El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el marco de promoción y protección de los derechos de todas las personas en la región de las Américas. Integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia y los estándares interamericanos tienen un impacto directo en el sistema jurídico mexicano y en la labor de los abogados y autoridades.
1. Contradicción de tesis 293/2011 (Jerarquía normativa, jurisprudencia interamericana, rango constitucional de derechos humanos de fuente internacional).
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No ha habido ningún caso que haya generado tanta atención mediática, tantos debates, tantos debates, tantas presiones diplomáticas y políticas en la historia reciente de México, que el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez.
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En este libro se analizan algunas de las cuestiones más importantes que, en materia de debido proceso, prevé la Constitución mexicana. La obra de Miguel Carbonell ofrece a los lectores una exégesis conceptual y jurisprudencial que tiene como objetivo ofrecer una herramienta útil para la mejor aplicación y respeto en la práctica de ese civilizatorio básico que llamamos “debido proceso”.
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Miguel Carbonell / Director Centro de Estudios Jurídicos Carbonell
1. Ser proactivos en su aprendizaje para no quedarse con lo que les explican sus profesores.
2. Enfocarse en las materias que están menos saturadas y tienen un buen panorama hacia el futuro, como el derecho de la salud, el derecho de los seguros, el derecho del medio ambiente o el derecho de la energía.
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4. Hacer marketing jurídico desde la carrera: abrir un canal de Youtube, tener una página web y un blog propios, usar las redes sociales para difundir conocimiento, etcétera.
5. Estudiar los temas jurídicos a través de casos y problemas reales. Analizar sentencias de los tribunales y documentos de trabajo de los despachos de abogados.
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Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC.
El primer párrafo del artículo 19 de la Constitución mexicana señala el límite temporal de que disponen las autoridades judiciales para dictar el auto de vinculación: 72 horas contadas a partir de que el detenido sea puesto a su disposición. La comprensión cabal de este mandato exige tener presentes las hipótesis que refiere el artículo 16 de la propia Constitución para efectuar detenciones. Aunque la regla general es que solamente se puede detener a una persona cuando exista una orden judicial que lo justifique (una orden de aprehensión, por ejemplo), también es posible que cualquier persona realice la detención si el presunto delincuente se encuentra en flagrancia. Por su parte, el Ministerio Público puede ordenar una detención en el supuesto de caso urgente, por ejemplo cuando haya sospecha fundada de que el presunto delincuente va a evadir la acción de la justicia.
En todos estos casos la Constitución ordena que el detenido sea puesto a disposición judicial lo antes posible. Es a partir de esa puesta a disposición del juez cuando comienza a contar el plazo de 72 horas para dictar el auto de vinculación. Este plazo, sin embargo, corre siempre a favor del detenido, por lo que se puede solicitar la ampliación del mismo por el propio detenido, siempre que ello sea necesario para articular mejor su defensa (por ejemplo para ofrecer pruebas documentales que estén lejos del lugar de la detención, o simplemente para reunir mayores elementos de convicción a fin de desvirtuar las pruebas que se ofrezcan en su contra).
La Constitución exige que el auto de vinculación tenga cierto contenido: el delito que se le está imputando al detenido y las modalidades de comisión del mismo (lugar, tiempo y circunstancia). Dichos datos deberán ser bastantes para acreditar dos extremos: que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probable responsabilidad.
La jurisprudencia ha ido precisando ciertos aspectos en torno al auto de vinculación, con el objetivo de irle dando viabilidad práctica, sin desdoro de los derechos fundamentales involucrados (tantos para imputados como para víctimas). Por ejemplo, respecto al momento procesal en el que el Ministerio Público debe motivar la solicitud de vinculación a proceso (sentencia mediante la que se resuelve la Contradicción de Tesis 216/2016; Primera Sala).
Ver al respecto la siguiente tesis:
Registro: 2015704
VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO).
De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales -de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado-, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica -o a su ampliación-, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional -o a su ampliación- para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar.
También se ha pronunciado la jurisprudencia sobre el alcance de la expresión “hecho que la ley señala como delito”, para efecto de determinar si en el momento de dictar el auto de vinculación se deben o no analizar los elementos objetivos, normativos y subjetivos de la descripción típica del hecho ilícito (sentencia mediante la que se resuelve la Contradicción de Tesis 87/2016, Primera Sala).
Ver al respecto la tesis siguiente:
Registro: 2014800
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).
Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones «comprobar» por «establecer» y «cuerpo del delito» por «hecho que la ley señala como delito», las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de «pruebas» ni se exige «comprobar» que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado «cuerpo del delito», entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.
Otra cuestión de gran relevancia práctica en torno al auto de vinculación tiene que ver con la información probatoria que el juzgador de amparo debe analizar al momento de resolver un amparo indirecto que se haya presentado en su contra (ver la sentencia mediante la que se resuelve la Contradicción de Tesis 225/2017; Primera Sala).
Ver al respecto la siguiente tesis:
Registro: 2018561
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN.
El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, establece que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su comisión. Así, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, el Juez de Control, para determinar que existen elementos para iniciar un proceso contra el imputado, sólo debe considerar la formulación de la imputación y los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, porque tiene vedado revisar la carpeta de investigación para el dictado de esa resolución; sin embargo, tal impedimento desaparece, entre otros supuestos, cuando durante el debate solicita tener a la vista algún registro de la investigación contenido en dicha carpeta, para advertir alguna inconsistencia en los argumentos de las partes. Además, el artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por ende, no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; de ahí que, el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo promovido contra el auto de vinculación a proceso, no debe requerir de oficio la carpeta de investigación, porque ello originaría una resolución con elementos que no fueron rendidos ante el Juez de Control, sino que debe atender únicamente al contenido de la audiencia referida, sin que sea óbice que el tercer párrafo del artículo 75 citado faculte al juzgador de amparo para recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, porque en materia penal dicha facultad está limitada a que tal solicitud no implique una violación a los principios que rigen el proceso penal acusatorio, lo que acontece precisamente cuando el Juez de Distrito requiere la carpeta de investigación para resolver el juicio de amparo indirecto; sin embargo, en caso de que el Juez de Control haya tenido a la vista algún registro de la investigación, que le permitió resolver determinada controversia o la situación jurídica del imputado, no existirá impedimento legal para que únicamente dicha constancia de la carpeta de investigación se remita en vía de informe justificado al Juez de Distrito, porque constituye una excepción, a la regla general, y aun en ese supuesto de excepción se cumplirá con el precepto indicado, en virtud de que el juzgador apreciará el acto reclamado como fue debatido ante el Juez de Control, en atención a los principios de contradicción e inmediación contenidos en el artículo 20 de la Constitución Federal, los cuales permiten el equilibrio entre las partes para sostener y debatir la teoría del caso respectiva.
