La distancia ya no es obstáculo para seguir aprendiendo y obtener formación académica de calidad. El desarrollo tecnológico permite que aquellas personas que por diversos motivos no podían acudir físicamente a un aula a tomar clases presenciales bajo la conducción de un docente, puedan acceder a contenidos de calidad en relación a su interés profesional.
Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell
En un país como México, caracterizado a lo largo de su historia por el persistente autoritarismo en todos los niveles de gobierno, por la permanente mutabilidad de las normas jurídicas y por una cultura popular ajena a las regulaciones propias del derecho, no ha sido fácil ser abogado. Pero quizá hoy todavía lo es menos.
La pandemia de coronavirus mantuvo con actividades marginales durante casi cinco meses a los poderes judiciales, pero los problemas que requieren la atención de los abogados no hicieron más que aumentar semana tras semana. Se multiplicaron las consultas sobre despidos injustificados, sobre salarios devengados y no pagados, sobre violencia doméstica, sobre divorcios, sobre la posible posposición del cumplimiento de obligaciones contractuales de carácter civil y mercantil y, de manera más reciente, sobre la regulación aplicable a las empresas que buscan la protección de las quiebras mercantiles. Y a eso hay que sumarle el trabajo cotidiano de los asuntos penales, civiles, mercantiles, familiares, sucesorios, corporativos, fiscales, etcétera, que tampoco se detuvieron del todo en estos meses.
Frente a ese panorama tan complicado, los abogados deben dar lo mejor de sí, adaptándose a las necesidades de un entorno extraordinariamente volátil, en el que se requiere más que nunca de la certidumbre jurídica para tomar decisiones importantes en el ámbito de la vida privada de las personas, en el del trabajo e incluso en el público que corresponde a la todavía frágil democracia mexicana y al sistema constitucional que le da soporte.
Las firmas de abogados no están exentas de quebrar (en Estados Unidos un estudio reciente afirma que antes de fin de año van a cerrar de manera temporal o definitiva un 20% de los despachos jurídicos) y a nivel anecdótico todos hemos escuchado historias sobre ajustes de plantilla, disminución de sueldos, eliminación de bonos, renegociación de igualas, etcétera, en el ámbito de los servicios profesionales en materia jurídica.
La nueva realidad va a exigir mucho de los abogados. Para empezar, vamos a tener que adaptarnos al llamado teletrabajo, con todo lo que ello implica: ¿cómo conseguir clientes y promover nuestra firma de servicios jurídicos si trabajamos desde casa? ¿cómo hacer networking con colegas y posibles clientes? ¿cómo desahogar consultas a través de Zoom? ¿cómo tener éxito en las audiencias telemáticas que ya están funcionando a nivel federal y en algunas entidades federativas? Las reuniones de trabajo en el despacho se han sustituido por los diálogos digitales. La visita a las librerías se ha cambiado por los seminarios y conferencias a través de internet. Parece ser que la única oportunidad de convivir con los colegas es en la larga fila afuera de la sede de los tribunales que están retomando sus actividades.
Lo anterior nos debe convocar a un enorme ejercicio de actualización. No se trata solamente de esforzarnos más, sino de hacer mejor nuestro trabajo. Digámoslo con todas sus letras: la abogacía en general le ha quedado a deber al país, tal como atinadamente lo dijo José Mario de la Garza Marroquín hace unos meses. Los abogados podemos y debemos hacer mucho más de lo que hemos hecho por México, a través de la profesionalización y la dignidad de nuestras tareas.
Por ejemplo, debemos imaginar nuevas vías de defensa del patrimonio constitucional de México, que actualmente sigue estando bajo la amenaza de los poderes públicos, cuyos titulares no quieren obedecer las reglas jurídicas que protestaron respetar cuando tomaron posesión de sus cargos. Hay que recordarles a quienes nos gobiernan que la Constitución y las leyes no son de cumplimiento voluntario, sino de acatamiento obligatorio. En ello puede ayudar mucho la actuación decidida de los jueces, y en particular del Poder Judicial de la Federación, que tiene ante sí la responsabilidad histórica de decidir sobre miles y miles de juicios de amparo que a lo largo y ancho del país se han presentado para intentar frenar el autoritarismo del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales.
Héctor Aguilar Camín en una colaboración periodística y la revista “Nexos” del mes de agosto de 2020, nos han recordado la gran cantidad de leyes y actos pendientes de resolución por parte de la Suprema Corte. La tarea es inmensa. La posibilidad de hacer un trabajo de excelencia argumentativa es todavía mayor. Poco a poco, iremos viendo el desenlace. Pero de lo que no queda duda es que ser abogado en estos tiempos turbulentos es un privilegio y supone una grandiosa oportunidad de servir a los demás. No debemos olvidarlo nunca.
Cómo llevar una audiencia telemática en materia penal
Las audiencias telemáticas en materia penal son una realidad. Derivado de la pandemia del coronavirus COVIdD-19, en los últimos meses hemos experimentado la adecuación de la justicia en línea, en donde abogados, fiscales y jueces deben seguir los lineamientos y guías de operación de tribunales para llevar a cavo audiencias telemáticas.
El reto para los operadores jurídicos va más allá de simplemente tener los mecanismos tecnológicos y seguir instrucciones del funcionamiento de programas: se trata de una nueva forma de litigar, de argumentar, de persuadir. Es una nueva forma de abogacía que requiere excelentes habilidades de comunicación y de estructura de la teoría del caso.
Por primera vez puedes cursar la Maestría en Juicios Orales bajo la metodología de clases en línea en directo. Un enfoque práctico con el mismo rigor académico y la misma excelencia jurídica. La nueva normalidad va a necesitar a abogados con habilidades de litigio y resolución de problemas. Aprovecha para convertirte en el mejor, súmate a la revolución jurídica online.
Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell
1) En un juicio ordinario mercantil una de las partes presenta una copia simple de un documento. La otra parte no lo objeta. ¿Se debe entender que la parte que se abstuvo de proponer la objeción del documento reconoce expresamente el contenido y alcance de fotocopia simple?
Respuesta: No, ya que los únicos documentos privados que se tienen por admitidos y surten efectos como si se hubieran reconocido expresamente son los documentos originales, pero no las copias simples. Ver artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio, así como la tesis 2002783.
2) En juicio ejecutivo mercantil la parte actora ejerce la acción cambiaria, teniendo como documento base de la acción un pagaré. Como prestaciones le reclama a la demandada el pago de la suerte principal, los intereses moratorios y los impuestos causados por dichos intereses. El pago de los impuestos a cargo de la demandada fue pactado en el propio título de crédito.
¿Es procedente que el tribunal obsequie la pretensión del actor y condene también al pago de los impuestos a cargo de la parte demandada?
Respuesta: ver tesis 179412.
3) Una persona física suscribe una serie de pagarés. Cada uno de ellos tiene diferente fecha de vencimiento. El beneficiario quiere asentar que la falta de pago de uno de ellos produce el vencimiento anticipado de los restantes.
¿Debe realizar dicha manifestación en el primero de la serie de pagarés, por ser el principal, en cualquiera de ellos o en todos y cada uno de los títulos de crédito de la serie?
Respuesta: Ver tesis 188782.
4) En un juicio mercantil la parte demandada señala que el representante de la persona moral que endosó el pagaré no tiene facultades para hacerlo. ¿La carga de la prueba sobre dichas facultades corresponde al actor o al demandado?
Respuesta: ver tesis 171894.
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Paquete:Juicios Orales
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1) Se presenta una demanda de amparo firmada por quienes se ostentan como representantes jurídicos de una persona moral (una sociedad anónima). Como acto reclamado se señala la resolución de un órgano administrativo mediante el cual se le excluye de un procedimiento de licitación pública gubernamental. La empresa ganadora de dicho procedimiento comparece ante el Juzgado de Distrito y afirma que la demanda de amparo es falsa ya que las firmas que obran en dicho escrito no corresponden a la de quienes aparecen como promoventes.
¿Es susceptible una demanda de amparo de ser objetada de falsa y debe el juez de Distrito darle curso a dicha objeción?
Respuesta: ver tesis 190657.
2) Una persona se ostenta como extraña por equiparación a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y promueve amparo contra el emplazamiento. En dicho procedimiento no se ha emitido resolución definitiva. ¿Es procedente dicho amparo o el quejoso debe agotar los medios ordinarios de defensa previstos por la ley?
