Sobre el origen de los derechos humanos: una breve nota

Sobre el origen de los derechos humanos: una breve nota

Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell

El origen de los derechos humanos puede ser analizado desde dos puntos de vista: uno filosófico o teórico y otro normativo o jurídico.

Desde el punto de vista filosófico, los derechos humanos encuentran su fundamento en el pensamiento de la Ilustración. Autores como Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, incluso Beccaria en el terreno penal, nos ofrecen abundantes argumentos en defensa de la dignidad humana frente a la lógica del Estado absolutista que se había venido construyendo desde la Edad media[1].

Esos autores reivindican la existencia de ciertos derechos anteriores e incluso superiores al Estado. Su aproximación al tema de los derechos tiene fuertes matices iusnaturalistas, lo cual no pudo haber sido de otra manera ya que cuando tales autores escriben sus muy importantes obras, eran escasas o muy débiles las normas jurídicas que preveían derechos humanos. Su discurso podía tener un fundamento teórico de orden racional o en algunos casos religioso, pero no jurídico.

El origen ya propiamente normativo de los derechos humanos se da junto con el advenimiento del Estado constitucional, en el último cuarto del siglo XVIII, tanto en Francia como en Estados Unidos[2]. Al respecto son fundamentales tres documentos, que se encuentran entre los más importantes de la historia del derecho en general y de la historia de los derechos en particular: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776), la Constitución de los Estados Unidos y sus primeras enmiendas (1787-1791)[3] y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (conocida como Declaración Francesa, de 1789)[4].

El Estado constitucional surge precisamente como respuesta a los excesos del Estado absolutista y tiene dos propósitos básicos –tal como con gran acierto lo recoge el famoso artículo 16 de la Declaración francesa-: por un lado el de dividir al poder y por otra parte el de proteger los derechos humanos de todas las personas[5].

Desde luego, hay antecedentes normativos o cuasinormativos de los derechos humanos previos a los tres documentos que se han citado. Entre los antecedentes relevantes se pueden citar la Carta Magna de Juan sin Tierra (1215), el Edicto de Nantes (1598), la Petition of Right (1628), distintas constituciones locales de las colonias inglesas en el territorio de lo que luego serían los Estados Unidos, etcétera.

Pero la primera fase de la consolidación de los derechos humanos entendidos como derechos jurídicos y no solamente morales, se da a finales del siglo XVIII en los tres documentos que ya mencionamos, los cuales comienzan a dar forma al Estado constitucional de derecho, tanto en Estados Unidos como en Francia.

Al principio, las cartas o catálogos de derechos contenían fundamentalmente “libertades”. Es decir, intentaban preservar una esfera a favor de los individuos libre de toda interferencia de la autoridad. Se buscaba sobre todo someter a límites el poder del Estado por ejemplo para determinar la religión que se debía observar o bien para detener a una persona sin orden judicial[6].

Con el tiempo, a las libertades clásicas (libertad de expresión, de prensa, de reunión, de tránsito, de religión, etcétera) se fueron añadiendo progresivamente otros derechos. Por ejemplo los llamados derechos de “seguridad jurídica” que obligan a las autoridades a crear tribunales y procedimientos necesarios para evitar la venganza privada, que sirvan sobre todo para dirimir controversias entre los particulares y para aplicar la ley a quienes hayan dejado de observar sus obligaciones.

Es ya a mediados del siglo XIX cuando se comienzan a extender los derechos de participación política. Se defiende la idea del sufragio universal, que en ese entonces era desconocido en casi todos lados (solamente podían votar las personas que tuvieran determinado color de piel, que fueran varones, que tuvieran la propiedad de tierras, que supieran leer y escribir, que tuvieran determinados ahorros, etcétera).

La extensión del sufragio para irlo haciendo cada vez más universal con toda probabilidad determinó que, precisamente a finales del siglo XIX, surgieran mandatos constitucionales para que los poderes públicos asegurasen los llamados derechos sociales: derecho al trabajo, a la tierra, a la vivienda, a la educación, a la salud, a la protección social contra los riesgos derivados del empleo o de la vejez, etcétera. La Constitución mexicana de 1917 es un referente en este tema, pues fue capaz en un momento todavía temprano de la historia del Estado constitucional, de recoger como derechos humanos cuestiones vinculadas con los reclamos de trabajadores y campesinos.

La historia de los derechos humanos, como sucede con la mayor parte de las instituciones sociales, ha estado marcada por luces y sombras, por avances y retrocesos, por logros y amenazas que se renuevan y se apagan periódicamente. Cabe subrayar el hecho de que las cartas que han establecido los derechos humanos no siempre se han cumplido plenamente; en muchos casos han quedado como simples manifiestos de aspiraciones sociales compartidas por millones de personas, pero no como realidades tangibles.

De todas formas, hay que considerar que no son pocos los avances que se han logrado y recordar siempre que debemos poner todo nuestro empeño en alcanzar lo que todavía nos falta. Tiene razón Norberto Bobbio cuando escribe: “Respecto a las grandes aspiraciones del hombre ya vamos con excesivo retraso. Procuremos no incrementarlo con nuestra desconfianza, con nuestra indolencia, con nuestro escepticismo. No tenemos tiempo que perder”[7].

Si quieres ser un especialista certificado en materia de derechos humanos, mira:

Para saber más sobre la historia de los derechos humanos, te recomiendo la lectura del siguiente libro:

Una visión moderna sobre los derechos humanos, por parte del destacado jurista Luigi Ferrajoli, la puedes encontrar en este libro:

Otros libros sobre el tema en este completo paquete:


[1] Un repaso histórico del surgimiento de los derechos humanos puede verse en Carbonell, Miguel, Una historia de los derechos fundamentales, México, UNAM, Porrúa, CNDH, 2011 y en Carbonell, Miguel, Derechos humanos. Génesis y desarrollo, México, Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC, 2019.

[2] Una narrativa histórica de ese momento fundacional puede verse en Blanco Valdés, Roberto, El valor de la Constitución, Madrid, Alianza Editorial, 2006. Ver también Artola, Miguel, Constitucionalismo en la historia, Barcelona, Crítica, 2005.

[3] Sobre la etapa constituyente de los Estados Unidos los autores clásicos son Bailyn, Bernard, Los orígenes ideológicos de la Revolución norteamericana, Madrid, Tecnos, 2012 (publicado originalmente en 1967); Wood, Gordon, The creation of the American republic 1776-1787, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1998; y Wood, Gordon, Empire of Liberty. A history of the early republic, 1789-1815, Oxford University Press, Oxford, 2009.