Lecturas adicionales:
Para profundizar en el tema del auto de vinculación recomiendo revisar las voces “Auto de vinculación a proceso. Concepto”, “Auto de vinculación a proceso. Efectos”, “Auto de vinculación a proceso. Oportunidades para su emisión” y “Auto de vinculación a proceso. Requisitos para su dictado”. dentro de la obra de Valadez, Manuel y Guzmán, Carlos Enrique, Diccionario práctico del juicio oral, México, Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC, 2018.
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Síntesis y comentarios delMaestro José Antonio Sanz Cárdenas
(programa de Doctorado en Derecho del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC).
Prácticamente, en el Acuerdo General 8/2020, se reanudan “paulatinamente” las actividades jurisdiccionales, con la finalidad de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y para ello, se establecen cuatro postulados a seguir:
Trámite y resolución de casos urgentes. Se dará trámite a los casos nuevos que se califiquen como “urgentes”, ya sea que se presenten de forma física o en línea, con el uso de la firma electrónica.
Resolución de casos tramitados físicamente. Se reanuda la resolución de los asuntos que se encuentren ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, pero solamente aquellos que únicamente estén pendientes de dictar sentencia.
Trámite y resolución de casos tramitados mediante “juicio en línea”. Se reanuda el trámite y resolución de los asuntos que se hayan tramitado mediante el juicio en línea con anterioridad al inicio del período de contingencia, excepto aquéllos en los cuales quede pendiente la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales que requiera la presencia física de las partes o de la práctica de notificaciones personales.
Suspensión de plazos y términos para casos restantes. Tratándose de solicitudes, demandas, recursos, juicios y procedimientos en general distintos a los puntos anteriores, así como la interposición de los recursos en contra de las sentencias y resoluciones dictadas conforme a la fracción II, no correrán los plazos y términos procesales, no se celebrarán audiencias ni se practicarán diligencias.
Artículos 2. Exhortación a tramitar asuntos “en línea”. Cuando se tramiten juicios de amparo “urgentes” de manera física, en la primera actuación, las y los juzgadores, así como secretarias y secretarios en funciones, exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de “juicio en línea”.
CAPÍTULO I
Atención a casos urgentes
Artículo 3. Durante el periodo del 6 al 31 de mayo 2020, solamente se dará trámite a las solicitudes, demandas, incidentes y recursos nuevos, es decir, no radicados previamente, cuando se trate de casos urgentes, con independencia de que se promuevan física o electrónicamente.
Artículo 4. Se consideran como urgentes, en forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos:
Los asuntos de competencia del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.
En materia penal:
Ejercicio de la acción penal con detenido;
Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa;
Diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que se resuelva sobre la situación jurídica;
Solicitudes de orden de cateo e intervención de comunicaciones privadas;
La calificación de detenciones;
Las vinculaciones a proceso;
Implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva;
Determinaciones sobre extradición;
Impugnación de determinaciones de Ministerios Públicos que promueva la víctima y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia;
Procedimiento abreviado;
Suspensión condicional del proceso;
En el sistema penal tradicional, diligencias para recibir declaraciones preparatorias y actuaciones en el periodo de pre-instrucción;
En el sistema penal tradicional, resolución innominados de traslación del tipo y desvanecimiento de datos; y
Apelaciones contra autos de plazo constitucional que afecten la libertad de las personas, contra las determinaciones que impongan medida cautelar de prisión preventiva, y contra las resoluciones que se emitan en los incidentes y controversias previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, relacionadas con la libertad, salud e integridad física de las personas.
En ejecución penal:
Gestiones previas a la inminente compurgación de la pena;
Actuaciones de trámite que puedan decidirse y acordarse por escrito y que permitan la resolución del expediente de ejecución;
Resoluciones por escrito sobre peticiones de personas privadas de la libertad, si no existiere controversia entre las partes ni desahogo de prueba;
Trámite para la determinación y ejecución de beneficios preliberaciones (libertad preparatoria, anticipada, condicionada y la sustitución o suspensión temporal de la pena) y los derivados de la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de abril d 2020;
Asuntos relativos a condiciones de internamiento que versen sobre atención médica relacionada con el tercer escalón sanitario (hospitalización);
Asuntos relacionados con segregación y tortura; y
Planteamiento en torno a las afectaciones derivadas del Covid-19 con motivo del internamiento.
IV. En general, todas las demandas de amparo o acciones contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión;
En materia civil
Amparos contra determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general;
Amparos contra determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes; y
Amparos relacionados con actos que afecten al interés superior de menores de edad y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia;
(Desde luego, esto también dependerá de las medidas que adopten los Poderes Judiciales de los Estados respecto a la reanudación de los asuntos de su competencia, dado que el Acuerdo General 8/2020 no define si se trata de amparos ya iniciados en su tramitación o los que apenas se promuevan contra esos actos.)
Medidas cautelares en concursos mercantiles;
Declaración de inexistencia de huelga;
Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales;
En general, aquellos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al respecto, resulta importante considerar:
Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del período de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y
Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud.