Respuesta: ver tesis 2000428.
3) Un servidor público que trabaja en el gobierno federal promueve amparo indirecto, señalando como acto reclamado el citatorio en el que se le ordena que comparezca a una audiencia, la cual forma parte de un procedimiento de responsabilidad seguido en su contra. No existe recurso ordinario que se pueda interponer contra dicho citatorio.
¿Es procedente el amparo por considerar que se trata de un acto de imposible reparación?
Respuesta: ver tesis 175221.
4) En un juicio de amparo el quejoso ofrece oportunamente la prueba testimonial. La audiencia constitucional se difiere por la presentación extemporánea del informe justificado, pero en la fecha que fue señalada originalmente para tal audiencia el quejoso no presenta a los testigos y el juez declara desierta la prueba.
¿Es correcta la determinación del juez y debió hacerlo en la nueva fecha señalada para la celebración de la audiencia?
Respuesta: ver tesis 164953.
5) Se presenta una demanda de amparo en la que el acto reclamado es una orden de inspección sobre condiciones generales de trabajo, emitida por el delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México.
¿La competencia le corresponde, por razón de materia, a un juzgado especializado en materia laboral, uno en materia administrativa o a cualquiera de los dos anteriores a elección del quejoso?
Respuesta: ver tesis 162192.
6) Se presenta una demanda de amparo indirecto contra una ley heteroaplicativa. Al leer la demanda la autoridad judicial se percata de que las autoridades señalada como responsables en su carácter de ejecutoras no aplicaron la norma que se está reclamando. El juez determina el desechamiento de la demanda. ¿Es correcta dicha determinación judicial?
Respuesta: no es correcto, con fundamento en la tesis 185450.
7) El juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal mediante el que se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se señala como reclamado en la demanda de amparo respectiva.
En un caso concreto se promueve amparo indirecto contra el emplazamiento realizado dentro de un juicio civil de prescripción positiva. En el expediente de amparo se acredita que, con posterioridad a la presentación de la demanda, el quejoso ejerció ante tribunales del fuero común la acción de nulidad de juicio concluido por procedimiento fraudulento, mediante la cual se busca nulificar todo lo actuado en el juicio de prescripción positiva que se encuentra en trámite.
¿Se debe sobreseer el amparo, dado que ha aparecido una causal de improcedencia?
Respuesta: Sí, ya que la acción de nulidad de juicio se considera como un medio de defensa ordinario en contra del acto que se está reclamando en el amparo. El quejoso no está obligado a promover dicho medio de defensa, pero si lo hace, debe concluirlo antes de intentar la acción de amparo, para respetar el principio de definitividad. Ver tesis 161092.
8) Se promueve una demanda de amparo indirecto señalando como acto reclamado la resolución que resuelve una cuestión de personalidad dentro de un procedimiento civil. Antes de que concluya el trámite de dicho amparo, se acredita que se dictó sentencia definitiva de primera instancia en el juicio del cual deriva el acto reclamado.
¿Debe el juez de Distrito dictar el sobreseimiento por haberse acreditado la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica?
Respuesta: Sí, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo y la tesis 172714.
9) En un procedimiento de amparo se promueve y tramita un incidente de violación a la suspensión del acto reclamado. Mientras se realiza dicha tramitación, se dicta sentencia en el expediente principal del juicio de amparo indirecto.
¿Debe el juez declarar que el incidente de violación de la suspensión se quedó sin materia?
Respuesta: No, con fundamento en la tesis 165123.
10) En un juicio de amparo indirecto en el que no opera la suplencia de la queja, el quejoso omite totalmente formular conceptos de violación.
¿Debe el juez de Distrito sobreseer el juicio al haberse presentado una causal de improcedencia?
Respuesta: ver tesis 180159.
11) Una persona extraña a un juicio ejecutivo mercantil promueve amparo contra la orden y ejecución de embargo de un bien inmueble de su propiedad y solicita que la suspensión del acto reclamado. El juez de Distrito concede la medida suspensional y procede a fijar la garantía que la Ley de Amparo exige como requisito de efectividad de la suspensión.
¿Debe el juez solicitar que se exhiba billete de depósito para tener por acreditada la garantía? ¿puede solicitar dicha exhibición en efectivo? ¿tiene el quejoso derecho a exhibir la garantía en cualquiera de las formas previstas por la ley?
Respuesta: ver tesis 175421.
12) En una demanda de amparo se señala como autoridad responsable a una Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Presidente de la Sala, al rendir su informe justificado, niega la existencia del acto, señala que no fue la Sala sino él en su carácter de Presidente el que emitió el acto y acompaña las constancias respectivas.
¿Debe el juez de Distrito sobreseer el amparo por inexistencia del acto o porque el quejoso no señaló correctamente a la autoridad responsable? ¿puede analizar el acto reclamado y considerar que no se presenta una causal de improcedencia?
Respuesta: ver tesis 192842.
13) Se promueve una demanda de amparo, señalando como acto reclamado una orden de aprehensión. En la demanda, el abogado del quejoso señala un domicilio para oír y recibir notificaciones.
¿La competencia por razón de territorio del juez de Distrito debe establecerse a partir del señalamiento de dicho domicilio?
Respuesta: No, con fundamento en la tesis 200455.
14) Se promueve una demanda en la que el quejoso alega, con razón, que el acto reclamado se funda en leyes previamente declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Debe el juez de Distrito realizar la suplencia de la queja si en la demanda se omite el señalamiento de conceptos de violación o agravios?
Respuesta: ver tesis 175750.
15) Se promueve un amparo contra una orden de comparecencia dentro de un procedimiento del sistema penal inquisitivo mixto (por haberse iniciado dicho procedimiento antes del 18 de junio de 2016). ¿Se puede otorgar la suspensión en el procedimiento respectivo, por considerar que el acto reclamado afecta la libertad personal?
Respuesta: ver tesis 172967.
16) Un patrón promueve juicio de amparo indirecto contra todo lo actuado en el procedimiento de declaración de beneficiarios de uno de sus trabajadores recién fallecido (dicho procedimiento tiene por objeto determinar quién va a ser la persona que reciba el pago de las prestaciones que se le adeudaba al trabajador fallecido).
¿Cuenta el quejoso con interés jurídico para promover el amparo?
Respuesta: ver la tesis 196119.
17) En una demanda se señala como acto reclamado un artículo de una ley fiscal federal. El amparo, señala el quejoso en su demanda, se promueve con motivo del primer acto de aplicación. Para acreditar dicho acto presenta copias simples de la declaración de dicho impuesto, presentada a través de medios electrónicos (internet) y del respectivo acuse de recibo en el que aparece el sello digital.
¿Puede el juez de Distrito tener por acreditado el acto de aplicación de la ley fiscal con los documentos que presenta el quejoso?
Respuesta: ver la tesis 170349.
18) Un juez de Distrito previene al quejoso en un procedimiento de amparo para que, en el término de tres días, señale nombre y domicilio del tercero interesado. Lo apercibe de tener por no presentada la demanda en caso de que no haga ese señalamiento. Al día siguiente de la notificación de la prevención el quejoso comparece por escrito y señala el nombre del tercero interesado, pero no su domicilio.
¿Debe conceder el juez un nuevo término de 3 días para prevenir al quejoso de que omitió el domicilio? ¿debe desechar la demanda? ¿qué otra cosa puede hacer?
Respuesta: ver tesis 2000702.
19) Un tribunal colegiado de Circuito requiere a la autoridad señalada como responsable dentro de un juicio de amparo en materia laboral para que acate una sentencia en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. La autoridad interpone un recurso de queja por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia.
¿Es válida esa interposición del recurso promovido por la autoridad responsable?
Respuesta: No, de acuerdo a la tesis 177186.
20) La parte actora en un juicio ordinario civil promueve demanda de amparo indirecto en contra de la resolución interlocutoria del juez civil de primera instancia mediante la que declara infundado el incidente (promovido por el ahora quejoso) de falta de personería de la parte demandada. No agota el recurso de apelación argumentando que la interlocutoria carece de fundamentación y, en esa virtud, considera que se actualiza una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo.
El acto de la autoridad señalada como responsable en efecto carece de fundamentación. ¿Se acredita la excepción al principio de definitividad o el quejoso estaba obligado a agotar el recurso de apelación antes de acudir al amparo?