[4] Sobre la Declaración francesa de 1789 hay muchísimos libros y ensayos (se ha dicho, seguramente con razón, que es el documento jurídico más citado de la historia); algunas referencias útiles se encuentran citadas en el capítulo III de Carbonell, Miguel, Una historia de los derechos fundamentales, cit. (ese capítulo analiza precisamente la Declaración tanto en su contenido como respecto a su contexto histórico y trascendencia).

[5] El surgimiento en Europa de las ideas constitucionalistas vinculadas con la división de poderes y con los derechos humanos ha sido expuesto de forma sintética por Blanco Valdés, Roberto, La construcción de la libertad. Apuntes para una historia del constitucionalismo europeo, Madrid, Alianza Editorial, 2010.

[6] Para la consulta de los antecedentes históricos de las modernas regulaciones sobre los derechos fundamentales puede ser útil la consulta de Peces Barba, Gregorio y otros, Textos básicos de derechos humanos, Madrid, Aranzadi, 2001. También puede verse la obra colectiva Historia de los derechos fundamentales, publicada en varios tomos a partir de 1998 por la Editorial Dykinson de Madrid y la Universidad Carlos III, de la misma ciudad.

[7] Bobbio, Norberto, Teoría general de la política, Madrid, Trotta, 2003, p. 520.

Constitución y democracia: una breve nota

Constitución y democracia: una breve nota

Miguel Carbonell / Director Centro de Estudios Jurídicos Carbonell

Cuando pensamos en lo que es la democracia y en cómo se ejerce, inmediatamente vienen a nuestra mente imágenes relacionadas con los partidos políticos, las campañas electorales, la publicidad que hacen los candidatos, la jornada electoral, el conteo de votos, el trabajo de los diputados y senadores, etcétera.

Todo eso, en efecto, es parte de lo que se debe entender por democracia. Si no existiera alguno de esos elementos no podría hablarse de que en un país hay democracia. No la hay si la existencia de partidos políticos está prohibida, si los candidatos no pueden hacer campañas electorales en las cuales se expresen con amplitud y libremente sobre todos los temas que afectan a la sociedad, si no se permite que los ciudadanos voten o si sus votos no son contados correctamente, si los representantes populares no pueden reunirse para discutir y aprobar las reformas que necesita un país o una región, etcétera.

Ahora bien, los regímenes democráticos contemporáneos suelen caracterizarse como “democracias constitucionales”[1]. Es decir, se trata de una forma de organización política que intenta ser democrática y que para lograrlo se dota de un texto jurídico que tiene la máxima jerarquía normativa llamado Constitución, el cual recoge en un nivel muy general las decisiones básicas de una determinada comunidad política.

Las constituciones desde su surgimiento han tenido dos tipos de contenidos: han establecido los derechos de las personas o de los ciudadanos y han organizado lo que se conoce como la división de poderes. Esos dos elementos integran lo que se suele llamar el “contenido mínimo” de toda Constitución.

Con el paso del tiempo los textos constitucionales han ido incorporando otro tipo de contenidos (por ejemplo preceptos relativos a la economía, al régimen de responsabilidades de los funcionarios, a cuestiones territoriales, entre otros muchos temas), pero siempre sobre la base articuladora de los derechos fundamentales de las personas y de la división del poder.

De esa forma, las reglas básicas de funcionamiento de la democracia han sido plasmadas de forma expresa en la Constitución, pero además (en una especie de círculo virtuoso) los contenidos constitucionales que acabamos de señalar han venido a robustecer y enriquecer la forma en que se entiende el significado de la propia democracia.

En efecto, las constituciones establecen:

a) cómo se debe competir por alcanzar los puestos de representación popular (las condiciones de la contienda electoral); y

b) la forma en que se deben ejercer tales puestos y las facultades de sus titulares (el proceso legislativo, la dirección de la política exterior, los nombramientos de los principales funcionarios del Estado, el mando sobre las fuerzas armadas, por mencionar solamente algunos ejemplos).

Todo eso supone una “dimensión formal” de la democracia, vinculada con dos procesos de tomas de decisiones esenciales en todo régimen democrático:

a) quién gobierna y

b) cómo gobierna[2].

Por ejemplo, en ese nivel llamado “formal o procedimental” de la democracia constitucional se establecen las cuestiones que determinan si un país tiene un régimen parlamentario o uno presidencial, si los legisladores son electos por tres o por seis años, si el presidente puede o no reelegirse, el tiempo de duración de las campañas electorales, los requisitos para formar nuevos partidos políticos, etcétera. Las reglas vinculadas con la división de poderes suelen ser una extensión lógica de tales determinaciones[3].

Por su parte, el establecimiento a nivel constitucional de un catálogo de derechos humanos añade una dimensión ya no formal, sino “sustancial” al régimen democrático, dado que nos indica lo que no pueden hacer los gobernantes y lo que no pueden dejar de hacer. No es un juego de palabras: las constituciones establecen mandatos que obligan a las autoridades a “abstenerse” de realizar ciertas conductas, y otros mandatos que las obligan a “hacer” ciertas cosas, tomar determinadas decisiones o alcanzar algunos objetivos.

Podemos preliminarmente poner algunos ejemplos evidentes que explican lo que se acaba de señalar. Si la Constitución establece que toda persona tiene libertad de expresión, eso significa que ninguna autoridad puede imponer la censura respecto de lo que quiera decir o escribir alguien. Si la constitución establece que existe libertad de tránsito, eso implica que las autoridades no nos pueden detener de forma injustificada ni pueden impedir que nos desplacemos de un lugar a otro de la república. Esos ejemplos ilustran la dimensión de los derechos humanos a partir de la cual hay cosas que las autoridades (y tampoco los particulares, en casi todos los casos) no pueden hacer.

De la misma forma, si la constitución señala que tenemos derecho a la educación, eso significa que las autoridades no pueden dejar de hacer ciertas cosas; por ejemplo, no pueden dejar de prever un presupuesto para el sistema educativo, no pueden dejar de construir la infraestructura necesaria para que se puedan tomar clases, no pueden dejar de contratar maestros, de equipar las aulas y laboratorios, de diseñar los planes de estudios, de establecer los requisitos para el acreditamiento de los niveles académicos, de expedir los títulos que correspondan a la obtención de cada grado académico, etcétera.

Algo parecido podría decirse con respecto al derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a la alimentación o el derecho al medio ambiente. Todos esos derechos, establecidos constitucionalmente, ordenan tareas a cargo del Estado; si los poderes públicos no las cumplen, estarían violando la Constitución[4].

