamericana.


La interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: una revisión desde la fragmentación del derecho internacional.


Expulsión de extranjeros y derecho de asilo en el Sistema Interamericano.


La pena de muerte en el Sistema Interamericano: aproximación jurídica-filosófica.


Decisión emblemática en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.


Guía de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


La igualdad y no discriminación en el derecho interamericano de los derechos humanos.


La jurisprudencia de excepciones preliminares en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Criterios de la Corte Interamericana sobre la interpretación de los derechos humanos a la luz del derecho internacional humanitario.


Las garantías judiciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.


La protección de los derechos de las personas con discapacidad en instituciones psiquiátricas, a la luz de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.


La prueba en la función jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


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Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la discoteca New’s Divine

Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la discoteca New’s Divine

Amparo directo 16/2015

La tarde del 20 de junio de 2008, 12 personas murieron por asfixia luego de un operativo en la discoteca New’s Divine en la delegación Gustavo A. Madero.


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