Respuesta: La excepción al principio de definitividad prevista para actos que carecen de fundamentación aplica solamente para actos administrativos, no para actos realizados dentro de procedimiento judicial, de acuerdo a lo señalado por el artículo 107, fracción IV de la Constitución mexicana.
21) Un juez de Distrito en materia civil al momento de dictar sentencia en un proceso civil federal se da cuenta que es incompetente por razón de materia, por lo que resuelve declarar dicha incompetencia y abstenerse de dictar sentencia.
¿Actuó correctamente dicho juzgador?
Respuesta: ver tesis 2000517.
22) En el marco de un proceso civil, se traba embargo sobre un vehículo automotor. Contra dicha orden judicial, se promueve por una persona un juicio de amparo indirecto y, para efectos de acreditar el interés jurídico del quejoso, se presenta la prueba documental consistente en la tarjeta de circulación del vehículo embargado. ¿Es idóneo dicho documento para acreditar la propiedad del vehículo y satisfacer la exigencia de demostrar el interés jurídico en el amparo?
Los cambios constantes en el ordenamiento jurídico mexicano y las muchas novedades que surgen día tras día obligan a buscar alternativas de calidad para la actualización permanente de los abogados. La misión del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell es hacer accesible para todos los interesados un cúmulo de conocimiento y experiencia para lograr una mejor formación, con énfasis en los temas de mayor relevancia para el ejercicio profesional.
Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell
Cooper versus Aaron es una especie de continuación del caso más famoso de la Suprema Corte de los Estados Unidos durante el siglo XX: la sentencia Brown versus Board of Education, a partir de la cual se ordenó la integración racial en las escuelas. El caso Cooper se origina por el rechazo de algunas autoridades de Arkansas de cumplir con la decisión judicial emitida en Brown. Varios jueces habían dictado sentencias para ir implementando en la práctica el criterio integrador de Brown. En Arkansas algún juez apoyó un plan a diez años para ir logrando de buena fe una integración racial en las escuelas. Parte de ese plan pasaba por aceptar a nueve niños de color en una escuela superior de Little Rock. La decisión del juez federal fue emitida el 3 de septiembre de 1957. Los ánimos de los racistas se encendieron de inmediato, animados por el gobernador de Arkansas Orval Faubus.
Un día antes del comienzo de clases el gobernador salió en televisión diciendo que la “sangre correría por las calles” si los nueve niños de color intentaban ir a la escuela. El gobernador había ordenado a la Guardia Nacional que rodeará la escuela e impidiera el paso a los niños. Ese día ocho niños se reunieron en casa de una dirigente de la NAACP para ir juntos a la escuela. Otra niña, Elizabeth Eckford de quince años, decidió ir ella sola. Al llegar a la escuela fue rechazada por militares que portaban rifles con bayonetas. La multitud que se había reunido en torno a la escuela identificó a Elizabeth y la persiguió para lincharla. Fue protegida por un hombre blanco que también era miembro de la NAACP y logró escapar.
Las imágenes televisivas de Elizabeth a punto de ser linchada por el simple hecho de querer ir dignamente a la escuela tocaron las fibras más profundas de millones de norteamericanos que nunca habían visto con tanta claridad la cara más dura del racismo, ni podían entender que alguien quisiera hacer daño a un niño. El presidente Eisenhower decidió no intervenir en el asunto en el primer momento, así que tuvo que ser un juez federal el que le ordenara al gobernador Faubus que quitara a la Guardia Nacional de la escuela. La policía de Little Rock acompañó a los niños a la escuela, pero de nuevo una multitud impidió su paso y estuvo a punto de lincharlos. La posibilidad de ver a niños negros linchados por televisión movió finalmente el ánimo de Eisenhower que ordenó a tropas de la armada custodiar la escuela. Finalmente los niños pudieron asistir a clases; el primero de ellos que obtuvo el grado, Ernest Green, tuvo una carrera profesional exitosa y acabó trabajando como asesor en el gabinete de Jimmy Carter.
El asunto se complicó cuando un juez federal atendió una petición de la directiva escolar de Arkansas para detener por unos años la integración racial en las escuelas. El juez estuvo de acuerdo con la petición, lo que tenía como consecuencia posponer sine die la aplicación del criterio expresado en Brown. Los abogados de la NACCP se movieron y el caso volvió de nuevo a Washington, para la consideración de la Suprema Corte. El caso fue planteado como Aaron versus Cooper, por William Cooper, director del sistema educativo de Little Rock, y John Aaron, que era el primero de la lista de los demandantes de color. Para algunos autores, en realidad las partes en el juicio eran el gobernador Orval Faubus y el presidente de la Corte Earl Warren. Los abogados de Little Rock sostuvieron que el Gobernador tenía dudas acerca de la obligatoriedad de la sentencia Brown en su Estado; dichas dudas, dijeron los abogados, pudieron crear legítimamente alguna incerteza entre la población acerca de cuál era el derecho aplicable y, en consecuencia, si la integración racial en las escuelas debía ser aplicada o no. La cuestión técnica de fondo se refería a la siguiente pregunta: ¿qué autoridad tenía competencia para pronunciar la última palabra en materia de interpretación constitucional? La respuesta de los justices, encabezados por Warren, fue contundente.
La Corte emitió su sentencia el 29 de septiembre de 1958. Por primera vez en su historia la Corte hizo una sentencia firmada por todos sus integrantes, como si los nueve hubieran sido el ponente. Con esa decisión se quería subrayar el apoyo de la Corte a su presidente y la decisión de los jueces de llevar adelante la integración racial en las escuelas. Una frase de la sentencia deja claro quién tiene la última palabra en materia constitucional dentro de Estados Unidos: “Ningún legislatura estatal, o funcionario ejecutivo o judicial puede pelear contra la Constitución” (can war against the Constitution). La interpretación de la enmienda 14 contenida en Brown era la “ley suprema de toda la tierra” (the supreme law of the land).
¿Cuál es la importancia de Aaron versus Cooper para la historia de los derechos fundamentales y para el lugar de los jueces dentro de un sistema democrático? Es un caso interesante porque demuestra y pone a prueba la idea de la historicidad de los derechos y el papel que pueden tener los jueces para ir rompiendo estándares de discriminación que de otro modo permanecerían intocados. Los derechos fundamentales se han impuesto siempre como luchas en favor de la ley del más débil, en palabras de Ferrajoli, contra la ley del más fuerte que rige en su ausencia.
Esas luchas no han sido fáciles ni gratuitas y así lo atestiguan las tensiones derivadas de Brown, claramente reflejadas en Aaron. A fin de cuentas, ambos asuntos reflejan que detrás de cada caso hay siempre una decisión de personas en favor (o en contra) del Estado de derecho y del imperio de la ley. Por otro lado, también sirven para demostrar que el derecho puede ser utilizado para acelerar el cambio social y que a través de los mecanismos jurídicos, si bien de forma lenta y no siempre pacífica, se puede cambiar un poco a las sociedades de nuestro tiempo.
La historia del caso y de los eventos posteriores también sirve para demostrar que el garantismo es una teoría minoritaria y que los derechos fundamentales no conforman criterios de moralidad aceptados por la mayoría de la población. El gobernador Orval Faubus, a pesar de sus actitudes abiertamente racistas y de sus continuos desafíos a los jueces federales, fue electo para seguir en el cargo durante cuatro periodos más por los electores de Arkansas.
Lo mismo sucedió con otro gobernador racista, George Wallace, de Alabama. Wallace se opuso personalmente a la entrada de dos estudiantes de color en la universidad del Estado en mayo de 1963. Los estudiantes pudieron franquear la entrada de la universidad gracias a la presencia de medio millar de Guardias Nacionales enviados por el gobierno federal. ¿Cuál fue la sanción que los electores impusieron a Wallace por sus actitudes racistas? Ninguna: obtuvo medio millón de votos blancos en 1964, cuando se presentó a las elecciones primarias del Partido Demócrata.
En 1968 se presentó como candidato presidencial por el “Partido Independiente Americano” y a pesar de no ganar las elecciones obtuvo casi diez millones de votos. Esto demuestra, por si hubiera alguna duda, que los derechos fundamentales no pueden dejarse en manos de las mayorías ni pueden estar sujetos a la lógica del voto popular.