La dimensión sustancial de la democracia, en consecuencia con lo que acabamos de señalar, no se refiere a procedimentos y elecciones, sino al contenido del régimen democrático: lo que la democracia puede concretamente hacer para mejorar la vida de los seres humanos. Por eso es que los derechos humanos son la mejor forma de expresión de todos los valores que caracterizan a un sistema político democrático.

Los derechos humanos son la expresión de valores tan democráticos como la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica, los derechos de los pueblos, la tolerancia religiosa, etcétera. Al establecer en la constitución una lista de derechos fundamentales, lo que en realidad estamos haciendo es “juridificar” la democracia: darle forma jurídica y otorgarle de esa manera sustancia y contenido[5].

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que los conceptos de democracia y de constitucionalismo se nutren recíprocamente y dependen uno de otro. El constitucionalismo juridifica la democracia y le da forma expresa a través de la normatividad jurídica. La democracia, por su parte, es el régimen que hace posible que se materialicen en la práctica los valores de libertad, igualdad y seguridad jurídica que conforman la columna vertebral del constitucionalismo.

La democracia constitucional es un régimen de gobierno que mezcla principios formales y sustanciales: por un lado las normas formales relativas a quién y cómo gobierna; por otra parte las normas sustanciales que nos indican lo que puede ser realizado por las autoridades y lo que no puede dejar de ser llevado a cabo, como expresión de los mandatos a través de los cuales se recogen los derechos fundamentales.

De esta forma, la democracia de nuestros días asegura los iguales derechos de todas las personas y convierte en realidad el principio de la soberanía, el cual pasa de ser entendido como cualidad del estado o de la nación (la soberanía nacional, tal como había sido planteada desde el surgimiento del Estado moderno), a ser una expresión de los derechos fundamentales de todas las personas. El individuo es por tanto el verdadero soberano, como titular de los derechos de libertad, de igualdad y sociales que le permiten desarrollar una vida dotada de sentidos y significados elegidos por él mismo y por nadie más; una vida que esté ajena a actos arbitrarios provenientes de poderes públicos y privados, que sea desarrollada con plenitud y de forma consciente.

Tiene razón Luigi Ferrajoli cuando apunta que los derechos fundamentales son “fragmentos de soberanía” que nos convierten a todas y cada una de las personas en seres autónomos, capaces de tomar las decisiones más importantes de nuestras vidas, tanto en la esfera privada como en la pública[6].


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[1] Una concepción muy afortunada de lo que es la democracia constitucional, como modelo evolucionado pero todavía incompleto, puede verse en Ferrajoli, Luigi, Democracia y garantismo, edición de Miguel Carbonell, 2ª edición, Madrid, Trotta, 2010, pp. 25 y siguientes.

[2] Sobre este punto, Luigi Ferrajoli apunta que la concepción formal o procedimental de la democracia la identifica simplemente conforme a formas y procedimientos: “La identifica, en una palabra, por el quién (el pueblo o sus representantes) y el cómo (la regla de la mayoría) de las decisiones, independientemente de sus contenidos, es decir, de qué viene decidido”, Principia Iuris. Teoría del derecho y de la democracia, Madrid, Trotta, 2011, tomo II, p. 9.

[3] Ferrajoli ha expuesto una concepción moderna de la división de poderes en Democracia y garantismo, cit., pp. 102-109; también en Principia Iuris, cit., tomo II, pp. 191 y siguientes.

[4] Carbonell, Miguel, “Las obligaciones del Estado en el artículo 1º de la Constitución mexicana” en Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coordinadores), La reforma constitucional en materia de derechos humanos: un nuevo paradigma,  3ª edición, México, Porrúa, UNAM, 2013, pp. 63-102.

[5] La idea de que la Constitución convierte en derecho (o “juridifica”) la democracia es compartida por toda la doctrina constitucional de la Segunda Posguerra Mundial. Para una explicación sencilla de dicha idea puede verse Aragón Reyes, Manuel, Estudios de derecho constitucional, 2ª edición, Madrid, CEPC, 2009, pp. 179 y ss.; del mismo autor, “La Constitución como paradigma” en Carbonell, Miguel (coordinador), Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos, 4ª edición, México, Porrúa, UNAM, 2008, pp. 109-122.

[6] “… la fórmula ‘la soberanía pertenece al pueblo’ quiere decir que pertenece al conjunto de sus ciudadanos, es decir, de todas las personas de las que el pueblo se compone: pertenece, en una palabra, a todos y a cada ciudadano en cuánto equivale a la suma de aquellos poderes y contrapoderes –los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos de libertad y los derechos sociales- que son los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos. Estos derechos… equivalen… a otros tantos fragmentos de soberanía popular correspondientes a todos y a cada ciudadano”, Principia Iuris, cit., tomo II, p. 14.

Reforma laboral sobre el trabajo a distancia

Reforma laboral sobre el trabajo a distancia

Miguel Carbonell/Director Centro de Estudios Jurídicos Carbonell

En el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 2021 se acaba de publicar el decreto de reformas a la Ley Federal del Trabajo para regular por primera vez en México la realidad que trajo consigo la pandemia para muchos trabajadores: el trabajo realizado a distancia, también llamado teletrabajo.

Se trata de una reforma no muy amplia, pero en la que se contienen importantes determinaciones, que al menos suministran un marco jurídico sobre una situación que, en alguna medida, habrá llegado para quedarse incluso cuando las vacunas nos ayuden a superar la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando.

Los puntos más relevantes de la reforma son los siguientes:

1. Se define el teletrabajo como el que se realiza fuera de la sede física o establecimiento patronal, por medio primordialmente de las tecnologías de la información. Se considerará teletrabajo siempre y cuando al menos el 40% del total de tiempo trabajo se lleve a cabo bajo esa modalidad.

2. Los patrones tienen la obligación de entregar a los trabajadores que realizan teletrabajo los insumos necesarios para la realización del mismo, tales como computadoras, sillas ergonómicas, impresoras, etcétera.

3. Los patrones deben respetar el “derecho a la desconexión” de los trabajadores, una vez que se termina la jornada laboral.

4. Los patrones deben pagar los costos adicionales generados para el trabajador por la modalidad del teletrabajo, como por ejemplo el costo del internet y la parte proporcional del servicio de electricidad.

5. Los trabajadores deberán tener el mayor cuidado posible para la debida conservación de los insumos que les proporcionen los patrones para la realización de su trabajo.

6. Los trabajadores deberán observar la política de la empresa para el resguardo y protección de los datos con los que estén trabajando.

