El Dr. Miguel Carbonell y toda la planta docente del Centro Carbonell han dedicado años a la especialización del derecho constitucional y los derechos humanos. Por eso, por primera vez se abre una oportunidad única para estudiar desde tu casa u oficina con los mejores maestros la doctrina constitucional más avanzada, más robusta y más visionaria.
La iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico que fue presentada hace unos días por el Presidente de la República es extraordinariamente peligrosa. De ser aprobada en sus términos, significaría una vuelta enorme al pasado e implicaría un “cuello de botella constitucional” para el futuro del país, ya que estaría enviando un mensaje extraordinariamente negativo para quienes quisieran invertir en territorio nacional.
La iniciativa tiene detalles tan extraños como señalar un específico porcentaje de generación eléctrica que debe estar a cargo del Estado (el 54%, para ser precisos) y el resto podrá estar a cargo de los particulares (un 46%). ¿Podría el autor de la iniciativa o sus asesores indicarnos una sola Constitución en el mundo que se refiera a aspectos tan puntuales, más propios si acaso de una ley o quizá incluso de un reglamento, pero nunca de un texto constitucional?
Ya en diversos espacios se han señalado los afanes regresivos de la iniciativa al pretender borrar del mapa a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o la absorción por parte de la CFE del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Se trata de órganos del Estado mexicano que han tenido y siguen teniendo un importante papel regulador de los mercados energéticos. Ahora López Obrador proponer entregarle una plenitud de facultades (monopólicos, de hecho) a la CFE de Manuel Barlett. La iniciativa propone que el Estado (es decir, el gobierno federal) tenga el monopolio en la explotación del litio. La idea puede sonar atractiva, pero se requiere un análisis profundo y una discusión de expertos sobre su viabilidad, sobre sus alcances y sobre si se trata de algo positivo para el país. Los monopolios públicos, salvo excepciones obvias como la emisión de moneda, la administración de las adunas o la defensa nacional, no suelen dar buenos resultados. Esta parte de la iniciativa parece más una ocurrencia que otra cosa.
La iniciativa propone la desaparición de los contratos de autoabasto, que habían dado buen resultado en ciertos sectores de la economía, a los que CFE no siempre les daba el servicio de calidad y a buen precio que requerían para ser competitivos internacionalmente.
En el artículo transitorio segundo inciso A la iniciativa literalmente dice: “Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado se cancelan….”. Así de drástico, así de peligroso. Y el transitorio cuarto pone en clara subordinación al sector privado al señalar que: “La participación en la generación eléctrica del sector privado, se sujetará a la planeación y control de la Comisión Federal de Electricidad”: o sea, todos al servicio de Bartlett, por increíble que parezca. Esos artículos transitorios pueden tener rasgos expropiatorios (y en ningún lado se habla de asumir las correspondientes indemnizaciones) y evidentemente cancelan por mandato constitucional relaciones contractuales que tienen una vigencia determinada, lo cual pueden considerarse como una aplicación retroactiva de la norma.
La iniciativa pinta de cuerpo entero al gobierno y, en caso de ser aprobada, nos regresaría varias décadas hacia el pasado. Se trata de un manotazo en la mesa para liquidar la participación privada en el sector eléctrico y abrir un rumbo de estatalización total de la energía en el país, incluso generando un costo mayor para los consumidores. Quizá quien puso su firma en la iniciativa no la leyó con cuidado o tal vez no ha entendido a cabalidad su alcance dado que no es experto en el tema, pero desde luego que la permitió y la está avalando. Su autoría real sin duda alguna proviene del sector radical del gobierno de la 4T y seguramente no será bien vista por personas más moderadas como Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Tatiana Clouthier o Claudia Sheinbaum. La primera definición de la viabilidad de la iniciativa se dará al interior del gobierno, de forma expresa o solapada, teniendo la mirada puesta en lo que el próximo Presidente o Presidenta heredará al tomar posesión en 2024.
En su trámite ante el Congreso la decisión dependerá de los votos del PRI en ambas Cámaras. No será una decisión fácil para los integrantes de sus respectivos grupos parlamentarios. La sociedad civil deberá estar atenta a las definiciones que cada legislador tome, para no dejar impune un voto en contra del país, de la economía nacional y del futuro de la Nación.
Los casos más comunes de malpraxis médica conllevan responsabilidades jurídicas de tipo civil y de tipo administrativa. Hoy en día se han presentado casos que implican acciones u omisiones de médicos y personal de enfermería, pero también responsabilidad patrimonial del Estado hacia hospitales públicos y privados. Si como abogado o médico estás interesado en conocer los conceptos y requisitos para iniciar un procedimiento de esta naturaleza, o para solicitar una reparación integral del daño, este curso te servirá
Más allá del aspecto normativo, la salud es una dimensión fundamental para explicar el bienestar de los seres humanos, así como un componente determinante del desarrollo económico, ya que es un elemento inseparable del capital humano.
Casos ante el SIDH en materia de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes
¿Qué hacer para parar la violencia contra las mujeres? Un primer paso es conociendo las herramientas jurídicas y psicológicas para alzar la voz y denunciar las acciones o hechos que vulneran sus derechos. Hemos preparado un curso de 6 horas con el abordaje de estos aspectos necesarios para el empoderamiento de las mujeres y de las personas que sufren o han sufrido violencia.
Casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, resueltos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Caso 11.625, Informe de Fondo No. 4/01, María Eugenia Morales de Sierra (Guatemala)
Cuando se presentó la petición a la Comisión Interamericana, los artículos 109, 110, 113, 114, 115, 131, 133, 255 y 317 del Código Civil de la República de Guatemala definían el papel de cada cónyuge en el matrimonio. Esas normas daban lugar a distinciones discriminatorias con respecto a las mujeres casadas, como María Eugenia Morales de Sierra.
La Comisión señaló que esos nueve artículos del Código Civil institucionalizaban desequilibrios en los derechos y los deberes de los cónyuges, ya que establecían “una situación de dependencia de jure para la esposa y creaban un desequilibrio incorregible en la autoridad de los esposos dentro del matrimonio” y aplicaban “conceptos estereotipados de las funciones de la mujer y del hombre que perpetúan una discriminación de facto contra la mujer en la esfera familiar y que tienen el efecto ulterior de dificultar la capacidad de los hombres para desarrollar plenamente sus papeles dentro del matrimonio y de la familia”. La CIDH agregó que dichos artículos hacían depender el derecho de la mujer a trabajar del consentimiento de su esposo y negaban a la mujer el derecho equitativo a buscar empleo y beneficiarse de la mayor autodeterminación que ello comporta.
Caso 11.565, Informe de Fondo No. 53/01, Ana, Beatriz y Celia González Pérez (México)
El 4 de junio de 1994, un grupo de militares detuvo a Ana, Beatriz y Celia González Pérez y a su madre, Delia Pérez de González, en el estado de Chiapas para interrogarlas. Las cuatro mujeres permanecieron detenidas durante dos horas, aproximadamente. Durante ese lapso, las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas varias veces por los militares. El 30 de junio de 1994, se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal. El expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994, pero posteriormente fue archivado.