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La librería CEC se enorgullece en publicar a los juristas de mayor prestigio internacional, aquellos referentes de la teoría del Derecho cuyas aportaciones continúan vigentes en el debate jurídico actual. Kelsen, Guastini, Dworkin, Carnelutti: autores indispensables para entender el derecho y la justicia.
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La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 transformó por completo el sistema jurídico nacional. Adicionalmente, los casos de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han abonado en el entendimiento de la dignidad humana y las libertades como ejes fundamentales de la actuación del Estado y las acciones de la sociedad civil.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó la resolución 4/2020 en relación a los derechos humanos de las personas con la enfermedad COVID-19, en donde establece una serie de estándares y directrices respecto a las obligaciones de los Estados de la región para garantizar el derecho a la salud y todos sus derivados de las personas presumiblemente contagiadas por el virus, a las personas que están en fase pre-sintomática, sintomática, así como las personas asintomáticas, a quienes se someten a pruebas de investigación médica y a las víctimas mortales por la pandemia, así como a sus familias.
El documento subraya la delicada situación de las Américas, que, bajo un contexto de pobreza, desigualdad, debilidad estructural de los sistemas de salud e instituciones de protección a derechos, han tenido que hacer frente a la pandemia global del coronavirus y sus crisis económica y sanitaria. Ante esta situación, resulta especialmente complejo adoptar todas las medidas necesarias con la finalidad de garantizar la atención adecuada y oportuna de la salud y del cuidado de las personas y de los grupos más vulnerables; sin embargo, la Comisión resalta la obligación de los Estados a utilizar el máximo de los recursos disponibles y cumplir con las normas de carácter internacional en materia de derechos humanos.
Tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad y el estigma social generado alrededor del la enfermedad, la Comisión explica detalladamente los siguientes derechos de las personas con COVID19:
1) Derecho a la salud.
La finalidad principal de toda atención o servicio de salud y cuidado dirigido a personas con COVID-19 es la protección de la vida, la salud, tanto física como mental, la optimización de su bienestar de forma integral, el no abandono, el respeto de la dignidad como ser humano y su autodeterminación haciendo uso del máximo de los recursos disponibles, para el mejor cuidado y tratamiento posible.
2) Derecho a la igualdad y no discriminación
Para superar el estigma social asociado con COVID-19 y posibles comportamientos discriminatorios hacia personas que se perciben hayan estado en contacto con el virus, se deben adoptar de forma inmediata medidas que tengan en cuenta las perspectivas de igualdad de género e interseccionalidad, además de enfoques diferenciados, que hacen visibles los riesgos agravados sobre los derechos humanos contra personas, grupos y colectividades en especial situación de vulnerabilidad y exclusión histórica en el hemisferio, tales como personas en situación de pobreza o de calle, personas mayores, personas privadas de la libertad, pueblos indígenas, comunidades tribales, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas migrantes, refugiadas y otras en situación de movilidad humana, personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, y mujeres, teniendo especialmente en cuenta a aquellas que estén embarazadas o sean víctimas de violencia de género.
Conoce los parámetros de protección de derechos a través de las técnicas de interpretación más novedosas que proporcionan a los actores jurídicos herramientas para ganar asuntos, defender a víctimas y argumentar mejor en demandas de amparo.
Con la finalidad de sistematizar los principios más relevantes en materia de protección ambiental reconocidos en tratados internacionales y desarrollados en algunos criterios jurisprudenciales de tribunales nacionales e internacionales, la Comisión Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana, el Instituto Judicial Global del Ambiente, la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN, y los Embajadores de Buena Voluntad de la Organización de Estados Americanos presentaron el libro “Principios jurídicos medioambientales. Para un desarrollo ecológicamente sustentable”. El libro explica 95 principios jurídicos para abonar en la creación de nuevas directrices interpretativas y analíticas de la problemática ambiental nacional, regional y global. Un claro mensaje a instituciones públicas para reforzar la protección y garantía de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. El medio ambiente es un derecho humano inherente a la vida, a la dignidad humana, al bienestar, a la felicidad, al libre desarrollo de la personalidad, entre muchos otros; por tal motivo, este documento fortalece al Derecho ambiental fijando estándares en la labor jurisdiccional, sirviendo como herramienta orientadora para que jueces y operadores jurídicos puedan resolver casos de demanda o violación a derechos de personas o colectivos que buscan vivir en un medio ambiente sano y equilibrado. Los principios jurídicos medioambientales presentan criterios, técnicas interpretativas, jurisprudencia, y marcos regulatorios nacionales e internacionales que permiten a los jueces tener una visión más completa y garantista de la justicia ambiental.
Para profundizar en el tema, sugerimos las siguientes lecturas:
El derecho a un medio ambiente sano en el marco normativo y jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
El proceso penal acusatorio es un gran desafío para los abogados que recibieron una educación tradicional del Derecho, principalmente por la incorporación de una nueva metodología de trabajo que conlleva la creación de teorías del caso, normas internacionales de derechos humanos, valoración probatoria, y por supuesto, la oralidad en los interrogatorios y el juicio.
Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell
En el Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 2020 se publicó un “acuerdo” del Presidente de la República, refrendado por los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el cual se ordena la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública hasta el mes de marzo del año 2024.
El acuerdo presidencial tiene su fundamento en el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional por medio del que se dota de un nuevo estatuto jurídico a la Guardia Nacional (institución que ya estaba prevista constitucionalmente desde el siglo XIX pero con otros fines e integración). El ahora tan famoso artículo transitorio quinto dice lo siguiente: “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”[1].
Sobre esa base constitucional, el acuerdo del Presidente establece que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se deberá llevar a cabo de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Estos conceptos no se definen en el propio acuerdo, de modo que no podemos saber qué contenido específico les quiere dar el Presidente de la República.
Sin embargo, podemos tener una idea del alcance de esos términos si acudimos a la que probablemente haya sido la fuente de inspiración que sugirió su inclusión en el citado acuerdo presidencial. Me refiero a la sentencia Alvarado Espinoza y otros contra México, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 28 de noviembre de 2018[2].
En esa sentencia la Corte Interamericana hace un análisis muy detallado de las condiciones que se deben satisfacer para que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se considere compatible con el marco jurídico interamericano de protección de derechos humanos (el análisis al respecto puede verse en los párrafos 177 y siguientes de la sentencia). Concretamente en el párrafo 182 la Corte señala lo siguiente:
el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser:
a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso;
b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial;
c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y
d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
A partir de esa determinación, se pueden plantear algunas dudas sobre la convencionalidad del acuerdo presidencial. Por ejemplo, no existe en el acuerdo ningún elemento que pueda servir para saber si se está cumpliendo con el requisito de la “justificación” a la que se refiere el inciso A del párrafo transcrito. No hay dato alguno que pueda servir para dilucidar si estamos o no ante una situación muy delicada o si se ha producido algún suceso específico que haga indispensable la participación de la fuerza armada permanente en los servicios de protección ciudadana. Para contar con dicha justificación no basta con “intuiciones” generales sobre la inseguridad en el país, respecto a cuya gravedad todos podríamos tener una idea más o menos certera. Los actos administrativos requieren de una motivación específica y contenida en el propio documento para ser considerados válidos, tal como lo ha precisado la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación desde hace años[3]. Lo anterior se aplica no solamente a los actos administrativos que inciden en la conducta de los particulares, sino también a aquellos que se verifican en los ámbitos internos de los gobernantes, es decir, solamente entre autoridades[4].
Tampoco se hace referencia alguna a la restricción territorial de la medida, cuestión que sería razonable en un país tan grande como México en el cual existen índices de inseguridad extremadamente variables. Por ejemplo, durante el primer trimestre del 2020 la tasa de homicidio en Colima fue de 21 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en Yucatán fue de apenas 0.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. En Chiapas la tasa general de incidencia delictiva es de 19,409 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que en la Ciudad de México es de 69,716 delitos por cada 100 mil habitantes según datos del INEGI[5]. ¿Esas diferencias regionales tan pronunciadas ameritan o no una respuesta acotada desde el punto de vista territorial en el tema que estamos analizando?
Igualmente, puede darse un contexto de inconvencionalidad del acuerdo presidencial respecto a la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la fiscalización de las actuaciones militares, la cual se debe llevar a cabo por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. El acuerdo señala en su artículo 5 que “Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda”.
