Miguel Carbonell *
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
Otra vez suenan tambores de guerra en contra de los órganos autónomos previstos en la Constitución mexicana. Los argumentos no son novedosos y resultan tan falsos como lo han sido siempre: se dice que cuestan mucho y que hay que eliminarlos para ahorrar, como si no hubiera miles de opciones distintas para ahorrar muchísimo más dinero que el que se destina a los órganos autónomos.
En la crítica que desde el poder ejecutivo se hace de los órganos autónomos se prescinde de algo que resulta indispensable para ordenar la discusión: hay que hacer un análisis por separado de su desempeño, sin ponerlos a todos en la misma bolsa. Por ejemplo, me parece que, en términos generales, el Banco de México ha hecho un trabajo importante en el control de la inflación y en la administración de las reservas internacionales que hasta el 22 de diciembre de 2023 sumaban más de 211 mil millones de dólares; desaparecer a Banxico y entregar esa enorme bolsa de recursos para que la administre el gobierno federal sería un enorme despropósito. Quizá sea diferente la apreciación del desempeño de la Fiscalía General de la República, cuya eficiencia en la persecución de los delitos no ha destacado ni brillado en los tiempos recientes.
Algunos órganos autónomos trabajan en temas que son del interés sobre todo de la ciudadanía, aunque le resulten incómodos al actual Presidente. Es el caso del INE y del INAI. No imagino que algún ciudadano defienda la idea de desaparecer el INE para regresar la organización electoral y el conteo de los votos a la Secretaría de Gobernación, de la misma forma que no imagino a una persona defendiendo la opacidad y proponiendo que se elimine la institución que nos garantiza que estemos informados y de esa manera podamos exigir cuentas a quienes nos gobiernan.
Un órgano autónomo como el INEGI no puede más que recibir todo el respaldo (e incluso el aplauso) de la ciudadanía por la calidad y la oportunidad de la información que genera. Tener al INEGI en México nos hace mejores como país, nos permite tomar decisiones informadas y contribuye a contar con datos fidedignos sobre la realidad de lo que acontece en un número importante de ámbitos sociales. Todos perderíamos mucho en caso de que se intente desaparecerlo.
Hay algunos órganos autónomos que han tenido un pobre desempeño debido sobre todo a que sus titulares dejan mucho que desear y han llegado al puesto con la firme intención de hacer explotar internamente a la institución. El caso más evidente es el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está viviendo la época más lúgubre de toda su historia (y vaya que ha tenido momentos verdaderamente nefastos en el pasado).
Lo cierto es que los órganos autónomos no son ocurrencias ni responden a lógicas de control político: casi todos ellos fueron creados gracias a movimientos sociales y a reflexiones académicas basadas en la experiencia de otros países. En ese sentido, no parece adecuado que un gobierno que ya va de salida se proponga, sin haber presentado ni el más mínimo diagnóstico de la forma en la que están trabajando los órganos autónomos, una reforma constitucional para desaparecerlos.
Más bien lo que sería deseable es fortalecer a los órganos autónomos, dotarlos de facultades regulatorias y de control, para que puedan hacer mejor su trabajo, dotándolos de las herramientas necesarias para que sean capaces de llamar al orden a autoridades y particulares. También resultaría indispensable que hubiera un seguimiento por parte del Congreso de la Unión que permitiera una mejor rendición de cuentas, ante los representantes populares, de los órganos autónomos. Estoy seguro que todos aprenderíamos mucho si se cita a sus titulares a reuniones de trabajo o comparecencias parlamentarias para que expongan los obstáculos que tienen para hacer su trabajo y las posibles vías de fortalecimiento de su autonomía. Necesitamos escuchar en todos los foros posibles a los titulares de los órganos autónomos.
El constitucionalismo de nuestros días no se resume en los tres poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial). La arquitectura del Estado constitucional de derecho se ha enriquecido y fortalecido con la presencia de los órganos autónomos. Nadie debería de olvidarlo.
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