7. Los trabajadores deberán utilizar las mecanismos y sistemas operativos necesarios para que los patrones puedan supervisar el desempeño de su trabajo.

8. De manera excepcional, los patrones podrán utilizar grabaciones de audio y video para supervisar el efectivo desempeño del trabajo a distancia, siempre respetando la intimidad personal y familiar del trabajador.

9. Los patrones deberán respetar la perspectiva de género y considerar las cargas familiares y domésticas bajo una perspectiva de género.

10. El cambio de trabajo presencial a teletrabajo debe ser voluntario y tiene carácter reversible; es decir, los trabajadores que desempeñen su labor a distancia pueden más adelante ser llamados para asistir presencialmente a la sede de la empresa o establecimiento patronal.

No cabe duda que se trata de una reforma que hacía falta y que desde varios sectores sociales se había reclamado incluso como urgente. Una vez que ya se ha publicado en el Diario Oficial, el siguiente paso tiene que ver con la emisión de reglas administrativas (a través de una Norma Oficial Mexicana) que deberá complementar algunos aspectos importantes, relacionados con la seguridad y salud en el trabajo realizado a distancia.

Las empresas y los propios trabajadores deben acostumbrarse a una nueva realidad laboral, la cual tiene desde luego importantes ventajas. La pandemia obligó a millones de personas a trabajar en una modalidad que hasta hace poco les era desconocida pero que ha traído beneficios inesperados, como la posibilidad de evitar el tráfico de las grandes ciudades, una mayor flexibilidad de horarios y un incremento de la convivencia familiar.

También hay aspectos negativos que van a requerir algunos ajustes en el futuro, pues el trabajo en casa ha supuesto enormes dificultades para las familias con hijos pequeños, o para los trabajadores que no tienen un espacio doméstico destinado en exclusiva a su área de trabajo y deben realizarlo desde la sala, la cocina, la recámara o en la mesa del comedor.

Mientras la pandemia siga suponiendo una grave amenaza para nuestra salud y nuestra vida, el trabajo a distancia será la única opción viable para muchos trabajadores. Otros no tendrán esa suerte y deberán salir de sus casas y acudir a sus centros laborales, corriendo los riesgos que eso supone para ellos y para sus familias. Para quienes puedan trabajar desde casa, la reforma recién publicada ofrece un marco jurídico de mayor certidumbre y que deja muchas cosas claras. Otra cuestión es si se va a aplicar correctamente o no, pero eso no depende de lo que diga la ley sino del grado de compromiso que demuestran los involucrados y de la elemental solidaridad que tenemos que tener con los demás en estos momentos tan difíciles de la historia del país.


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Liberen la vacuna

Liberen la vacuna

Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell

Una vez que los científicos han logrado dar con un conjunto de vacunas para combatir al COVID-19, la humanidad ha entrado en una carrera contra el tiempo. Cada día que pase va a aumentar el número de personas vacunadas, protegiéndolas de los riesgos que trae consigo el coronavirus.

Los gobiernos tienen el enorme reto de proporcionarle a la población las mejores condiciones para lograr en el más corto plazo de tiempo posible la vacunación, de forma que se alcance la llamada “inmunidad de grupo” que cortará la cadena de contagios y podrá suponer, una vez que se logre, una disminución drástica de las personas afectadas por el virus.

La logística para conseguir y distribuir las vacunas no es nada sencilla. Lo mejor sería que tanto las dependencias públicas como las entidades privadas pudieran ofrecer el proceso de vacunación. El gobierno lo debe hacer de manera totalmente gratuita y los particulares lo podrían hacer obteniendo un beneficio que fuera susceptible incluso de generar impuestos para que con lo recaudado se pueda seguir comprando más vacunas para ofrecerlas a las personas de bajos recursos. No veo que nadie pierda de esa manera y podríamos multiplicar la velocidad de vacunación.

La idea de que el gobierno tenga el monopolio de la vacunación no es el ideal como ya lo ha reconocido el propio Presidente de la República. No solamente porque debe hacer frente a un proceso de refrigeración muy complejo para el cual no es seguro que las dependencias responsables estén bien equipadas (al menos la vacuna de Pfizer-Biontech requiere de unos menos 70 grados de temperatura), sino porque es indispensable sumar el mayor número posible de recursos humanos en la aplicación del esquema de doble dosis que van a requerir la mayoría de las vacunas. Hoy es más relevante que nunca darnos prisa y remar todos juntos para salir del enorme problema en el que estamos instalados.

Hay quienes dicen que al liberar la vacuna para que los particulares puedan administrarla, las personas con más poder adquisitivo tendrían ventaja. Ese argumento creo que no se sostiene ya que el precio de la vacuna es asequible incluso para la clase media mexicana (no alcanza los 800 pesos), pero además porque el virus no distingue entre ricos y pobres: afecta a todos por igual, de modo que cada persona vacunada (independientemente de su nivel económico) supone una protección para todos los demás.

Dentro de unas semanas la capacidad de producción de vacunas será muy alta. Los laboratorios están trabajando a plena capacidad para ofrecerlas al por mayor. No habrá excusa para limitar su importación y distribución.

La liberalización de la vacuna hablaría muy bien del gobierno federal, pues implicaría el reconocimiento y el respeto de la autonomía de cada persona: quienes quieran acudir a los hospitales privados y pagar, que lo puedan hacer; quienes decidan esperar a la disponibilidad de los hospitales públicos, que lo hagan de esa manera. Nadie pierde, todos ganamos. No le encuentro ningún problema a esa lógica elemental.

El verdadero problema va a ser esperar muchos meses a que desde el gobierno se alcance un número óptimo de personas vacunadas. Según algunos cálculos, vacunando a medio millón de personas diariamente, nos tardaríamos un año en alcanzar la “inmunidad de grupo”. Esa cifra no será nada fácil de alcanzar para un país tan grande y con capacidades logísticas tan limitadas como las que tiene México. Si la cifra fuera cercana a las 300 mil personas vacunadas diariamente, nos tardaríamos más de dos años en alcanzar el umbral requerido para derrotar al virus (pensando en el esquema actual de la aplicación de las dos dosis por persona). Durante los primeros días de vacunación se han puesto poco más de seis mil diarias, en virtud de múltiples problemas de coordinación y logística, lo que pone de manifiesto la necesidad de sumar todos los recursos disponibles para acelerar el proceso.