Parece haber en ese punto una clara incompatibilidad entre la exigencia de la Corte Interamericana y lo estipulado en el acuerdo presidencial. Muy diferente hubiera sido que en el propio acuerdo se hubiera previsto un mecanismo de supervisión, acompañamiento y seguimiento a cargo por ejemplo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; o que se hubiera señalado la obligación de las autoridades de presentar informes ante organismos internacionales de defensa y protección de los derechos humanos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos a través de algún mecanismo de cooperación internacional. Que las fuerzas armadas se vayan a supervisar y controlar a sí mismas es una determinación que se sitúa fuera del marco fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el inciso D del párrafo 182 de la sentencia Alvarado Espinoza.
Aparte de las cuestiones de validez convencional del acuerdo, también pueden plantearse dudas sobre su constitucionalidad. Por ejemplo respecto al tipo de documento normativo mediante el que se establece la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública: ¿no se requiere una ley aprobada por el Congreso de la Unión, en vez de un acuerdo presidencial para tal efecto?
Lo anterior viene al caso ya que el párrafo noveno del artículo 21 constitucional señala que la seguridad pública, como función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, se debe desarrollar de acuerdo a lo que señalan la propia Constitución “y las leyes en la materia”. Además, en el artículo transitorio sexto del decreto de reforma constitucional en materia de guardia nacional, se establece que la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina prevista por el artículo transitorio quinto del mismo decreto, se hará “conforme a la ley”.
Ambas disposiciones constitucionales (el artículo 21 párrafo noveno y el transitorio sexto del decreto de reforma constitucional del 26 de marzo de 2019) contienen lo que desde el punto de vista de la técnica jurídica se denomina una “reserva de ley”, que es una figura mediante la que se ordena que determinada materia se deba regular a través de una específica fuente del derecho y no por otra[6]. Es decir, en el caso que nos ocupa solamente el legislador tendría la competencia constitucional para emitir una orden general a través de la cual se ordene la militarización de la seguridad pública.
Una reserva de ley no solamente atribuye una competencia de creación normativa, sino que además excluye que otras fuentes del derecho puedan llevar a cabo esa regulación. En México las más conocidas reservas de ley son las que existen en materia penal para la definición de las conductas que son consideradas como delitos y las sanciones a las que se hacen acreedores quienes las realicen (artículo 14 párrafo tercero constitucional) y la prevista en materia fiscal para que solamente el legislador pueda establecer los elementos esenciales de los impuestos (artículo 31 fracción IV constitucional).
Lo que llevamos dicho tiene que ver con consideraciones estrictamente jurídicas respecto al decreto del 11 de mayo. A ellas podrían añadirse consideraciones de política pública que cobran relevancia en la medida en la que la decisión presidencial parece ser contraria a una tarea de construcción de instituciones civiles profesionales, bien capacitadas y equipadas, para proveer de seguridad a los habitantes del país.
En efecto, desde hace varios lustros se hicieron reformas constitucionales, legislativas, presupuestales y administrativas para ir profesionalizando a las corporaciones policiacas. Se incorporaron mecanismos como los controles de confianza, las certificaciones, los cursos para primeros respondientes, entre otras cuestiones que buscaban la construcción de una institucionalidad de carácter civil que fuera eficiente en la tarea de investigar y castigar la comisión de delitos.
Esa tarea fue un trabajo de administraciones encabezadas por diferentes partidos políticos, por lo que nadie podría decir que se trata de programas con un sesgo ideológico (lo cual además es evidente si consideramos que el tema del combate a la inseguridad aparece entre las preocupaciones permanentes de los mexicanos a lo largo de las últimas décadas). En la encuesta “Riesgos que importan” levantada por la OCDE, el 62% de los mexicanos mencionan la delincuencia o la violencia como una de las tres principales inquietudes a corto plazo (cifra mayor que las de los demás países de la OCDE encuestados)[7].
A la luz de lo anterior, parece que el acuerdo presidencial presenta algunas inconsistencias por lo que respecto a su convencionalidad, además de que no queda claro que el Presidente de la República tenga la competencia para regular la materia a la que se refiere y a eso se le suma que va en sentido contrario a una política pública del Estado mexicano que se había construido durante muchos años. Añadir a esas tres llamativas cuestiones que el contenido del acuerdo es además contrario a una promesa de campaña del entonces candidato y hoy Presidente López Obrador, quizá sea un exceso.
[1] La reforma constitucional en materia de guardia nacional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019. Su entrada en vigor fue al día siguiente según el artículo transitorio primero del mismo decreto, fecha a partir de la cual comienzan a contarse los cinco años a los que se refiere el transitorio quinto.
[2] Otras referencias sobre los límites a la función militar en los ámbitos de la seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia pueden verse en las sentencias “Rosendo Radilla Pacheco contra México” y “Cabrera y Montiel contra México”, de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos; así como la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la que se resuelve el Expediente Varios 912/2010; así como las consideraciones del debate dentro de la Suprema Corte sobre las Acciones de Inconstitucionalidad 6/2018 y acumuladas (Ley de Seguridad Interior). Los principales documentos del caso Radilla Pacheco y de la discusión sobre el Expediente Varios 912/2019 pueden verse en Cossío, José Ramón y otros, El caso Radilla. Estudio y documentos, México, Porrúa, 2012.
De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XI, Abril de 2000
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 50/2000
Página: 813
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.
Tratándose de actos que no trascienden de manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivación.
[6] Una exposición más amplia sobre el tema puede verse en Carbonell, Miguel, El debido proceso en México, México, Editorial Tirant, 2019, páginas 75 y siguientes.
Diplomado Argumentación Jurídica los alumnos desarrollarán capacidades argumentativas e interpretativas, logrando aplicarlas en su labor profesional al redactar demandas, promover recursos, llevar audiencias orales e interpretar derechos usando la ponderación y la proporcionalidad.
Miguel Carbonell / Director Centro de Estudios Jurídicos Carbonell
1. Definición de las partes en el juicio de amparo (artículo 5).
Registro: 174427
LEGITIMACIÓN PROCESAL EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA QUIEN NO REÚNA ALGUNA DE LAS CALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE LA MATERIA Y, POR TANTO, DEBEN DESESTIMARSE LAS PROMOCIONES, RECURSOS O INCIDENTES QUE PROMUEVA.
De conformidad con el artículo 5o. de la Ley de Amparo, las partes en el juicio de garantías son: el agraviado o agraviados; la o las autoridades responsables; el o los terceros perjudicados, pudiendo tener tal carácter, enunciativamente, la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando sea promovido por persona extraña al procedimiento; el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad; la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado y el Ministerio Público Federal, los cuales por disposición expresa de la ley pueden intervenir en el procedimiento, sin más limitaciones que las que en la misma se señalan. En esa tesitura, se concluye que aquella persona física o moral que intente oficiosamente introducirse a la relación procesal sin tener previamente reconocida por el juzgador la calidad de parte, formal o accidentalmente, carece de legitimación procesal y, por ende, la autoridad que conozca del juicio deberá desestimar las promociones, recursos o incidentes que promueva, con la salvedad prevista en el diverso 96 del ordenamiento en consulta, más aún cuando de su contenido se advierta la pretensión de afectar a las partes en el conflicto.
2. Términos procesales (artículo 17).
Registro: 172550
DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.
El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto.
3. Causales de improcedencia (artículo 61).
Registro: 174086
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN.
Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio.
4. Procedencia del recurso de revisión (artículo 81).
5. Procedencia del amparo indirecto (artículo 107).
Registro: 2011338
ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.
Registro: 2011339
ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS.
Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión.
6. Requisitos de la demanda de amparo indirecto (artículo 108).
Registro: 191384
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.», en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.
7. Análisis ponderado en el incidente de suspensión del acto reclamado (artículo 138).
Registro: 2001572
APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. CUESTIONES JURÍDICAS.