Para declarar la responsabilidad del Estado Mexicano en el Informe de Fondo No. 53/01, la Comisión aplicó la norma interamericana relativa al deber de los Estados de actuar con debida diligencia en el contexto de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes. En ese sentido, la Comisión señaló que el Estado había incumplido su obligación de prevenir, investigar y sancionar la violación de los derechos amparados en la Convención Americana. Las decisiones en los casos de Raquel Martín de Mejía y Ana, Beatriz y Celia González Pérez representaron la primera vez que la CIDH abordó el concepto de violencia sexual como forma de tortura y el acceso de las víctimas a la justicia en el sistema de casos individuales.
Caso 12.051, Informe de Fondo No. 54/01, Maria da Penha Maia Fernandes (Brasil)
El 29 de mayo de 1983, la señora María da Penha Maia Fernandes fue víctima en su domicilio en Fortaleza, estado de Ceará (Brasil), de un intento de homicidio por su entonces esposo, quien le disparó mientras ella dormía. Ese ataque fue la culminación de una serie de agresiones de parte de él durante su vida matrimonial. Como consecuencia de esta agresión, la señora da Penha fue herida de gravedad, tuvo que ser sometida a numerosas operaciones y sufre de paraplejia irreversible y otros traumas físicos y psicológicos. En la fecha en que se presentó la petición a la CIDH, el Estado brasileño no había tomado medidas para enjuiciar y sancionar al exmarido de la señora da Penha, a pesar de que ella había denunciado los incidentes a las autoridades.
En el Informe de Fondo No. 54/01, publicado el 16 de abril de 2001, la Comisión aplicó la Convención de Belém do Pará por primera vez y determinó que el Estado brasileño no había actuado con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica, ya que, durante 17 años, no había condenado o sancionado al autor de los actos de la violencia perpetrados contra la señora da Penha. La Comisión declaró enfáticamente que la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia no se limitaba a la obligación de juzgar y condenar al responsable, sino que abarcaba la obligación de prevenir estas prácticas degradantes. Asimismo, determinó que se habían violado los artículos 8 y 25 de la Convención Americana porque habían transcurrido más de 17 años desde el inicio de la investigación y el proceso contra el acusado seguía pendiente, sin que se hubiera dictado sentencia definitiva.
Caso 12.626, Informe de Fondo No. 80/11, Jessica Lenahan (Gonzales) (Estados Unidos)
Pese a que se había dictado una orden de protección contra Simon Gonzales, exmarido de Jessica Lenahan y padre de sus tres hijas menores de edad, Estados Unidos no protegió a la señora Lenahan y a sus hijas de actos de violencia doméstica. La señora Lenahan llamó varias veces a la policía en las primeras horas de la noche del 22 de junio de 1999 para denunciar que su exmarido había infringido la orden de protección y se había llevado a sus tres hijas, pero la policía no tomó medidas razonables para hacer cumplir la orden. En consecuencia, las tres hijas mejores fueron encontradas muertas a tiros en la parte trasera de la camioneta de su padre tras un tiroteo con la policía local.
En el Informe de Fondo No. 80/11, publicado el 21 de julio de 2011, la CIDH se pronunció por primera vez sobre el tema de la discriminación contra las mujeres en el marco de la Declaración Americana y su estrecho vínculo con el problema de la violencia contra las mujeres. La Comisión abordó el derecho de las víctimas a la protección judicial de acuerdo con el artículo XVIII de la Declaración y explicó que este artículo garantiza el derecho a la investigación y la aclaración de los hechos. En vista de que no se había hecho una investigación adecuada y diligente de la muerte de las niñas y de que habían transcurrido más de once años sin que se aclararan la causa, el lugar y la hora de su muerte, determinó que se había violado el derecho a la protección judicial.
Caso 12.551, Informe de Fondo No. 51/13, Paloma Angélica Escobar Ledezma y otros (México)
El 2 de marzo de 2002, Paloma Angélica Escobar salió de su casa para ir a la escuela en la ciudad de Chihuahua y no volvió a ser vista hasta que se descubrió su cadáver el 29 de marzo de 2002. El Estado no hizo una investigación oportuna, inmediata, seria e imparcial de su desaparición. En el momento en que se presentó la petición a la CIDH, el caso seguía en la impunidad.
Para declarar la responsabilidad del Estado mexicano en este caso, la Comisión aplicó la norma relativa al deber mayor de protección y debida diligencia en contextos de violencia contra las mujeres, en particular en lo que se refiere a desapariciones y femicidios. Asimismo, se refirió al deber mayor del Estado de proteger a las niñas en casos de violencia y violación y reiteró que, de acuerdo con la Convención de Belém do Pará, la obligación de actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres. Por lo tanto, los Estados deben investigar con una perspectiva de género. La CIDH recalcó que, en lo que respecta a las niñas, los Estados deben tener en cuenta que algunos factores relacionados con su edad y su desarrollo las exponen más a ciertas formas de violencia que a las mujeres adultas.
Caso 11.656, Informe de Fondo No. 122/18, Marta Lucía Álvarez Giraldo (Colombia)
En 1994, Marta Lucía Álvarez, quien se encontraba privada de libertad, solicitó una visita íntima con su pareja del mismo sexo, la cual fue denegada por la Dirección de la Reclusión de Mujeres de Pereira porque la Resolución 5889/93, que reglamentaba el derecho a las visitas conyugales en los centros de reclusión, se refería exclusivamente a visitas entre un hombre y una mujer. Además, la Dirección señaló que permitir una visita íntima entre dos personas del mismo sexo representaba una amenaza para la seguridad del establecimiento penitenciario debido al riesgo de que el visitante suplantara al recluso.
En el Informe de Fondo No. 122/18, publicado el 5 de octubre de 2018, la Comisión señaló que la denegación del derecho de la señora Álvarez a una visita íntima constituía un trato discriminatorio basado en su orientación sexual y, por consiguiente, declaró que el Estado colombiano era responsable de violaciones del derecho de igualdad ante la ley. Determinó asimismo que el Estado había tolerado el trato discriminatorio contra la señora Álvarez tanto de parte de las autoridades carcelarias como de las autoridades judiciales, el cual interfirió de forma desproporcionada e injustificada en su vida privada. Por último, la Comisión consideró que las autoridades judiciales que habían ratificado la denegación de las solicitudes de visitas íntimas efectuadas por la señora Álvarez habían violado su derecho de acceso a la justicia al no garantizarle una audiencia o un proceso imparcial.