Artículo 5. (…) Atendiendo al aumento de casos que se están presentando en algunas sedes, el anexo (contenidos en las ligas en el transitorio TERCERO) contempla algunos circuitos con dos juzgados de guardia. En este supuesto y dado que las Oficinas de Correspondencia Común carecen de facultades para valorar la “urgencia” de un asunto, se habilita a ambos órganos para recibir de manera directa las promociones que se les presenten y para que establezcan un mecanismo de comunicación tendiente a que, tras el cierre del día, adopten medidas para evitar la desproporción en la recepción de asunto. Para ello, se faculta a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos para adoptar las medidas que sean necesarias para equilibrar las cargas de trabajo.
(En el caso, los juzgados de distrito que estén de guardia estarán facultados para valorar si los amparos que se promuevan son de carácter urgente y los reciban directamente dichos órganos, es decir, los amparos denominados “urgentes” podrán ser presentados directamente ante los juzgadores federales de guardia o bien ante la Oficina de Correspondencia Común en tratándose de aquellas demandas que tengan el carácter de urgente sin que sea necesario valorar si tienen o no tal carácter, como por ejemplo, contra actos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Amparo).
Artículo 6. Concluida su guardia, los órganos jurisdiccionales que hayan iniciado la tramitación de asuntos urgentes deberán dar seguimiento a las determinaciones derivadas de los mismos y, si mantienen tal carácter de urgencia, continuar con la tramitación de los casos hasta la emisión y notificación de la sentencia o resolución final, en aras de proporcionar una justicia completa.
[…]
Artículo 9. Para efectos de los recursos derivados de juicios de amparo que se consideren como urgentes, especialmente el de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo y aquellos que por la contingencia requieran de la misma atención apremiante al criterio del propio juez y de la presidencia del órgano revisor, se habilitan a los Tribunales Colegiados de Circuito que se especifican en el anexo contenido en las ligas descritas en el artículo TERCERO transitorio. […]
CAPÍTULO II
Resolución de casos tramitados físicamente
Artículo 10. Para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los que no están de guardia, se mantiene la suspensión de plazos y términos procesales, pero se reanuda la actividad jurisdiccional única y exclusivamente para resolución de aquellos casos que se hayan tramitado físicamente y que estén en estado de emitir sentencia o resolución final, lo que excluye aquéllos expedientes en los que queden pendientes de desahogar diligencias judiciales distintas.
(En este artículo se puede ver que se reanuda la actividad jurisdiccional para aquellos asuntos que únicamente estén pendientes de dictar sentencia, por ejemplo, tratándose de los juicios de amparo indirecto en los que no haya pendiente diligencia que desahogar y se haya llegado la fecha de la audiencia constitucional -incluso si ya se celebró ésta- y solamente esté pendiente el dictado de la sentencia correspondiente; en los casos de amparo directo, recursos de revisión, recursos de queja, recursos de inconformidad, recursos de reclamación, conflictos competenciales, etc. Serán resueltos aquellos que ya estén en estado de resolución, es decir, que ya se encuentren turnados a ponencia para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.)
Artículo 11. Para la emisión y notificación de sentencias y resoluciones se observará lo siguiente:
En términos del artículo 1, fracción IV, del presente Acuerdo, no corren plazos ni términos procesales, por lo que las notificaciones de las resoluciones en cuestión serán hechas a las partes conforme a lo establecido en la normatividad correspondiente, de manera escalonada y una vez normalicen las actividades, salvo las que resuelvan asuntos que se califiquen como urgentes, y especialmente las que involucren la libertad personal, que se notificarán de inmediato. […]
(Esta fracción se pueden interpretar en el sentido de que solamente se dictarán las sentencias o resoluciones finales y se notificarán una vez que las actividades se normalicen y se realizarán de manera escalonada, esto es, todas aquellas resoluciones finales o sentencias que se dicten en el periodo del 6 al 31 de mayo de 2020 se notificarán una vez que las actividades jurisdiccionales vuelvan a la normalidad, salvo aquellas que involucren la libertado personal -amparos en material penal lisos y llanos- los cuales se notificarán inmediatamente con las medidas sanitarias correspondientes.)
Se habilita un máximo de tres personas por órgano jurisdiccional o, en tribunales colegiados, tres por ponencia y tres más de la Secretaría de Acuerdos, para acudir al órgano jurisdiccional cuando resulte necesario consultar constancias físicas, digitalizar aquellas que resulten necesarias para estudio y análisis remoto, actualizar expedientes físicos y electrónicos, y realizar cualesquier trámites indispensables para alcanzar el objeto de este acuerdo. Para tal efecto, a los días habilitados de acuerdo con el Anexo Dos, cuyo enlace se encuentra prevista en el transitorio CUARTO.
(En esta fracción se establece que se habilita la presencia del personal de los órganos jurisdiccionales -juzgados de distrito y tribunales unitarios y colegiados de circuito- solamente para las actividades que se especifican; sin embargo, no se específica si las tres personas a que alude se incluya al juez o magistrado, dicha disposición, conforme al anexo CUARTO, queda de la siguiente manera:
Juzgados de Distrito: máximo 3 personas.
Tribunales Unitarios: máximo 3 personas.
Tribunal Colegiados: máximo 12 personas (3 por cada ponencia y 3 en el caso de la Secretaría de Acuerdos).
Juzgados 1 y 2 de Distrito Auxiliares en Ciudad de México: máximo 9 personas.)
Las sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados de Circuito se celebrarán conforme a lo siguiente:
Se habilitará un espacio de manera destacada en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal para que se publiquen en forma oportuna las respectivas listas de sesión, de conformidad con los artículos 29 y 184 de la Ley de Amparo y 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; […]
Las y los magistrados, así como el resto del personal jurisdiccional que participe en la sesiones por videoconferencia harán uso de la plataforma tecnológica que el Consejo de la Judicatura Federal determine a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información, la cual deberá permitir la óptima comunicación de audio y video entre quienes intervengan en forma simultánea, así como el debido resguardo y almacenamiento de las sesiones conforme a los esquemas tecnológicos usuales. El resguardo operará como constancia para la posterior consulta de la sesión.