La apariencia del buen derecho se traduce en un estudio previo de la cuestión planteada para realizar un juicio de probabilidad sobre la procedencia de lo solicitado por quien promovió el juicio de amparo. Ese análisis no implica una declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado, porque ello debe ser materia de la sentencia. Ahora, cuando el peticionario de garantías hace valer un punto de derecho, sin referirse a cuestiones de hecho, su pretensión no puede ser descartada en forma superficial, aun cuando existan tesis aisladas que desvirtúen la postura de la parte quejosa. Por consiguiente, la apariencia del buen derecho no puede servir como justificante para negar la suspensión del acto reclamado, cuando el peticionario de amparo hizo valer cuestiones jurídicas que pueden ser debatidas y que, en todo caso, deben ser materia de un análisis exhaustivo en la sentencia que resuelva el caso concreto.
Registro: 2010818
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE ATENDER NO SÓLO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SINO ADEMÁS PONDERAR, SIMULTÁNEAMENTE, LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE SE TRADUCE EN QUE EL ACTO RECLAMADO CAUSE PERJUICIO DE DIFÍCIL REPARACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO).
Si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo establece sólo 2 requisitos de procedencia de la suspensión que no sea de oficio, como lo son que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que, como se advierte de los procesos legislativos de dicha ley, la referencia que se hace con respecto al análisis del peligro en la demora para efectos de la suspensión, implica el reconocimiento de este tópico como verdadero requisito para su procedencia, aun cuando no se encuentre expresamente previsto en el precitado precepto; por tanto, al hacer una interpretación sistemática de la ley de la materia, se tiene que el juzgador debe ponderarlo, lo que sólo puede derivar del análisis integral del acto reclamado, de sus características, importancia, gravedad, y trascendencia social, así como de la dificultad de su reparación, esto es, tomando en cuenta todos los intereses y las posiciones jurídicas que participen en el caso concreto, tratando de conciliarlos, a fin de comparar los daños que la suspensión pueda ocasionar al interés público, con los que deriven contra el quejoso y, en ese tenor, resolver con preferencia al menor menoscabo social; de ahí que el estudio que realice el juzgador no puede limitarse a los requisitos del artículo 128, sino que deberá atender de manera simultánea a los contenidos en el artículo 139, relativos a la ponderación, además de la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora con perjuicios de difícil reparación para el quejoso.
8. Procedencia del amparo directo (artículo 170).
Registro: 2010104
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA.
La interpretación armónica de la disposición citada con la fracción I del propio precepto, revela que la suma de esas porciones normativas configura un sistema que regula las hipótesis de procedencia del juicio de amparo directo de manera integral: la fracción I contempla su viabilidad tanto contra resoluciones evidentemente desfavorables al gobernado, como contra aquellas en apariencia favorables pero que lo agravian; mientras que la fracción II instaura una regla excepcional para controvertir los fallos con los que el quejoso vio plenamente satisfecha su pretensión en el juicio contencioso administrativo, o bien, los que le acarrearon el máximo beneficio que podía obtener. Sobre esta base hermenéutica, el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo no viola el derecho de acceso a la justicia, toda vez que los requisitos procesales que enlista no resultan impeditivos ni obstaculizadores de aquél pues, por un lado, ninguna porción de las sentencias de los tribunales de lo contencioso administrativo queda eximida injustificadamente del control de su constitucionalidad, en tanto las decisiones que engendran algún perjuicio al gobernado, aunque le sean favorables en determinado aspecto, son atacables con apoyo en la mencionada fracción I, siempre que su promoción pueda derivar en un mayor beneficio que el alcanzado con la sentencia reclamada y, por otro, es adecuado sujetar la procedencia del juicio de amparo directo a que la autoridad demandada en el juicio de origen también interponga contra la resolución reclamada el recurso de revisión previsto en el artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que éste resulte procedente y fundado, en virtud de que mientras subsista la sentencia favorable al particular, éste no puede obtener más provecho que el conseguido con aquélla, pero cuando se le deja insubsistente permite la intervención de los órganos del Poder Judicial de la Federación para examinar, de manera inmediata al recurso de revisión, los planteamientos de constitucionalidad del quejoso y resolver finalmente la problemática del asunto. En consecuencia, debe preferirse esta interpretación conforme con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sobre una interpretación literal de la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, la cual ocasionaría la colisión de su contenido con los derechos indicados.
9. Requisitos de la demanda de amparo directo (artículo 175).
Registro: 167007
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ANÁLISIS EN EL AMPARO DIRECTO E INDIRECTO.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el estudio de los conceptos de violación en amparo directo, debe atenderse al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir aquellos que aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive, los que se refieren a constitucionalidad de leyes, criterio que resulta perfectamente aplicable al amparo indirecto, toda vez que la única diferencia que hay entre el amparo directo e indirecto en materia jurisdiccional es que uno se tramita en una sola instancia y el otro en dos. Es decir, la diferencia sólo es artificial, pues comparten las mismas características, por lo que no hay sustento lógico o práctico para que en unos casos un acto determinado sea analizado en una instancia y, en otros, visto desde otra perspectiva, sea estudiado en dos momentos; verbigracia, como sucede en los problemas en los que se ataca la personalidad del actor, que cuando se desconoce se impugnará en vía directa y cuando resulten infundados los alegatos del demandado y se reconoce ésta, será mediante el amparo indirecto. El amparo contra resoluciones judiciales tiene las siguientes características: a. Se tramita en la vía directa e indirecta. b. Se rigen por los mismos principios, como es el que en las sentencias de amparo el acto se apreciará tal como aparezca probado ante la responsable. c. La responsable, aunque acude como demandada, no tiene este carácter, pues interviene en el juicio como órgano jurisdiccional neutral e imparcial y, por ende, se ha cuestionado su facultad de interponer el recurso de revisión. d. La garantía que se alega es la exacta aplicación de la ley, contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales. La determinación de que se tramite en una u otra vía depende de las siguientes reglas: 1. Vía directa procede contra sentencias y resoluciones que pongan fin al juicio en términos de lo previsto por el numeral 158 de la Ley de Amparo; 2. Vía indirecta se entabla contra actos dictados dentro, fuera y después de concluido el juicio. Las anteriores reglas son circunstanciales y caprichosas porque en un mismo acto dependiendo de sus circunstancias, puede caer en una y otra hipótesis (ver diagrama). Con base en lo anterior, se concluye que no hay razón teórica práctica que para que en el estudio de los conceptos de violación se deba diferenciar su análisis a partir de la vía que intenta, esto es, que si fue directa será atendiendo a la teoría del mayor beneficio y si es indirecta a la forma tradicional.
Lejos de aspectos meramente teóricos, la aplicación práctica de los derechos humanos supone un ventaja competitiva en la labor de abogados y funcionarios públicos. Conocer los parámetros de protección de derechos a través de las técnicas de interpretación más novedosas proporcionan a los actores jurídicos herramientas para ganar asuntos, defender a víctimas y argumentar mejor en demandas de amparo.
Miguel Carbonell / Director Centro de Estudios Jurídicos Carbonell
En los meses anteriores a la pandemia por coronavirus fuimos testigos de una enorme movilización de mujeres que reclamaban cuestiones tan básicas como que no las maten, que no las violen, que no las acosen en todos los espacios públicos, que las respeten y las traten con dignidad. No se puede pedir menos que eso y de hecho deberíamos aspirar a mucho más, para ir construyendo entre todos una sociedad justa en la que impere el respeto y las personas se puedan desarrollar de manera libre y segura.
A partir de esas movilizaciones, resulta evidente que nos queda un largo trecho por avanzar como sociedad. Es momento de pensar en dar pasos concretos y específicos para pasar de las protestas a las propuestas.
La garantía efectiva de los derechos de las mujeres requiere que tomen medidas para mejorar la atención de las víctimas de violencia de género en las instancias de procuración de justicia. Las investigaciones de los feminicidios que a diario ocurren en México dejan mucho que desear: con frecuencia se realiza un deficiente aseguramiento de la escena de los hechos, no hay un buen trabajo de criminalística de campo, no se respeta la cadena de custodia en la recolección de evidencias, no se exploran todas las líneas de investigación, no se cita a testigos o presuntos responsables para ser interrogados y mil deficiencias más. La impunidad en los homicidios de mujeres es una pésima señal y el mejor abono para que sigan sucediendo.
Necesitamos un trabajo más profesional en las fiscalías, para lo cual es indispensable contar con más recursos humanos y técnicos para obtener buenos resultados. La Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación ha abordado este tema en la sentencia del Amparo en Revisión 554/2013, Caso Mariana Lima; a nivel interamericano la referencia obligada es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “González y otras contra México” (Caso Campo Algodonero).