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La Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ocupa de una gran variedad de temas del catálogo de derechos que se han sometido al conocimiento de los organismos que lo integran. Estas publicaciones son difundidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Introducción al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Los derechos de las niñas y los niñosen el Derecho Internacional, con especial atención al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
La responsabilidad internacional de los Estados derivada de la conducta de particulares o non-State actors conforme al Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
¿Superposición de las reparaciones otorgadas por comisiones de la verdad y tribunales regionales de derechos humanos? Una aproximación a la realidad interamericana.
La protección de los derechos de las personas con discapacidad en instituciones psiquiátricas, a la luz de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
La tarde del 20 de junio de 2008, 12 personas murieron por asfixia luego de un operativo en la discoteca New’s Divine en la delegación Gustavo A. Madero.
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
En las escuelas y facultades de derecho hace falta hablar más con nuestros alumnos de las responsabilidades que van a asumir cuando ejerzan la profesión de abogados. Hay que recalcar las metas, los deberes y los valores con los que cada futuro abogado debe estar comprometido.
El establecimiento de una relación profesional entre el abogado y su cliente es de carácter consensual. Esto quiere decir que el cliente selecciona al abogado al que quiere contratar y el abogado tiene la libertad de aceptar el encargo o de rechazarlo (siempre que se trate de abogados dedicados a la práctica privada; una cuestión diferente es cuando el abogado trabaja para una institución pública). El acuerdo de voluntades puede ser expreso por medio de la firma de un instrumento contractual o implícito derivado de actos de las partes. Una sugerencia importante sobre este asunto es la de que siempre se procure firmar un contrato de prestación de servicios profesionales, para darles mayor seguridad a los interesados y para que no existan confusiones sobre los términos y alcances de la relación profesional.
Una vez que la relación entre abogado y cliente se ha formalizado, el abogado asume un conjunto de deberes que incluyen de manera muy general lo siguiente al menos:
A) La debida diligencia;
B) El mantener informado al cliente sobre el avance de su asunto;
C) Seguir atentamente las instrucciones del cliente;
D) Mantener reserva sobre la información que recibe de parte del cliente o de otras partes involucradas en el asunto; y
E) Evitar los conflictos de intereses que pudieran surgir.
Cada uno de los aspectos anteriores amerita una explicación muy detallada, puesto que en todos ellos existen limitaciones, problemas e imprevistos que hay que analizar. Algunos de esos deberes (como el de confidencialidad) se deben observar tanto antes como después de que se haya formalizado la relación profesional entre el cliente y el abogado. Incluso existen cuando se dan conversaciones entre ambas partes y luego no se formaliza ninguna relación profesional (el deber de confidencialidad en ese caso abarca lo relativo a los documentos o información que el cliente le haya compartido al abogado).
La firma de un contrato entre abogado y cliente no exime de la observancia de ciertas cuestiones previstas en la ley. Por ejemplo, el abogado no puede asumir instrucciones del cliente que lo involucren en la comisión de delitos. Tampoco puede establecerse una cláusula que limite el deber de diligencia o de información que el abogado tiene hacia el cliente.
Hay situaciones en las que no se formaliza una relación entre abogado y cliente, pero en las que el abogado tiene ciertas obligaciones. Por ejemplo, pensemos en un caso en el que un abogado recibe a una persona para efecto de desahogar una consulta; la reunión se lleva a cabo, el sujeto en cuestión sale del despacho y, luego de analizarlo con calma, el abogado decide no asumir la representación jurídica de aquél pero no se lo comunica al cliente. En ese caso se pueden afectar los derechos del cliente porque puede vencer algún plazo procesal o simplemente porque el cliente se queda con la idea de que el asunto está en manos de un abogado.
Por casos como el anterior y otros parecidos que podrían citarse, es importante ser claros respecto a si decidimos asumir o no un determinado asunto y debemos ser todavía más claros para comunicárselo al prospecto de cliente. Incluso se debe incluir una advertencia en las comunicaciones de marketing del abogado, a efecto de que quede claro que no existe ninguna representación jurídica formal hasta en tanto no se firme un contrato para tal efecto e indicar que será solamente a partir de ese momento cuando el abogado y el cliente inicien una relación profesional con todas las consecuencias legales que de ella derivan.
La relación entre abogado y cliente se basa en la confianza (por eso a veces se dice que es una relación fiduciaria). Esa confianza exige del abogado que se conduzca con lealtad respecto al cumplimiento de las instrucciones del cliente, al poner como máxima prioridad la defensa de sus intereses y evitar los conflictos que pueden surgir respecto a los intereses de terceros o incluso de los intereses de los propios abogados.
Quizá las obligaciones de los abogados hacia los clientes podrían resumirse en las cuatro “Cs” siguientes:
1. Competencia: el abogado, cuando asume un asunto, debe proveer una representación competente, con consecuencia de su conocimiento actualizado sobre el tema y su diligencia profesional.
2. Comunicación: el cliente tiene derecho a estar informado de todos los datos relevantes sobre su asunto, incluyendo el avance del mismo. La información se le debe proporcionar con un lenguaje accesible y comprensible.
3. Confidencialidad: el abogado debe preservar la información del caso frente al conocimiento de terceros ajenos a la controversia; en particular, tiene que evitar cualquier comunicación de información que pueda poner en riesgo los intereses de su cliente.
4. Conflictos: el abogado debe abstenerse de representar a otros clientes que pudieran tener intereses opuestos a los de su cliente; esta prohibición se proyecta hacia el futuro, para impedir que el abogado sirva a clientes que se pueden beneficiar de la información que el abogado tenga en virtud de que en el pasado atendió cierto tipo de casos. Se debe entender que se trata de información negativa y proporcionada por el cliente pasado, desde luego.
5. Obviamente, la reflexión sobre la responsabilidad del profesional del derecho abarca muchos más aspectos. Lo importante es que nos demos cuenta que todos ellos necesitan ser estudiados en las escuelas y facultades de derecho, porque quienes egresan de ellas deben estar preparados para hacer frente a desafíos de gran calado en su práctica profesional. No se trata de cuestiones teóricas, sino de aspectos prácticos (y, en alguna medida, frecuentes), sobre los que debemos estar advertidos, a fin de prestar el mejor servicio posible y elevar la dignidad de la abogacía mexicana.
Mujeres: Las heroínas durante la pandemia por COVID-19
La reforma a la ley Federal del Trabajo más profunda de las últimas décadas fue la publicada en el DOF en 2019: una nueva forma de ejercer el derecho en beneficio de trabajadores y patrones, alcanzando estándares internacionales de justicia laboral. Para cumplir con los objetivos de la reforma, abogados y jueces debemos hacer análisis detallado de su contenido, sobre todo respecto a la conciliación prejudicial, a los tribunales laborales, los sindicatos y por supuesto, a todos los aspectos post pandemia que transformaron las relaciones jurídicas de los trabajadores.