Las videoconferencias se regirán por lo dispuesto en el artículo 29 del presente Acuerdo.
La Secretaría de Acuerdos hará constar en un acta el sentido y observaciones que cada integrante del Tribunal manifieste, así como las características en que se haya desahogado la sesión, en el entendido de que ésta, invariablemente, se celebrará en vía remota y sin la presencia del público, el cual podrá consultar el registro de la sesión una vez que se haya notificado la sentencia o resolución respectiva, y se haya regularizado el funcionamiento de las actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y […]
(Se implementan las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito vía remota, esto es, se llevarán a cabo el día y la hora que se fijen para ello, en donde los magistrados intervinientes y el Secretario de Acuerdos respectivo se comunicarán en forma simultánea para el desahogo de la sesiones –así como las está llevando a cabo la SCJN-, sin la presencia del público y una vez que las actividades del PJF se regularicen, se podrá consultar el registro de la sesión correspondiente).
Si durante la discusión del asunto se advierte de oficio la posible actualización de una causal de sobreseimiento, el tribunal suspenderá la resolución del asunto hasta que se pueda notificar y desahogar la vista prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo.
(Si al momento en que se lleve a cabo la sesión, se advierte que se actualiza una causal de sobreseimiento al momento de resolver los asuntos, estos se suspenderán hasta en tanto se pueda dar vista a la parte quejosa de ello y pueda manifestar lo que a su interés convenga, conforme lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Amparo).
CAPÍTULO III
Tramitación y resolución mediante el juicio en línea
Artículo 12. Para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los que no están de guardia, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales, única y exclusivamente para el trámite, estudio y resolución de aquellos casos que se hayan tramitado mediante “juicio en línea”, lo que excluye a los expedientes en los que conforme a la Ley de Amparo y demás leyes adjetivas aplicables, aún queden pendientes por desahogarse notificaciones personales y cualesquiera otras audiencias o diligencias que involucren la presencia física de las partes u otros intervinientes en el proceso.
(Se levanta la suspensión de plazos y términos procesales para aquéllos asuntos que se hayan tramitado mediante el juicio en línea, únicamente, tratándose de juicios que no requieran desahogo de diligencias que involucren la presencia física de las partes u otros intervinientes en el proceso -ejemplo desahogo de inspecciones judiciales, pruebas testimoniales, periciales, etc.-)
Artículo 13. Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes o sus representantes deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente.
Quienes no tengan autorizada la actuación “en línea” podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a estas promociones lo dispuesto en el siguiente párrafo.
Las partes que tengan intervención en diversos juicios, podrán presentar la misma promoción en uno o a varios expedientes electrónicos de manera simultánea, desde el Módulo de “Promociones y Recursos”. Para ello, seleccionarán el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, ingresarán el tipo de asunto y expediente electrónico asignado, adjuntarán el archivo que contenga su promoción o ingresarán el texto de su promoción utilizando el texto en blanco a su disposición, agregarán su firma electrónica vigente y enviarán el archivo.
(Las partes deberán haber solicitado autorización para la consulta de los expedientes electrónicos y no de haberlo hecho, podrán realizarlo a través de una promoción electrónica en el Portal de Servicios en Línea; es decir, las partes deberán presentar las promociones de manera electrónica a través de dicho portal, tal y como se venía haciendo el trámite correspondiente respecto a los juicios en línea)
Artículo 14. La tramitación de los juicios “en línea” continuará siempre y cuando no se requiera la práctica de notificaciones personales en los supuestos previstos por el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. La actualización de la hipótesis antes prevista o la exigencia de que las partes u otros intervinientes deban acudir al órgano jurisdiccional, suspenderá la tramitación del asunto. Para el resto de diligencias y actuaciones, las notificaciones se practicarán de manera electrónica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo.
Artículo 15. Los órganos jurisdiccionales deberán dar puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
Artículo 16. Para la emisión de sentencias y resoluciones desde el expediente electrónico se observará lo siguiente:
El levantamiento de plazos y términos procesales señalado en el presente capítulo comprende únicamente a los juicios en línea, lo que implica que las notificaciones respectivas, incluidas las sentencias y resoluciones finales, se practicarán de manera electrónica. Consecuentemente, los recursos que, en su caso, procedieren, deberán interponerse por la misma vía.
Si la resolución o sentencia emitida en alguno de los procedimientos previstos en el presente capítulo tuviese que notificarse personalmente, sólo se practicará tratándose de asuntos urgentes. En caso contrario, las notificaciones correspondientes se practicarán de manera escalonada y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, una vez que se regularicen las actividades.
Tratándose de asuntos urgentes y, en particular, los que involucren la libertad personal, las diligencias de notificación personal que deban practicarse se desahogarán en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
Finalmente, las publicaciones en lista se realizarán únicamente mediante la publicación en internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo.
Se habilita un máximo de tres personas por órgano o, en tribunales colegiados, tres por ponencia y tres más de la Secretaría de Acuerdos, para acudir al órgano jurisdiccional cuando resulte necesario consultar constancias físicas, digitalizar aquéllas que resulten necesarias para estudio y análisis remoto, actualizar expedientes físicos y electrónicos, y realizar cualesquier trámites indispensables para alcanzar el objeto de este acuerdo. Para tal efecto, se estará a los días habilitados de acuerdo con la relación en el Anexo Dos, cuyo enlace se encuentra prevista en el transitorio CUARTO.
Tratándose de tribunales colegiados de circuito, las sesiones para deliberar asuntos seguirán las siguientes reglas: […]
(Las mismas reglas especificadas con anterioridad para el desahogo de la sesiones, ver Artículo 11.)
Artículo 17. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, párrafos sexto a octavo, de la Ley de Amparo, referente a la coincidencia entre los expedientes electrónico e impreso y a la forma de integrar éste último, los órganos jurisdiccionales tendrán un período de 60 días naturales contados a partir de que se regularicen las actividades jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación, para garantizar que los expedientes físicos contengan todas las actuaciones electrónicas y estén debidamente integradas al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Para ello, deberán imprimir las promociones y constancias con la correspondiente evidencia criptográfica de las firmas electrónicas.