El tiempo apremia. Luego de tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta angustia colectiva, la gente merece un voto de confianza, para que se pueda finalmente ver la luz al final del túnel. La economía no puede esperar dos años más. Los niños no pueden seguir sin clases durante otro año escolar. Las personas necesitan salir a trabajar a la brevedad posible. Las empresas están urgidas de retomar sus actividades. Las familias necesitan volver a reunirse y poder abrazarse. Por eso es que es indispensable que el gobierno autorice a los particulares esquemas de importación y suministro de las vacunas a la brevedad.

Todos estamos en el mismo barco. No debe haber distinciones entre mexicanos. El gobierno debe hacer su tarea, pero debe también reconocer que se requiere el apoyo de todos. Solamente trabajando juntos saldremos adelante.


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15 documentales de Netflix que no debes perderte (sobre todo si eres abogado o estudiante de derecho):

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Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell

1) «The last dance»

© Creative Commons

En el otoño de 1997, Michael Jordan y los Chicago Bulls permitieron que un equipo de filmación los siguiera mientras buscaban su sexto título de la NBA en ocho temporadas. El retrato de uno de los más grandes atletas del deporte y un equipo célebre.


2) «Las tres muertes de Marisela Escobedo»

© Eneas De Troya

Una mujer en medio de una lucha incansable por alcanzar la justicia y evitar que el femicidio de su hija quede olvidado en la impunidad.


3) «The final year»

El final de la presidencia de Barack Obama se caracterizó por tratar de afianzar un legado duradero en política exterior.


4) «El dilema de las redes sociales»

Expertos en tecnología de Silicon Valley hacen sonar la alarma sobre el peligroso impacto de las redes sociales, que Big Tech utiliza en un intento de manipular e influir.


5) «Hasta los dientes»

En 2010, el Gobierno mexicano anunció la muerte de dos supuestos sicarios peligrosos, pero en realidad se trataba de dos alumnos de excelencia del Tecnológico de Monterrey, quienes fueron torturados y asesinados por militares.


6) «El proyecto Williamson»

El Hombre Inocente: Una Historia Real es el primer libro de no ficción escrito por John Grisham, el cual fue publicado por la editorial Doubleday Publishing el 10 de octubre de 2006, y traducido al español por la editorial “Ediciones B” en diciembre de 2006.


7) «A la conquista del Congreso»

Todo el detrás de escena de la carrera 2018 por el Congreso de EE. UU. de cuatro mujeres que hicieron campaña con pocos recursos, incluida Alexandria Ocasio-Cortez.


8) «Al filo de la democracia»

© Netflix

Tras el escándalo político, los líderes de Brasil deben encontrar la forma de unir a su país dividido ideológicamente.


9) «El silencio de otros»

© Creative Commons

La lucha de las víctimas del régimen del general Franco, que continúan buscando justicia. Las víctimas y los supervivientes organizan la denominada querella argentina.


10) «Becoming Michelle Obama»

La ex primera dama Michelle Obama comparte su vida, sus deseos y su conexión con los demás.


11) «Amanda Knox»

© Creative Commons

La acusaron de asesinato y la absolvieron dos veces. Amanda Knox y las personas más cercanas a ella en el mediático caso dan su testimonio.


12) «Audrie and Daisy»

© IG youngcattattoos

Dos adolescentes son atacadas sexualmente por chicos a quienes consideraban amigos y son humilladas en Internet y acosadas por sus comunidades.


13) «Atleta A»

Los relatos y testimonios de las víctimas del doctor Larry Nassar, un médico del equipo olímpico que abusó de más de 300 atletas durante décadas.


14) «Ayotzinapa. El paso de la tortuga.»

© Creative Commons

Documental que explora la desaparición de 43 estudiantes universitarios el 16 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, México, y busca llevar justicia y dar voz a las víctimas y sus familias.


15) «Justicia para el pequeño Gabriel»

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El asesinato en 2013 de Gabriel Fernández, de ocho años, causó indignación porque los trabajadores sociales lo dejaron en un hogar abusivo y el sistema en general no protege a los niños vulnerables.

© Netflix


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Curso Campo Algodonero y Caso Ayotzinapa

Diferentes casos han marcado un antes y un después en la forma de comprensión y aplicación del derecho en México, entre estos casos se encuentran, por una parte, la sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos en el caso “González y otras (Campo Algodonero) vs. México”, y, por otra parte, los acontecimientos del año 2014 relacionados con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.


Discurso para la ceremonia de graduación de egresados de programas de Maestría del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC.

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Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell / diciembre 2020

Queridas alumnas y queridos alumnos del Centro Carbonell:

Permítanme antes que nada dirigirme a quienes han sufrido de manera personal o en su entorno familiar afectaciones a la salud derivadas de la pandemia. Les deseo a Ustedes una pronta recuperación y que, en la medida de lo posible, consigan a la brevedad recuperar ese bien tan apreciado que es el bienestar físico y emocional.

Estamos llegando al final del que para muchas personas ha sido el año más difícil de sus vidas. Un año que sin duda alguna pasará a la historia de la humanidad y que nos tocó vivir de primera mano. El 2020 formará parte de los sucesos extraordinarios en el devenir de la humanidad, como lo han sido años tan emblemáticos como 1917, 1945, 1968, 1989, 1994 o 2001. Son años en los que lo extraordinario sucede y que se viven solamente una vez en la existencia de una generación. Ahora nos tocó a nosotros.

Millones de personas en el mundo han visto afectadas sus vidas por un virus al que no podemos ver, pero que trastoca nuestras existencias. Hemos intentado hacerle frente y derrotarlo, haciendo un gran esfuerzo para limitar nuestros contactos sociales y disminuir la cercanía con nuestros seres queridos. Se ha requerido mucha tenacidad, paciencia y responsabilidad.

En los meses anteriores ha cambiado nuestra percepción de muchas cosas que dábamos por hecho, quizá indebidamente. Hoy valoramos como nunca antes el poder respirar, el poder abrazar a nuestras familias, el poder salir a la calle sin miedo, el viajar, el ir a un restaurante, incluso el salir al parque para disfrutar del entorno natural. Son cosas que, una vez que se supere este estado de conmoción en el que estamos instalados, deberíamos seguir tomando en cuenta y apreciando de manera consciente.

Pero todo lo anterior seguramente ya lo saben y seguramente no hace falta que se los recuerde una vez más. Hemos tenido tiempo de sobra para aprenderlo, pensarlo y meditarlo hasta el agotamiento. Estoy cierto de que no habrá habido ni un día ni una noche en la que no hayan pensando en lo anterior y en el significado profundo de nuestra propia existencia, el lugar de nuestros afectos, el signo de nuestras vidas, la dirección de nuestros empeños, lo que queremos lograr y no hemos alcanzado, pero también lo mucho que tenemos y de lo que podemos legítimamente sentirnos orgullosos.