La pandemia por COVID-19 vino a hacer más evidentes muchas de las desigualdades que aquejan a nuestras sociedades. En el caso de las mujeres, hizo evidente la marcada brecha de oportunidades con respecto a los hombres, porque encareció aún más sus condiciones de vida, pero también quedó demostrada la gran importancia de las mujeres en diversos sectores que, de no contar con su participación, muchas actividades esenciales se hubieran paralizado. Sin embargo, esto ha implicado un enorme reto para una gran cantidad de mujeres que han sacrificado el estar en compañía de sus seres queridos, su salud e incluso sus vidas.
A través de las experiencias de varias mujeres que han enfrentado la pandemia desde sus distintas áreas de trabajo, podemos constatar no sólo la valentía con la que han encarado este problema para salir adelante junto con sus familias, sino los obstáculos que lamentablemente por el hecho de ser mujeres siguen
“Elegí esta profesión para contribuir a cambiar la vida de muchas personas; si tuviera otra oportunidad de elegir, lo volvería hacer”.
Brenda Abad, de 25 años, hizo la carrera técnica en enfermería y ahora está cerca de terminar la licenciatura, su sueldo es de 6 mil pesos al mes, ella es el sustento de su hijo de seis años y de su abuela de la tercera edad, a quienes no pudo abrazar durante un largo tiempo por miedo a contagiarlos. En sus turnos nocturnos de 12 horas, tres noches a la semana, en un hospital del Estado de México, Brenda debe llevar puesto todo su equipo de protección para revisar a los pacientes que llegan con síntomas de COVID-19.
Pese a la gran labor de Brenda que pone en riesgo su salud y la de su familia por ayudar que los pacientes por COVID se recuperen, sufrió discriminación, pues varias ocasiones tuvo que regresar caminando en altas horas de la noche a casa debido a que los choferes del transporte público al verla con su equipo de protección temían que los contagiara y preferían no brindarle el servicio, en una ocasión desde un auto uno jóvenes le escupieron la cara y le gritaron “¡Traes COVID!”. Sin embargo, Brenda siente un verdadero orgullo por su profesión y sigue ayudando día con día a todos sus pacientes.
En México casi 500 mil personas se dedican a la enfermería con un grado técnico o especializado en todo el país, de las cuales, 79% son mujeres y 21% son hombres. Por lo que la batalla contra la pandemia la están librando mayormente las mujeres.
“Me gusta creer que estoy haciendo algo por la vida de otras personas, pero en un punto me da miedo. Mi mamá es asmática y pues… si yo me enfermo y yo la enfermo… no sé si ella va a salir de eso. No sé si podría perdonármelo. ¿Realmente vale la pena estar exponiéndola por el salario mínimo?
Julia es una persona propensa a desarrollar asma, a pesar de ello tiene que ir a trabajar en una fábrica de Ciudad Juárez para salvar otras vidas en medio de la pandemia, ya que su trabajo consiste en hacer los tubos que conectan a los respiradores que son utilizados en los hospitales para atender a pacientes graves con insuficiencia respiratoria por COVID, debido a la alta demanda a partir de la crisis sanitaria, ha tenido que trabajar horas extras y fines de semana que no se han visto reflejados en su sueldo. Para Julia ha sido complicado ascender a un buen puesto ya que la mayoría son ocupados por varones, además no cuenta con prestaciones ni seguro médico y no ha tenido la posibilidad de quedarse en casa para no contagiarse, pese a ello Julia sale todos los días pues considera que su labor, aunque mal pagada esta sumando a salvar vidas.
En México, seis de cada diez mujeres de la población económicamente activa no tienen acceso a trabajos formales, los ingresos de los hombres, en general, son más altos que los de las mujeres. Por ende, existen grandes desigualdades en cuanto al acceso a la seguridad, como los seguros de salud, los beneficios de desempleo y otras medidas de protección social.
“Sí da temor seguir trabajando, de que uno no sabe si el cliente que llegó trae síntomas, ¿verdá?… o, por ejemplo, trae su dinero en manos y uno no sabe. Sí da temor. Y ¿a quién no le gustaría estar en casa?, pero pos’ con la bendición de Dios yo me voy al trabajo, pidiéndole que no me vaya a enfermar porque soy sustento de mis hijos. Creo que… pues una mamá lo es todo”.
Linda trabaja en un supermercado en Ciudad Juárez que opera las 24 horas, por lo que pasa muy poco tiempo con sus hijos, además realiza tareas de ama de casa, encargándose de las actividades de limpieza y toda logística del hogar, más el cuidado de sus pequeños teniendo muy poco tiempo de descanso. Cuando inició el confinamiento y se cerraron las escuelas, la carga de trabajo para Linda se volvió aún más pesada debido a que ahora tiene que ocuparse de la educación de sus hijos y cubrir tiempos extras en el trabajo, con el peligro se salir todos los días y contagiarse.
En México, las mujeres asumen en promedio 39 horas semanales de trabajo de cuidado no remunerado, el triple de horas en comparación con los hombres (13 horas a la semana) por mucho tiempo esta carga invisible de trabajo era considerada una obligación para las mujeres que son madres.
“Híjole. Ha sido un cambio bien drástico. Dejó de haber clases, dejó de haber ventas, la pandemia me ha cambiado en todos los aspectos; en el moral porque la gente no sale, no te compra; en el económico porque te estás yendo a la quiebra y te endeudas más ¿Tú crees que no tengo miedo?; pero lamentablemente somos un estado muy pobre, aquí todos trabajamos y vivimos unos de otros, el chilate siente. Si estás triste o molesto, se corta”
Martha tiene 44 años y se dedica a la venta de chilate (bebida fría, mezcla de semillas cacao, arroz, canela y azúcar pasadas por un molino de mano) en un puesto que le heredó su madre dentro de uno de los mercados más populares de Chilpancingo, trabajo con el cual mantiene a su hija, pero que no le otorga prestaciones ni seguridad social, sosteniéndose únicamente de la venta de su ancestral bebida. Desde muy temprano, prepara cinco cubetas de 19 litros. Por cada una que vende obtiene 350 pesos. A partir de que las autoridades pidieron a la sociedad permanecer en casa para evitar que los contagios se propagaran, Martha tiene que deshacerse del 50% de su bebida, tirándola al drenaje ya que sus ventas han caído drásticamente, el poco ingreso que obtiene debe dividirlo en la compra de comida, gastos de su hogar y todavía debe guardar una parte para comprar ingredientes con los que hará el chilate del día siguiente. Su condición de vida ha cambiado y la ha empobrecido abruptamente.
La tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral en México es de 45%, y seis de cada diez mujeres de la población económicamente activa femenina no tienen acceso a trabajos formales. Por lo que carecen de derechos laborales y protección social, incluida la atención médica, la baja por enfermedad o las prestaciones por desempleo.
“Lo que ha sido un gran reto es refrendar el por qué estoy aquí, ganarme la credibilidad, sobre todo de los hombres”, cuenta quien ha escuchado muchas veces los mismos cuestionamientos: “¿Cómo una mujer me va a venir a decir qué hacer? ¿Qué sabe ella de seguridad? ¿Cuántas veces se ha agarrado a golpes?”. Pero Castillo lo tiene claro: “Yo llegué por mi trabajo, por lo que sé, por lo que he aprendido con la experiencia… Poco a poco te vas ganando el espacio que tienes”.