Pero además del tema penal, los derechos de las mujeres deben ser asegurados también en el ámbito laboral. La reforma laboral del año 2019 ya obliga a las empresas mexicanas a contar con protocolos de prevención del acoso laboral y sexual, pero todavía son muy pocas las que han puesto en prácticas esas medidas (ver la fracción XXI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo).
En las fuentes de trabajo necesitamos mayor flexibilidad en los horarios, la implantación del teletrabajo cuando sea posible (y sobre todo en un contexto de riesgo de salud por el efecto del coronavirus), la experimentación con los llamados “bancos de horas” que existen en muchos países, buenos sistemas de transporte público para llegar de manera segura a la fuente de trabajo, etcétera. Un entorno laboral más amable para las mujeres es un requisito indispensable para su pleno desarrollo profesional. La economía mexicana mejoraría mucho si logramos una incorporación plena de las mujeres al mercado de trabajo, aparte de los beneficios que obtendrían ellas en términos de empoderamiento económico y personal.
Un tercer ámbito sobre el que tenemos mucho por hacer es el de la cultura del machismo que sigue imperando en México hasta niveles demenciales. Hace más de 10 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la famosa y ya mencionada sentencia del caso “Campo Algodonero” advertía que en México existe una discriminación “estructural” contra las mujeres, a partir de la cual no son consideradas como sujetos con plenitud de derechos, sino como objetos a disposición de los hombres. Esa minusvaloración de las mujeres y la falta de respeto hacia sus derechos fueron la fuente remota de los terribles feminicidios que sucedieron en Ciudad Juárez hace caso 30 años y que siguen sucediendo en muchas partes del país. No ha cambiado mucho esa cultura.
Para avanzar en el indispensable cambio cultural tenemos que generar idearios masculinos menos violentos, menos inseguros en su trato hacia las mujeres, más corresponsables en sus obligaciones parentales y conyugales. Los hombres necesitamos cambiar. Necesitamos escuchar con atención lo que las mujeres nos están diciendo y necesitamos tener una actitud de aprendizaje. Nadie lo hará por nosotros: es nuestra única y exclusiva responsabilidad.
Ese aprendizaje supone también que los políticos dejen de lado su soberbia y reconozcan sus errores. Fue un error cerrar las estancias infantiles sin crear alguna alternativa viable para la atención de los infantes; es un error negar el apoyo a las fiscalías especializadas en violencia de género; es un enorme error hablar de “mujeres abnegadas” que apoyan a sus maridos, citando ejemplos sacados del siglo XIX al que nadie quiere regresar a vivir. Justamente todo eso es lo que hay que evitar. Conviene no olvidarlo.
La buena escritura es la cualidad más importante que deben tener los abogados, ya que es un valor indispensable para el éxito profesional. Una correcta comunicación escrita nos permite expresar con claridad nuestras pretensiones y hacerlas llegar eficazmente a otras personas. La mayor parte del trabajo jurídico se realiza a través de textos: demandas, contestaciones, amparos, recursos, escrituras notariales, trabajos académicos y un sin fin de documentos. Un abogado tiene que escribir, es fundamental en la práctica.
Miguel Carbonell / Director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell
Nos puede gustar más o menos, pero lo cierto es que la enseñanza del derecho consiste en cierta medida en enseñar a los alumnos a escribir bien. Los buenos abogados deben tener la capacidad para redactar de forma fluida y clara escritos jurídicos de todo tipo: escrituras, demandas, contratos, convenios, sentencias, etcétera. Esa es la primera y quizá la más importante lección que la literatura le puede dar a los abogados: aprender a escribir y a hacerlo de forma inteligente e inteligible.
Como sabemos, recientemente ha habido importantes esfuerzos por introducir en algunas ramas del derecho los llamados “juicios orales” o dicho de manera más amplia “el paradigma de la oralidad procesal”. Esa forma de organizar y desarrollar los procedimientos judiciales va a requerir una transformación profunda de la manera en que se aprende el derecho en México.
La educación jurídica deberá privilegiar la formación de abogados con buenas habilidades comunicativas, que puedan hablar bien en público, pero que sobre todo sean capaces de poder analizar fácilmente la médula de un caso, sus circunstancias particulares, el significado de las pruebas, la debilidad de los argumentos del contrario, etcétera.
No se trata de preparar abogados que sepan hacer teatro, sino de generar en los estudiantes las habilidades necesarias para operar en un esquema de juicios orales que requiere de un desempeño profesional distinto al que se necesita para trabajar en un proceso escrito, ya sea en materia penal o en otras materias.
Por ejemplo, si una etapa clave de la audiencia oral es el interrogatorio de testigos, los abogados deberán ser instruidos en las técnicas que hagan eficaz su participación, ya sea en defensa del acusado o ya sea por parte del Ministerio Público o de la acusación particular, si la hubiera. Un buen interrogatorio debe ser capaz de centrar la atención del juez en lo esencial, evitando las preguntas fuera de lugar o muy generales (que denotan que el abogado no ha estudiado bien el caso), las preguntas retóricas, sugestivas, capciosas, etcétera[1].
Los estudiantes y profesores de derecho deben tener claro que litigar bajo la lógica de la oralidad procesal requiere de una formación específica y de una disciplina que, al menos en México, nos siguen siendo en buena medida ajenas. La disciplina que se requiere “está lejos de consistir en técnicas de oratoria o desarrollos de la capacidad histriónica, como los prejuicios de nuestra comunidad jurídica suelen creer. En cambio, subyace la idea de que el juicio es un ejercicio profundamente estratégico y que, en consecuencia, comportarse profesionalmente respecto de él consiste –en particular para los abogados, aunque esta visión también altera radicalmente la actuación de los jueces- en construir una teoría del caso adecuada y dominar la técnica para ejecutarla con efectividad”[2].
Para plantear una buena teoría del caso también sirve mucho haber leído buena literatura, que nos ensancha la capacidad de imaginar escenarios posibles y de advertir detalles fácticos que contribuyan a dicha teoría. De modo que la buena literatura no solamente permite que los abogados escriban bien, sino que también sirve para potenciar su imaginación y les ayuda, en consecuencia, a tener un buen desempeño en procedimientos regidos por el principio de oralidad.
Ahora bien, pese a la cada vez más omnipresente tendencia hacia la oralidad, lo cierto es que la mayor parte de las actividades jurídicas seguirán llevándose a cabo en forma escrita, de modo que subsistirá la necesidad de que un abogado sepa escribir bien y eso es algo que deberá aprender, en alguna medida, en las escuelas y facultades de derecho.
¿Cómo hacerlo? O en otras palabras: ¿qué es lo que permite que un abogado aprenda a redactar buenos escritos jurídicos? La mejor fórmula que conozco es muy sencilla: para escribir bien es necesario ser un buen lector; es decir, si quieres escribir bien debes haber leído mucha literatura, y sobre todo literatura de buena calidad. Por tanto, un primer requisito para escribir buenos textos jurídicos es tener muchas lecturas en la propia formación.
Pero no cualquier tipo de lectura. La cantidad de libros, revistas y todo tipo de escritos que se publican actualmente es inabarcable (por eso es que Gabriel Zaid le puso como título a uno de sus textos más conocidos Los demasiados libros). No se puede leer todo, ni siquiera todo lo que se publica sobre la propia área de especialización. Debemos por tanto ser selectivos. ¿Por dónde empezar?
En este punto conviene distinguir entre los textos jurídicos y los no jurídicos. Aunque hay ejercicios de literatura jurídica muy bien logrados, lo cierto es que la mejor forma de escribir debe buscarse fuera del ámbito de los abogados. Por lo tanto, hay que dirigirse, en primer término, hacia libros no jurídicos.
¿Cuáles? Dado que nuestro tiempo y nuestra energía están limitados, lo mejor es comenzar con libros que, sin ser jurídicos o sin serlo exclusivamente, nos van a permitir reforzar o expandir nuestros conocimientos del derecho.
Hay muchas obras de ciencia política, de sociología, de economía y de historia que un buen abogado debe haber al menos revisado.
Cinco libros bastante recomendables en esos ámbitos temáticos son los siguientes:
“El Federalista”, John Jay, Alexander Hamilton y James Madison.