(A partir de que se regularicen las actividades jurisdiccionales, los órganos tendrán un plazo de 60 días naturales para garantizar que los expedientes físicos contengan todas las actuaciones electrónicas y estén debidamente integradas en el SISE).
Capítulo IV Reglas específicas para los órganos jurisdiccionales que conozcan de asuntos penales
Artículo 18. Las reglas previstas en los tres capítulos precedentes, especialmente por lo que hace al catálogo de casos urgentes, resultan aplicables a los asuntos en materia penal, salvo que se disponga otra cosa en el presente capítulo. En adición a lo anterior, en esta materia se prevé un esquema híbrido en el que resulta posible la actuación física y en electrónico, siempre y cuando las audiencias que, para ciertos casos, deban desahogarse se realicen mediante el uso de videoconferencias.
Artículo 19. Se podrán celebrar las audiencias y sesiones a través del sistema de videoconferencia en tiempo real, tanto en asuntos urgentes como para los ya radicados en los órganos jurisdiccionales. Lo anterior se realizará a criterio razonable de cada órgano jurisdiccional, atendiendo a sus circunstancias y a si la naturaleza del asunto y las condiciones técnicas y logísticas permiten su realización. Al respecto, deberá considerarse lo dispuesto en el “Mecanismo de reforzamiento a las medidas de contingencia implementadas en los Centros de Justicia Penal Federal, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19”.
Artículo 20. Para evitar la concentración de personas, tanto para el desahogo de audiencias como para la organización en general del trabajo, las y los titulares dispondrán lo conducente y organizarán a su personal en el horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y privilegiarán el trabajo a distancia. Lo anterior permitirá que, en la medida de las circunstancias específicas de cada órgano jurisdiccional, se decida en los asuntos ya integrados pendientes de resolución; se continúe con la integración de expedientes y se realice el desahogo de promociones pendientes de acuerdo.
Artículo 21. Toda vez que, en términos del artículo 1, fracción IV, del presente acuerdo no corren plazos ni términos procesales, las notificaciones de las resoluciones en cuestión serán hechas a las partes conforme a lo establecido en la normatividad correspondiente, una vez que se normalicen las actividades, salvo las que involucren la libertad del imputado, que se notificarán de inmediato.
Artículo 22. En los Centros de Justicia Penal Federal se adoptarán las siguientes medidas:
Se suspenden los términos procesales distintos a los constitucionales. Consecuentemente, deberán reprogramarse las audiencias de trámite que a criterio de cada juzgadora o juzgador no puedan celebrarse por videoconferencia en tiempo real, a partir de los siguientes diez días naturales contados a partir de la regularización de actividades y según lo determine la administración de cada Centro en el contexto de su operatividad.
Son impostergables las determinaciones de carácter urgente, como lo son, enunciativamente, las referentes a la calificación de detenciones, las vinculaciones a proceso, la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva y las determinaciones sobre extradición.
Cuando tengan que celebrarse y no sea posible su desahogo mediante videoconferencia en tiempo real, las audiencias de asuntos urgentes se desarrollarán a puerta cerrada, sin la presencia de público y garantizando el acceso a las partes que intervienen en ellas. Para ello, deberá velarse por la salud de las personas imputadas y demás participantes en la audiencia, adoptando las medidas como el distanciamiento social y las demás que recomiendan las autoridades de salud, así como la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y las áreas competentes de la Secretaría Ejecutiva de Administración.
IV. Para el desahogo de audiencias por videoconferencia en asuntos ya radicados, se observará lo siguiente:
a) Se priorizará el desahogo de las audiencias previamente reprogramadas en las que la o el imputado o sentenciado se encuentra privado de la libertad;
b) Con independencia de la guardia para asuntos urgentes, se establecerá un rol entre las y los jueces de control y, cuando se cuente con ellos, de ejecución en cada Centro, para que, en caso de requerirlo y de acuerdo a las necesidades de cada sede judicial, cada uno de ellos disponga al menos por un día hábil en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., de las salas y recursos tecnológicos y humanos para la realización de audiencias no urgentes mediante videoconferencia. Lo anterior busca posibilitar su mejor coordinación logística y evitar la concentración de personas, de modo que cada Jueza o Juez administrador realizará los ajustes de agenda correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y
c) Entre la realización de una audiencia por videoconferencia y otra, se considerará un intervalo de tiempo idóneo para coordinar los preparativos logísticos y para implementar las medidas sanitarias que determinen las áreas competentes del Consejo.
VI. La Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal habilitará una línea de contacto directo para coadyuvar a los Centros de Justicia Penal Federal en la implementación de estas medidas.
(Se suspenden los términos procesales distintos a los constitucionales -Artículo 19- y se reprogramarán aquellas audiencias de trámite que no puedan llevarse a cabo mediante videoconferencia en tiempo real; las audiencias referentes a vinculaciones a proceso, calificación de detenciones, implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva y las determinaciones sobre extradición, serán impostergables y deberán celebrarse con las medidas sanitarias pertinentes con los intervinientes).
Artículo 23. En adición al trámite de casos urgentes, todos los órganos atenderán:
Las decisiones que no requieran audiencias;
Las decisiones que requieran audiencia, siempre que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, procurando su desahogo mediante videoconferencia; y
Los asuntos cuya tramitación se encuentre integrada y lista para resolución conforme a lo establecido en el presente Acuerdo.