A partir del confinamiento derivado de la pandemia, muchas mujeres reportaron un aumento de violencia en sus hogares. En el estado de Jalisco las autoridades iniciaron un programa de protección a las mujeres llamado “Código Violeta” diseñado y protegido por la comisaria Violeta Castillo, este sistema agiliza la atención de las autoridades ante los llamados de mujeres atrapadas con su agresor. Al marcar el 911, ellas solo necesitan decir que son “Código Violeta” para activar el protocolo. Entonces policías municipales y estatales despliegan de inmediato a un equipo especializado en estos casos. Si la víctima ya tiene medidas cautelares, los agentes deben dar parte del nuevo evento a la fiscalía. Si no las tiene, deben ofrecerle el traslado a la fiscalía y, si así lo desea, a un refugio temporal.
El programa ha tenido mucho éxito y una gran cantidad de mujeres agradecidas han expresado su admiración y reconocimiento a la comisaria Castillo, sin embargo, para ella el tener este cargo que le permite tomar decisiones y emprender acciones, no ha sido tarea sencilla ya que Violeta ha sufrido discriminación por ser de las pocas mujeres en un puesto de mando al que muchos de sus compañeros varones ven con recelo y consideran que por ser mujer es incapaz de llevarlo a cabo. Pero la comisaria orgullosa de sus logos trabaja arduamente porque sabe que, en tiempos extraordinarios en medio de una crisis sanitaria, su labor ha cambiado la vida de muchas mujeres.
La violencia hacia las mujeres en sus propios hogares ha aumentado con el confinamiento a nivel global. De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, en México se incrementaron las llamadas de auxilio en 80% durante el primer mes de encierro.
Es indudable que en sectores sociales muy específicos, a partir de la pandemia, muchas mujeres han visto un cambio drástico en su manera de vivir ya que a la par de enfrentarse a los problemas de abuso, discriminación, acoso y humillación tienen que enfrentarse a una crisis sanitaria que atenta contra sus vidas, pero esto no ha sido un impedimento para que muchas salgan todos los días a luchar por ellas y por sus familias pese a todos los riegos que incluso pueden llevar a la muerte, gracias a su valentía y esfuerzo no sólo han cuidado de sus seres queridos sino que han protegido como verdaderas heroínas a la sociedad para que pueda seguir funcionando.
¿Deberíamos reabrir las escuelas? Recomendaciones para un seguro regreso
La docencia es una actividad muy común entre los abogados: somos un gremio que participa activamente en la formación de los estudiantes; sin embargo, con la integración de las tecnologías, la enseñanza basada en casos, y las clases en línea, muchos docentes se han quedado atrás en cuanto a innovación, creatividad y eficacia para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Hoy en día muchas actividades que por meses estuvieron limitadas o totalmente prohibidas por la pandemia derivada del Covid-19 han retornado con cierta normalidad, sin embargo, la situación para el sector educativo ha sido totalmente distinta, pues la mayoría de los colegios siguen sin regresar a las actividades presenciales o lo han hecho con grandes limitantes, lo cual podría poner en riesgo la continuidad pedagógica de las y los estudiantes. A través de un minucioso y detallado estudio de la UNESCO en el que participaron más de 100 universidades privadas y públicas de Latinoamérica, se exponen los principales retos y obstáculos que han enfrentado instituciones académicas, estudiantes y profesores.
Resulta evidente que, a casi dos años de pandemia, la educación a distancia que ha sido utilizada como medida emergencia en casi todo el mundo para evitar el rezago educativo, siga resultando un reto para las instituciones académicas, pues han tenido que incorporar el concepto de las clases presenciales a diversas herramientas tecnológicas para no interrumpir los programas educativos, plataformas como Moodle, Google Classroom, Blackboard, Microsoft Teams y Zoom. Aunque un 80% de las universidades ya contaba con el uso de estas tecnologías, sólo eran utilizadas con fines muy específicos por lo cual, la mayoría de las escuelas aún no cuenta con una infraestructura sólida para poder abastecer la demanda estudiantil, teniendo que recurrir incluso al radio y la televisión, sin embargo, el alcance a estos medios no es equitativo para todos los estudiantes, pues la brecha de acceso a las nuevas tecnologías sigue siendo bastante amplia.
Aunque ha habido un acercamiento de los gobiernos con el 52 % de las universidades de sus países y se han creado planes en conjunto, las escuelas consideran que aún hay un panorama de incertidumbre, ya que se desconoce cuándo y cómo se volverán a abrir las aulas, y si los colegios serán una prioridad de los Estados respecto a los presupuestos públicos, pues la contingencia ha generado gastos excesivos en muchas áreas y desconocen si la educación será un sector primordial.
Es obvio que no todos los profesores contaban desde antes de la pandemia ni con experiencia previa en el manejo de las plataformas ni, lo que aún importa más, con una formación específica para la educación superior a distancia; Un 65% demostraron no estar capacitados para el uso correcto de las tecnológicas, siendo superados en su uso, por los propios alumnos, aunado a las complicaciones que para muchos maestros implicó adaptar la dinámica y metodología de sus materias a las clases impartidas en línea, por lo que algunos optaron por mantener ciertas sesiones de manera presencial hasta que las condiciones sanitarias lo hicieron medianamente posible.
Las y los alumnos al igual que los docentes tuvieron que acostumbrarse a un nuevo ritmo de vida en casa, lo cual resultó agotador y por un tiempo suprimió por completo la interacción social a la que los estudiantes estaban acostumbrados, lo que derivó en crisis psicológicas e incluso problemas de salud. Pese a que estaban más habituados al uso de plataformas educativas digitales con respecto a los profesores, el problema para los alumnos es que muchos de ellos no cuentan con el acceso necesario a internet (sólo el 58% reportaron tener acceso a una red confiable) y otras tecnologías, además que su gran problema sigue siendo principalmente el factor económico, pues si bien las universidades han implementado diversas estrategias en apoyo a los estudiantes como el apoyo tecnológico 44% ,pedagógico y socio-emocional 62% el porcentaje respecto al apoyo financiero sólo representa el 1%. Más allá de los obstáculos, muchos alumnos consiguieron graduarse y terminar sus estudios de manera virtual y no como lo hubiesen preferido; en un aula y de manera presencial como es la costumbre.
Algunos países latinos han permitido un retorno gradualmente a las aulas, pero todavía hay un panorama de incertidumbre respecto al regreso total y la continuidad pedagógica. Las universidades consideran que en un futuro será mucho más viable que se organicen grupos de estudiantes más reducidos y una cantidad menor de clases presenciales. En definitiva, lo más probable es que las formas de enseñanza y aprendizaje que han empezado como fórmulas de emergencia para evitar el rezago y la deserción escolar, evolucionen y se consoliden ya desde la reapertura como parte del modelo híbrido con el que habrá que convivir de momento y que tal vez se convierta en la nueva normalidad pedagógica en la educación superior, para garantizar la salud y seguridad de académicos y personal administrativo.