Y de eso trata precisamente esta ceremonia digital. Queremos celebrar la vida y la oportunidad que nos ofrece para estar juntos mientras permanecemos separados. Hoy festejamos a varios grupos de Maestría que han logrado llegar a la meta. 45 personas extraordinarias han terminado su programa académico de posgrado. Nos sentimos profundamente orgullosos de todas y todos Ustedes. Desde mi punto de vista, son ustedes un ejemplo a seguir por su laboriosidad, por su empeño, por su compromiso con el aprendizaje y porque no se rindieron a pesar de la dureza de las exigencias que pusimos frente a Ustedes.

No fue sencillo estar tomando horas y horas de clase mientras la pandemia acechaba a la vuelta de la esquina, mientras tal vez algún familiar o incluso Ustedes mismos estaban viendo afectada su salud o amenazada su vida por el coronavirus. El vendaval de contagios rugía con fuerza y sigue rugiendo, pero Ustedes no se rindieron. Superaron todas las pruebas, por difíciles que fueran. Pusieron atención a sus profesores y, en su gran mayoría, tuvieron el ánimo y el deseo de participar en clase, de mantener diálogos constructivos con sus profesores y con sus compañeros, demostrando una entereza personal y un compromiso académico admirables.

Para nosotros como Centro educativo no fueron tampoco meses fáciles. Aunque teníamos casi cuatro años de experiencia previa impartiendo clases en línea y desarrollando muchas actividades en entornos digitales, a partir de la segunda mitad del mes de marzo tuvimos que reinventarnos de la noche a la mañana. El cambio fue muy profundo y afectó a todas y cada una de nuestras áreas, desde que el 17 de marzo le comunicamos a nuestra gran comunidad académica que cerrábamos las instalaciones de la calle Nápoles número 39.

A partir de ese día hemos tenido la oportunidad de preguntarnos cuál es el sentido de este proyecto educativo. ¿Qué significa el Centro y cuál es su misión?

Hoy les puedo dar una respuesta sencilla y directa: nuestro significado, nuestra misión y nuestra razón de ser son ustedes. Cada vez que me tocaba preparar alguna clase hasta altas horas de la madrugada pensaba en alguno de Ustedes y mi cansancio desaparecía. Cada vez que nos preguntamos si valía la pena abrir un nuevo diplomado u ofrecer nuevos cursos en línea, el pensamiento de las decenas de alumnos que se han inscrito a nuestras anteriores convocatorias borraba cualquier duda.

Lo pensé cientos de veces y sigo convencido: mientras haya alguien que quiera aprender allí estaremos, siempre dispuestos a enseñar y a dar lo mejor de nosotros mismos en el proceso de crecimiento intelectual que resulta de cualquier empeño académico.

Hay muchas cosas que, si volteamos la mirada a los meses anteriores, nos duelen y nos molestan. Ninguna de ellas las podemos borrar, pero sí podemos darnos cuenta de quiénes somos y de todo lo que hemos logrado. Siendo los mismos, somos a la vez más fuertes, más sensibles y más humanos. 

Somos la tenacidad de Héctor y de Marco Flavio que viajaron desde Poza Rica y desde Aguascalientes durante largas horas para poder tomar muy temprano sus clases, somos los apuntes perfectos e impecables de Fernanda, quien a la buena letra suma un compromiso indeclinable en los temas de género, somos la complicidad conyugal y el esfuerzo compartido de Karina y Ricardo quienes también venían a clases desde muy lejos y siempre lo hacían con una sonrisa y una disposición fabulosa para aprender, somos la juventud de Jaime, somos la responsabilidad y la capacidad de escuchar de Yuriri, pero también somos el talento y el liderazgo de nuestro equipo de trabajo en el Centro. Somos el empuje de Raúl, la atención de Karina, el seguimiento permanente de Montse, la amabilidad de Bety, la pulcritud de Mateo y de Fernanda y la capacidad organizativa de Mónica. Somos el enorme talento de nuestros profesores: Carla, José Luis, Linda, Erick, Jorge, Luis Felipe, Jaime Antonio, Arturo, Alfonso, Mauro y tantos otros que lo han hecho posible.

Para todos ellos y para todos Ustedes, gracias, mil gracias, un millón de gracias. Hoy celebramos no un final, sino una etapa más dentro de un proceso interminable de estudio. Somos estudiantes de derecho. Lo hemos sido, lo somos hoy y lo seguiremos siendo el día de mañana, el año que viene y siempre mientras sigamos con vida. Nuestro compromiso con la ciencia jurídica no termina nunca. No puede terminar. Queremos aprender y queremos seguir creciendo. Eso es también aquello que somos y que ninguna circunstancia adversa nos puede arrebatar.

2020 será recordado como el año en el que perdimos muchas cosas, pero también en el que ganamos en sabiduría, en afectos, en proyectos y en ilusiones. Ningún virus, ninguna pandemia, ninguna dificultad nos pudo derrotar.

Les expreso a todos los graduados y a sus familias nuestra más efusiva felicitación. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber confiado en nosotros para sus estudios de posgrado. Hemos hecho el mayor de nuestros esfuerzos para estar a la altura de sus aspiraciones. Hemos podido enseñarles muchos temas jurídicos, pero ha sido mucho más lo que Ustedes nos han enseñado a nosotros sobre el valor de la amistad, sobre la fortaleza del carácter y sobre el significado del compromiso. Por todo ello, también, les doy las gracias a título personal y en nombre de todos los que trabajamos en el Centro.

Muchas felicidades, muy feliz Navidad para todas y todos y lo mejor para el año que está por comenzar.


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Plazos y términos del juicio de amparo

Plazos y términos del juicio de amparo

El juicio de amparo es el instrumento por excelencia de protección de los derechos humanos en México. Por el diseño estructural que tiene el amparo mexicano, afecta de manera directa al conjunto de las ramas del derecho, lo implica que todo abogado debe conocer a fondo el juicio de amparo, para ser excelente en su trabajo en cualquiera de las ramas sustantivas del ordenamiento jurídico mexicano.