Adicionalmente, se practicarán las actuaciones de trámite que puedan decidirse y acordarse por escrito y que permitan la integración y resolución de expedientes de ejecución. […]
Artículo 24. Dentro de los asuntos ya radicados y que conforme al artículo anterior deberán continuarse atendiendo pese a no calificarse como “urgentes” en términos del artículo 4, se destacan enunciativamente algunos que se deben priorizar:
En los Juzgados con competencia en Procesos Penales Federales:
a) Acuerdo donde se declara la prescripción de la acción penal de causas suspensas o de la ejecución de una sentencia penal, particularmente cuando se haya girado orden de reaprehensión en contra del sentenciado que incumplió con su obligación para gozar de los beneficios de condena condicional;
b) La solicitud de libertad provisional bajo caución y el acuerdo donde se tiene por exhibida la misma y, por tanto, se decreta la libertad;
c) Celebración de audiencias incidentales y resolución de incidentes innominados de traslación del tipo y de desvanecimientos de datos, incluidos los recursos contra la resolución que niegue su procedencia;
d) Escrito de procesados y sentenciados privados de su libertad donde soliciten que se les brinde material de aseo y alimentación indispensables;
e) Todas aquellas controversias que impliquen la libertad de la persona en materia de ejecución penal; y
f) Diligenciación de exhortos y comunicaciones oficiales sobre los temas antes mencionados.
En los juzgados de Distrito que conozcan de amparo penal, los asuntos donde se reclamen:
a) Órdenes de aprehensión;
b) Aseguramiento de cuentas;
c) Actos que impliquen una afectación directa o indirecta a la libertad personal dentro del procedimiento (tales como los derivados de solicitudes de revisión de medida cautelar de prisión, de libertad provisional, o para hacer efectivo un beneficio de ejecución de pena que suspenda la privación de libertad);
d) Actos que impliquen una afectación a los derechos de menores de edad o de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria; y
e) Aseguramiento de bienes y actos que priven de la posesión de un inmueble, que constituyan el hogar del quejoso.
Artículo 25. Los Juzgados Especializados en Materia de Ejecución con competencia en todo el país y domicilio en la Ciudad de México, los de Procesos Penales Federales, así como las y los jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio en funciones Ejecución, deberán tramitar y resolver:
Las solicitudes de beneficios preliberacionales de las personas sentenciadas, presentadas por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, en atención a su política penitenciaria y, destacadamente, el contexto de la pandemia por Covid-19.
Las solicitudes de amnistía que presente la Comisión prevista en la Ley de Amnistía.
Las y los jueces que se pronuncien sobre la procedencia de los beneficios de preliberación y las solicitudes de amnistía, así como y los tribunales unitarios con competencia en materia penal que se encuentren de guardia y conozcan de los recursos que se interpongan contra de dichas determinaciones, resolverán lo conducente de manera prioritaria.
En los Centros de Justicia Penal Federal, también conocerán de solicitudes derivadas de la Ley de Amnisitía cuando se relacionen con personas sujetas a proceso o indiciadas pero prófugas, en términos del artículo 3, fracción I, de dicho ordenamiento.
Los órganos contemplados en este precepto deberán adoptar las medidas previstas en el artículo 8 del presente Acuerdo.
(Como se puede observar también se da prioridad para que se resuelvan asuntos ya radicados como “no urgentes” de la competencia de los Juzgados de Procesos Penales Federales, así como de Juzgados de Distritos de Amparo en materia Penal; también se destaca la resolución de aquellos asuntos en donde se solicite la aplicación de la Ley de Amnistía).
Ser un experto en temas como la interpretación constitucional, la argumentación jurídica, el derecho internacional de los derechos humanos, los medios de protección y garantía de los derechos y las bases del estado constitucional.
Miguel Carbonell/ Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell
En los años recientes, la jurisprudencia mexicana ha desarrollado en diversas sentencias el concepto, contenido y alcances del llamado interés superior de los niños, niñas y adolescentes (lo llamaremos interés superior del niño en lo sucesivo). Se trata de un principio que está expresamente recogido en el artículo 4 de la Constitución mexicana, en cuyo párrafo noveno se señala que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos…”. También se encuentra previsto en diversos tratados internacionales de derechos humanos, como por ejemplo en el artículo 3.1. de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
La propia ONU, a través de su Comité de los Derechos del Niño, ha señalado que “el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exigen medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño” (Observación General número 7, párrafo 13, Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 2005).
El interés superior del niño debe ser respetado tanto por las autoridades como por los particulares. Puede oponerse incluso a los progenitores de un niño, cuando estén en riesgo su vida, su integridad física o algún otro de sus derechos humanos. El interés superior puede incluso ser entendido como un límite al ejercicio de algún derecho humano del niño o de sus padres, como por ejemplo la libertad religiosa (ver lo que al respecto explica la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 1049/2017 en relación al tratamiento médico que se le debe proporcionar a una niña menor de edad cuyos padres se niegan debido medularmente a sus creencias religiosas, ya que profesaban la religión de los Testigos de Jehová). Al respecto, debe tomarse en cuenta la siguiente tesis:
Registro: 2020401
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE.
El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el «interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes»; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, «se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales». Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe «en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño», lo que significa que, en «cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá», lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.
Ahora bien, lo cierto es que el interés superior del niño es un concepto jurídico indeterminado, por lo cual no es sencillo tener claridad sobre sus alcances y contenidos, así como sobre la forma en la que debe ser aplicado en la práctica. En esa virtud, tampoco resulta muy útil ofrecer definiciones generales, ya que el enorme pluralismo de las formas de convivencia familiar exige de los juzgadores y de los demás órganos de tutela de los derechos de los niños, que se analice caso por caso qué es lo mejor para ellos. Eso supone una importante carga argumentativa para los operadores jurídicos, incluyendo desde luego a los abogados que se dedican a la materia familiar o penal, entre otras.
La jurisprudencia mexicana ha entendido al interés superior del niño como concepto jurídico indeterminado en la siguiente tesis:
Registro: 2002815
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS.
Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa «zona intermedia», haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional.
Para ir comprendiendo de manera adecuada el significado del interés superior del niño, es muy útil tomar en cuenta los siguientes criterios jurisprudenciales:
Registro: 159897
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.
En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: «la expresión ‘interés superior del niño’ … implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño».
Registro: 2000988
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR.
La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la «protección integral». Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un «núcleo duro de derechos», esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el «núcleo duro» de los derechos.