Con base en los resultados cuantitativos y las experiencias compartidas por estudiantes y docentes, la UNESCO considera que se debe planificar y reestructurar la continuidad pedagógica de acuerdo con una estrategia de rediseño que deberá centrarse en tres grandes ejes:
1. Documentar los cambios pedagógicos introducidos durante la crisis y sus impactos; en particular, hay que prestar atención a los efectos negativos de la educación a distancia de emergencia y, particularmente, al síndrome del Coronateaching. La pregunta crítica es si la experiencia adquirida puede capitalizarse para un rediseño de estos procesos, maximizando las ventajas de las clases presenciales al tiempo que se extrae mayor partido de las tecnologías, y, en segundo lugar, establecer hasta dónde quiere o puede llegar cada institución.
2. Promover la reflexión interna sobre la renovación del modelo de enseñanza y aprendizaje. Esta reflexión podrá llevarse mejor a cabo si las instituciones de educación superior cuentan con oficinas de innovación y apoyo pedagógico cuyo papel, además de desarrollar las competencias pedagógicas del profesorado, es el de fomentar la innovación pedagógica y acumular y diseminar las evidencias que resulten de su evaluación.
3. Aprender de los errores y escalar la digitalización, la hibridación y el aprendizaje ubicuo. Pensando en el futuro hay que partir del principio del realismo y generar estrategias que no confíen solo en una única tecnología, sino que combinen varias para garantizar que se llega a todos los estudiantes o, lo que es tanto o más importante, que las soluciones tecnológicas no perjudican a quienes ya parten de una situación de desventaja. Cada institución, y probablemente cada disciplina, deben encontrar la combinación de tecnologías y recursos más apropiadas para mejorar el impacto pedagógico sin renunciar a la equidad y a la inclusión.
Ante el panorama actual, en el que la pandemia ha tomado un papel cotidiano en casi todo el mundo, valdría la pena evaluar las áreas de oportunidad que se pueden encontrar en diversos aspectos; en el ámbito educativo se debe considerar la revisión pedagógica y la reestructuración de la oferta formativa en la educación superior. Es de esperar, en este sentido, que sean muchas las instituciones que emprendan el camino de una necesaria renovación pedagógica con el apoyo de los nuevos adelantos tecnológicos con miras hacia la parcial o completa digitalización de las aulas con el fin de favorecer tanto la calidad educativa como la equidad y al mismo tiempo no arriesgar la calidad de vida de estudiantes y maestros.
CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA. SUPUESTOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE EXCEPCIONALMENTE REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA.
Hechos: En un juicio ordinario civil se ejerció la acción de daño moral contra una empresa a partir del fallecimiento de una de sus trabajadoras dentro de sus instalaciones. La parte actora adujo como hecho ilícito el incumplimiento de la empresa a sus deberes de cuidado como patronal. En particular, le atribuyó no proveer la seguridad adecuada de la trabajadora; el retraso injustificado de su personal en la búsqueda y localización oportuna de la trabajadora, así como en dar noticia del deceso a las autoridades; la incertidumbre sobre las verdaderas circunstancias, motivos y lugar del fallecimiento; y, la falta de atención, apoyo e información a los familiares con motivo de los hechos. En primera instancia se tuvo por acreditada la acción; sin embargo, en apelación la Sala civil determinó que la parte actora no probó la conducta ilícita, por lo que absolvió a la empresa demandada.
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien en materia de responsabilidad extracontractual por daño moral, por regla general, corresponde a la parte actora probar los hechos constitutivos de los elementos de su acción, excepcionalmente procede invertir esa obligación adjetiva para que sea la parte demandada quien justifique alguno de estos hechos cuando entre las partes existe una relación asimétrica en torno a la proximidad probatoria del hecho.
Justificación: La anterior determinación tiene sustento en la garantía del derecho de igualdad de las partes en los juicios, como una manifestación del debido proceso, la cual exige la existencia de un equilibrio procesal entre ellas, de modo que se logre una concurrencia al litigio en un plano de igualdad material y no meramente formal, lo que implica que cualquier situación de facto que impida mantener ese equilibrio debe ser solventada por la autoridad jurisdiccional mediante las herramientas hermenéuticas correspondientes. Por lo tanto, procede invertir la carga de la prueba cuando, derivado de las circunstancias particulares del caso, la parte actora esté imposibilitada o tenga un alto grado de dificultad para acceder a los medios de convicción necesarios a fin de justificarlo y, en contrapartida, la parte demandada cuente con una mayor disponibilidad de los medios de convicción y una mejor facilidad para aportarlos al juicio, a fin de acreditar el hecho contrario. La postura expresada se torna aún más relevante cuando la responsabilidad extracontractual por daño moral se hace derivar de un hecho ilícito conformado por el incumplimiento de deberes tutelares de derechos humanos, lo que resulta aplicable a los particulares siguiendo la doctrina sobre la transversalidad de los derechos humanos sustentada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en estos supuestos la necesidad de mantener el equilibrio procesal entre las partes garantiza, además del debido proceso, los derechos a la dignidad humana y una justa indemnización en favor de las víctimas, lo que justifica la inversión de la carga probatoria para imponer el deber de demostrar el hecho contrario al actuar ilícito a la parte que tiene una mayor proximidad probatoria (facilidad y disponibilidad).
PRIMERA SALA
Amparo directo en revisión 5505/2017. Cristian Jesús Díaz Vargas. 13 de enero de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero se aparta de las consideraciones contenidas en la presente tesis, y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretaria: Irlanda Denisse Avalos Núñez.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 1967
Tipo: Jurisprudencia
ALIMENTOS. CORRESPONDE AL PADRE LA CARGA DE ACREDITAR LA IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN A PARTIR DEL NACIMIENTO DEL MENOR DE EDAD.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones distintas, al resolver respecto del momento al que debe retrotraerse la obligación alimentaria derivada del reconocimiento de paternidad, tomando en cuenta si el obligado a proporcionar alimentos tuvo o no conocimiento del embarazo o nacimiento del menor.
Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determina que es sobre el padre en quien recae la carga de probar una causa objetiva y razonable, ajena a toda discriminación que justifique el incumplimiento de su obligación, pues no basta con que el demandado en el juicio respectivo, adopte una actitud de simple negación, sino que tiene un deber de colaborar dentro del proceso, en atención a su posición privilegiada respecto del material probatorio, quedando así conminado a demostrar el mencionado desconocimiento, o bien, las circunstancias que le impidieron cumplir con el deber de proporcionar alimentos a su menor hijo.