La Constitución de Estados Unidos de 1787 es un documento que nos ubica en la modernidad jurídica. Durante más de 200 años ha sido el gran faro de la política y la sociedad norteamericanas. En “El Federalista” se contienen los textos que escribieron tres de los más eminentes pensadores de la época para lograr que la Constitución redactada en Filadelfia fuera ratificada. La importancia de la obra consiste en que explica varios de los más relevantes principios a partir de los cuales se organizan los estados constitucionales; al haber sido redactados pensando no en lectores especializados sino en cualquier ciudadano, el texto es bastante accesible y no viene cargado de tecnicismos jurídicos.
“La democracia en América”, Alexis de Tocqueville.
Alexis de Tocqueville fue un agudo observador de la realidad política de los Estados Unidos; francés de nacimiento, hizo un largo viaje por distintas partes del territorio norteamericano y fue tomando notas, que luego dieron lugar a uno de los libros más completos e importantes del pensamiento político moderno. Todo un tratado de cómo se deben organizar las sociedades.
“Sobre la libertad”, John Stuart Mill.
John Stuart Mill fue uno de los pensadores más prodigiosos del siglo XIX. Desde muy temprana edad, bajo la guía de su padre James Mill, desarrolló conocimientos profundos que lo llevaron a una vida de reflexión de la que surgieron varios libros clásicos. En el ensayo “Sobre la libertad”, quizá el más difundido de todos sus libros, Stuart Mill se cuestiona en qué casos el Estado y las leyes pueden limitar la libertad de las personas y cuál es la justificación para que lo hagan. La respuesta que nos ofrece el autor es el llamado “principio de daño”, a partir del cual solamente se pueden limitar los actos de una persona cuando dañen a los demás, pero nunca para obligarla a llevar una vida virtuosa o una vida “decente”. Una de sus frases más famosas: «Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano». Imaginemos todo lo que esa frase nos dice para debates tan relevantes en la actualidad como el consumo de drogas, la eutanasia, el aborto, etcétera.
“Teoría de la justicia”, John Rawls.
¿Cómo construir sociedades justas? ¿qué debería caracterizar a una sociedad para considerarla justa y qué tipo de objetivos colectivos deberíamos perseguir para lograr dicha finalidad? Estas son las preguntas que animan el libro de John Rawls, que fue el filósofo más influyente de la segunda mitad del siglo XX a nivel mundial. “Teoría de la justicia”, publicada en Estados Unidos en 1971 a partir de una serie de artículos que el autor comienza a difundir en los años 50 del siglo pasado, es su obra más conocida y la que lo hizo famoso mundialmente. Es importante revisar sus dos principios sobre la justicia, a partir de los cuales se articula todo el contenido del libro.
“Vigilar y castigar”, Michel Foucault.
Si hay algún sector del derecho en el que se ha manifestado sin límite la pulsión sádica de los seres humanos, ese es el derecho penal. Las penas y los castigos que acompañan a la aplicación legal han sido una fuente inagotable de dolor para millones de personas a lo largo de la historia. El pensador francés Michel Foucault nos ofrece en esta obra un repaso a la evolución de las penas y nos pinta un panorama desolador, que invita a pensar en alternativas más racionales frente al derecho penal que hemos conocido a lo largo de la historia de la humanidad. Aunque pueda parecer que muchas de las situaciones que describe Foucault en su libro ya están superadas, lo cierto es que sigue existiendo una marcada inclinación social hacia la venganza y no hacia la justicia para quienes cometen delitos. “Vigilar y castigar” nos ofrece una perspectiva histórica del mayor interés sobre las penas y las cárceles, que durante siglos han marcado el alcance de las sanciones jurídicas en materia penal.
La lista anterior, desde luego, puede crecer hasta abarcar muchas sugerencias, según el gusto de cada lector. Lo importante es que los abogados y los estudiantes de derecho tengan claro que se deben leer no solamente textos jurídicos, sino igualmente obras de carácter ensayístico o pertenecientes a otras ciencias sociales, diferentes al derecho. Pero también es recomendable para los abogados o futuros abogados leer obras de ficción, novelas, cuentos, poesía, a fin de adquirir capacidad de escribir bien. En este sentido también las opciones son inabarcables en una vida humana (y solamente disponemos de una). Por lo tanto, hay que ser sumamente selectivos y dirigirnos a literatura de calidad y útil para nuestra formación jurídica.
Por ejemplo, en mis clases de derecho constitucional siempre he sugerido la lectura de esa portentosa novela de Mario Vargas Llosa titulada “La fiesta del chivo”. Se trata de una obra que nos permite reflexionar sobre el sentido mismo del Estado constitucional de derecho, ya que nos hace evidente la necesidad de poner frenos y límites al poder, para evitar que su ejercicio genere consecuencias indeseables y verdaderamente catastróficas. En el libro se narra una parte del régimen gobernado por Rafael Leónidas Trujillo (conocido como “El Chivo”) en la República Dominicana y los excesos cometidos tanto por él como por sus subordinados y familiares.
Vargas Llosa, desde su creatividad literaria, nos hace pensar sobre el derecho, sobre el papel del constitucionalismo, sobre el delirio de los gobernantes y sobre la necesidad de contar con mecanismos de supervisión y control. Eso es lo que justifica, en buena medida, que hoy en día se defienda al Estado constitucional de derecho como un excelente modelo de organización política, lo cual nos queda claro no solamente leyendo el texto de nuestra Carta Magna, sino también leyendo una espléndida novela como esa. Bajo la misma lógica, aunque de manera mucho más descarnada y trágica, también Primo Levi ha resaltado la brutalidad de los seres humanos cuando no se encuentran sujetos a límites, en sus narraciones –ensayísticas, no noveladas- sobre lo sucedido en Auschwitz y otros campos de concentración de los nazis (de Levi hay que leer sobre todo “Si esto es un hombre”).
Otro ejemplo. Para un curso de derecho procesal penal pueden utilizarse novelas como “Se presume inocente” de Scott Turow, que es un magnífico thriller para ilustrar el importante tema de la “cadena de custodia” y los conflictos de interés que pueden darse en el marco de la investigación de un delito de naturaleza sexual.
Tal como se dijo en el caso de los ensayos, también las novelas que nos enseñan a ser mejores abogados y que nos plantean profundos dilemas jurídicos suman miles. Desde las tragedias de Sofocles y la famosa Antígona, pasando por Shakespeare y las “deudas de sangre”, hasta llegar a la novelación del Holocausto a finales del siglo XX por autores como Patrick Modiano, la literatura ha atendido con avidez las expresiones de los fenómenos jurídicos. Y lo sucedido en las salas de tribunales ha llamado la atención de millones de lectores de lectores alrededor del mundo.
La fascinación recíproca entre el derecho y la literatura quizá quede explicada con esta magnífica cita de Jacques Vergés, un abogado francés que se dedicó a defender a personajes extremadamente polémicos como el nazi Klaus Barbi o el negacionista Roger Garaudy (quiso también defender en La Haya al genocida Slodoban Milosevic, pero el imputado rechazó cualquier forma de asistencia letrada):
“Un expediente judicial es siempre el resumen de una novela, el argumento de una tragedia, la sinopsis de una película. Pero esa tragedia y esa película permanecen inconclusas: a unas y otras les falta un quinto acto, un epílogo o un desenlace –en definitiva, una coronación, aunque sea de espinas, para que el drama sea completo.
Solo los abogados tienen el privilegio de ser a la vez espectadores de tal drama, confidentes del héroe y coautores, ya que acompañan al acusado a lo largo de todo el proceso y le ayudan a hacer frente al quinto acto de su tragedia, al epílogo de su novela, al desenlace de su película. Corresponde a los jueces encarnar al ciego destino”[3].
Pero a veces los abogados no podemos formar parte del drama judicial al que se refiere Vergés, por lo que tenemos que imaginarlo a través de la literatura, que nos trae la experiencia de los juicios en la forma más vívida posible y también en la más interesante.
[1] Un buen compendio de cuestiones sobre el interrogatorio dentro del juicio oral puede verse en Baytelman, Andrés y Duce, Mauricio, Litigación penal. Juicio oral y prueba, México, FCE, 2005.
[2] Baytelman, Andrés y Duce, Mauricio, Litigación penal. Juicio oral y prueba, cit., 31.
[3] Vergés, Jacques, Justicia y literatura, Barcelona, Ediciones Península, 2013, p. 13.