Registro: 162807
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL.
En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión.
Registro: 2008641
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA OPINIÓN DE UN MENOR EXPRESADA EN UN PROCESO JURISDICCIONAL DEBE SER CUIDADOSAMENTE VALORADA A FIN DE EVITAR QUE SEA MANIPULADA.
De la interpretación de los artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se desprende la obligación del Estado de velar por el principio del interés superior del menor, garantizando de manera plena el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que puedan afectarle, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. En ese sentido, el juzgador deberá ser especialmente cuidadoso al valorar tanto la opinión del menor como el resto del material probatorio en los asuntos que dirimen aspectos que afectan los derechos de menores, ya que en ocasiones éstos expresan una opinión que puede estar manipulada o alienada y podrían vulnerarse con suma facilidad los derechos del menor que precisamente se pretenden proteger, por lo que debe analizarse en conjunto tanto lo expresado por el menor, así como las demás circunstancias que se presenten en el caso.
Registro: 2009010
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ.
El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la participación de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces de amparo.
Registro: 2009009
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO DE LOS MENORES A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA NO PUEDE ESTAR PREDETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN RAZÓN DE SU EDAD.
De conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los menores de edad tienen derecho de expresar libremente su opinión en todos los asuntos que los afectan. Ahora bien, su participación en un procedimiento jurisdiccional no puede estar predeterminada por una regla fija en razón de su edad, ni aun cuando esté prevista en ley. Atendiendo al principio de autonomía progresiva, la edad biológica no guarda necesaria correlación con la madurez y la posibilidad de formarse un juicio o criterio propio. De ahí que no puede partirse de parámetros cronológicos específicos para establecer una generalización de cuándo los menores de edad deben participar en procedimientos jurisdiccionales, pues es el juzgador quien deberá tomar en consideración las condiciones específicas del niño o niña, así como su interés superior, para acordar su intervención, siempre con una actitud orientada a favorecer la eficacia de su derecho de participación.
La pandemia del coronavirus COVID-19 está impactando directamente en la actividad empresarial y comercial de casi todas las industrias en México y el mundo. El reto que enfrentan es mayúsculo, pues si no lo superan, miles de empresas tendrían que cerrar por completo. ¿Qué tan preparadas están las empresas para combatir situaciones de fuerza mayor?
Para que una empresa pueda crear y desarrollar un modelo de negocio es necesario que cuente con controles de cumplimiento, no solo al exterior acatando la ley, sino también al interior con estándares de ética, anticorrupción e integridad. Los programas de compliance buscan ese objetivo y proporcionan seguridad jurídica, empresarial y laboral; sin embargo, muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, no saben cómo dar el primer paso hacia un modelo de negocio con integridad, se topan con un muro de tecnicismos y riesgos que suponen un reto para la estructura de la empresa. Para ayudar a las empresas a implementar las buenas prácticas, Centro Carbonell ha seleccionado documentos, manuales y guías realizados por organizaciones nacionales e internacionales que permiten tener un panorama de integridad y combate a la corrupción, orientado a maximizar los beneficios en la actividad económica-empresarial.
1) Guía Práctica «Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas» publicada por la Organización de las Naciones Unidas
2) Compendio de buenas prácticas, combate a la corrupción y promoción a la integridad en Pymes en México, expedido por la Organización de las Naciones Unidas y la Secretaría de la Función Pública.
¿Qué tan preparadas están las empresas para combatir situaciones de fuerza mayor? Para lograr salir adelante en situaciones extraordinarias, es necesario que las empresas cuenten con un programa de compliance y sobre todo, un plan de continuidad en el negocio que les permita innovar, reinventar y mantener estabilidad financiera, jurídica y laboral.
Definir la visión y la misión del negocio. Diseñar un código de ética y un código de conducta en la organización.
2) Diagnóstico
Evaluar la situación actual y establecer acciones enfocadas a áreas específicas. Elaborar un mapa de controles y transparencia.
3) Gestión de riesgos
Identificar las amenazas principales y evaluarlas. Hacer un «top risk» e ir implementando medidas para cada uno.
4) Capacitación y comunicación
Crear canales de comunicación directos, transparentes. Se debe contar con confianza interna y confianza externa. Capacitar a los colaboradores y empleados para la cultura del cumplimiento.
5) Toma de decisiones
Hacer negocios de acuerdo con el modelo específico y tus indicadores. La cadena de mando debe estar bien definida.
6) Monitoreo
Medir, analizar y evaluar el desarrollo de las decisiones, acciones y propuestas. El cambio debe ser verificable.
7) Revisión y reporte
Establecer revisiones a determinados procesos clave. Generar reportes para mitigar fallas.
Fuente: Enfoque desde el compliance: pymes en México, posibles modelos de integridad» conferencia de Martha Figueroa.
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Dr. Miguel Carbonell / Director Centro de Estudios Jurídicos Carbonell
Durante las semanas en las que la mayor parte de los tribunales de justicia permanecieron cerrados, nos dimos cuenta de lo valiosa que es su tarea y lo importante que resulta, para millones de personas, el poder acudir a una instancia que les permita resolver de la mejor forma posible sus problemas y disputas.
Una vez que las cosas vayan volviendo poco a poco a la normalidad, deberíamos sacar varios aprendizajes en materia de impartición de justicia. No solo porque se trata de un tema esencial, sino porque es un área del Estado mexicano en la que tenemos demasiadas cosas por mejorar. Hay que decirlo con todas sus letras: la justicia mexicana necesita con urgencia ser modernizada y puesta al día. No es momento de repartir culpas ni de señalar responsables; siendo muy honestos tenemos que reconocer que, en realidad, todos hemos descuidado ese sector esencial para el desarrollo del país. Pero de la misma manera debemos ser claros en reconocer la importancia que para los países tiene un buen sistema de justicia. Nadie duda de que si no tenemos un aparato de justicia moderno, ágil y funcional, va a ser imposible que México salga adelante.