Justificación: A la luz del interés superior del menor y de los principios de igualdad y de no discriminación, el derecho del infante a recibir alimentos de forma retroactiva al momento en que inicia su vida, no se encuentra condicionado al conocimiento previo del deudor alimentario respecto del embarazo y/o nacimiento del menor; sin embargo, la imposibilidad para cumplir con la obligación alimenticia debe ser tomada en cuenta para determinar el monto de la pensión respectiva, en la inteligencia de que en el estudio respectivo siempre deberá observarse el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México.
PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Contradicción de tesis 3/2020. Entre las sustentadas por el Tercer y el Décimo Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. 1 de diciembre de 2020. Mayoría de diez votos de los Magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas, Alejandro Villagómez Gordillo, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Walter Arellano Hobelsberger, Fortunata Florentina Silva Vásquez, Víctor Hugo Díaz Arellano, Fernando Rangel Ramírez, Gonzalo Arredondo Jiménez, Alejandro Sánchez López y Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo (presidenta). Disidentes: Fernando Alberto Casasola Mendoza, Abraham Sergio Marcos Valdés, Ana María Serrano Oseguera, José Rigoberto Dueñas Calderón y Daniel Horacio Escudero Contreras. Ponente: Alejandro Villagómez Gordillo. Secretaria: Mariana Gutiérrez Olalde.
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. EL RECHAZO EXPRESO O TÁCITO DEL TRABAJADOR QUE EJERCIÓ LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL HACE INNECESARIA SU CALIFICATIVA, POR LO QUE NO OPERA LA REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.
El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo concede al trabajador que considere injustificada la causa de rescisión de la relación laboral que, a su elección, ejercite la acción de reinstalación o solicite el pago de una indemnización, procediendo en ambos casos, el pago de los salarios caídos; ahora bien, si el ofrecimiento de trabajo es una figura jurisprudencial, cuya naturaleza es la de una propuesta u oferta conciliatoria y aquél se tiene por no aceptado o es rechazado por quien solicitó el pago de la indemnización constitucional, entonces, si el interés constituye un elemento esencial de la acción, ello evidencia que la acción resarcitoria por la que optó es acorde con el rechazo del ofrecimiento de trabajo efectuado, en tanto que pone de manifiesto que el actor no tiene el ánimo de continuar con la relación laboral. Por tanto, es innecesaria la calificativa de dicho ofrecimiento pues, entre otros aspectos, aquélla toma en consideración que tal oferta revele la intención del patrón de continuar con la relación laboral y no sólo la de revertir la carga probatoria, lo cual se opone a la voluntad del trabajador. En ese sentido, si el ofrecimiento de trabajo no constituye propiamente una excepción, toda vez que no tiende a destruir la acción, el rechazo por parte de quien no tiene la intención de continuar con dicho vínculo, no puede tener el efecto de revertir la carga probatoria, máxime que, en todo caso, el trabajador goza de la presunción de ser cierto el despido que alega; en consecuencia, corresponde al patrón la carga probatoria de desvirtuarlo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo II, página 1311
Tipo: Jurisprudencia
JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. ANTE LA INCERTIDUMBRE CIENTÍFICA O TÉCNICA DE LOS RIESGOS O DAÑOS AMBIENTALES QUE PUDIERAN CAUSARSE, Y ACORDE AL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA AL AGENTE POTENCIALMENTE RESPONSABLE.
La valoración de riesgos y daños ambientales que presupone el derecho ambiental, por regla general, está condicionada por la incertidumbre científica y/o técnica, por tanto, también la información sobre los riesgos o daños ambientales puede ser incierta por diversos motivos (el contexto, la elección de los indicadores, los parámetros utilizados, errores estadísticos, la contradicción entre teorías, entre otros), lo que exige un replanteamiento de las reglas de valoración probatoria. De ahí que, a la luz del principio de precaución, se reconoce la posibilidad de revertir la carga de la prueba al agente potencialmente responsable, esto es, a quien afirma que no se causa daño o riesgo alguno al medio ambiente y, de esta manera, el juzgador está en posibilidad de allegarse de todos los elementos probatorios necesarios para identificar el riesgo o daño ambiental.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Contradicción de tesis 3/2019. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito, así como el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 5 de noviembre de 2019. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Tito Contreras Pastrana (presidente), Julia María del Carmen García González, David Cortés Martínez, Bernardino Carmona León y José Manuel Torres Ángel. Ponente: Julia María del Carmen García González. Secretario: Édgar Salgado Peláez.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2079
Tipo: Jurisprudencia
FACTURAS. CARGA DE LA PRUEBA CUANDO CONTRA QUIEN SE PRESENTAN NIEGA QUE EL RECEPTOR DE LA MERCANCÍA TUVIERE FACULTADES PARA ELLO Y LAS OBJETA.
En la jurisprudencia 1a./J. 89/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 463, de rubro: «FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS.», la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio de que la factura hace prueba legal cuando no es objetada, pero que la mera refutación produce que su contenido no sea suficiente para acreditar la relación comercial, por lo que en tal supuesto corresponde a cada parte probar los hechos de sus pretensiones. Por otra parte, en la jurisprudencia 1a./J. 53/2007, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 217, de rubro: «TÍTULOS DE CRÉDITO. CORRESPONDE AL ACTOR LA CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO A LA EXCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD JURÍDICA DE LA PERSONA QUE LOS FIRMA.», sostuvo que cuando se cuestiona la calidad jurídica de la persona que firma el documento, corresponde a la contraria demostrar que sí tenía facultades para ello. Ahora bien, cuando en la factura obra la firma de recepción de la mercancía que ampara, ésta constituye un elemento adicional de prueba que viene a robustecer el valor intrínseco de aquélla, por lo que se estima que, en tal supuesto, no basta la mera objeción para restarle eficacia, ni por el hecho de que la persona contra quien se presenta la factura niegue la recepción de la mercancía que ampara y se excepciona argumentando que quien la suscribió no estaba legalmente autorizado para ello, pues se considera que en este caso no resulta aplicable el criterio sostenido en la jurisprudencia citada en segundo término, pues allí se analiza el problema jurídico en relación con un título de crédito en donde su suscripción es de particular relevancia, pues atañe a la legitimación de la persona que lo suscribe y a la eficacia del propio título, lo cual no sucede en el caso del tráfico mercantil de mercancías en donde operan diversas reglas, pues en esas operaciones los usos mercantiles constituyen una fuente de derechos y obligaciones; de manera que los comerciantes no sólo pueden obligarse a través de personas que cuentan con representación legal, sino también de factores, dependientes o encargados, por voluntad expresa del dueño o por actos que dan lugar a estimar que tácitamente han aceptado obligarse en los términos en que aquéllos lo hagan a nombre de aquél. En este sentido, el comerciante que acostumbra llevar a cabo sus operaciones de compra y venta de mercancía por conducto de las personas a su cargo, no podría desconocer la obligación asumida en su nombre, bajo el argumento de que la persona que recibió la mercancía o el pago no estaba facultada; de manera que el argumento de mérito, aunque formulado de manera negativa es en verdad una afirmación de un hecho positivo que, por tanto, debe ser demostrado.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 468/2013. Francisco Javier López Salazar. 2 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: Jaime Delgadillo Moedano.