ActoPlazoFundamento
Plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo.15 días hábiles. Artículos: 17 y 18 de la ley de amparo.
Amparo vs norma autoaplicativa o procedimiento de extradición.30 días a partir de su entrada en vigor.Artítulo: 17, fracción I y 18 de la ley de amparo.
Amparo vs sentencia definitiva condenatoria penal con pena de prisión.Hasta 8 años.Artítulo: 17, fracción II y 18 de la ley de amparo.
Amparo vs actos privativos de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios. Será de 7 años.Artítulo: 17, fracción III de la ley de amparo.
Amparo vs la privación de la vida, libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión, destierro, desaparición forzada de personas y los prohibidos por el artículo 22 de la CPEUM.En cualquier tiempo.Artítulo: 17, fracción IV de la ley de amparo.
Recurso de revisiónDentro del plazo de 10 días. Artículo: 86 de la ley de amparo.
Revisión adhesiva5 días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso de revisión.Artículo: 82 de la ley de amparo.
Revisión de queja 5 días,excepto:
1. Cuando se trate de suspensión de plano o provisional = 2 días hábiles.
2. Cuando se omita tramitar la demanda de amparo = cualquier tiempo.
Artículo: 98 de la ley de amparo.
Recurso de reclamación3 días siguientes que surta efectos la resolución impugnada.Artículo: 104 de la ley de amparo.
Recurso de inconformidad15 días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación. Artículo: 202 de la ley de amparo.
Presentar informe justificado en amparo indirecto15 díasArtículo: 117 de la ley de amparo.
Presentación de pruebas en amparo indirecto.Deberán presentarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional.Artículo: 119 de la ley de amparo.
Presentar informe previo en amparo indirecto.Dentro del plazo de 48 horas siguientes a la notificación.Artículo: 138, fracción III de la ley de amparo.
Presentar informe justificado en amparo directo5 días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda.Artículo: 178 de la ley de amparo.
Alegatos o amparo adhesivo en amparo directo.15 días a partir de la notificación de la admisión de la demanda.Artículo: 181 de la ley de amparo.
Surte efectos la notificaciónLos plazos corren a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación. Surte efectos la notificación desde el día siguiente al de la notificación.Artículos: 18, 22 y 31 fracción II de la ley de amparo.

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El futuro de la justicia

El futuro de la justicia.

Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell

Cuando a partir del mes de marzo pasado se comenzaron a sentir los devastadores efectos de la pandemia en México, los tribunales federales y locales tomaron la muy sensata decisión de cerrar sus puertas y dejar abiertos unos servicios mínimos indispensables que pudieran atender solamente los casos urgentes. Han pasado muchos meses desde entonces y terminamos el año con una situación que no parece haber mejorado demasiado: al menos en la Ciudad de México, los tribunales se fueron al receso decembrino de forma anticipada y no se sabe en qué condiciones regresarán a sus labores en enero.

En todo este tiempo, hemos dejado pasar una gran oportunidad para modernizar de manera urgente el servicio público de administración de justicia. Desde marzo se advirtió que la justicia no se podía ni debía detener de manera prolongada, porque los conflictos sociales tenían que ser atendidos sin demora. Pero fue relativamente poco lo que se hizo y ese poco además no siempre dio buenos resultados.

Sería óptimo que en el 2021 hubiera un liderazgo unificado en materia de justicia para delinear el rumbo de las reformas posibles y las deseables, de forma que podamos arrancar el año con mejores perspectivas. El mejoramiento de la justicia mexicana requiere al menos lo siguiente:

1. Un uso intensivo de las nuevas tecnologías, a fin de poder llevar a cabo el desahogo de actuaciones judiciales respetando la “sana distancia social” y sin que se ponga en riesgo la vida y la salud de las miles de personas que trabajan en el ámbito de la justicia. Esa meta requiere de fuertes inversiones en capacidades tecnológicas y una capacitación más moderna para los operadores jurídicos, pero el principal requisito para su éxito consiste en un cambio de mentalidad: debemos dejar atrás el paradigma de que todo debe constar en papel impreso y de que la presencialidad de los interesados es indispensable para poder impartir justicia; ninguna de estas dos cosas es cierta.

2. Nuevas vías de acceso a la justicia para los grupos sociales más desaventajados. Hay que decirlo con todas sus letras: en México llevar asuntos antes la justicia es cara y se encuentra fuera del alcance de millones de familias que no pueden pagar ese precio. Algunos colegas abogados, abusando de la ingenuidad, dirán que es falso que la justicia sea cara, ya que su servicio es gratuito por mandato constitucional. En realidad, todos sabemos que en la práctica ese objetivo es desmentido día tras día. Necesitamos una justicia más accesible y eso pasa a su vez por la cercanía geográfica de los tribunales, la desformalización de los procedimientos y un mucho más amplio servicio de defensoría pública.

3. Esa misma defensa pública gratuita, que hasta ahora en buena medida se ha concentrado en la atención de casos en materia penal, se debe extender a otras ramas del derecho. Los defensores públicos deben desahogar consultas en materia familiar, civil, mercantil e incluso en materias mucho más innovadoras como propiedad intelectual, protección de consumidores, competencia económica o comercio exterior. Lo ideal sería una defensoría pública que permitiera emprender litigios de interés público en todos esos temas, eligiendo de manera selectiva los casos que pudieran tener un mayor impacto positivo en las comunidades del país.

4. La justicia depende de dos partes al menos: los jueces y los abogados. No será mucho lo que se pueda hacer desde los tribunales, si los abogados no les llevan casos que estén bien planteados, que se apoyen en el material probatorio pertinente y que estén fundamentados en una excelente argumentación jurídica. Para ello necesitamos abogados mejor preparados, que cuenten con conocimientos actualizados, que dominen los procesos comunicativos de forma escrita y oral, que conozcan los precedentes judiciales aplicables a los casos que atienden, etcétera. La tarea pendiente para las escuelas y facultades de derecho del país es enorme. Hay algunas que con frecuencia repiten que son las mejores (o que lo fueron en el pasado, lo cual viene a ser un poco más acertado), pero lo cierto es que hay que demostrarlo en los hechos. Los discursos sobran; lo que necesita con urgencia el país son profesionales del derecho que tengan un desempeño de excelencia.

Algunos de los cambios anteriores requieren de una decidida acción legislativa. Otros pasan por el ajuste de los planes de estudio o por la actualización de los profesores. Todos requieren de presupuesto suficiente. Nadie dijo que sea una tarea fácil, pero nadie duda tampoco de que es un desafío impostergable.


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La reforma judicial avanza

La reforma judicial avanza

Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell

El Senado de la República acaba de aprobar un conjunto de modificaciones a la Constitución mexicana sobre el tema del Poder Judicial de la Federación. Se trata de la reforma más importante que en esta materia desde 1994.

La reforma plantea un conjunto de temas que todos los abogados deben conocer y que darán lugar a un mejoramiento de las tareas de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura Federal y de algunos de sus órganos auxiliares.