El abogado inglés Richard Susskind, que lleva décadas analizando el desarrollo de la profesión jurídica, se pregunta en su más reciente libro si la impartición de justicia es un servicio o es un lugar físico (“Online courts and the future of justice”, Oxford University Press, 2019). Es decir, si lo que la gente busca en los juzgados es acudir a un sitio para reunirse con otras personas y desahogar trámites, o si lo que quiere en realidad es que le resuelvan sus problemas. Si lo que se busca es lo segundo, como es evidente, entonces deberíamos diseñar un sistema de justicia que permita atender de manera rápida, eficiente y a bajo costo a las personas.
La solución no consiste solamente, como a veces se suele afirmar de manera muy simplista, en inyectarle más dinero a los poderes judiciales, en construir más salas de audiencia o en incrementar el número de juzgados. Aunque algunas de esas medidas pueden ser necesarias, la solución de fondo debe buscarse a través del uso de la tecnología.
Debemos comenzar a poner en práctica, sin demora alguna, los juicios en línea y las soluciones basadas en los recursos que nos proporcionan los avances tecnológicos. Es probable que en los próximos meses o incluso años, debamos mantener en alguna proporción las medidas de distanciamiento social para evitar un rebrote de las infecciones por el coronavirus. En ese contexto, no será posible seguir impartiendo justicia en lugares abarrotados de gente, en los que es imposible mantener un distanciamiento mínimo con las demás personas. Basta darse una vuelta por cualquier junta de conciliación y arbitraje, o por los juzgados familiares de muchas entidades federativas para ver la enorme acumulación de personas que se produce cotidianamente en su interior. Esa forma de trabajo no es sostenible en el corto plazo. La debemos dejar atrás lo antes posible.
La alternativa en lo inmediato no es si los tribunales deben permanecer o no cerrados. Deben abrir. Y lo deben hacer de inmediato. Pero no de una forma en la que todos se pongan en riesgo. Se debe trabajar de una forma inteligente y planeada. La Suprema Corte a partir del 20 de abril de 2020 empezó a sesionar de manera remota, con sus integrantes sentados en sus domicilios particulares, discutiendo y votando sobre los asuntos de su competencia. Lo mismo debe aplicarse en todos los tribunales del país, los cuales para empezar deben resolver enseguida todos aquellos asuntos que ya estaban listos para dictar sentencia. Eso aseguraría que, en el corto plazo, se abatiera en alguna medida el enorme rezago que arrastran varios órganos judiciales. Luego, deben implementar un plan emergente para resolver todas las solicitudes urgentes y darles trámite de manera remota.
No hay razón alguna para que en el ámbito de la justicia no se puedan utilizar aplicaciones digitales, mensajes de WhatsApp, videollamadas, chats en vivo, etcétera. Durante la pandemia más de 200 millones de personas comenzaron a mantener comunicación a través de la plataforma Zoom: ¿porqué no utilizarla para desahogar diligencias judiciales de manera telemática, de forma que puedan avanzar con mayor rapidez los juicios?
Imaginemos lo veloces que serían las notificaciones realizadas por WhatsApp o el tiempo que nos podríamos ahorrar si no tuviéramos que desplazarnos hasta el juzgado para desahogar una audiencia. Todo eso es posible hoy en día, ya que la tecnología lo permite y se usa en muchos ámbitos sociales. Hace falta que los abogados nos demos cuenta de lo mucho que podemos mejorar en el desempeño de nuestro trabajo.
Las mismas aplicaciones tecnológicas deben ser utilizadas para desahogar procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, tanto ante los órganos autónomos como en las dependencias de la administración pública, a nivel federal y local. No tiene sentido que los interesados tengan que seguir acudiendo a oficinas municipales, estatales o federales, a fiscalías o procuradurías, cuando mucho de lo que hacen se puede llevar a cabo perfectamente de manera remota.
Esta crisis es una oportunidad para mejorar la justicia mexicana. No podemos desperdiciarla.
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La distancia ya no es obstáculo para seguir aprendiendo y obtener formación académica de calidad. El desarrollo tecnológico permite que aquellas personas que por diversos motivos no podían acudir físicamente a un aula a tomar clases presenciales bajo la conducción de un docente, puedan acceder a contenidos de calidad en relación a su interés profesional.
Miguel Carbonell / Director Centro de Estudios Jurídicos Carbonell
¿Podemos a través de las redes sociales construir un ámbito útil y respetuoso de debate? Estoy convencido que sí. Algunas indicaciones que podrían servir:
1. Leer con atención antes de dejar un comentario.
2. Nunca recurrir a insultos. El que insulta se descalifica a sí mismo.
3. Intentar aportar en cada discusión y no simplemente destruir o descalificar. Entre todos podemos construir mejores razonamientos.
4. Ejercer la libertad cada uno en sus propios muros o time-lines. No podemos pedirle a los demás que opinen, escriban y se refieran a los temas o asuntos que solamente a nosotros nos interesan.
5. Si no se tiene algo positivo que añadir a una discusión, es mejor quedarse callado.
6. No sirve de nada reproducir fuentes de información de ínfima calidad. Las publicaciones más reconocidas suelen ser las más rigurosas y confiables. Es fácil saber cuáles son.
7. Evitar a toda costa el recurso de la «falacia ad personam», que es aquella que descalifica a un argumento no por el contenido del argumento mismo, sino por la persona que lo presenta.
8. Entender la complejidad de los asuntos y no intentar sobre-simplificarlos. Los temas sobre los que se suele opinar en redes sociales son complejos. Hay que estar bien informados en cada uno de ellos, apreciando sus múltiples aristas.
9. Apreciar la libertad de los demás: internet es un territorio libre. Esa libertad es muy apreciable, pero conlleva una responsabilidad: debemos utilizarla sin dañar a nadie.
10. Respetar las ideologías o preferencias políticas de cada persona. Es evidente que, como ciudadanos libres, podemos sostener y defender las ideologías políticas más diversas. Hay que respetar las que tengan los demás.