Amparo directo 524/2013. Tiendas Súper Precio, S.A. de C.V. 23 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: Martín Sánchez y Romero.
Amparo directo 16/2015. Rotoplas, S.A. de C.V. 19 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti. Secretario: Jaime Delgadillo Moedano.
Amparo directo 394/2016. Internacional de Fantasías, S.A. de C.V. 4 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti. Secretaria: Karla Belem Ramírez García.
Amparo directo 680/2019. 25 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti. Secretario: Jaime Delgadillo Moedano.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 514
Tipo: Aislada
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN MATERIA MÉDICO-SANITARIA. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.
De conformidad con las pautas establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 93/2011, para acreditar la responsabilidad civil de los profesionistas médico-sanitarios ante una demanda en la que se alegue la existencia de un daño, a los profesionales referidos les corresponde probar su debida diligencia (el elemento de culpa), mientras que la demandante debe acreditar el resto de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual: daño y nexo causal. En otras palabras, cuando una persona alegue que un profesional médico-sanitario o una institución hospitalaria le causó un daño por una indebida atención médico-sanitaria, se actualiza lo que se denomina una reinversión de la carga de la prueba a favor de la actora en el juicio, en la que a los profesionales médico-sanitarios o a la institución hospitalaria les corresponde acreditar su debida diligencia en la atención médica del paciente que sufrió el referido evento dañoso, en atención a los principios de facilidad y proximidad probatoria. La razón principal para optar por esta incidencia en las reglas estrictas de la carga de la prueba proviene de las circunstancias particulares en las que se desarrolla un caso de atención médica; por lo general, el conocimiento científico-técnico y las pruebas pertinentes para acreditar la debida diligencia o desacreditar la supuesta culpa o violación de un deber de cuidado las detentan los profesionales médico-sanitarios o las instituciones hospitalarias, por lo que exigir de una forma irrestricta que sea la actora la que demuestre por sí sola y sin lugar a dudas la negligencia en la atención médica podría provocar lo que en la doctrina se denomina como una carga probatoria diabólica. Esto es, lo que se busca es que ambas partes en el juicio participen activamente en él y que aporten los elementos de convicción necesarios para que el juzgador llegue a la verdad y estudie si se acreditan o no los elementos de la acción. Esta posición no conlleva a la existencia de una presunción de la culpa de los médicos o de la institución hospitalaria o el surgimiento de una responsabilidad objetiva, pues en materia de responsabilidad civil subjetiva derivada de la atención médica, la cual es caracterizada en términos generales como una actividad que da lugar a obligaciones de medios, no cabe la presunción automática de la culpa de las partes demandadas, sin que ello implique que ésta no pueda acreditarse a partir de algún tipo de presunciones (por ejemplo, indiciarias).
Amparo directo 51/2013. Alfonso Franco Ponce (su sucesión). 2 de diciembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez Valadez.
Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional
Hace unos días acaba de iniciar la nueva legislatura del Congreso de la Unión. Los legisladores federales deberán hacer frente en lo inmediato a un enorme rezago de temas que desde hace varios años esperan ser atendidos.
Según datos de la consultora Integralía que encabeza Luis Carlos Ugalde, hay actualmente al menos 46 omisiones legislativas por mandatos constitucionales incumplidos. Algunas de ellas, cabe añadir, ya han llegado incluso ante la Suprema Corte y se les ha ordenado a los representantes populares que expidan la normatividad correspondiente lo antes posible.
En esa situación se encuentran entre otros los temas de la regulación del uso lúdico de marihuana o el grandísimo asunto del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que debería haber sido expedido hace más de 3 años.
Lo cierto es que más allá de lo que digan sus anuncios publicitarios, el desempeño del poder legislativo ha sido extremadamente deficiente. Los debates en general son de un nivel bajísimo, impera una falta de transparencia muy preocupante en el ejercicio de los miles de millones que se gastan cada año y para nada se ejerce la función de contrapeso que sería natural en un sistema constitucional basado en la división de poderes.
Lo peor de todo es que los legisladores mantienen una agenda que parece estar centrada de manera casi exclusiva en lo político, olvidando aquellos otros temas que podrían servirle a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. Les entra la prisa para quedar bien con el Presidente aprobando con velocidad de rayo la regulación para la consulta de revocación de mandato, pero son incapaces de emitir una ley general de medios alternos de solución de controversias o el citado código nacional para dar certeza jurídica a los procesos familiares que se presentan a lo largo y ancho de la República.
También es lamentable la falta de seguimiento, sobre todo en la Cámara de Diputados, al ejercicio del gasto público. La tarea de legislar no se resume en la expedición de leyes, sino que consiste también y de manera destacada en el ejercicio del llamado “control parlamentario”, que incluye la revisión de la hacienda pública para verificar que el dinero de nuestros impuestos se haya utilizado de manera correcta. La propia consultora Integralia aporta datos que demuestran que la discrecionalidad en el ejercicio presupuestal se ha acentuado, sin que desde el legislativo se llame a nadie para que explique los movimientos de miles de millones de pesos que no fueron destinados a lo que habían aprobado los diputados.
En una visión de conjunto, lo que se nota es un profundo desdén por la tarea legislativa, que si se ejerce bien es una de las más dignas y desde luego de las más relevantes funciones públicas en cualquier Estado constitucional de derecho. Los legisladores no han entendido que no están ocupando el cargo para quedar bien con el Presidente de la República, ni para calentar la silla en espera de sus pagos quincenales, ni para hacer grilla a fin de buscar el siguiente puesto en su carrera política. Están ahí para servir a la gente y para utilizar sus competencias para lograr un país mejor. Si ellos no lo recuerdan, habría que ayudarles a memorizar sus deberes día tras día.
Nuestra responsabilidad ciudadana no se agota acudiendo cada tres o seis años a las urnas. Debemos interesarnos en lo que hacen o dejan de hacer aquellos a los que elegimos para que nos representen en los órganos legislativos. El mandato electoral que emanó de las urnas el pasado 6 de junio no es un cheque en blanco, sino una expresión de malestar sobre el rumbo del país y una muestra de que hay mucho por corregir.
Ojalá pronto los nuevos diputados tengan la inteligencia de integrar una agenda sustantiva de cambio jurídico, que sean capaces de procesarla con calidad técnica y rigor conceptual y que dejen de significar un lastre para el desarrollo del país, como lo han sido hasta ahora. Será de gran relevancia que desde la sociedad civil verifiquemos que se atiendan antes que nada los mandatos constitucionales y que sepan que, en uso de nuestros derechos ciudadanos, los estaremos vigilando. En esa tarea los ciudadanos tenemos que demostrar que somos mejores que ellos. No podemos fallar.