Por ejemplo, la reforma aprobada por el Senado crea la nueva figura de los Tribunales Colegiados de Apelación, que van a sustituir a los Tribunales Unitarios de Circuito. Los nuevos tribunales serán integrados por tres magistrados, en aras a ofrecer una mayor certidumbre en las decisiones que tomen. Estos tribunales tienen la enorme tarea de desahogar los recursos de apelación en los procesos federales ordinarios.

Otro cambio relevante consiste en la creación de la figura del “precedente judicial”, a partir del cual la Suprema Corte emitirá criterios de observancia obligatoria para todos los tribunales del país sin necesidad de que sean reiterados. Bastará una sentencia de la Corte para que el criterio se haga obligatorio. Este cambio es seguramente uno de los que mayor impacto tendrá en la cultura jurídica nacional, pues permitirá unificar criterios de interpretación con mayor celeridad y teniendo en cuenta el contexto fáctico del que surge el criterio, cuestión que no se puede hacer a partir de las actuales “tesis” de jurisprudencia.

La reforma también propone mejorar el régimen constitucional de las controversias constitucionales, por ejemplo para que procedan en contra no solamente de actos de una autoridad que invadan o afecten las competencias de un órgano del Estado mexicano, sino que a partir de la reforma las controversias constitucionales se podrán plantear también por omisiones, es decir, por lo que las autoridades tendrían que hacer y no hacen. Es una buena noticia.

La reforma contiene algunos elementos que buscan fortalecer la carrera judicial y anuncia que será emitida una nueva ley en la materia. Esto es importante, ya que los jueces federales cuentan con un régimen de carrera que les permite ejercer su función de manera independiente y profesional. También en esto la reforma avanza por la ruta correcta.

La formación académica de los juzgadores, indispensable para que puedan hacer bien su trabajo, es un tema que igualmente aparece en la reforma, ya que se propone crear una Escuela Federal de Formación Judicial, la que tomará como punto de partida la experiencia del actual Instituto de la Judicatura Federal.

La reforma judicial aprobada por el Senado es una apuesta de cambio de la generación de juristas que ejerce hoy en día tareas judiciales y legislativas en el país. Hace más de 25 años fueron otros los que dieron los pasos necesarios para orientar a nuestra Suprema Corte hacia su papel de tribunal constitucional, crearon al Consejo de la Judicatura Federal y la figura de las acciones de inconstitucionalidad. Actualmente, otras personas, con la visión que les da el paso del tiempo y con la experiencia acumulada, siguen en la senda del mejoramiento de la justicia mexicana.

Hay quienes han señalado que la reforma se queda corta y que hay muchos temas adicionales que se deben analizar a la brevedad. Creo que son voces que merecen ser escuchadas. No se trata de una reforma definitiva. No será la última vez que se modifique el régimen constitucional de la impartición de justicia. Quedará muchísimo por hacer, tanto respecto al diseño orgánico y competencial de nuestros juzgadores federales, como sobre todo en torno a su funcionamiento práctico.

La justicia mexicana adolece de enormes problemas. No de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Tenemos reformas recientes que, como la que ahora comentamos, aportan elementos de esperanza. Por ejemplo la reforma al sistema de justicia laboral, que tanta falta le hace al país y que ya está en curso de implementación. También tenemos las importantes reformas en materia de derechos humanos y del juicio de amparo, ambas de 2011, y aún antes de ellas, la reforma de la oralidad en materia penal del año 2008.

Se trata de esfuerzos sinceros para mejorar las cosas, aunque su puesta en práctica ha dejado profundas insatisfacciones. Por eso es que necesitamos seguir reformando, seguir mejorando y seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo en la justicia mexicana. Hay mucho por hacer. Manos a la obra.


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La Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos te prepara para comprender los modelos constitucionales modernos y la situación de los derechos humanos en el siglo XXI. Identificarás los elementos fundamentales de temas como la interpretación constitucional, la argumentación jurídica, el derecho internacional de los derechos humanos, los medios de protección y garantía de los derechos y las bases del estado constitucional.


Cuatro pasos para refutar argumentos

Cuatro pasos para refutar argumentos

Una de las tareas más importantes de la argumentación jurídica, además de justificar la posición que uno defiende en un debate, consiste en la refutación del punto de vista defendido por nuestros oponentes.

La refutación de un argumento consiste en mostrar mediante un contraargumento que la tesis defendida por nuestro contrincante está equivocada o es falsa.

Es importante ordenar nuestra refutación y presentarla adecuadamente, siguiendo una serie de pasos preestablecidos, de forma que ésta logre todo su efecto y brillantez:

Primer Paso: “Ustedes han dicho…”

Es importante que el público (y el jurado) sepa claramente contra qué idea de nuestro oponente vamos a lanzar la refutación. En una forma breve y concisa, debemos parafrasear lo dicho anteriormente por el equipo contrario, para lo cual se necesitan dos habilidades poco practicadas hoy día: saber escuchar y saber tomar notas de lo dicho durante el debate.

Segundo Paso: “Sin embargo…”

Una vez expuesta la tesis de nuestro contrario, debemos presentar en forma de titular nuestra refutación (es decir, nuestra contra-tesis o antítesis). En ella expresaremos el motivo por el que consideramos rechazable el argumento del contrincante: porque no ha demostrado nada, porque carece de pruebas, o bien lo que dice es irrelevante o incluso incoherente o contradictorio. 

Tercer Paso: “Porque…”

Este es el momento de poner las cartas sobre la mesa, mostrar las razones que nos respaldan en nuestra crítica al adversario. Al fin y al cabo, una refutación es a su vez un argumento (un contra-argumento, diríamos mejor), por lo que debe ser igualmente respaldado en base a datos, ideas, valores o principios que se deben ser explícitamente comparados con los que presentó la otra parte, de forma que facilitemos al jurado y al público la tarea de comparar las credenciales de ambos bandos. Por eso, no sólo explicaremos el error de nuestro adversario, sino también la relevancia de dicho error para la cuestión o problema que nos ocupa.

Cuarto Paso: “Y, por tanto…”

Presentar la conclusión final de nuestro alegato, aunque pueda parecer repetitivo o innecesario por darse por sobreentendido, es sin embargo un recurso útil para confirmar al público y al jurado que somos nosotros quienes llevamos razón (es lo que metafóricamente suele afirmarse como «rematar la faena»). En dicha conclusión, volvemos a presentar la tesis original de nuestro adversario poniendo el énfasis en su debilidad o defecto (o resaltando por el contrario la superioridad de nuestra postura).

FUENTE: aprenderadebatir.es


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